LA ONU Y EL DERECHO HUMANO AL AGUA EN JALISCO
Carlos A. Peralta Varela
Anotaciones previas
El presente texto da cuenta de dos tipos de acciones que organismos dependientes de la Organización de las Naciones Unidas (onu) llevaron a cabo en Jalisco durante el año 2017, ambos en relación con el derecho humano al agua y el saneamiento. Desde mi perspectiva, no sólo se trata de hacer un recuento de los acontecimientos sino de reflexionar críticamente sobre la capacidad o la forma de incidencia que organismos dependientes de la onu pueden tener en suelos mexicanos. Obviamente, la onu incide en nuestro país en diversas problemáticas, muchas más de las aquí expuestas; de hecho, su presencia en 2017 fue significativa en nuestra entidad en asuntos vinculados con las desapariciones; sin embargo, en lo que se refiere al agua, una de sus instancias actuó en forma poco transparente y con una extraña fórmula de subordinación a la posición del gobierno estatal.
Antes de entrar en la reseña de lo acontecido, conviene ofrecer un par de antecedentes. Lo primero es recordar que el artículo 4, párrafo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum), reformado en 2012, garantiza explícitamente a todos los mexicanos el derecho al agua y su saneamiento, en cantidad suficiente, salubre, aceptable y asequible. Sin embargo, es evidente que lograr la realización plena de este derecho requiere de voluntad política, destinar los recursos necesarios, políticas públicas explícitas para atender la demanda en relación con el agua y, en contrapartida, también requiere de la capacidad de los pueblos o comunidades para cuidar y exigir sus derechos, entre otros varios aspectos. El agua es vital para la sobrevivencia del ser humano y, desde la perspectiva de los derechos humanos, es esencial para la realización de otros derechos –en realidad todos–, y con ello lograr una buena calidad de vida.
Se puede mencionar, por ejemplo, que en nuestro país se ha trabajado para acercar el agua a la gran mayoría de los hogares; sin embargo, estamos muy lejos de que el sistema público pueda llevar agua verdaderamente potable. Se desconfía sobre la calidad del agua en los hogares de Jalisco. La falta de calidad en el agua nos ha convertido en el país del mundo que más agua embotellada consume. Pero además, también padecemos la falta de agua, sobre todo en hogares de colonias populares pues, aunque tengan llaves de agua, puede llegarles sólo unas horas al día. La escases de agua y su falta de calidad obedecen a múltiples factores que varían de acuerdo a la región en donde se habita.
Debido al discurso de la escasez y por la carencia de recursos, se están abriendo las puertas a la privatización del agua. Leo Heller (2017), relator de la onu para el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, realizó una visita oficial a México en mayo de 2017. Posteriormente, hacia finales de año, presentó un informe en el que menciona lo siguiente:
México afronta numerosos desafíos para garantizar el derecho humano al agua potable y el saneamiento a toda su población, buena parte de la cual reside en zonas urbanas periféricas y comunidades rurales muy dispersas en todo el país. Muchos viven en regiones que padecen un nivel alto o muy alto de estrés hídrico, experimentan bajos niveles de desarrollo y se enfrentan a diferentes conflictos socio ambientales y niveles considerables de pobreza, lo cual exige estrategias específicas para la prestación de servicios. En los últimos años estas dificultades han aumentado a causa de un entorno económico en el cual los ingresos gubernamentales se han reducido drásticamente, debido en gran parte a la caída de los precios del petróleo. Los presupuestos federales para servicios esenciales han disminuido significativamente, con reducciones superiores al 37% entre 2016 y 2017 para el sector del agua y el saneamiento, según informaciones recibidas. Esos recortes pueden tener un efecto dramático a corto, mediano y largo plazo en la realización progresiva de los derechos humanos al agua y el saneamiento. Ese impacto negativo podría verse agravado por la situación institucional del sector, que, en palabras de un experto, se encuentra “en cuidados intensivos” debido a las actuales condiciones políticas, financieras y presupuestarias (Heller, 2017:3).
Esta conclusión, emanada del informe, como se puede apreciar, pone el énfasis en la falta de recursos de los gobiernos, lo cual puede abrir la puerta a la privatización. Por otro lado, podríamos decir que identifica la falta de políticas y estrategias específicas para afrontar el estrés hídrico desde una perspectiva de sustentabilidad, como podrían ser el reuso y la lucha por el rescate de ríos, así como para su no contaminación. También reconoce la existencia de conflictos ambientales, en algunos casos por la ya mencionada falta de recursos, pero deja claro que los conflictos surgen en la medida que los proyectos hidráulicos no son adecuadamente gestionados y no se desarrollan verdaderos mecanismos de participación ciudadana. En cualquier caso, hablamos de temas muy complejos que deberían abordarse desde una perspectiva integral.
Para el caso de Jalisco, durante el año de 2017 se mantuvo el conflicto entre las autoridades y poblaciones o comunidades afectadas, y fueron más visibles las controversias y los desacuerdos que los consensos. No en balde se ha impedido –y a la fecha se mantiene el rechazo– el desarrollo y ejecución de algunos proyectos hidráulicos. Además, no podemos dejar de observar que uno de los organismos de la onu fue parte fundamental de este conflicto y, de alguna manera, contribuyó a favorecer una propuesta de privatización del agua y a recrudecer el hostigamiento sobre algunas comunidades afectadas.
La unops y el Río Verde
Como es bien sabido, la cuenca del Río Verde se ha vuelto un espacio en disputa por la distribución de su caudal. Esto surge a partir de un decreto que reparte el agua de este río entre Jalisco y Guanajuato, a partir del cual también se autoriza la construcción de la presa El Zapotillo y de un acueducto –que manejarían empresas privadas– para llevar agua a León. Ante la falta de estudios, considerados confiables, sobre la cantidad de agua realmente disponible en la cuenca, se propuso desde hace varios años realizar un ordenamiento hídrico y ambiental de la cuenca, que ofreciera una visión objetiva, confiable, sustentable e integral sobre las diversas y reales posibilidades de uso, distribución, recuperación o reutilización del agua en todo el territorio.
En 2015, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (imta)1 ofreció información sobre la cantidad de agua que circula por el Río Verde, pero sus conclusiones no fueron aceptadas por pobladores, grupos sociales y empresarios de los Altos de Jalisco. Por ello, el gobernador Aristóteles Sandoval decidió “contratar”, por medio de un acuerdo, los servicios profesionales de la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (unops, por sus siglas en inglés) para realizar el estudio conocido como “Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde”, a un costo que para muchos fue sumamente alto. Se erogó la cantidad de 4.65 millones de dólares. Varias organizaciones se ampararon en contra del acuerdo debido al alto costo y la presunta ilegalidad en la forma de contratación (Amparo 1908/2016 del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco).
Los resultados del estudio de la unops se presentaron con bombo y platillo el 29 de junio de 2017 en el Palacio de Gobierno. Estos resultados no fueron del todo convincentes para diversos académicos y grupos sociales, pero aún así, sirvieron de base al gobernador para modificar la postura que hasta entonces había mantenido respecto a conservar la presa a 80 metros de altura y evitar con ello la inundación de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Para las organizaciones: Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (imdec); el Colectivo de Abogadxs, y ¡Tómala! Ciudad, el trabajo realizado por la unops dejó mucho qué desear porque no tomó en cuenta la visión, las necesidades y la experiencia de las comunidades. Afirmaron que
La unops se relacionó de la manera más fría y equivocada con las comunidades, incumpliendo sus principios de participación y respeto a los derechos humanos como instancia de las Naciones Unidas, ocasionado el rechazo y la ruptura con la comunidad de Temacapulín en diciembre de 2016, comunidad que nunca les recibió de manera oficial y formal en su territorio y comunidad.2
Por su parte, el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco publicó un desplegado acerca de estos resultados, en el cual dio a conocer su molestia por la poca profesionalidad, particularmente en lo que se refiere a los escenarios planteados. Este cuestionamiento parte de que el propio personal de la unops reconoció que tuvo serios problemas para obtener información federal de manera oficial, además de que no fue posible hacer estudios de sondeo, por lo cual, y tan sólo por este hecho, su trabajo no podría considerarse un balance hídrico confiable. El desplegado concluye afirmando que “el estudio de la unops no presenta datos técnicos y científicos precisos, ya que parte del trabajo se basa en elementos subjetivos”.3
Al respecto, y coincidiendo con la postura del Observatorio, el Maestro Mario López, académico y miembro del Grupo del Agua del iteso, descalificó los resultados del balance hídrico debido a que los datos en los que se basó este organismo internacional no están actualizados o son inexistentes.4
Es importante mencionar que el estudio de la unops concluye con la formulación de cinco escenarios prospectivos que, por su relevancia, se convirtieron en el punto de referencia fundamental en relación con la confiabilidad del estudio. Una primera observación fue que estos escenarios son tendenciosos, es decir, fueron pensados para cumplir específicamente con los términos de referencia solicitados/impuestos por el gobierno de Jalisco. Los escenarios no fueron planteados para aclarar la situación del balance hídrico en la cuenca; están formulados para justificar la existencia de la presa que se encuentra en construcción y precisar la altura adecuada. Por ejemplo, en el Escenario 5 –considerado el más viable por la parte gubernamental–, la unops concluye que se debería “construir una cortina a 105 metros para aprovechar un caudal de 7.5 metros cúbicos por segundo”, lo que representa 87% de los 8.6 metros cúbicos por segundo establecidos en el acuerdo previo firmado entre Jalisco, Guanajuato y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). En torno a este escenario, se menciona que esta opción ayudaría a mejorar la capacidad de regulación, prolonga la vida útil de la presa, y permitiría acercarse a respetar el acuerdo firmado. Esto quiere decir que no toma en cuenta que el centro del estudio era el balance hídrico en toda la cuenca del río, sino que el escenario más “viable” se reduce a dictaminar cuál debe ser el tamaño de la presa y la cantidad de agua que le puede llegar. Entonces cabe la pregunta: ¿en dónde está el balance hídrico y sustentable de la cuenca?
Otro aspecto poco claro, que desvirtúa el trabajo realizado en relación con los escenarios, se refiere al factor del cambio climático. En particular, el Escenario 5 no lo considera y otros escenarios sí ¿por qué? ¿será que el cambio climático debe tomarse en cuenta sólo en ocasiones? Nos quedó la idea de que fueron los criterios político y económico –por aquello de la infraestructura–, y no el rigor científico, lo que condicionó el desarrollo de los escenarios. En el mismo escenario, al terminar la presentación de la unops, el gobernador afirmó que acataría cabalmente lo propuesto en el Escenario 5, que lamentaba el hecho de que se inundaría Temacapulín, pero que estarían a salvo los derechos humanos, los derechos de reubicación y de indemnización de los habitantes de las comunidades que se inundarían.
Los escenarios del estudio de la unops, acotados y tendenciosos, fueron la plataforma para que el gobierno diera su aval público a obras de infraestructura marcadas por intereses políticos y económicos. Se requiere ampliar mucho más la visión en cuanto al uso del agua, pensar nuevas alternativas formuladas desde una perspectiva integral y, sobre todo, sustentable. Se requiere pensar en perspectiva ecológica y por el bien de la sociedad.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su visita a Temacapulín
El 29 de agosto de 2017, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (onu-dh) en México, difundió una nota informativa en la cual menciona que realizarían una misión de observación para conocer la situación de las comunidades de Temacapulín, Palmarejo y Acasico, que presuntamente serían desplazadas por la construcción de la presa El Zapotillo. La nota informativa dice que:
los integrantes de la onu-dh sostendrán reuniones de trabajo con representantes de las comunidades antes mencionadas, con sus asesores y con organizaciones de la sociedad civil para recibir información actualizada sobre la situación de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, y la situación de las personas defensoras, en relación con el proyecto de la presa El Zapotillo-Acueducto Zapotillo León. Durante esta misión también se visitarán algunas de las zonas de reasentamiento.
Desde hace años, a través de diferentes medios, se ha denunciado que con engaños o amenazas algunos habitantes de estas tres comunidades han sido presionados para vender sus propiedades y ser reubicados en otros predios. Sin embargo, existe un grupo de habitantes que no piensan dejar sus tierras y están luchando por que no se construya la presa.
Estos habitantes que decidieron no vender, observan a los pobladores que fueron trasladados al predio conocido como Talicoyunque, mismo que es administrado y custodiado por la Comisión Estatal del Agua (cea) de Jalisco. En el predio se construyeron casas con poco espacio para cultivos de traspatio o para tener animales –lo cual es una costumbre de la zona–, difícilmente cuentan con servicios y, debido a que la población está cercada, no cualquiera está en libertad de entrar o salir de ella.
Un aspecto, por demás relevante, fue que los habitantes de Temacapulín, en agosto de 2017, acudieron nuevamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (cedhj), para levantar otra queja debido a una oleada de amenazas e intimidación de las que han sido objeto recientemente. Señalan que el gobierno del estado, y específicamente la Comisión Estatal del Agua (cea), encabezó actos intimidatorios para obligarlos a reubicarse. Esto se observó con mayor fuerza a partir de que el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval respaldó los resultados del estudio de la unops y se pronunció en favor de la inundación de los poblados, entre ellos, Temacapulín.5
La visita de representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de la onu-dh se enmarca en esta nueva oleada de amenazas, se manifiesta como una visita para dialogar con los pobladores y sus asesores a fin de intercambiar datos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, tal vez, para inhibir las presiones hacia los pobladores. Cabe mencionar que no les permitieron la entrada a Tlalicoyunque, pero su presencia en la zona cumplió con uno de sus objetivos: los pobladores fueron escuchados por representantes de la onu y se restauró algo de tranquilidad en su cotidianidad.
Comentarios finales
Existe en México el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura (scjn, 2014). En este protocolo se afirma que, en todo momento, se de deben salvaguardar los derechos humanos; esto supone utilizar una técnica jurídica denominada Ponderación, la cual implica: analizar profundamente la situación teniendo como referencia y como misión poner en primer plano a las personas y el catálogo de derechos humanos. En México, en cualquier parte del país y en todas las acciones o políticas públicas, debería privilegiarse a las personas y garantizar lo más ampliamente posible sus derechos. La lucha no es en contra del uso sustentable del agua en Jalisco, es en favor de tener una cultura hídrica que implique el pleno respeto a los derechos humanos.
Es de reconocer que la sociedad, el gobierno y las instituciones del sector han avanzado en la creación de instituciones novedosas que surgen ante situaciones de conflicto; ejemplo de ello es la creación de la Comisión de Cuenca en Cajititlán, conformada por instituciones federales, estatales, municipales y representantes de la sociedad civil, para: 1) implementar programas y acciones de saneamiento; 2) impulsar el ordenamiento y regulación de los usos del agua; 3) procurar el uso eficiente del agua; y 4) promover la gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca y la preservación de sus recursos naturales.
Sin embargo, falta mucho para alcanzar un sistema de deliberación efectiva que privilegie el involucramiento de todos los actores relevantes para desarrollar conjuntamente una comprensión compartida de los problemas, su dimensión y potencialidades relacionadas con el agua, de tal forma que se garantice el bienestar social y económico de manera suficiente y equitativa, sin comprometer la viabilidad, la integridad y el futuro de los ecosistemas hidroecológicos. Ésta es una tarea de todos.
Notas:
1 imta 2015, Evaluación de la disponibilidad conforme a la norma nom-011-cna-2000 para el abastecimiento de la zcg. Convenio Núm. cea-imta-001/2014, Jalisco.
unops, 2017, Proyecto Jalisco Sostenible Cuenca del Río Verde, Gobierno del Estado de Jalisco-Semadet, onu-unops.
2 Tomado de temaca: Boletín de Prensa previo a la presentación de informe final unops, que se dio a conocer el 28 de junio de 2017.
3 Tomado del desplegado publicado en medios de comunicación, por el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, el 31 de julio de 2017.
4 Esta afirmación es tomada de la nota de Elsa María Arenas (2017), “Estudio de la unops, a modo: iteso”
[https://www.eloccidental.com.mx/local/estudio-de-la-unops-a-modo-iteso].
5 Ver la referencia en: http://www.milenio.com/region/temaca-presentan-nueva-queja-derechos_humanos-intimidacion-milemio-noticias-jalisco_0_1005499796.html
Bibliografía
Heller, L. (2017). Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento acerca de su misión a México. Consejo de Derechos Humanos de la onu, 36º período de sesiones, del 11 al 29 de septiembre de 2017. http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/G1722952.pdf
Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017
Por: Dr. Carlos A. Peralta Varela