La radiodifusión pública es un derecho ciudadano, no un botín político

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La radiodifusión pública es un derecho ciudadano, no un botín político

23 julio, 2015

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Por Juan S. Larrosa-Fuentes

Asambleísta del CEPAD AC

La administración del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión durante el gobierno de Aristóteles Sandoval ha sido un desastre. Al respecto, vale la pena hacer un recuento de daños. Cuando Sandoval comenzó su gobierno, decidió poner al frente a Sergio Ramírez Robles, quien llegó al puesto sin ningún tipo de experiencia en la administración de radiodifusoras y televisoras públicas. Además, comenzó a operar precedido por una muy mala reputación, pues en su anterior encargo de trabajo como director de comunicación social del gobernador poblano Rafael Moreno Valle, sobresalió por demandar a periodistas críticos del poder público.

A las semanas de haber llegado a su nuevo encargo al frente del sistema, Ramírez Robles decidió hacer cambios radicales sin ningún tipo de planeación. En pocas semanas cambió el nombre y la imagen institucional del sistema, al cual llamó simplemente como C7 y resolvió que la nueva imagen tendría que llevar los colores rojo y gris, característicos del nuevo gobierno priísta. Además, en una idea que él consideró revolucionaria, estableció una programación “multiplataforma”, que no fue otra cosa que la reproducción de los mismos contenidos a través de las estaciones de radio, televisión y del portal de Internet. Con esta medida eliminó parte de la diversidad que había en las parrillas de programación de radio y televisión.

Meses después, en septiembre de 2013 el Congreso del estado modificó la ley que regula al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, a propósito de los cambios que trajo la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ésta pudo ser una oportunidad para democratizar y modernizar el funcionamiento de la radiodifusión pública en Jalisco. Sin embargo, el gobernador y los diputados locales hicieron sólo las modificaciones necesarias para armonizar la ley local con la federal. Luego de esta reforma, se estableció un consejo consultivo a modo del gobierno del estado, se creó un código de ética—que en realidad es una copia de un documento de la UNESCO, y comenzó a operar el defensor de las audiencias, que en menos de dos años ha tenido a cuatro ombudsman distintos.

Finalmente, unos meses antes de que comenzaran las elecciones intermedias de 2015, Ramírez Robles abiertamente declaró que C7 hacía una televisión de Estado. Cuando llegó el periodo electoral, como buena televisión de Estado (autoritario), Ramírez Robles, en complicidad con el ombudsman y el Consejo Directivo, decidió que C7 debía cancelar toda cobertura periodística durante las elecciones, pues había riesgo de que su trabajo se considerara como propaganda. Así, de un día para otro, C7 dejó de informar a los jaliscienses sobre temas electorales. La lógica de su decisión fue impecable y sus temores no estaban infundados. Hasta el más despistado podría ver las contradicciones de un sistema de radiodifusión que se jacta de hacer un trabajo periodístico profesional y equilibrado, pero que al mismo tiempo tiene en su imagen institucional los colores del partido de gobierno y un director que abiertamente declara que produce televisión de estado.

Éste último caso es grave, pues C7 dejó de transmitir información periodística durante las elecciones y con ello afectó el derecho a la información de los jaliscienses. Fue así como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Jalisco (Amedi Jalisco), decidieron tomar acciones en contra de la decisión de eliminar la información electoral de las estaciones públicas de radio y televisión que administra el gobierno del estado de Jalisco. Al respecto se han interpuesto quejas en contra de la decisión de C7 ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, el Instituto Nacional Electoral, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hasta ahora, estas instituciones han dado respuestas evasivas a las quejas presentadas por CEPAD y Amedi Jalisco. A grandes rasgos, la respuesta de estas instituciones encargadas de defender los derechos de los ciudadanos mexicanos, se puede resumir en que se declaran incompetentes para abordar el caso. Como en una burocracia kafkiana contestaron: “este problema no lo puedo resolver yo, acuda a la ventanilla siguiente”.

A mitad de su periodo como gobernador, Aristóteles Sandoval todavía tiene el tiempo suficiente para rectificar sus erradas decisiones con respecto a la radiodifusión pública en Jalisco. Hay dos elementos que el gobernador debe tomar en cuenta para transformar esta situación. La primera es evaluar el perfil y el trabajo de los directivos del sistema de comunicación y cerciorarse que todos tengan experiencia en el campo de la radiodifusión pública y, sobre todo, que cuenten con buena reputación. La segunda es que promueva una reforma legislativa del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. En esta reforma, se debe dotar de una independencia política a esta institución, para que deje de estar atada, como hasta ahora, a las decisiones unilaterales del gobernador; además, se debe otorgar una autonomía financiera, de tal manera que factores políticos no intervengan en la negociación presupuestal de este medio de comunicación.

Para rectificar la operación del sistema de comunicación pública del estado de Jalisco no hace falta descubrir el hilo negro. Hay una amplia literatura sobre el tema y existen múltiples experiencias de medios públicos democráticos y ejemplares. Por ejemplo, en días recientes la UNESCO publicó el documento Principios y “buenas practicas” para los medios públicos en América Latina, escrito por Martín Becerra y Silvio Waisbord. Este documento de veinte cuartillas establece los parámetros ideales de un sistema de comunicación público y expone algunas características de los casos ejemplares. Luego de leer el documento, queda clarísimo que C7 no cumple con ningún de los parámetros y podría clasificarse como un caso de lo que no se debe de hacer en materia radiodifusión pública. Entre otras cosas, este catálogo de principios dice que los medios deben tener independencia editorial y financiera, autonomía frete a gobiernos y corporaciones, pluralidad de contenidos y diversidad en su programación, así como una cultura rendición de cuentas.

En fin, la transformación de la comunicación pública de Jalisco no es un problema económico (véase la cantidad de dinero que los gobiernos gastan en publicidad oficial), tampoco es un problema técnico (como decía, hay mucha literatura al respecto), mucho menos es un problema profesional (en Guadalajara abundan buenos periodistas, editores y productores). El problema es político y tiene que ver con el uso discrecional de recursos públicos para el beneficio del gobierno del estado y de unos cuantos servidores públicos. El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión debe ser una institución que preste un servicio público que tenga como principio la tutela del derecho a la información de los ciudadanos.