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Este sexenio tiene los más altos índices de desaparición de niños, niñas y adolescentes

Este sexenio tiene los más altos índices de desaparición
de niños, niñas y adolescentes;
México sin políticas públicas eficaces
para asistir a esta población.

  • El 18% de las desapariciones registradas oficialmente en el RNPED corresponden a niños, niñas y adolescentes. El 70% desapareció en este sexenio.
  • Existen  miles de niños, niñas y adolescentes que sufren las afectaciones de la desaparición cuando un familiar es la víctima.

30 de abril de 2018

Este sexenio ha sido el más alto en el número de desapariciones para la niñez y adolescencia mexicana: cerca del 70% fueron vistos por última vez durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 hasta la fecha). El 29% restante que ha sido reportado, desapareció durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. El periodo en el que han desaparecido el 98.2% de niñas, niños y adolescentes, coincide con el cambio en la política de seguridad del Estado mexicano de los últimos años.

 

Actualmente se encuentran registradas oficialmente 34,739[1] mil personas desaparecidas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)[2], sin embargo la información oficial sobre el número de personas desaparecidas en México está dispersa, descoordinada, no del todo accesible y poco transparente.

De 2006 y hasta el 31 de marzo de 2017, oficialmente se reportaban 3,217 niñas y 2,235 niños de entre 0 y 17 años como desaparecidos, cifra que representa el 18% del total de los casos de desaparición en México registrados, hasta enero de 2018 únicamente están reportados 16 niños, niñas o adolescentes extranjeros en el RNPED.

 

Muchas niñas, niños y adolescentes son detenidos en el contexto de la migración hacia o dentro de México. Esta situación les vuelve más vulnerable frente a crímenes como la desaparición forzada, y a su captación por parte de la delincuencia organizada.

Ante la abrumadora realidad de la niñez y adolescencia desaparecida en México, en 2017 las organizaciones firmantes presentamos una denuncia general ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (GTDFI), la cual fue retomada por el mismo Grupo de Trabajo en su informe anual de febrero de 2018 ,destacando que en el Estado mexicano existen obstáculos para que los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de desaparición  puedan gozar de sus derechos, con particular énfasis en la situación enfrentada por niños, niñas y adolescentes en el contexto de la migración.

 

Organismos internacionales han recomendado al Estado mexicano tomar medidas para: i) prevenir la desaparición de niños, niñas y adolescentes y dejar de criminalizar a los menores de edad migrantes; ii) Crear instituciones, o adaptar las ya existentes, para la  búsqueda eficaz de las y los niños desaparecidos; todas las búsquedas deben llevarse a cabo de manera prudente y adaptada a la sensibilidad de los mismos, de igual forma lograr la iii) investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables y la garantía de la iv) reparación y medidas de asistencia social.

 

Actualmente México carece políticas públicas eficaces para asistir a niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición. Existen deficiencias en la aplicación de los programas de búsqueda como Alerta Amber y Protocolo Alba que rara vez se aplican y el procedimiento para activarlos es demasiado complicado y/o burocrático.

Hasta ahora no existe una política de abordaje psicosocial para las familias víctimas de una desaparición, mucho menos un enfoque específico de trabajo con niñas, niños y adolescentes, a pesar de que así lo establece la Ley General de Víctimas. Las niñas en particular se ven gravemente afectadas por las desapariciones y representan aproximadamente dos tercios del número total de niños desaparecidos.

 

Al día de hoy no existe claridad sobre la cifra total de personas desaparecidas en los últimos años en el país, incluyendo niñas, niños y adolescentes y dentro de esta cifra, el número de migrantes afectados. Nos parece grave la invisibilidad de esta población desaparecida.

 

Por lo anterior las organizaciones hemos formulado recomendaciones concretas para atender los casos de desaparición: respetar el interés superior del niño y la niña, adoptando un enfoque de género y de pertenencia cultural, para fortalecer los mecanismos existentes en materia de alerta temprana y búsqueda urgente con la adopción de medidas especiales que tomen en cuenta la dimensión transnacional del fenómeno de la desaparición. El papel de la CEAV es fundamental para la atención de niños, niñas y adolescentes, hijos e hijas de personas desaparecidas.

 

La efectiva implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, deberá garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda y se debe fortalecer y garantizar el papel fundamental de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

 

#InfanciaSinDesapariciones

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C.-CEDEHM

 Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C._CEPAD

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. -CDDHFJL

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.-CADHAC

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC.-CMDPDH

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León_FUNDENL

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.-FJEDD

 Red por los Derechos de la Infancia en México-REDIM

 

[1] 33,665 casos del fuero común 2007 – 31 de enero 2018 y  1,074 casos del fuero federal 2007 – febrero 2018

[2] El RNPED es un registro abrogado con la nueva Ley de Desaparición y que será trasladado al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

 

 

Organizaciones presentan denuncia general al Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias relativas a la condición de los niñas, niños y adolescentes víctimas de las desapariciones en México

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Informes de Derechos Humanos

Informe DDHH 2017 – Derecho al Agua en Jalisco

LA ONU Y EL DERECHO HUMANO AL AGUA EN JALISCO

Carlos A. Peralta Varela

Anotaciones previas

El presente texto da cuenta de dos tipos de acciones que organismos dependientes de la Organización de las Naciones Unidas (onu) llevaron a cabo en Jalisco durante el año 2017, ambos en relación con el derecho humano al agua y el saneamiento. Desde mi perspectiva, no sólo se trata de hacer un recuento de los acontecimientos sino de reflexionar críticamente sobre la capacidad o la forma de incidencia que organismos dependientes de la onu pueden tener en suelos mexicanos. Obviamente, la onu incide en nuestro país en diversas problemáticas, muchas más de las aquí expuestas; de hecho, su presencia en 2017 fue significativa en nuestra entidad en asuntos vinculados con las desapariciones; sin embargo, en lo que se refiere al agua, una de sus instancias actuó en forma poco transparente y con una extraña fórmula de subordinación a la posición del gobierno estatal.

Antes de entrar en la reseña de lo acontecido, conviene ofrecer un par de antecedentes. Lo primero es recordar que el artículo 4, párrafo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum), reformado en 2012, garantiza explícitamente a todos los mexicanos el derecho al agua y su saneamiento, en cantidad suficiente, salubre, aceptable y asequible. Sin embargo, es evidente que lograr la realización plena de este derecho requiere de voluntad política, destinar los recursos necesarios, políticas públicas explícitas para atender la demanda en relación con el agua y, en contrapartida, también requiere de la capacidad de los pueblos o comunidades para cuidar y exigir sus derechos, entre otros varios aspectos. El agua es vital para la sobrevivencia del ser humano y, desde la perspectiva de los derechos humanos, es esencial para la realización de otros derechos –en realidad todos–, y con ello lograr una buena calidad de vida.

Se puede mencionar, por ejemplo, que en nuestro país se ha trabajado para acercar el agua a la gran mayoría de los hogares; sin embargo, estamos muy lejos de que el sistema público pueda llevar agua verdaderamente potable. Se desconfía sobre la calidad del agua en los hogares de Jalisco. La falta de calidad en el agua nos ha convertido en el país del mundo que más agua embotellada consume. Pero además, también padecemos la falta de agua, sobre todo en hogares de colonias populares pues, aunque tengan llaves de agua, puede llegarles sólo unas horas al día. La escases de agua y su falta de calidad obedecen a múltiples factores que varían de acuerdo a la región en donde se habita.

Debido al discurso de la escasez y por la carencia de recursos, se están abriendo las puertas a la privatización del agua. Leo Heller (2017), relator de la onu para el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, realizó una visita oficial a México en mayo de 2017. Posteriormente, hacia finales de año, presentó un informe en el que menciona lo siguiente:

México afronta numerosos desafíos para garantizar el derecho humano al agua potable y el saneamiento a toda su población, buena parte de la cual reside en zonas urbanas periféricas y comunidades rurales muy dispersas en todo el país. Muchos viven en regiones que padecen un nivel alto o muy alto de estrés hídrico, experimentan bajos niveles de desarrollo y se enfrentan a diferentes conflictos socio ambientales y niveles considerables de pobreza, lo cual exige estrategias específicas para la prestación de servicios. En los últimos años estas dificultades han aumentado a causa de un entorno económico en el cual los ingresos gubernamentales se han reducido drásticamente, debido en gran parte a la caída de los precios del petróleo. Los presupuestos federales para servicios esenciales han disminuido significativamente, con reducciones superiores al 37% entre 2016 y 2017 para el sector del agua y el saneamiento, según informaciones recibidas. Esos recortes pueden tener un efecto dramático a corto, mediano y largo plazo en la realización progresiva de los derechos humanos al agua y el saneamiento. Ese impacto negativo podría verse agravado por la situación institucional del sector, que, en palabras de un experto, se encuentra “en cuidados intensivos” debido a las actuales condiciones políticas, financieras y presupuestarias (Heller, 2017:3).

Esta conclusión, emanada del informe, como se puede apreciar, pone el énfasis en la falta de recursos de los gobiernos, lo cual puede abrir la puerta a la privatización. Por otro lado, podríamos decir que identifica la falta de políticas y estrategias específicas para afrontar el estrés hídrico desde una perspectiva de sustentabilidad, como podrían ser el reuso y la lucha por el rescate de ríos, así como para su no contaminación. También reconoce la existencia de conflictos ambientales, en algunos casos por la ya mencionada falta de recursos, pero deja claro que los conflictos surgen en la medida que los proyectos hidráulicos no son adecuadamente gestionados y no se desarrollan verdaderos mecanismos de participación ciudadana. En cualquier caso, hablamos de temas muy complejos que deberían abordarse desde una perspectiva integral.

Para el caso de Jalisco, durante el año de 2017 se mantuvo el conflicto entre las autoridades y poblaciones o comunidades afectadas, y fueron más visibles las controversias y los desacuerdos que los consensos. No en balde se ha impedido –y a la fecha se mantiene el rechazo– el desarrollo y ejecución de algunos proyectos hidráulicos. Además, no podemos dejar de observar que uno de los organismos de la onu fue parte fundamental de este conflicto y, de alguna manera, contribuyó a favorecer una propuesta de privatización del agua y a recrudecer el hostigamiento sobre algunas comunidades afectadas.

La unops y el Río Verde

Como es bien sabido, la cuenca del Río Verde se ha vuelto un espacio en disputa por la distribución de su caudal. Esto surge a partir de un decreto que reparte el agua de este río entre Jalisco y Guanajuato, a partir del cual también se autoriza la construcción de la presa El Zapotillo y de un acueducto –que manejarían empresas privadas– para llevar agua a León. Ante la falta de estudios, considerados confiables, sobre la cantidad de agua realmente disponible en la cuenca, se propuso desde hace varios años realizar un ordenamiento hídrico y ambiental de la cuenca, que ofreciera una visión objetiva, confiable, sustentable e integral sobre las diversas y reales posibilidades de uso, distribución, recuperación o reutilización del agua en todo el territorio.

En 2015, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (imta)1 ofreció información sobre la cantidad de agua que circula por el Río Verde, pero sus conclusiones no fueron aceptadas por pobladores, grupos sociales y empresarios de los Altos de Jalisco. Por ello, el gobernador Aristóteles Sandoval decidió “contratar”, por medio de un acuerdo, los servicios profesionales de la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (unops, por sus siglas en inglés) para realizar el estudio conocido como “Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde”, a un costo que para muchos fue sumamente alto. Se erogó la cantidad de 4.65 millones de dólares. Varias organizaciones se ampararon en contra del acuerdo debido al alto costo y la presunta ilegalidad en la forma de contratación (Amparo 1908/2016 del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco).

Los resultados del estudio de la unops se presentaron con bombo y platillo el 29 de junio de 2017 en el Palacio de Gobierno. Estos resultados no fueron del todo convincentes para diversos académicos y grupos sociales, pero aún así, sirvieron de base al gobernador para modificar la postura que hasta entonces había mantenido respecto a conservar la presa a 80 metros de altura y evitar con ello la inundación de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Para las organizaciones: Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (imdec); el Colectivo de Abogadxs, y ¡Tómala! Ciudad, el trabajo realizado por la unops dejó mucho qué desear porque no tomó en cuenta la visión, las necesidades y la experiencia de las comunidades. Afirmaron que

La unops se relacionó de la manera más fría y equivocada con las comunidades, incumpliendo sus principios de participación y respeto a los derechos humanos como instancia de las Naciones Unidas, ocasionado el rechazo y la ruptura con la comunidad de Temacapulín en diciembre de 2016, comunidad que nunca les recibió de manera oficial y formal en su territorio y comunidad.2

Por su parte, el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco publicó un desplegado acerca de estos resultados, en el cual dio a conocer su molestia por la poca profesionalidad, particularmente en lo que se refiere a los escenarios planteados. Este cuestionamiento parte de que el propio personal de la unops reconoció que tuvo serios problemas para obtener información federal de manera oficial, además de que no fue posible hacer estudios de sondeo, por lo cual, y tan sólo por este hecho, su trabajo no podría considerarse un balance hídrico confiable. El desplegado concluye afirmando que “el estudio de la unops no presenta datos técnicos y científicos precisos, ya que parte del trabajo se basa en elementos subjetivos”.3

Al respecto, y coincidiendo con la postura del Observatorio, el Maestro Mario López, académico y miembro del Grupo del Agua del iteso, descalificó los resultados del balance hídrico debido a que los datos en los que se basó este organismo internacional no están actualizados o son inexistentes.4

Es importante mencionar que el estudio de la unops concluye con la formulación de cinco escenarios prospectivos que, por su relevancia, se convirtieron en el punto de referencia fundamental en relación con la confiabilidad del estudio. Una primera observación fue que estos escenarios son tendenciosos, es decir, fueron pensados para cumplir específicamente con los términos de referencia solicitados/impuestos por el gobierno de Jalisco. Los escenarios no fueron planteados para aclarar la situación del balance hídrico en la cuenca; están formulados para justificar la existencia de la presa que se encuentra en construcción y precisar la altura adecuada. Por ejemplo, en el Escenario 5 –considerado el más viable por la parte gubernamental–, la unops concluye que se debería “construir una cortina a 105 metros para aprovechar un caudal de 7.5 metros cúbicos por segundo”, lo que representa 87% de los 8.6 metros cúbicos por segundo establecidos en el acuerdo previo firmado entre Jalisco, Guanajuato y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). En torno a este escenario, se menciona que esta opción ayudaría a mejorar la capacidad de regulación, prolonga la vida útil de la presa, y permitiría acercarse a respetar el acuerdo firmado. Esto quiere decir que no toma en cuenta que el centro del estudio era el balance hídrico en toda la cuenca del río, sino que el escenario más “viable” se reduce a dictaminar cuál debe ser el tamaño de la presa y la cantidad de agua que le puede llegar. Entonces cabe la pregunta: ¿en dónde está el balance hídrico y sustentable de la cuenca?

Otro aspecto poco claro, que desvirtúa el trabajo realizado en relación con los escenarios, se refiere al factor del cambio climático. En particular, el Escenario 5 no lo considera y otros escenarios sí ¿por qué? ¿será que el cambio climático debe tomarse en cuenta sólo en ocasiones? Nos quedó la idea de que fueron los criterios político y económico –por aquello de la infraestructura–, y no el rigor científico, lo que condicionó el desarrollo de los escenarios. En el mismo escenario, al terminar la presentación de la unops, el gobernador afirmó que acataría cabalmente lo propuesto en el Escenario 5, que lamentaba el hecho de que se inundaría Temacapulín, pero que estarían a salvo los derechos humanos, los derechos de reubicación y de indemnización de los habitantes de las comunidades que se inundarían.

Los escenarios del estudio de la unops, acotados y tendenciosos, fueron la plataforma para que el gobierno diera su aval público a obras de infraestructura marcadas por intereses políticos y económicos. Se requiere ampliar mucho más la visión en cuanto al uso del agua, pensar nuevas alternativas formuladas desde una perspectiva integral y, sobre todo, sustentable. Se requiere pensar en perspectiva ecológica y por el bien de la sociedad.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su visita a Temacapulín

El 29 de agosto de 2017, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (onu-dh) en México, difundió una nota informativa en la cual menciona que realizarían una misión de observación para conocer la situación de las comunidades de Temacapulín, Palmarejo y Acasico, que presuntamente serían desplazadas por la construcción de la presa El Zapotillo. La nota informativa dice que:

los integrantes de la onu-dh sostendrán reuniones de trabajo con representantes de las comunidades antes mencionadas, con sus asesores y con organizaciones de la sociedad civil para recibir información actualizada sobre la situación de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, y la situación de las personas defensoras, en relación con el proyecto de la presa El Zapotillo-Acueducto Zapotillo León. Durante esta misión también se visitarán algunas de las zonas de reasentamiento.

Desde hace años, a través de diferentes medios, se ha denunciado que con engaños o amenazas algunos habitantes de estas tres comunidades han sido presionados para vender sus propiedades y ser reubicados en otros predios. Sin embargo, existe un grupo de habitantes que no piensan dejar sus tierras y están luchando por que no se construya la presa.

Estos habitantes que decidieron no vender, observan a los pobladores que fueron trasladados al predio conocido como Talicoyunque, mismo que es administrado y custodiado por la Comisión Estatal del Agua (cea) de Jalisco. En el predio se construyeron casas con poco espacio para cultivos de traspatio o para tener animales –lo cual es una costumbre de la zona–, difícilmente cuentan con servicios y, debido a que la población está cercada, no cualquiera está en libertad de entrar o salir de ella.

Un aspecto, por demás relevante, fue que los habitantes de Temacapulín, en agosto de 2017, acudieron nuevamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (cedhj), para levantar otra queja debido a una oleada de amenazas e intimidación de las que han sido objeto recientemente. Señalan que el gobierno del estado, y específicamente la Comisión Estatal del Agua (cea), encabezó actos intimidatorios para obligarlos a reubicarse. Esto se observó con mayor fuerza a partir de que el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval respaldó los resultados del estudio de la unops y se pronunció en favor de la inundación de los poblados, entre ellos, Temacapulín.5

La visita de representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de la onu-dh se enmarca en esta nueva oleada de amenazas, se manifiesta como una visita para dialogar con los pobladores y sus asesores a fin de intercambiar datos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, tal vez, para inhibir las presiones hacia los pobladores. Cabe mencionar que no les permitieron la entrada a Tlalicoyunque, pero su presencia en la zona cumplió con uno de sus objetivos: los pobladores fueron escuchados por representantes de la onu y se restauró algo de tranquilidad en su cotidianidad.

Comentarios finales

Existe en México el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura (scjn, 2014). En este protocolo se afirma que, en todo momento, se de deben salvaguardar los derechos humanos; esto supone utilizar una técnica jurídica denominada Ponderación, la cual implica: analizar profundamente la situación teniendo como referencia y como misión poner en primer plano a las personas y el catálogo de derechos humanos. En México, en cualquier parte del país y en todas las acciones o políticas públicas, debería privilegiarse a las personas y garantizar lo más ampliamente posible sus derechos. La lucha no es en contra del uso sustentable del agua en Jalisco, es en favor de tener una cultura hídrica que implique el pleno respeto a los derechos humanos.

Es de reconocer que la sociedad, el gobierno y las instituciones del sector han avanzado en la creación de instituciones novedosas que surgen ante situaciones de conflicto; ejemplo de ello es la creación de la Comisión de Cuenca en Cajititlán, conformada por instituciones federales, estatales, municipales y representantes de la sociedad civil, para: 1) implementar programas y acciones de saneamiento; 2) impulsar el ordenamiento y regulación de los usos del agua; 3) procurar el uso eficiente del agua; y 4) promover la gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca y la preservación de sus recursos naturales.

Sin embargo, falta mucho para alcanzar un sistema de deliberación efectiva que privilegie el involucramiento de todos los actores relevantes para desarrollar conjuntamente una comprensión compartida de los problemas, su dimensión y potencialidades relacionadas con el agua, de tal forma que se garantice el bienestar social y económico de manera suficiente y equitativa, sin comprometer la viabilidad, la integridad y el futuro de los ecosistemas hidroecológicos. Ésta es una tarea de todos.

Notas:

1 imta 2015, Evaluación de la disponibilidad conforme a la norma nom-011-cna-2000 para el abastecimiento de la zcg. Convenio Núm. cea-imta-001/2014, Jalisco.

unops, 2017, Proyecto Jalisco Sostenible Cuenca del Río Verde, Gobierno del Estado de Jalisco-Semadet, onu-unops.

2 Tomado de temaca: Boletín de Prensa previo a la presentación de informe final unops, que se dio a conocer el 28 de junio de 2017.

3 Tomado del desplegado publicado en medios de comunicación, por el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, el 31 de julio de 2017.

4 Esta afirmación es tomada de la nota de Elsa María Arenas (2017), “Estudio de la unops, a modo: iteso”

[https://www.eloccidental.com.mx/local/estudio-de-la-unops-a-modo-iteso].

5 Ver la referencia en: http://www.milenio.com/region/temaca-presentan-nueva-queja-derechos_humanos-intimidacion-milemio-noticias-jalisco_0_1005499796.html

Bibliografía

Heller, L. (2017). Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento acerca de su misión a México. Consejo de Derechos Humanos de la onu, 36º período de sesiones, del 11 al 29 de septiembre de 2017. http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/G1722952.pdf

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Comunicado Personas Desaparecidas Sala de prensa

Ley de desaparición… ¡ YA !

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México
exige que se apruebe la Ley de Desaparición inmediatamente
y que cuente con presupuesto para operar

Ciudad de México, agosto 29, 2017.

Desde el 2015 el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (movNDmx) articula a más de 40 colectivos de familiares de personas desaparecidas para generar una propuesta de Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares que tiene como principal característica una Comisión Nacional de Búsqueda. A dos años de la propuesta y de arduas negociaciones con el Senado de la República y Gobierno Federal, estamos a la espera que la Cámara de Diputados dictamine la Ley en las primeras semanas de septiembre de 2017.

Hoy, en el día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en un contexto en donde las desapariciones en México aumentan considerablemente día a día, las Familias del movNDmx estamos realizando actividades en Saltillo, Torreón, La Laguna, Piedras Negras, Nuevo León, Zacatecas, Guadalajara, Ciudad Juárez y Ciudad Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Coatzacoalcos y en la Ciudad de México, para exigir a la Cámara de Diputados que dictamine de forma inmediata la Ley de Desaparición y que asegure que la misma cuente con suficiente presupuesto para operar adecuadamente en cuento entre en vigor. La voluntad política del Estado se verá reflejada tanto en la aprobación de la Ley como en facilitar todos los recursos a su alcance para que ésta se implemente de forma adecuada.

También, las familias pedimos que la Ley no se someta a cambios, ya que, ya ha sido discutida, negociada y consensada por las familias, el Senado de la República y Gobierno Federal, por dos años. Las familias, las víctimas de desaparición y el país no podemos esperar más para tener la Ley de Desaparición. El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las miles de personas desaparecidas en el país y sus familias y en unos días las Diputadas y los Diputados tendrán la oportunidad de cumplir uno de los compromiso que tienen con las familias y aprobar la Ley.

El país necesita una Ley que sea un instrumento que impulse la transformación tan anhelada que esperamos como familias. Sería una legislación que de implementarse correctamente y con un presupuesto suficiente podría romper el círculo histórico de dolor, impunidad, revictimización y miedo, además podría abrir una rendija de luz, una satisfacción mínima en comparación al dolor de perder a un ser querido, será una herramienta necesaria para no perder la esperanza de tener justicia y reparación.

Además, en este Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, quienes integramos el movNDmx nos sumamos a la campaña de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para pedir que México reconozca la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir denuncias individuales. Ante la impunidad existente en México las familias también queremos tener la opción de recurrir a los mecanismos internacionales especializados de la ONU para hacer valer nuestros derechos.

Por último, dedicamos este día a:

  • Nuestros Desaparecidos por Motivos Políticos de los 60, 70 y 80, los buscamos.
  • Nuestros hermanos indígenas de la guerra de contrainsurgencia de los 90 en Chiapas, los buscamos
  • Nuestros hermanos de iguala, los buscamos
  • Nuestros hermanos migrantes de México y Centroamérica, los Buscamos
  • A todas las personas desaparecidas en México, las buscamos
  • Porque nos faltan a todas y todos ¡No pararemos hasta encontrarlas y encontrarlos!

Atentamente:

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM (Guerrero); Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES (Nuevo León); Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California (Baja California); Buscando a los Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa (Veracruz); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD); Colectivo Colibrí (Estado de México); Colectivo el Solecito de Veracruz; Colectivo Solecito Córdoba; Colectivo Solecito Cardel; Colectivo Solecito Tierra Blanca; Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, “Alzando Voces” COFADDEM (Michoacán); Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero (Guerrero); Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A. C.; Comité de Familias Migrantes Desaparecidos del Salvador COFAMIDE (El Salvador); Comité-Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax Ko’otontik” (Chiapas); Desaparecidos de El Fuerte Sinaloa (Sinaloa); Desaparecidos Justicia, A.C. (Querétaro); Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos (Estado de México); Familiares de Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa (Veracruz); Familiares de Desaparecidos de Orizaba y Córdoba (Veracruz); Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C (Distrito Federal); Familiares acompañados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHEM) (Chihuahua); Familiares organizados con Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Chihuahua); Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Desaparecidos de Piedras Negras (Coahuila); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Jalisco); Familiares Enlaces Xalapa (Veracruz); Búsqueda María Herrera Xalapa; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos –Región Sureste (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México – Región Centro (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos – Región Laguna (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDLN); Grupo V.I.D.A. Víctimas por sus Derechos en Acción (Coahuila); Justicia para Nuestras Hijas (Chihuahua); Los Otros Desaparecidos de Iguala (Guerrero); Colectivo Madres Unidas (Chihuahua); Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala; COFAMIPRO- Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, Honduras; COFAMICENH- Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras; Plataforma de Víctimas de Desaparición en México (Distrito Federal); Por Amor a Ellxs (Jalisco); Red de Madres Buscando a sus Hijos, A.C.; Red Eslabones por los Derechos Humanos: Eslabones Nuevo León, Eslabones Estado de México, Eslabones Morelos y Eslabones Michoacán; Red Nacional de Enlaces;  Regresando a Casa Morelos; Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa.; Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, A.C.; Voces Unidas por la Vida, Sinaloa.

Organizaciones de la sociedad civil que acompañan al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

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Informes DDHH Jalisco Tortura

Informe “Análisis de la Tortura en Jalisco 2000 – 2009

  1. Presentación
  2. Introducción
  3. La tortura como violación grave a la luz de los instrumentos y organismos internacionales de derechos humanos
    • Sistema Universal de Derechos Humanos
    • Sistema Interamericano de Derechos Humanos
    • La obligatoriedad internacional de garantizar la protección de la población a no ser sometida a tortura
  4. La Legislación Especial para prevenir y sancionar la tortura en México y en Jalisco: Letra muerta
  5. Análisis de las instituciones de Jalisco encargadas de la prevención, la investigación, sanción y erradicación de la tortura
    • Procuraduría General de Justicia del Estado
    • Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
    • Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social
    • Comisión Estatal de Derechos Humanos
  6. La visita a Jalisco del Subcomité de Naciones Unidas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
  7. Conclusiones

 

Enlace de Interés

Informe “La impunidad Interminable: La Tortura en Jalisco. Análisis 2010 – 2016”