Por Jorge Narro Monroy, integrante del CEPAD AC





Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, 24 de julio de 2013

En abril de 2012, cuando entró en vigor la actual Ley de Información Pública del Estado y sus Municipios, se incluyó un mecanismo para tratar de asegurar que quien alcanzara la presidencia del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (el Itei) no fuera un simple e ignorante buscachambas al servicio de algún partido o personaje político. El mecanismo es un examen elaborado, aplicado y calificado por al menos “cinco instituciones de educación superior o especialistas en materia de información pública con prestigio reconocido a nivel nacional”. Un examen, además, con carácter vinculante; esto es: sólo quien lo apruebe –y con calificación superior a 80 puntos- puede aspirar a la presidencia del Instituto. Nadie más.

El último día de junio pasado Jorge Gutiérrez Reynaga, presidente del Itei desde 2009, terminó su gestión. 18 ciudadanos (entre ellos el propio Gutiérrez) entregaron expedientes y presentaron examen buscando la Presidencia. Sólo tres candidatos obtuvieron la calificación indispensable para pasar a la última etapa, la elección por parte del pleno del Congreso: Alfredo Delgado Ahumada, Cynthia Cantero Pacheco y Héctor Ontiveros Delgadillo.

El electo lo fue por cuatro años: de julio de 2013 a junio de 2017.

Pero las cosas no han sido nada fáciles y, previsiblemente, lo que viene por delante tampoco lo será.

La primera bronca estalló cuando la Comisión de Participación Ciudadana y Acceso a la Información del Congreso del estado, integrada mayoritariamente por legisladores del partido Movimiento Ciudadano, decidió que ninguna institución de educación superior local participaría en el examen a los candidatos. ¡Escándalo! El episodio terminó cuando, como resultado de una impugnación promovida por la diputada del PRD Celia Fausto, el omnipresente Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) ordenó incluir a las universidades locales en el examen.

La siguiente bomba hizo explosión cuando Gutiérrez Reynaga denunció que los exámenes habían sido filtrados previamente a su aplicación, que él había obtenido una calificación mayor a 80, que el examen era confuso al mencionar indiscriminadamente la Ley de Transparencia y la Ley de Información, y que el haber difundido los resultados dañaba su imagen, “mi individualidad que tengo”.

El tercer conflicto puede estar latente.

El 19 de junio la comisión de Participación Ciudadana aprobó el dictamen con los tres aspirantes elegibles para la Presidencia del Itei. El 28 el pleno del Congreso escogió de entre los tres a Cinthya Patricia Cantero.

Pero la designación podría ser impugnada.

Resulta que el artículo 17 de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios establece entre los requisitos para ser consejero presidente o ciudadano del Consejo del Instituto el “No haber sido miembro de los órganos de gobierno de algún ente público, durante los seis años anteriores al día de su nombramiento”. Y Cantero trabajó en la Unidad de Transparencia de los Hospitales Civiles.

Aunque a los otros dos finalistas también se les podría poner ese “pero”: Héctor Ontiveros trabajó en la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Zapopan y Alfredo Delgado Ahumada ha sido director jurídico del Itei desde hace varios años.

Y aunque la ley no define qué es un “órgano de gobierno”, existen resoluciones de tribunales que sí lo hacen. Tesis que pueden ser usadas para impugnar la designación del presidente.

¿Son simples anécdotas en la historia de un organismo intrascendente? ¡Para nada! Se trata de conflictos que vulneran aún más el prestigio y la actuación de una institución indispensable para que los jaliscienses sepamos cuánto y en qué se gastan los políticos profesionales nuestros recursos.