El Economista.- Ante la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas respecto a México por parte del Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) de la ONU, colectivos y ONG consultados coincidieron en que la medida tomada representa una nueva oportunidad para la rendición de cuentas sobre las acciones tomadas por el gobierno mexicano para detener la crisis que enfrenta el país, además de observarlo como un punto de inflexión.

Las Naciones Unidas, en abril pasado, detalló que la decisión del CED, integrado por 10 expertos independientes en derechos humanos, se tomó tras un análisis exhaustivo de la información recibida desde 2014, incluyendo denuncias, acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes derivados de su visita al país. El procedimiento fue adoptado por consenso, y aunque no implica sanciones automáticas, podría escalar a instancias superiores dentro del sistema de Naciones Unidas.

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