En el Examen Periódico Universal (EPU) de 2018, treinta y nueve Estados realizaron recomendaciones al gobierno de México en materia de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, las cuales éste aceptó en su totalidad.

Cinco años después de la emisión de dicho informe, la implementación de sus recomendaciones presenta avances, aunque también varias áreas de oportunidad e incluso retrocesos en situaciones reportadas que persisten o se han agravado.

En ese contexto, el Estado mexicano ha tenido en las últimas décadas una relación ambigua con el escrutinio internacional en materia de derechos humanos, respaldando por un lado las iniciativas más progresistas a nivel multilateral, pero, por otro, demostrando importantes resistencias de manera implícita o explícita, en el papel o en la práctica, cuando sus acciones en esa materia son objeto de examen.

El gobierno actual no es la excepción y, en general, ha mantenido dicha ambigüedad, lo cual ha dado pie a que la comunidad internacional tenga un rol en el ámbito de los derechos humanos, aunque con algunos riesgos y limitaciones que es necesario ponderar.