Hoy se cumple un año más de aquel 28 de mayo de 2004, fecha en la que se pasó de actividades culturales, el diálogo y la protesta social a la represión, las detenciones arbitrarias y la tortura, en el marco de la celebración de la III Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco.

Como respuesta a dicho evento, se realizó la “Cumbre Alternativa”, a la cual asistieron diversas organizaciones y movimientos sociales, sindicales, ambientalistas, así como estudiantes y personas académicas de varios países y entidades, quienes llevaron a cabo múltiples actividades como pláticas, conferencias, actividades artísticas y protestas sociales. Esta Cumbre se constituyó como un acto de resistencia en contra del sistema neoliberal imperante y como un acto de esperanza y lucha por la construcción de otros mundos posibles.

Ante ello, la respuesta del gobierno estatal, encabezado por el entonces Gobernador de Jalisco, Francisco Javier Ramírez Acuña, fue la de reprimir, detener arbitrariamente, torturar y criminalizar a cientos de personas, entre las que se encontraban no sólo manifestantes, sino también personas en condición de calle y cualquier persona que para las fuerzas policiales “les pareciera una/un manifestante”. Ya que, tal como lo documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, la orden que tenían las fuerzas policiales era clara: detener a aquellas personas que por su forma de vestir, por el color de su ropa, su edad o por su apariencia física “pareciera que habían participado en la manifestación”.

Desde el Cepad expresamos nuevamente nuestra indignación por que a 16 años de haber ocurrido estos hechos continúa la impunidad. Además lamentamos que, hasta la fecha no se hayan reconocido de manera oficial las arbitrariedades y las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las diferentes corporaciones encargadas de la seguridad pública, con anuencia del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y, por tanto, no se hayan abierto las investigaciones correspondientes.

A la fecha nos encontramos lejos de los procesos de verdad, justicia y reparación integral del daño. Lo anterior evidencia también que seguimos encontrando en puestos importantes a los principales represores de los hechos, tal como sucede con el actual Fiscal del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, quien al momento de los hechos se desempeñaba como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, institución que se comprobó que participó y cometió varias violaciones de derechos humanos, entre ellas la tortura.

Finalmente, desde el Cepad volvemos a exigir al Gobierno Estatal y Federal que se reconozca la represión y las arbitrariedades cometidas, se abran las carpetas de investigación correspondientes por los actos de tortura cometidos, se reconozca la inocencia de las personas sometidas de manera injusta a procesos judiciales y que se repare integralmente a todas las víctimas.