Exigimos La Dotación De Recursos Suficientes Para Una Implementación Seria Y Adecuada De La Ley General En Materia De Desaparición De Personas

Guadalajara, Jalisco a 25 de Julio de 2018

Quienes integramos los colectivos de familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de las desapariciones generalizadas y cometidas de manera sistemática en el estado de Jalisco. Conforme al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), al corte realizado el 30 de abril de 2018, en la entidad siguen sin ser encontradas 3,388 personas, lo que coloca el estado en el tercer lugar a nivel nacional.

Frente al contexto nacional marcado por la impunidad y el incremento significativo de las desapariciones de personas, el 17 de noviembre de 2017 se publicó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual entró en vigor el 16 de enero del año en curso. La legislación establece que en cada entidad federativa se debe crear una Comisión de Búsqueda, encargada de determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas, así como una Fiscalía Especializada, cuyas funciones son investigar y perseguir los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Estas instituciones deben ser dotadas con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados, multidisciplinarios, suficientes y necesarios, con la finalidad de garantizar su efectivo y adecuado funcionamiento.

Actualmente, en Jalisco contamos con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, por lo que la entidad aspira ser un referente a nivel nacional en términos de la implementación seria y adecuada de la Ley General, garantizando los mecanismos de participación de la sociedad civil eficaces e incluyentes. El gobierno ha demostrado el interés de escuchar las voces de víctimas y acercarse a la sociedad civil para atender el fenómeno criminal de las desapariciones, no obstante, hasta la fecha no ha podido generar los cambios reales y erradicar la problemática.

En el marco de las mesas de trabajo, sostenidas por la Secretaría General del Gobierno del Estado de Jalisco y el Comisionado de Búsqueda de Personas, así como, en las reuniones de la Mesa de Seguimiento a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, y en la reunión llevada a cabo con el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, el día 9 de julio, se acordó presentar por parte del Ejecutivo la iniciativa del presupuesto de 100 millones de pesos para la operación adecuada de la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, de esta manera garantizando su debida implementación. Cabe destacar que las dos instituciones desde el inicio de sus operaciones no han contado con los recursos suficientes para implementar sus estructuras previstas en los marcos normativos correspondientes, situación que las ha impedido funcionar de manera adecuada.

Con mucha preocupación e indignación, nos enteramos que la iniciativa de la Secretaría General del Gobierno 1138/2018, presentada ante el Congreso del Estado de Jalisco, el día 19 de julio, en ningún momento atiende el grave contexto de desapariciones de personas, alegando el “óptimo funcionamiento del Sistema de Justicia Penal” y la necesidad de fortalecer la institución del Ministerio Público, siguiendo el Eje “Estado de Derecho”, que forma parte de los Objetivos de Desarrollo del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033. La iniciativa plantea la incorporación a la plantilla de personal 170 plazas para Agentes del Ministerio Público, Secretarios de Agencia del Ministerio Público, Actuarios del Ministerio Público y Policías Investigadores quienes formarán parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Asimismo, se contempla la creación de las 10 plazas para la contratación de personas peritas psicólogas para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Cabe señalar que la propuesta en ninguna parte menciona la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas ni la Comisión de Búsqueda de Personas. Esta situación evidencia que la administración estatal no asumió en su agenda presupuestal la grave crisis de las desapariciones en la entidad y las necesidades de las víctimas, tal como no cumplió con los compromisos acordados en los espacios de participación con los colectivos de familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones de sociedad civil, violando los principios de transparencia y confianza, bajo los cuales se ha llevado a cabo estos procesos. La implementación seria y adecuada de la Ley General, la participación conjunta, la transparencia y la voluntad política constituyen los componentes claves para que las instituciones encargadas de los procesos de búsqueda e investigación no se conviertan en una simulación y realmente atiendan la magnitud y gravedad de la problemática de las desapariciones en el estado.

Por lo anterior, los colectivos de familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil exigimos:

Primero.- Se le asignen los recursos humanos y materiales, suficientes y necesarios que contemplen la implementación y funcionamiento eficaz de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, que permitan atender, buscar de manera inmediata e investigar de manera pronta, eficaz y exhaustiva los casos de desapariciones de personas ocurridas en el estado de Jalisco. Para el efecto de la implementación y funcionamiento eficaz de dichas instituciones se deberá contemplar las necesidades de sus titulares, previa consulta con los colectivos de familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil.

Segundo.- Que se generen mecanismos de implementación seria y adecuada de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, garantizando en todo el momento la participación real por parte de familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil bajo los principios de transparencia y máxima publicidad.

Tercero.- Que las y los diputados de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco lean este documento ante el Pleno en la próxima sesión y tomen en cuenta la gravedad del problema de las desapariciones de personas en la entidad, tal como la importancia de la implementación seria y adecuada de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, dotando los recursos suficientes y necesarios para las instituciones encargadas de búsqueda de personas e investigación y persecución de casos de desaparición en el estado de Jalisco.

Cuarto.- Que el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, convoque a una nueva reunión con los colectivos de familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de explicarles los motivos por los cuales en la iniciativa presentada no se reflejaron los compromisos acordados en los espacios de participación conjunta, y las directrices que deberán seguir las instituciones públicas para la correcta implementación y operación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. Cepad

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco, CLADEM.

Colectivo Por Amor a Ellxs.