Ciudad de México a 08 de junio 2018
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA LXIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO
Presentes.-
Apreciables diputadas y diputados:
Reciban un cordial saludo de las organizaciones de la sociedad civil firmantes[1], quienes integramos-la coalición denominada “Frente por la libertad de expresión y la protesta social”, con el objetivo de promover y proteger los derechos a la libertad de expresión, reunión y protesta social en nuestro país.
Para ello ha realizado actividades de monitoreo y denuncia de legislaciones, interposición de recursos, aportación de insumos ante instancias legislativas y judiciales, campañas, visibilización internacional y elaboración de informes para señalar casos de restricción o violación a los derechos de libertad de expresión, manifestación y reunión cometidos en contextos de protesta social, con la finalidad de aportar estándares, ayudar en el análisis, en la prevención y en la garantía de dichos derechos considerados como indispensables en toda sociedad democrática.
El motivo de la presente es relativo a la Iniciativa de Ley para derogar los artículos que tipifican los Delitos contra el Honor en el Código Penal del Estado de Hidalgo, específicamente los numerales 191 al 202 que corresponden a los capítulos de “Difamación”, “Calumnia” y “Disposiciones Generales” de tales delitos, presentada ante este órgano legislativo el día 29 de mayo de este año, por la diputada Mariana Bautista de Jesús.
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social celebra este tipo de iniciativas en aras de lograr una mejor protección y garantía para el ejercicio de la libertad de expresión frente a un contexto tan adverso por el que atraviesa México para el ejercicio pleno de este derecho.
En las últimas dos décadas, han sido claras y constantes las recomendaciones emitidas por organismos internacionales y regionales para que el Estado Mexicano derogue los delitos contra el honor, consistentes en “difamación”, “calumnias” e “injurias”, los cuales se han constituido como un mecanismo de censura indirecta para el ejercicio de la libertad de expresión, que a su vez, genera un efecto inhibidor para la misma; tal como lo han establecido las Relatorias para la Libertad de Expresión de la ONU y de la CIDH, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo anterior, también se encuentra en congruencia con la doctrina del derecho penal mínimo que debe existir en un Estado democrático de derecho. Ha sido documentada la utilización de estos tipos penales como parte de un uso arbitrario del sistema penal, a efecto de perseguir penalmente a personas que ejercían su libertad de expresión.
En los últimos años, se ha logrado un avance en la derogación de estos tipos penales; sin embargo, aún se mantienen vigentes en 8 entidades federativas[2], incluyendo Hidalgo, por lo que de aprobarse esta iniciativa, se estarían sumando a la lista de estados que ha cumplido las recomendaciones y los estándares internacionales, y pueda lograrse así el objetivo final de que se encuentren derogados estos tipos penales en todo el país. En este sentido, es el paso que pueden dar para ello.
Recordemos que la libertad de expresión es un derecho fundamental, sin el cual no podría hablarse de una democracia. El Estado debe proteger y garantizar su ejercicio, conforme al artículo 1° de la Constitución Federal; lo contrario, se constituiría un sistema autoritario en donde se coartaría el libre flujo de ideas, opiniones e informaciones.
Cabe señalar que en el estado de Hidalgo, la vigencia de estos tipos penales derivó en el inicio de un procedimiento penal en contra del ciudadano Leonardo García Vázquez, por ejercer su derecho a la protesta y hacer públicos los daños estructurales ocasionados por una falta de diligencia en la construcción del fraccionamiento La Esmeralda, por parte de la empresa constructora SYLMA S.A. de C.V, cuyos principales accionistas han ocupado cargos públicos relacionados con la emisión de autorizaciones para realizar obras públicas. Lo anterior, hace constar que la vigencia de este tipo de delitos vulneran el ejercicio de derechos humanos, como en este caso, la libertad de expresión y la protesta social.
Por lo anterior, las organizaciones que conformamos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, solicitamos atentamente que este órgano legislativo de un paso importante en la protección y garantía de los derechos humanos, al derogar los delitos contra el honor (difamación y calumnias), aún vigentes en el estado de Hidalgo.
Atentamente,
Luis Eduardo Knapp Moreno
Coordinador de Defensa de ARTICLE 19 Oficina México y Centroamérica
En representación del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social
[1] ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Brigada Humanitaria de Paz ‘Marabunta’; Resonar A.C.
[2] Los estados que tienen vigentes los delitos contra el honor en sus códigos penales son: Campeche, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Yucatán.
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También consulta el boletín de Artículos 19 El Congreso de Hidalgo tiene una oportunidad para derogar los delitos contra el honor aún vigentes en el estado
