México y sus recientes exámenes en el cumplimiento de los derechos humanos

Foto: Alejandro Velazco

Por Francisco Macías Medina,
Asambleísta del CEPAD AC.

Recientemente nuestro país ha estado sujeto a una revisión internacional profunda en materia de derechos humanos, primero ante el Comité de Desapariciones Forzadas donde hubo presencia de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, luego el mismo Alto Comisionado de las ONU para finalizar con el Relator especial contra la Tortura.

Los ejercicios de rendición de cuentas son muy importantes, ya que colocan las principales preocupaciones en el tema para ser discutidas por la comunidad internacional. Lo que sorprende son las respuestas a los informes o pronunciamientos venidas desde el gobierno, los han calificado de incompletos y lejanos a los avances en el país dando signos de poca apertura.

Lo anterior es preocupante por dos razones: primero, porque cada vez existen muestras de una clara reducción de voces críticas a los gobiernos tanto federal como locales, ya sea por acuerdos, estrategias o clima de violencia contra el trabajo de defensores y periodistas, lo que provoca una cada vez más escasa discusión pública sobre estos temas tan graves.

Segundo, porque aunque es importante escuchar y analizar los posicionamientos del gobierno del país, sus recriminaciones buscan reducir la importancia de las realidades que denuncian los mecanismos internacionales y con ello los que pierden más son las personas que más requieren de la protección de sus derechos, en este caso las personas desaparecidas, torturadas o en situación de vulnerabilidad.

El papel de un país que se precie de ser democrático y que participe activamente a nivel internacional, debe de transformar los señalamientos en leyes, políticas, planes y presupuestos que incrementen la protección a los derechos humanos, al hacerlo no sólo mejorará la situación de los ciudadanos de un país sino de todas las personas interesadas en la mejor protección de sus libertades.

De tal manera que los cuestionamientos recientemente vertidos por el Relator especial contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, deben de contar con una respuesta específica y comprometida, me explico:

* Cuando el Relator afirma que la tortura es generalizada y favorecida por la impunidad, existe el deber de revertir urgentemente dicha situación, no basta el discurso, sino realmente implementar acciones urgentes para prevenirla y sancionarla.
* Su finalidad es castigar, extraer confesiones o información. Esto implica dejar de centrar las investigaciones en las confesiones, cambiar el paradigma del sistema de justicia penal para
que deje de importarle las estrategias mediáticas como una forma de que las personas en conflicto con la ley sean sentenciadas por la opinión pública.
* Participación de fuerzas federales, municipales y ministeriales. Es importante reconocer el estado de desastre en el que se encuentran las salvaguardas, al mismo tiempo de separar de sus cargos de inmediato a los señalados por tortura. No olvidar que recientemente uno de los señalados por tortura, tomó el cargo de responsable de seguridad pública en Zapopan. Con el tiempo se observó un incremento en casos de violaciones a los derechos humanos, incluso una ejecución extrajudicial.
* Enviar enérgicos mensajes reprobando la tortura.- Hay que tomar en cuenta los emisores del mensaje: políticos que han ordenado operativos en donde se ha torturado, Fiscales que desean ejercer sus funciones en épocas del pasado y sin discusión, legisladores que buscan negar la realidad convirtiendo a los derechos humanos en un discurso, pero no en una herramienta que haga posible su garantía.

Hoy nuestro país está bajo la lupa ante la comunidad internacional, los gobiernos locales se encuentran mayormente obligados a demostrar cambios urgentes y acelerados en los temas de preocupación, si es que no quieren seguir siendo considerados como islas de impunidad.