Por Paola Lazo Corvera
Asambleísta del CEPAD

Jalisco es un estado lleno de contrastes. Guadalajara, su capital, los sintetiza todos. El 22 de agosto pasado organizaciones de la sociedad civil convocaron a una marcha pacífica a favor del matrimonio igualitario; la consigna principal: “Todos los derechos, todas las familias”. Más de mil personas marchamos buscando la igualdad y la armonización del Código Civil en el Estado de Jalisco a raíz de la declaración de inconstitucionalidad que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a todas las leyes estatales del país que establecen la posibilidad de matrimonio como exclusiva de parejas formadas por un hombre y una mujer.

Se trataba de reivindicar un derecho humano, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, a través de una exigencia específica, la del derecho al matrimonio; la de la posibilidad de acceder a seguridad social para sí y para su pareja, la de adoptar si es que así lo desean y la de formar una familia. Generar consciencia de que no existe una sola forma de ser pareja, ni sola una manera de ser familia. Las familias, las personas, los seres humanos somos diversos por naturaleza, y esa diversidad está amparada en el derecho a la igualdad. 

Días antes de la marcha, se entregó al Congreso del Estado un pronunciamiento formal a favor del matrimonio igualitario en Jalisco, en la que 27719 firmantes demandan a los legisladores jaliscienses actuar a favor de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Solicitan en concreto que se reforme el artículo 258 del Código Civil y que se modifique la definición del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y que se estipule como una institución entre dos personas. 

Paradójicamente, un mes antes en esta misma ciudad, se reunieron más de 30 mil personas para marchar en contra del matrimonio igualitario. La marcha unió alrededor de 230 organismos civiles aglutinados en una sola organización denominada “Jalisco es uno por los niños”, que con el respaldo del Arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, en medio de gritos, globos y pancartas defendieron al unísono su noción excluyente de familia, el matrimonio entre un hombre y una mujer, así como el derecho de los niños a tener papá y mamá. 

Pero, ¿qué dice de nosotros como sociedad una marcha organizada con el objetivo de que se le nieguen los derechos a otros y a otras por el simple hecho de considerarlos distintos? ¿dónde caben los derechos de todas las otras personas que conforman diversas maneras de ser y de vivir en familia: las familias encabezadas por una mujer sola o un hombre solo, por abuelos, tíos, hermanos o personas solidarias que se hacen cargo amorosa y pacientemente de la crianza y educación de cientos de miles de niños, niñas y adolescentes en nuestro país? Detrás de una marcha como ésta se esconde la sombra de una sociedad homofóbica, homogeneizante y patriarcal, que demanda un derecho para unos, a costa de una cínica exclusión de los demás. 

Olvidan que desde el año 2003, mediante la aprobación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, quedó prohibida toda forma de discriminación, entendida como toda distinción basada en el sexo, la opinión, la preferencia o identidad sexual, el estado civil o cualquier otra, que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento y el ejercicio de los derechos humanos, así como la igualdad real de oportunidades para todas las personas. Es justo en esta ley que se sostiene el pronunciamiento reciente de la SCJN.

Preocupa contrastar lo que promueve una y otra marcha, y constatar que la que tuvo una mayor convocatoria fue aquella que promovió la discriminación, el odio y la violencia; una que coloca a México en el segundo lugar mundial en crímenes de odio, en donde la homofobia se ha convertido en un mal social que impide que avancemos hacia el respeto, la tolerancia y la valoración de las diferencias, que fomenta el desprecio entre los grupos y personas, legitima la ley del más fuerte, y desconoce la igualdad de derechos, rompiendo así el tejido social que nos une como comunidad. 

Las consignas de lucha por el matrimonio igualitario, en cambio, proclaman que la verdadera familia no discrimina; defienden al Estado laico, reconocen y valoran todos los modelos de familia, y exigen el derecho de todos y todas a todos los derechos. Se trata de que las nuevas generaciones crezcan fortalecidas y sean mejores personas: que no sufran violencia, ni violenten, que no sean discriminadas ni discriminen, y que respeten a cada uno y cada una por lo que son, y no por cómo han decidido vivir o por quién han elegido a amar.