Jorge Narro Monroy (integrante de la asamblea del CEPAD)
Artículo publicado en el periódico Mural, el 24 de diciembre de 2012

A pesar del subregistro de casos, el número de quejas por tortura y malos tratos hechas llegar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del 2006 a la fecha ha aumentado casi 500 por ciento.

El pasado 30 de octubre, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”, conformada por 73 organizaciones de 21 entidades del País, presentó ante el Comité contra la Tortura de la ONU el documento “Situación de la Tortura en México”.

Según detalles, entre enero de 2007 y finales de febrero de 2012, la CNDH registró 251 casos de tortura. En lo que respecta a tratos inhumanos, crueles y degradantes, estas son las cifras: 330 en 2006, 395 en 2007, 987 en 2008, mil 105 en 2009 y mil 161 en 2010.

Igualmente, de 2006 a la fecha las denuncias en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se han incrementado considerablemente: en 2006 la dependencia fue señalada como responsable en 182 quejas presentadas ante la CNDH, en 2011 la cifra saltó a mil 626. Y en el primer semestre de 2012 ya alcanzaba las mil 164 quejas.

Con todo, a nivel federal y de acuerdo a la Procuraduría General de la República (PGR), entre enero de 1994 y junio de 2010 se condenó sólo a dos personas por el delito de tortura. La misma dependencia informó en su momento que entre el 1 de diciembre del 2006 y el 30 de junio del 2010 se iniciaron 41 investigaciones, de las cuales solamente una fue consignada; es decir: 2.4 por ciento del total.

Respecto del fuero común, el panorama es el mismo: en 2006 hubo dos sentenciados por el delito de tortura; en 2007, cinco; en 2008, cuatro; en 2009, tres; en 2010, seis y en 2011, diez.

En lo que se refiere al Estado de Jalisco, desde la entrada en vigor en 1993 de la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, ésta no ha sido aplicada. De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Justicia para la Paz y el
Desarrollo AC (Cepad), institución de la sociedad civil que opera en la entidad, a la fecha no existe un caso (al menos uno registrado) en el que se haya aplicado esa ley a agentes del Ministerio Público, a policías investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a miembros de algún cuerpo policiaco o a personal adscrito al sistema penitenciario de la entidad.

Ello, no obstante que el 28 de mayo de 2004, en el marco de la tercera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea realizada en Guadalajara, la Policía estatal torturó a 19 personas, realizó 15 detenciones arbitrarias y 73 retenciones ilegales e infligió tratos crueles, inhumanos y degradantes a 55 personas. Ello, no obstante que el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), organización mexicana que cuenta con peritos especializados en la materia, ha documentado ocho casos en Jalisco a partir del 2006.

En su investigación, el Cepad señala que la mayoría de las quejas y recomendaciones, relacionadas con casos de tortura, emitidas entre 2000 y 2009 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), está dirigida al titular de la PGJE (803 de las 933 quejas registradas). En su conjunto, las recomendaciones señalan a 973 servidores públicos de esa dependencia. Sin embargo, el ombudsman estatal no ha presentado ninguna denuncia formal por tortura. ¿Qué tanto por no “meterse en problemas”” y arriesgar su relección, qué tanto porque la denuncia tiene que ser ante la misma Procuraduría?

Así las cosas, a nadie debe extrañar que en el año 2008 -por ejemplo- sólo una de cada 10 conductas violatorias de la ley haya sido denunciada ante la autoridad encargada de investigarla. Si la PGJE es la más señalada (y no en corrillos sino formalmente y ante la CEDHJ) por practicar la tortura, habría que estar loco para acudir a ella a denunciar un presunto delito. Con un poquitito de mala suerte la víctima vuelve a ser victimizada, ahora por los encargados de indagar sobre su caso.