Por Jorge Narro, integrante del CEPAD AC



Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, mayo de 2013

A mediados del pasado mes de febrero apareció en los medios que en el ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, estaba por constituirse un cuerpo de “policía comunitaria”.

El ejido, enclavado en la sierra de Manantlán, en el límite de Jalisco con Colima, es rico en recursos naturales. Rico y agredido por ello. Un ejemplo de ello es el secuestro, en octubre del 2012, de Celedonio Monroy Prudencio, activo defensor de los bienes comunitarios.

Uno de los integrantes del Consejo de Mayores de la comunidad indígena explicaba en una entrevista: “lo que ha habido en la comunidad (…) es saqueo de madera y minerales que se están llevando, y nomás nadie sabe. Nosotros queremos la seguridad de la comunidad. La comunidad está sufriendo saqueos, está sufriendo desapariciones y muertes que no se han aclarado, por eso ya no nos confiamos, queremos la Policía Comunitaria para que la misma comunidad vigile”.

El tema es polémico, habida cuenta de que “policías comunitarias” y grupos de autodefensa se están multiplicando en el país: en 13 estados y 68 municipios, según publicó el diario MURAL apenas el 2 de marzo.

“No hay justificación para que un grupo se haga justicia por propia mano, pero los gobiernos deben cumplir para evitar medidas desesperadas”, opinó Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Y tocó así el centro del asunto: no es lo mismo justicia por propia mano que legítima defensa, justificada por la inacción de las autoridades.

No es lo mismo, pero tampoco es fácil distinguirlas. Pongámonos en el lugar de las víctimas.

Imagine que en su colonia o fraccionamiento o pueblo opera un grupo de ladrones. Imagine que usted acude a la policía. Y resulta que no sólo la policía no detiene a nadie, sino que lo delata a usted frente a los delincuentes. Es que los gendarmes actuaban en complicidad con los ladrones…

Imagine que logra usted que uno de los criminales acabe en manos del Ministerio Público. Y resulta que éste integra mal el expediente, de modo que al llegar al juez el “presunto” queda en libertad. Es que el MP actuaba en complicidad con los ladrones, o secuestradores, o extorsionadores…

Imagine usted que la policía detiene al ladrón y que el MP integra el expediente como Dios manda y además con pruebas contundentes. Pero que el juez en lugar de declarar culpable al asaltante y decretarle el auto de formal prisión, lo deja en libertad. Es que recibía plata o estaba amenazado de plomo por los criminales…
En México, los delitos que no son denunciados (la “cifra negra”) ascendió durante 2011 a 91.6%. En Jalisco se estimaba en 92%.

Las víctimas no denunciaron -entre otras razones- porque lo consideraban una pérdida de tiempo (34.3%) o por falta de confianza en la autoridad (15.6%). Y en los casos en que sí denunciaron, 32.8% decidió no iniciar una averiguación previa en razón de “la actitud hostil por parte de la autoridad”.

Y aun así, habiendo tan pocas denuncias, 99% de éstas no termina en condena y los crímenes quedan impunes, afirmaba la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en noviembre de 2012. Para el caso de Jalisco el escenario no es más halagüeño: a decir del Observatorio Ciudadano Jalisco cómo Vamos, la impunidad era ligeramente superior a 98%.

Con autoridades negligentes, incompetentes, atemorizadas o cómplices, ¿qué opciones quedan a los ciudadanos amenazados no por la posibilidad de ser víctimas, sino realmente amenazados, realmente victimizados, realmente agraviados?

Entonces aparece la delgadísima línea que separa la legítima defensa de la toma de justicia por propia mano. La delgadísima línea que puede separar a las “policías comunitarias” de algunos grupos de autodefensa. La delgadísima línea que cada vez más comunidades rurales atraviesan porque los gobiernos no cumplen, diría el presidente de la CNDH.