Desde CASTAE y las organizaciones y personas que la acompañan, queremos extender nuestra solidaridad y fuerza a nuestra compañera y fundadora Alejandra Elizondo, quien se encuentra nuevamente en un proceso desgastante ante las autoridades del Estado, en esta ocasión, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León.

Las graves violaciones a derechos humanos que vivió Ángela Patricia Saucedo Elizondo mientras se encontraba privada de la libertad en un Centro de Tratamiento de Adicciones visibilizan la crisis de Derechos Humanos que se vive en el estado y en el País, pero la negativa sistemática a reconocerlas por parte de las autoridades que tienen la obligación de hacerlo la profundiza aún más, con lo que también profundiza el dolor de las víctimas, sus familias y de la sociedad misma, que no olvida.

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