Anna Karolina Chimiak
Coordinadora del Área de Incidencia del Cepad
A nivel nacional parece que somos una de las entidades más avanzadas en cuanto a la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Incluso podría decirse que comenzamos a implementar la Ley, aún antes que la misma fuera aprobada, puesto que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD) entró en operaciones el 31 de agosto de 2017, y para su creación se tomó en cuenta los estándares que fueron previamente contemplados en su Dictamen.
Asimismo, casi a tiempo, solo a 8 días después de la fecha indicada por los transitorios de la Ley General, se creó la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Jalisco (CBPJ).
Posteriormente, en el mes de agosto de 2018 se concluyó la elaboración de la Convocatoria para conformar el Consejo local Ciudadano, llamado en Jalisco el Consejo Consultivo.
Y en el mes octubre de este año se presentó una propuesta de la Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares del Estado de Jalisco, la cual preveía la creación del sistema estatal de búsqueda. De igual manera, en noviembre del mismo año surgió otra iniciativa en el Congreso, esta vez sobre la declaración especial de ausencia por desaparición.
Además, a eso no podemos olvidar que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) es la única institución forense a nivel nacional la cual tiene carácter autónomo e independiente, y en las evaluaciones nacionales se posiciona como una de las mejores y más certificadas a nivel del país.
Frente a este escenario, parece que el estado Jalisco asumió de manera ejemplar todos los compromisos marcados por la legislación general en materia de desaparición, y en este momento, reconociendo los avances y aplaudiendo los esfuerzos institucionales, podría concluir el discurso, deseando que ojalá la misma postura tomara también el nuevo gobierno en transición.
Sin embargo, y lamentablemente hay varios peros.
Pero número 1: Falta del presupuesto.
Tanto la FEPD como la CBPJ no cuentan con los recursos técnicos, materiales suficientes y necesarios para cumplir con sus objetivos y responder de manera adecuada al fenómeno de las desapariciones en Jalisco, e incluso por lo anterior ni siquiera pueden implementar sus estructuras marcadas por el Reglamento y por el Decreto respectivamente, eso, pese a múltiples exigencias expresadas mediante los comunicados públicos y en el marco mesas de trabajo y mesas de seguimiento con la FGE y FEPD, así como las mesas de diálogo con la Secretaría General de Gobierno del estado de Jalisco, e incluso las reuniones con el mismo Gobernador. En cada una de estas reuniones, las y los funcionarios públicos se comprometieron a asignar recursos suficientes a estas dos instituciones, e incluso durante los meses de junio y julio, prometieron dotarlas con 100 millones de pesos. No obstante, lo prometido no sucedió y la situación evidenció la indolencia del estado frente a la magnitud de las desapariciones en la entidad y la poca credibilidad en cuanto a la palabra y los compromisos asumidos por las autoridades locales en los espacios de participación conjunta.
Pero número número 2: Falta del personal suficiente, profesionalizado y sensibilizado.
Las dos instituciones, FEPD y CBPJ, no cuentan con el número de personal necesario para su adecuado funcionamiento. Asimismo, a pesar de los cambios y a pesar de las múltiples capacitaciones que se han llevado a cabo, hasta la fecha no se ha logrado romper con las malas prácticas y los vicios institucionales que se han arrastrado por años, lo que evidencian la ausencia de las investigaciones exhaustivas, serias y eficaces y la constante violación de los derechos de víctimas. La pregunta es cuantas capacitaciones más se tendría que llevar a cabo, de los recursos públicos, para contar con un personal profesionalizado, sensibilizado y capacitado. Y si realmente se puede cambiar la manera de trabajar y la manera de pensar de las y los funcionarios públicos quienes toda su vida laboral han sido omisas/os y negligentes.
Pero número 3: Intentos de generar los procesos de selección a modo
La CBPJ fue creada el 24 de abril de 2018, y tras la publicación del Decreto que crea esta institución, el gobierno decidió llevar a cabo un proceso de selección de la persona titular sin considerar los colectivos de familiares de personas desaparecidas ni las organizaciones de la sociedad civil. Frente a esta situación, que resulta claramente violatoria al principio de participación conjunta que rige la Ley General, con los colectivos: Fundej y Por Amor a Ellxos y la organización Cladem Jalisco, decidimos emitir un comunicado en el cual exigimos que el proceso de selección de la persona a cargo de la CBP fuera transparente, con máxima publicidad, y bajo los mecanismos de la participación de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil. A consecuencia de este comunicado, el gobierno de Jalisco respondió de manera positiva, declarando la convocatoria desierta, e iniciando un nuevo proceso de selección, en el cual, conjuntamente con los colectivos tomamos un papel clave: desde el diseño de la convocatoria, diseño de los requisitos del perfil idóneo, elaboración de la metodología de evaluación de perfiles, así como calificación a las personas aspirantes.
Además, cabe señalar, hasta la fecha la CBPJ no cuenta con el Reglamento interno, a pesar de posicionar este tema como una de las exigencias principales en el diálogo sostenido con la Secretaría General de Gobierno.
Pero número 4: No contamos con el Consejo Local Ciudadano
A pesar de concluir la convocatoria para conformar el Consejo Consultivo en el mes de agosto y acordar el mecanismo de selección e incluso consensuar las fechas del proceso, esfuerzo de más de un mes de trabajo colectivo, la convocatoria, sin ninguna justificación, no ha sido publicada.
Pero 5. La violación del principio de la participación conjunta consagrado en el artículo 5 de la LGD
Primero: Las dos propuestas de la ley previamente mencionadas, no han sido debidamente socializadas y consultadas. No se realizó una consulta pública, transparente ni incluyente con familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, lo que resultó violatorio al prinicipio de particiapción conjunta.
Segundo: En la propuesta de Ley estatal en materia de desaparición no se reconocieron y tomaron en cuenta los avances alcanzados por familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil en la materia, ni características propias del contexto del estado de Jalisco, por ejemplo la existencia de la FEPD, la instalación de la Comisión Interinstitucional de seguimiento, o la continuidad de los procesos de selección de las personas titulares de carácter participativo. Afortunadamente, tras las múltiples acciones de incidencia y estrategia de comunicación logramos de manera conjunta frenar la aprobación de dicha ley.
Tercero: De acuerdo con el transitorio noveno de la Ley General en materia de Desaparición, las entidades federativas deberían emitir y en su caso, armonizar la legislación correspondiente dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha de la entrada en vigor de la Ley General, término que venció el 15 de julio del presente año, y lamentablemente en Jalisco no se ha cumplido con esta obligación, lo que evidenció la indoferencia e indolencia del Congreso del Estado de Jalisco, respecto a la gravedad de las desapariciones de personas en la entidad. Es por esta omisión que hasta la fecha familiares de personas desaparecidas al momento de necesitar contar con la declaración de ausencia por desaparición de su ser querido tienen que pasar por el proceso sumamente burocrático, costoso, prolongado y encaminado hacia la presunción de muerte.
Pero número 6: Crisis forense
Uno de los sucesos que más indignó a la sociedad no solo a nivel estatal sino también nacional e internacional, y demostró la incapacidad y debilidad institucional ante el incremento de violencia en el estado y la crisis de las desapariciones, fue el hallazgo del septiembre de 2018 de los tráileres que contenían cuerpos de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, en condiciones de resguardo inhumanas y degradantes, de los cuales la mayoría no contaban con la totalidad de los registros para su identificación, situación que resultó violatoria al derecho a la verdad, y demostró la ausencia total de coordinación y comunicación entre las instituciones de procuración de justicia estatales.
Pero número 7: La magnitud de las desapariciones en el estado de Jalisco
En el estado vivimos el escenario horroroso de las desapariciones generalizadas y descontroladas. Durante el año 2017, 3,672 personas fueron reportadas como desaparecidas, y no se han logrado localizar a 1,380 personas. Eso significa que en promedio cada día desaparecieron 10 personas. Y para comparar, en el año 2018, tras la aprobación de la Ley General en materia de Desaparición,, sólo en el periodo de 9 meses, hasta 30 de septiembre, se denunciaron como desaparecidas a 3,255 personas, de las cuales 1,860 personas no han sido encontradas, con la cantidad de 12 personas denunciadas como desaparecidas cada día.
Pero número 8: Impunidad absoluta
Las cifras anteriormente mencionadas se enmarcan en un contexto de impunidad que en caso de las desapariciones resulta absoluta. Desde la tipificación del delito de desaparición forzada en octubre de 2013, hasta la fecha, no se ha logrado sentenciar a ninguna persona por este delito. Cabe resaltar que además de no contar con ni una sentencia por desaparición forzada, en el estado tampoco se cuenta con alguna investigación abierta por este delito.
Pero número 9: Promesas incumplidas
A fin de lograr con un proceso de seguimiento basado en un sustento jurídico, que incluyera la participación de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, y para garantizar una coordinación adecuada entre las instituciones encargadas de los procesos de búsqueda, investigación, identificación de personas y atención a víctimas, tras múltiples exigencias, se logró crear una Comisión Interinstitucional para el Seguimiento de las Acciones Implementadas por el Gobierno del Estado de Jalisco para el Fortalecimiento de la FEPD y de la CBPJ. Al momento de su creación dicha Comisión fue considerada como un avance muy importante y de transcedencia transexenal.
La institución fue instalada el día 27 de septiembre de 2018, y transcurridos 30 días tras su instalación, de acuerdo con los transitorios del Decreto que la creó, se debería haber aprobado su Agenda Única y sus Lineamientos de Operación, hecho que no sucedió. Es por eso que nueavamente exigimos a convocar la reunión para dar seguimiento a los objetivos de la Comisión y aprobar dichos documentos, antes de que comience la administración del nuevo gobierno, a fin de generar un cierre adecuado y digno, y cumplir con los compromisos asumidos en la materia.
Reto número 10: Falta de unión e indiferencia de la sociedad civil.
Me gustaría hacer unas preguntas, ¿porque estamos aquí tan pocas personas?, y ¿porque como sociedad somos tan apáticos e indiferentes? ¿Cómo hacer que los medios de comunicación realmente comprendan el problema y estén al lado de las víctimas.? ¿Cómo las escuelas y las universidades pueden acercarse a esta problemática y generar la conciencia entre las personas jóvenes.? ¿Cómo combatir esta ignorancia de la sociedad y realizar los esfuerzos que no sean tan poco articulados, tan poco persistentes, y que no sean nada más coyunturales?.
Y con estas preguntas y que son a la vez retos enormes que dirijo a cada uno/una de ustedes, me gustaría concluir.
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*Discurso ofrecido el 28 de noviembre de 2018 en el Foro: Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Aprendizajes y Retos a un Año de su implementación en Jalisco. En la segunda mesa con el tema “Ley general en Materia de Desaparición de Personas, Lecciones Aprendidas a un año de su Aprobación.”
