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Informes de Derechos Humanos

Informe DDHH 2017 – Violencia de Género en Jalisco

VIOLENCIA DE GÉNERO EN JALISCO:
¿ANOMALÍA COYUNTURAL O RASGO DE IDENTIDAD SOCIAL?

Paola Lazo Corvera

Hay realidades que permanecen; la estrecha relación entre género y agresión es una de ellas. Parece no haber espacio que sea seguro para las mujeres, o un lapso en sus vidas que sume dos días, digamos, que no esté atravesado por el acoso y la violencia que son detonadas por su género; hostigamiento y acometidas que, de una forma u otra, brotan en su hogar, en sus relaciones de pareja, en su trabajo, en la escuela, en la universidad… En cualquier espacio común de la sociedad. En los medios de comunicación y en las rutinas cotidianas triviales, los ataques de toda índole, constantes, que experimentan las mujeres, niñas, jóvenes y ancianas, han ganado en el imaginario la categoría de normales. La indagación en torno a esta problemática pone en evidencia las múltiples maneras en que la violencia de género se vuelve casi invisible, tolerada, estandarizada por la sociedad y por el Estado.

Sorprende reconocer que, en México, siete mujeres mueren a diario y cuatro de cada 10 han vivido violencia a manos de sus parejas; de estas agresiones, sólo se presentan unas 150 mil denuncias al año, de las cuales sólo 11% resultan en averiguaciones previas y 2.4% reciben sentencias condenatorias. Uno de los principales motivos detrás de estas pocas denuncias es la desconfianza en las instituciones y en la manera como opera el sistema de justicia actual. Así, resulta incongruente exigir a las mujeres que denuncien, cuando tienen todo en su contra; lo urgente es cambiar al sistema para que la denuncia no sea un riesgo y un maltrato más para ellas (Pecova, 2016).

El caso de Jalisco forma parte sustancial de esta problemática: en los últimos diez años no ha logrado salir de los primeros lugares de violencia hacia las mujeres, hecho que se constata en la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares (Endireh, 2016), que lo coloca en el quinto sitio, donde la violencia de pareja sigue siendo la más frecuente: 47% de las mujeres mayores de 15 años que residen en Jalisco, han sufrido violencia en su unión afectiva, noviazgo o matrimonio (Rello, Milenio Jalisco, 24 de noviembre de 2017).

Hacia una comprensión de la violencia de género

La violencia es un hecho social, en buena parte aprendida en contextos permeados por desigualdades sociales y discriminación de clase social, género, edad, etnia, capacidades distintas, diferencias religiosas, entre otras. De manera cotidiana enfrentamos situaciones donde se ejerce la violencia, actos de personas que no reconocen los derechos y la dignidad de las y los otros (onu et al., 2012).

En muchos casos, las distintas formas de violencia son atravesadas por el género. Se trata de prácticas que se actúan para demostrar hombría, control y poder hacia las mujeres o hacia otros hombres, e imponer su voluntad y sus deseos. Existen otras prácticas violentas que se ejercen entre padres, madres, hijos e hijas, que suelen transmitirse de generación en generación. En todos los casos, las violencias están basadas en un desequilibrio de poder.

La violencia de género es un problema complejo, de raíces biológicas, psicológicas, sociales, culturales y ambientales, para el que no existe una solución sencilla o única; al contrario, debe abordarse desde varios niveles y en múltiples sectores de la sociedad (ops, en onu et al, 2012). Da cuenta no sólo de la violencia que se ejerce contra las mujeres, sino que incluye aquellas formas de violencia que, basadas en una visión heterosexual de las relaciones y en estereotipos de género, se ejercen hacia lesbianas, gays, población trans, queer y también entre varones. La incorporación de la categoría género nos permite entender y analizar las múltiples formas en que se expresa la violencia basada en estereotipos y discriminación de género.

La onu, junto con el Instituto Nacional de las Mujeres (inmujeres) y la lxi Legislatura de la Cámara de Diputados (2012), sostiene que la violencia hacia las mujeres es una variante de la violencia estructural que divide a las personas en grupos favorecidos y desfavorecidos, ya que está basada en una estructura social que segrega o diferencia las actividades que realizan los hombres y las mujeres, otorgándoles valoraciones desiguales en la jerarquía de puestos, poder, recursos y decisiones. El resultado de esta desigualdad de género es la discriminación sistemática de las mujeres.1

El presente trabajo busca ampliar la mirada en torno al contexto de violencia hacia las mujeres y analizar las tendencias en México, especialmente en Jalisco, para dar cuenta de las diversas formas en que esta violencia se expresa, y la manera en que ha sido abordada por las autoridades de gobierno a través de políticas públicas y acciones específicas para su atención y erradicación, con el fin de proteger y defender el derecho a la integridad, la libertad, la salud y la vida de las mujeres.

La legislación mexicana cuenta con diversas leyes que son marco normativo, a partir de las cuales se establecen las obligaciones de los poderes y niveles de gobierno en la prevención, atención y sanción de la violencia hacia las mujeres, entre ellas: la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (lgihm, 2006) y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (lgamvlv, 2007). Asimismo, en el año 2011 se promulgó la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, a través de la cual se elevan a rango constitucional los derechos humanos que se derivan de los tratados internacionales suscritos por México. Otros logros importantes han sido las reformas al Código Penal Federal para tipificar y sancionar los delitos de feminicidio, y el establecimiento de otras figuras jurídicas para garantizar a las mujeres el acceso a la justicia y combatir la impunidad. Actualmente, las 32 entidades federativas del país cuentan con una legislación concreta sobre violencia contra las mujeres, y 30 de éstas han diseñado un sistema de coordinación interinstitucional para dar seguimiento a su adecuada implementación.

Develando la violencia de género: datos de México y Jalisco

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh)2 hace un abordaje estadístico nacional para medir la violencia contra las mujeres, que nos permite pensar críticamente y con perspectiva de género las condiciones de injusticia y desigualdad que se dan en las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres, y que se expresan frecuentemente en acciones de agresión y discriminación.

  • De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se estima que 30.7 millones de ellas (66.1%) han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolares, laborales, comunitarios, familiares o en su relación de pareja.

  • 43.9% de las mujeres que tienen o tuvieron una pareja, sea por matrimonio, convivencia o noviazgo, han sido agredidas por su pareja en algún momento de su vida marital, de convivencia o noviazgo. En Jalisco esta cifra significó 47.4% (inegi, 2017).

  • El segundo ámbito de mayor violencia contra las mujeres son espacios como la calle, el parque y el transporte, donde 38.7% de las mujeres fueron víctima de actos de violencia por parte de desconocidos.

  • De los actos de violencia más frecuentes, destaca la violencia sexual que han sufrido 34.3% de las mujeres de 15 años y más, ya sea por intimidación, acoso, abuso o violación sexual. Este dato contrasta con el 44.2% de mujeres que han recibido agresiones de tipo sexual, de acuerdo al Estudio de Opinión sobre Violencia Comunitaria (Instituto Jalisciense de las Mujeres, 2017) de los ocho municipios en Alerta de Violencia contra las Mujeres en el estado de Jalisco.

  • La extensión de la violencia en el país va desde 52.4% en Chiapas hasta 79.8% en la Ciudad de México. Las entidades que presentan los niveles más altos son la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro.

  • De 2010 a 2016, la tasa de mujeres víctimas de delito aumentó 28% (Envipe, 2017); en Jalisco esta grave situación representó 30.6% (inegi, 2017).

  • Del total de mujeres que han experimentado violencia física y/o sexual por otro agresor distinto a la pareja, 9.4% presentó una queja o denunció ante alguna autoridad y 2.2% sólo solicitó apoyo a alguna institución, mientras que 88.4% no solicitó apoyo a alguna institución ni presentó queja o denuncia ante alguna autoridad.

  • De las mujeres que fueron víctimas de agresiones físicas y/o sexuales por parte de su actual o última pareja, esposo o novio, 20% de ellas solicitó apoyo, denunció o emprendió ambas acciones. Alarma el dato de que en los ocho municipios de Jalisco en que se declaró la Alerta contra las Mujeres (2016) menos de 20% de las mujeres que solicitaron apoyo lo recibieron, y en el caso de Guadalajara y Tlaquepaque, ni siquiera 10% de las que demandaron ayuda fueron atendidas favorablemente (ijm, 2017).

  • Entre las que han experimentado violencia física y/o sexual, 35.8% presentó daños físicos derivados de la violencia que han vivido, principalmente moretones, hemorragias, e incluso han estado hospitalizadas o las han operado por esta razón.

  • Para 64.3% la violencia física y/o sexual ejercida por su pareja, le ha dejado consecuencias emocionales, a la mayoría tristeza o depresión; a la mitad angustia o miedo, y para un tercio de ellas problemas alimenticios.

  • La violencia de la pareja tiene serias repercusiones en la integridad emocional y física de las mujeres, 8.0% de ellas ha pensado en suicidarse y 3.4% lo ha intentado. 


  • Una cuarta parte de las mujeres que han sido sujetas a violencia sexual ha pensado en quitarse la vida y 14.1% lo ha intentado. 


En opinión de Frías (2016), los datos oficiales disponibles sobre violencia hacia las mujeres sólo reflejan la punta del iceberg, ya que representan aquellos casos en que las mujeres víctimas de violencia han solicitado ayuda a alguna institución pública, han sido atendidas y se ha registrado su caso. Los datos que ofrecen las procuradurías y fiscalías estatales de justicia tienen numerosos problemas de subregistro y esta información, en muchas ocasiones, no se encuentra desagregada por sexo ni por todos los tipos de delito.

Pérez Correa (2016) sostiene que los datos muestran, además, que la violencia no se limita al acoso y al abuso sexual. Según el inegi, entre 2003 y 2014 fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país. En 2007 se creó la declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (avgm), instrumento pensado para enfrentar aquellas situaciones de violencia más extrema, como la que termina con la vida de las mujeres. “Los informes estremecen a cualquiera, no sólo por las cifras sino también por el rencor con el que se violenta el cuerpo de las mujeres. Muestran la complejidad del problema de violencia de género contra las mujeres que atraviesa todas las capas y espacios sociales” (ibid.:1). Empero, las declaraciones de alerta han resultado insuficientes ya que los aplicadores del sistema (las policías, los ministerios públicos, los militares, los custodios de las prisiones) son parte del problema y difícilmente son un vehículo para transformar nuestra realidad.

Algunos intentos de atención y prevención: programas y acciones en Jalisco

Incorporar la perspectiva de género en la vida pública y el trabajo de las instituciones es, sin duda, esencial para promover la igualdad sustantiva y erradicar la violencia hacia las mujeres (Pecova, 2016). Sin embargo, una vez que se analiza a detalle la estrategia estatal, son todavía muchos ámbitos en los que ésta carece de eficiencia.

El gobierno del estado de Jalisco, teniendo como marco normativo la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, afirma en su Informe de avance en el Marco de la Declaratoria de la Alerta de Violencia contra las Mujeres en Jalisco, 2017:

Haber impulsado una política integral para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres a partir de diversas acciones que principalmente se enfocan en la reforma de diversas leyes, creación de espacios de atención multidisciplinaria, modificación y creación de protocolos bajo estándares internacionales de derechos humanos, difusión y fortalecimiento de medidas de protección, instalación de capacidades en el funcionariado público que atiende a mujeres en situación de violencia a través de la capacitación, campañas de difusión y territoriales, ampliación de la atención a través de la regionalización de módulos especializados, app para identificar la violencia que se vive en pareja, entre otros.

Para ello, se creó un sistema conformado por el Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres como organismo rector de la política pública en la materia, del cual se desprende el Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Prepaev), que tiene como objetivo el establecimiento de las estrategias, líneas de acción y actividades para implementar la política pública en la materia. Algunas de estas estrategias han sido: 1) “Juntos por ellas” (estrategia gubernamental de prevención de la violencia; 2) Alerta de Violencia contra las Mujeres (mecanismo estatal instituido en febrero de 2016); 3) creación del Centro de Justicia para las Mujeres (política nacional impulsada la Segob); y 4) conformación de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra las Mujeres.

A su vez, algunos municipios han llevado a cabo reformas a reglamentos desde un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género; han colaborado en la emisión de órdenes de protección; han establecido reglas a la publicidad para eliminar mensajes sexistas y estereotipados; y han establecido convenios con el estado para homologar la atención a las víctimas de violencia intentando evitar la victimización.

A pesar de las estrategias y acciones, tanto en el nivel estatal como municipal, existen estudios, análisis y reportes de seguimiento de organizaciones de la sociedad civil (osc) que, unidos a la percepción cotidiana de inseguridad, miedo, violencia y agresión cotidiana que viven las mujeres, ponen en entredicho la eficacia de estas políticas y estrategias. Jalisco ocupa el tercer lugar en violencia contra la mujer y continúa siendo una entidad hostil para las mujeres: 74.1% percibe prevalencia de algún tipo de violencia, a pesar de la Alerta de Violencia contra la Mujer lanzada en 2016 (El Informador, 28 de agosto de 2017). Los casos de feminicidio, expresión máxima de la violencia de género, son una realidad cruda y dolorosa en nuestro estado. En voz de Alejandra Cartagena, Vicecoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem, Jalisco), “sólo 20% de los asesinatos contra mujeres son catalogados como feminicidios. Desafortunadamente, vemos que desde la autoridad hay una invisibilización la violencia feminicida, ocultándola como homicidio o parricidio” (Publimetro, 18 de septiembre de 2017).

Sorprende la variación entre los datos referentes a casos de feminicidio: el Instituto Jalisciense de Ciencias Forense registró 145 muertes violentas de mujeres en 2017, mientras que la Fiscalía catalogó 27 feminicidios por los cuales 11 personas fueron acusadas, pero sólo dos recibieron sentencia. Por su parte, los protocolos seguidos por Cladem registran que 110 mujeres fueron asesinadas por cuestiones de género en el año (El Norte, 10 de febrero de 2018). Alarma constatar que muchos de estos feminicidios se pudieron evitar, ya que varias de las mujeres asesinadas habían denunciado oficialmente amenazas y acoso, e incluso muchas de ellas contaban con órdenes de protección.

En entrevista personal,3 Alejandra Cartagena, quien ha formado parte del grupo multidisciplinario de seguimiento a la situación de violencia de género en el estado, señala que las políticas y acciones de prevención, atención y sanción implementadas por el Sistema Estatal no han tenido de fondo una verdadera perspectiva de género, no han logrado garantizar la seguridad e integridad de las mujeres, ni eliminar las desigualdades que la violencia de género produce. Señala que la estrategia “Juntos por ellas”, no contiene una visión profunda y comprensible de la problemática al no ser una estrategia vinculatoria y no conseguir que los municipios la asuman con acciones integrales y transversales. Observa que se trabaja de forma aislada y fragmentada, en donde cada municipio actúa por su cuenta, sin mecanismos personalizados de atención y protección, ni protocolos específicos.

Resulta esencial ir más allá de la capacitación de las autoridades responsables de la atención a la violencia hacia las mujeres. La perspectiva de género no se logra asistiendo por unas horas a pláticas o talleres, sino actuando día a día por transformar nuestra manera de entender el mundo y las relaciones de poder y atendiendo cada caso de violencia de manera personalizada. Para Cartagena, el Poder Judicial ha sido omiso al juzgar sin visión de género los casos de feminicidio, otorgando sentencias mínimas a los agresores, y sin tomar en cuenta la reparación del daño a las víctimas al tratarse de una violación a los derechos de las mujeres. A su vez, la creación del Centro de Justicia para las Mujeres –sin duda, una importante acción afirmativa– se ha visto superada por la violencia de género, y el personal que ahí labora, continúa teniendo prácticas que criminalizan e intimidan a las víctimas que acuden a denunciar, señal de que no logran interiorizar la perspectiva de género.

Las instituciones estatales y municipales están rebasadas. La agresión contra las mujeres (comunitaria, laboral, doméstica y de pareja), así como el acoso, las desapariciones, la violencia sexual y la violencia extrema, ha aumentado gravemente, y nos seguimos encontrando con circunstancias de naturalización y justificación de estas violencias. Un ejemplo de esta situación es la oposición social e institucional hacia la nom-0464 y la resistencia a su implementación dentro de la Secretaría de Salud en Jalisco, no sólo en la atención a mujeres víctimas de violación que resultan embarazadas, sino también en la adecuada información y difusión del derecho a interrumpir un embarazo cuando es producto de una violación sexual. El Estado debe reconocer y garantizar los derechos de las mujeres, y en este caso, está en deuda con las niñas, jóvenes y mujeres víctimas de violencia sexual.

Todo apunta a la urgente necesidad de mejorar los procesos de diseño de políticas públicas con perspectiva de género, de manera que sean formuladas más allá de las oficinas gubernamentales, poniendo en juego el conocimiento y la participación de las mujeres víctimas de violencia, sus familias, la academia y la sociedad civil; generando a la vez mecanismos adecuados de seguimiento, monitoreo y evaluación de los esfuerzos institucionales. La solución no está necesariamente en crear nuevas leyes, sino en asegurarse de que las que existan funcionen adecuadamente. Detener la tendencia de “formular, pero no implementar”, de lo contrario, seguiremos siendo “un país de instituciones y leyes sin sentido, con derechos de papel” (Pecova, 2016).

Creación de lazos solidarios y acciones estructurales contra la violencia hacia las mujeres

Los datos y reflexiones anteriores señalan el apremio por establecer una política de Estado que aglutine todas las fuerzas políticas y de gobierno, homologue, a nivel estatal y municipal, los diversos tipos de violencia contra las mujeres –incluidos el feminicidio y la violencia feminicida–, estandarice los protocolos de actuación de las instituciones de justicia para reducir la impunidad, mejore la prestación de servicios y atención para mujeres y niñas víctimas de violencia, y atienda las recomendaciones que organismos internacionales o regionales han dirigido al Estado mexicano, especialmente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las que han sido recientemente emitidas por el Comité de la cedaw.5

“A mayor empoderamiento de las mujeres menor riesgo de sufrir violencia física y sexual” (Castro, 2016). Se hace necesario analizar el contexto social en que viven las mujeres, así como el tipo de relación que sostienen con sus parejas, ya que en ésta radican las claves que explican el riesgo de que sufran (o no) algún tipo de violencia. Las investigaciones han mostrado que, en la medida en que se incrementa la participación de los hombres en las tareas domésticas y de crianza, disminuye drásticamente el riesgo para la mujer de sufrir violencia de pareja. Estos hallazgos señalan la necesidad de promover campañas masivas y continuas sobre el valor de la corresponsabilidad de los hombres en las tareas del hogar. Otro factor importante es el índice de autonomía y poder de decisión de la mujer, que tiene que ver con su capacidad para decidir cuestiones familiares, sexuales, reproductivas, de crianza, laborales, de manejo de recursos y de desarrollo personal, el cual tiene claros efectos en la disminución de la violencia física y sexual (ibid.).

Si se busca consolidar políticas públicas más eficaces, se requieren diagnósticos e investigaciones regionales y locales que aborden la situación de violencia hacia las mujeres en el estado, los municipios y las colonias, de manera que se tengan datos precisos que visibilicen los factores estructurales que repercuten en las relaciones entre los géneros y reproducen la violencia. Los pocos estudios que se han hecho al respecto arrojan información valiosa y reveladora, que permite comprender las variables asociadas a la violencia considerando contextos y momentos históricos específicos.

Las violencias de género están interconectadas y deben conceptualizarse de forma comprehensiva. Considerarlas de forma fragmentada genera una competencia entre problemas sociales que pueden llevarnos a plantear si la violencia de pareja es más o menos importante que el feminicidio, o si el acoso sexual en el transporte es más o menos relevante que la violación. Estos planteamientos son inadecuados ya que las distintas manifestaciones de violencia de género hacia las mujeres forman parte de un mismo problema social que se distribuye de manera continua y que tiene un origen común: la desigualdad socialmente construida entre hombres y mujeres. Aunque los hombres también padecen violencia en distintos contextos, a lo largo su trayectoria de vida las mujeres continúan siendo mayormente las víctimas de violencia de género ya que en el ámbito público, privado e institucional padecen situaciones de exclusión, discriminación y agresión producto de las desigualdades de poder socialmente establecidas entre hombres y mujeres (Frías, 2016).

Las reflexiones aquí tejidas parecen señalar que la violencia de género podría entenderse como un rasgo de identidad cultural casi invisible, tolerado, normalizado por la sociedad y por el Estado; sin embargo, esta visión implicaría resignarse y aceptar que nada se puede hacer para enfrentarla y erradicarla; y claudicar así, a una lucha fundamental para la consolidación de los derechos humanos de las mujeres y la construcción de sociedades justas e igualitarias. Es por ello que este texto pretende ser un llamado a todas las fuerzas sociales para la creación de acciones tendientes a la igualdad, la justicia y la solidaridad con las mujeres, que propicien los cambios estructurales necesarios para eliminar la violencia, la injusticia y la desigualdad de género en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Configurar, como propone Marcela Lagarde (2009), una transformación que desvíe el sentido actual y contribuya a disminuir las asimetrías entre los géneros y la desigualdad en la calidad de la vida de mujeres y hombres, desde el principio de reivindicación de la vida, que reconoce que ninguna vida humana vale más que otra, y que nadie puede estar condenado a tener una vida menos digna, con sufrimiento, precariedad o violencia por su nacionalidad, su clase, su raza, su sexo, su edad, sus capacidades y/o su género.

Notas:

1 La expresión “violencia estructural” de Galtung (1996), explica que los procesos de estructuración social (desde aquellos que se producen a escala de sistema-mundo hasta los que se producen en el interior de las familias o en las interacciones interindividuales) tienen efectos negativos directos en
las oportunidades de supervivencia, bienestar, identidad y/o libertad de las personas. Es un concepto útil para entender las manifestaciones de violencia directa (cuando alguno de los grupos quiere cambiar o reforzar su posición en un conflicto por la vía de la fuerza) o de violencia cultural (legitimizaciones de otras formas de violencia, como, por ejemplo, el racismo, sexismo, clasismo o etnocentrismo).

2 La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, mide las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más que residen en el territorio nacional. Proporciona información por tipo de violencia (emocional, económica, física, patrimonial y sexual), en la relación de pareja y en los ámbitos escolar, laboral, comunitario y familiar.

3 Entrevista telefónica a Alejandra Cartagena, Vicecoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem, Jalisco), el día 28 de febrero de 2018.

4 La nom-046 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, es una norma de aplicación federal, fue creada en 2009 y modificada el 24 de marzo de 2016 y establece que en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de una violación […]; en caso de ser menor de 12 años de edad, a solicitud de su padre y/o madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el principio de buena fe a que hace referencia el Artículo 5, de la Ley General de Víctimas.

5 La Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (cedaw, por sus siglas en inglés), fue aprobada en 1979 y entró en vigor en 1981. Ha sido ratificada por 187 países y es considerada la carta internacional de los Derechos de las Mujeres.

Bibliografía

Castro, R. (2016) “Lo que sabemos y lo que ignoramos”, en Violencias Invisibles, Nexos, 1 de junio.

Frías, S. (2016) “Violentadas”, en Violencias Invisibles, Nexos, 1 de junio.

Gobierno del Estado de Jalisco (2017) Informe de avance en el Marco de la Declaratoria de la Alerta de Violencia Contra las Mujeres en Jalisco, consultada en: http://juntxs.jalisco.mx/sites/default/files/paginas/archivos/informe_de_cumplimiento_avcm_2017.pdf

Instituto Jalisciense de las Mujeres (2017) Estudio de Opinión sobre Violencia Comunitaria de los 8 municipios en Alerta contra las Mujeres en el estado de Jalisco, Ficha de Hallazgos, 10 de marzo.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017) Boletín de Prensa 379/17, Ciudad de México, 18 de agosto.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía / Instituto Nacional de las Mujeres (2017) Mujeres y Hombres en México 2017, Ciudad de México.

Lagarde, M. (2009), “La política feminista de la sororidad”, en Mujeres en Red. El periódico feminista, 11 de junio.

Pecova, A. (2016) “Derechos de papel”, en Violencias Invisibles, Nexos, 1 de junio.

Pérez Correa, C., (2016) “La cadena de Jabba: la falacia punitiva”, en Violencias Invisibles, Nexos, 1 de junio.

onu Mujeres, inmujeres y lxi Legislatura Cámara de Diputados (2012) Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas, 1985-2010.

Notas periodísticas en línea:

http://www.milenio.com/region/violencia_mujeres-pareja-laboral-psicologica-alerta-feminicidios-noticias_jalisco_0_1072692766.html

https://www.informador.mx/Jalisco/Jalisco-pasa-del-octavo-al-tercer-lugar-en-violencia-contra-la-mujer-20170828-0121.html

https://www.publimetro.com.mx/mx/jalisco/2017/09/18/entidad-hostil-mujeres.html

https://www.eloccidental.com.mx/local/son-104-feminicidios-en-jalisco-en-2017-cladem

http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1320390&md5=47a8c7b55fb47d9a60aa60c0de8c606a&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Informe DDHH 2017 – Huérfanos del Feminicidio

HUÉRFANOS DEL FEMINICIDIO, LOS NIÑOS INVISIBLES

Gricelda Torres Zambrano

El feminicidio, el asesinato de mujeres por el solo hecho de ser mujeres, arroja cifras cada vez más escalofriantes. Este tipo de violencia no conoce fronteras y afecta a mujeres y niñas de todas las edades, de todos los estratos económicos, de todas las razas y de todos los credos y culturas. Desde las zonas de conflicto hasta los espacios urbanos y los campus universitarios, se trata de una violencia que nos obliga a todas y a todos a actuar como agentes preventivos de esta pandemia y a tomar medidas ahora.

Phumzile Miambo-Ngcuka

Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres

Más de 52 mil feminicidios en México desde 1985

El estudio La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, presentado por la onu–Mujeres, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) el año pasado, con información recabada de actas de defunción confirmó que a diario son asesinadas 7.5 mujeres en el país.

Esto significa que la violencia machista asesinó en las últimas tres décadas a más de 52 mil mujeres, cantidad suficiente para llenar el Estadio Jalisco. Por desgracia, la mayoría de estos crímenes quedan impunes, ya que son contados los agresores aprehendidos y sentenciados. La prensa da cuenta de que gran parte de los responsables huye –o se suicida– en el mismo lugar del crimen. Es por eso que saberlos libres aterroriza a las familias de las víctimas, sobre todo cuando hay niños.

Ante este panorama, la Unidad de Investigación de Notisistema, conformada por Mireya Blanco, Gricelda Torres Zambrano, Víctor Montes Rentería y Ricardo Camarena, realizó un trabajo de investigación que se prolongó por un año, para conocer cuántos menores se quedaban en la orfandad como consecuencia de este delito, tipificado en Jalisco apenas en 2012.

Era necesario saber si las autoridades tenían registro de la cantidad, su identidad, sus edades, grado escolar, si continuaban con sus estudios, quién los cuidaba, alimentaba y atendía médica y psicológicamente. También, qué ayuda recibían de las autoridades como víctimas indirectas de la violencia feminicida. Los primeros datos resultaron inquietantes, porque no había un registro a nivel nacional ni estatal sobre las condiciones de los huérfanos del feminicidio, considerado en el mundo una pandemia.

Para los gobiernos, el federal, el de Jalisco y el resto de las entidades, los menores eran invisibles. Si no eran contados e identificados con sus nombres y rostros, tampoco recibían ayuda, aun cuando hubieran sido testigos del asesinato de sus madres, lo que de entrada implica una afectación emocional muy fuerte y un riesgo potencial de reproducir actitudes violentas en su vida adulta.

El estudio de la onu–Mujeres dio cuenta de que, en 2016, los feminicidios con presunción de homicidio aumentaron 63% en relación con el año anterior y cinco entidades concentraron 40% de los casos: Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Ciudad de México y Veracruz. Reveló también que, jóvenes y adultas, fueron asesinadas con mayor crueldad porque, además de las armas de fuego, en muchos casos se utilizaron los métodos más agresivos a su alcance, como el acuchillamiento, ahorcamiento o inmersión. Las mataron con sus propias manos.

El hogar, el lugar más peligroso para las mujeres y sus hijos (caso)

La madrugada del 29 de octubre de 2015 las amenazas se cumplieron. A diferencia de otras discusiones, ese día, Antonio, de 43 años, decidió sacar su arma y dispararle a Blanca en la cabeza, sin importar que ahí estuvieran sus hijos. Tenían 22 años de casados; demasiados para ser el blanco permanente de sus ataques físicos y psicológicos; demasiados para que su cuerpo sirviera de escudo a los golpes cada vez más fuertes de su puño y de su mente perturbada por las drogas.

Verónica, su cuñada, contó a Notisistema las veces que Blanca intentó dejarlo, pero el miedo la paralizaba porque “del te voy a matar, pasó a soy capaz de asesinar a tus hijos y a tu familia”.

¡Yo todavía no olvido ese día! –relata Verónica– Estaba dormida cuando a las dos de la mañana recibí una llamada de mi sobrina. Ella gritando y llorando me dijo que su papá acababa de matar a su mamá. Yo no le creí. Yo lo único que le dije es: ¡no, no es cierto! ¡Márcale a una ambulancia, voy para allá! Seguido se peleaban.

Verónica trata de ser muy puntual con los detalles para reconstruir, lo más apegado a la realidad, la historia de dolor y sufrimiento que soportó su hermana por años.

Murió por un balazo que él le dio. Mi hermana estaba en la cocina. Él llega y le da un balazo en la cabeza. Yo creo que mi hermana no se lo esperó. Él llega de la calle, va a su cuarto, saca la pistola, no creo que fuera un impulso como de hecho lo manejó en su defensa. Tuvo tiempo de ir a la recámara, sacó su pistola. Le dijo a mi hermana que la iba a matar. Mi hermana, a lo que dicen mis sobrinos, ¡ni siquiera se movió!

Blanca, de 38 años, intentó en varias ocasiones ponerle fin al infierno. Presentó sin éxito denuncias ante diversas autoridades –más preocupadas, dice la familia– en conciliar la violencia doméstica que en protegerla. Cada que le pedía el divorcio le iba peor.

No se llevaba a cabo porque el trámite era muy tardado y al enterarse él se ponía peor. Entonces ella dejaba mejor las cosas así. La amenazaba diciéndole que él era capaz de matar a cualquiera de su familia, hasta a sus propios hijos.

Pese a la alerta de género en 12 estados del país, cada cuatro horas es asesinada una mujer. El Director Jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez, indica que desde 2012 a 2015, cerca de diez mil mujeres fueron asesinadas, en su mayoría a manos de sus parejas. La gran mayoría, en sus casas.

Sólo para recordar un dato estadístico: siete de cada diez mujeres ha vivido un acto de violencia en nuestro país. En la etapa del noviazgo es más alta, ocho de cada diez mujeres. Tenemos el dato de que, de esas siete, cuatro han sido actos cometidos por gente cercana a la víctima, es decir, su esposo, su pareja, su concubino. Esto nos permite asegurar que ¡el hogar se ha convertido en el lugar más peligroso para las mujeres!

De acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de las Mujeres, tan sólo en 2015, los estados de Guerrero, Chihuahua, Colima, Baja California Norte y Baja California Sur, concentraron el mayor número de feminicidios con presunción de homicidios.

Guadalajara está entre los diez municipios del país con mayor incidencia. Hay diez municipios en el país que concentran uno de cada seis feminicidios. A la cabeza está Acapulco, Ecatepec, Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua Capital, Guadalajara, Monterrey, Naucalpan, la delegación Gustavo A. Madero y León (2015).

Luego del asesinato de su esposa, Antonio se entregó en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Fue sentenciado a 25 años de prisión, pero apeló. En tanto, sus hijos, de 14, 16, 21 y 22 años, apoyados por la familia materna, sanan sus heridas ¡como pueden!

¡Es algo muy fuerte! ¿Por qué? Porque quien hizo el daño fue el papá. Aparte de que pierden a la mamá, pierden también al papá. Tienen sentimientos encontrados y necesidad de mucha atención psicológica –sostiene Verónica.

El miedo a que el agresor regrese (caso)

María Amparo no tuvo tiempo de vivir el duelo por el asesinato de su hija Betsabé, el 9 de septiembre de 2015 en Tlajomulco. Desde ese día, se hizo cargo junto con su esposo, campesino, ambos de la tercera edad, de sus cinco nietos, todos menores.

—Ha sido muy pesado también para mi esposo. Él es campesino, y no tiene un sueldo de decir, cada ocho días ahí le va su sueldo.

—¿Se tuvieron que cambiar del lugar en el que vivían?

—Todos vivíamos cerca. Nos tuvimos que quedar desde ese día aquí, porque él amenazó con regresar a matarlos a cada uno de los niños. Decidimos entonces, quedarnos en esta otra casa y no estar cerca donde, además, ¡nos estábamos lastimando demasiado.

Betsabé tenía 29 años, era costurera, prácticamente el único sostén de la casa. Luego de una década de maltrato, Alberto, adicto a las drogas, le prometió que aceptaría la separación definitiva. Esa madrugada –narra su cuñada– el hombre con quien vivió desde los 17 ¡la mató con un cuchillo de cocina y huyó! Cuenta que se drogaba con frecuencia.

—Mi suegro salió llorando de la casa de Betsabé, diciendo que ya nos la había matado. Cuando la vi cómo quedó, para mí fue impactante y no aguanté estar adentro.

—¿Los niños estaba ahí?

—¡Sí!

—¿Vieron todo?

—Sí, ¡ellos vieron todo!

Ella ayuda a su suegra con el cuidado de los niños. Asume responsabilidades de madre sustituta. Va por ellos a la escuela, a juntas, recibe calificaciones, cubre gastos y sufre cuando alguno refleja el impacto de la tragedia en su rendimiento escolar. El más pequeño tiene cuatro años, hay dos cuates de siete, uno de nueve y otro de once.

Los maestros nos dicen que ellos entienden. ¡Que es difícil superar situaciones así! Aparte no falta el niño que los ataca. A la niña le pasó que una compañera le dijo: “Voy a traer un cuchillo y ¡te voy a hacer pedacitos como tu papá hizo con tu mamá!”

Año y medio después del asesinato de Betsabé, el apoyo psicológico apenas se asoma. Antes, una psicóloga vecina les ayudaba de manera gratuita, hasta que los niños ya no quisieron seguir.

La presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Erika Loyo, reconoce que las familias afectadas por un feminicidio requieren un tratamiento integral, sobre todo psicológico. En teoría la Fiscalía debería dárselos por un año.

¿Por qué tienen que interiorizar eso? Porque era su padre y mató a su madre, y era una gente con la que convivían, pero, además, necesitan una terapia especializada porque hay muchos estudios que documentan que aquellos niños y niñas que han sido testigos de un feminicidio, tienden a reproducir las mismas conductas violentas.

La funcionaria estatal insiste en que un feminicidio convierte a los abuelos de nueva cuenta en padres. La situación los abruma porque ya están grandes, enfermos y sin trabajo. Están en una etapa en la que deberían descansar y ser cuidados por sus familias y si no, por el Estado.

No están en una condición económica que les permita hacerle frente a la situación. La edad les impide en muchas ocasiones tener empleo. Te hablo por ejemplo de tres niñas que están con su bisabuela de 75 años. Está enferma, casi no puede caminar, tiene una pareja, pero también de una edad avanzada.

Martha Catalina Pérez González, Directora del Centro de Evaluación Psicológica de la Universidad de Guadalajara, alerta que los huérfanos del feminicidio corren el riesgo de ser revictimizados, porque podrían ser objeto de discriminación.

Estas familias no se preparan para tener de nueva cuenta a un menor como parte de sus integrantes. Al no tener la concientización o manejo terapéutico, es probable que no puedan separar lo que hizo el padre del menor. A pesar de que el niño sólo estuvo en el momento y lugar equivocados, esto implica que sea rechazado. Te doy cama, techo, comida, pero hasta ahí ¡No me pidas afecto!

Falta de sueño, problemas de conducta, apetito trastocado, miedo a salir, terrores nocturnos, fobias, temor a acercarse a lugares comunes como cocina y patio, son algunas de las consecuencias del feminicidio.

No es lo mismo ver la agresión verbal que cuando se está atacando físicamente. Los menores no tienen información de dónde quedaron los padres, qué fue exactamente lo que pasó, y por qué. El niño siente que se le abandonó y que ¡él es el culpable!

El apoyo psicológico es una de las grandes deudas con los huérfanos y sus cuidadores. Sin la posibilidad de cerrar círculos, vivir duelos y superar el trauma, se enfrentan a su vida cotidiana con el fantasma del asesinato de su madre y con el miedo a que el agresor regrese. No actuar a tiempo conlleva el riesgo de tener problemas con la ley, abandono o depresión. Ésta es la preocupación de la familia de Blanca, relata Verónica su hermana.

Todos salen dañados y todos están sufriendo, pero el que más me preocupa es el niño, porque él siempre vivió con la figura del machismo. Su mamá lo reprendía, llegaba su papá y le levantaba el castigo. Lo premiaba. Creció viendo violencia y haciendo lo que él quería.

Los huérfanos del feminicidio, los niños invisibles

Los huérfanos del feminicidio y sus familias enfrentan solos el golpe de quedarse sin padres, sin tratamiento psicológico y sin dinero, invisibles ante el Estado. Ellos tampoco son reconocidos como víctimas, expone el académico de la UdeG, Rogelio Barba. “Reconocen sólo 65 niñas y niños víctimas del feminicidio. Esto es en registros de 2014 a 2017. Sólo esas son reconocidas por esta legislación (Fecha de transmisión del reportaje 12 de junio del 2017).

El artículo 83 de la Ley de Atención a Víctimas precisa que, para ser reconocido como tal, debe existir la determinación de un juez, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Derechos Humanos o el Ministerio Público. Un camino burocrático que deben sortear en medio del dolor, del duelo y la incertidumbre.

Personas de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes admiten que, si el Ministerio Público no pide su intervención, no participan, de tal forma que sólo son requeridos cuando no hay familiares o los menores están en riesgo. “Cuando tenemos a un niño en representación, se le hacen las visitas correspondientes. Se le brinda atención psicológica a quien lo necesite, cuestiones personales y su plan de vida. Las opciones que tiene, dónde tienen diversas actividades. Algunos aprenden oficios”.

Ni en el Hogar Cabañas ni en la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, se sigue algún caso de huérfano por feminicidio.

Los cuidadores, ancianos, enfermos y pobres

El interés del estado de Jalisco por atender a las víctimas del feminicidio nació en marzo de 2017, un lustro después de que se tipificó el delito en el estado. El Instituto Jalisciense de las Mujeres arrancó entonces un programa piloto de apoyo en caso de parricidio o feminicidio, el cual es aún temporal y limitado, explica Erika Loyo, su presidenta.

Son personas de escasos recursos. Las y los cuidadores no han tenido atención psicológica sólida. Tienen mucho desconocimiento sobre los procedimientos jurídicos, por lo tanto, tienen muchos miedos a que el agresor salga, que los pueda encontrar, que les quite a los niños o que los mate.

Este programa enfoca la atención en los hijos de las víctimas que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas y es requisito que los menores asistan a la escuela. Se entregan tres mil pesos bimestrales a los cuidadores, sólo durante un año.

—¿Por qué es esto?

—Porque el dinero viene de este recurso extraordinario que aprobaron para el tema de la alerta y que tendríamos con este pilotaje sustentar de tal forma que pueda institucionalizarse. Se aprobaron 14 millones de pesos adicionales para atender todos los temas de la alerta.

El recurso sólo puede ser utilizado para colegiaturas, traslados, vestimenta y alimento. No obstante, para ser reconocido por el programa, hay que tener un papel de la Fiscalía o la Comisión para que lo consideren víctima. Como antecedente, al momento de la investigación periodística, la Fiscalía reportó 158 expedientes abiertos por feminicidio, cuando la misma dependencia dijo a este medio que existían 171 carpetas desde marzo de 2012 a la fecha. Se habían revisado 65 y sólo aplicaría la ayuda en tres de cada diez. Quedarían fuera del programa los casos en que no había hijos, porque los responsables no fueron vinculados a proceso o porque fueron asesinadas por personas distintas a sus parejas: “Como teníamos perdido a nivel nacional qué estaba pasando con los huérfanos, entonces es un tema innovador en el que todos vamos construyendo. En ese sentido, lo más rápido que avancemos, es lo que estamos intentando hacer”.

Cuando se publicó el caso, en junio de 2017, sólo cinco familias recibían apoyo económico y psicológico. Es muy probable que este número haya cambiado conforme avanzó la revisión de expedientes: “Pues después del año ya no hay seguimiento. Y entonces un caso, por ejemplo, que vino una abuelita a recoger su tarjeta, uno de ellos sí necesita que le volvamos a dar un apoyo psicológico porque no tiene ganas de ir a la escuela, se siente desanimado, ha tenido ganas de ya no querer vivir”.

Familias con la vida trastocada, abuelos sin custodias legales, con ingresos económicos limitados y con miedo a que los agresores aparezcan algún día, así prevalece el silencio social sobre el feminicidio.

Jalisco y el Estado de México dan los primeros pasos

A María Amparo se le nota la tristeza y el cansancio con sólo mirarla a los ojos. El recuerdo de su hija Betsabé, asesinada hace año y medio por su esposo, es lo que le da fuerza para que sus cinco nietos no queden en el desamparo.

Sí me siento muy triste. Les digo, me siento como cansada. Yo le pido a Dios mucha fortaleza porque a mis niños no los voy a soltar, porque son de mi hija y ellos me reflejan a su madre y yo a ellos ¡los quiero demasiado!

Un feminicidio deja una estela de dolor en toda la familia. Verónica cuenta que, pese a la sentencia de 25 años de cárcel para el asesino de su hermana, el miedo a que salga y regrese a hacerles daño es permanente.

Yo no es de que quiera que esté allá y mucho menos. Mi miedo es a que salga, porque es una persona sumamente violenta. No nada más lo digo yo por lo que pasó con mi hermana. Todos los vecinos se dieron cuenta, tenía muchos problemas con todo mundo. Y más que nada porque siempre fueron amenazas para nosotros, para toda la familia.

Le reprocha al Estado no haber tomado en cuenta las denuncias de su hermana, incluso con partes médicos. Considera que cuando hay violencia no debe tratar de conciliarse, sino evitar con una orden de protección que el agresor se acerque.

Él prácticamente toda su vida se drogaba. No trabajaba, se drogaba, diario andaba de malas. Diario amenazando a todo mundo, él hacía y deshacía. En una ocasión a mí me llegó a decir que iba a mandar a cortarme la cabeza ¡Cosas así!

El Instituto Nacional de las Mujeres pretende que se legisle en el país, para que cuando el padre sea el asesino, pierda de inmediato la patria potestad. Y es que aun desde la cárcel siguen molestando a los cuidadores, explica su director jurídico, Pablo Navarrete Gutiérrez.

El inm planteó ya a la Cámara de Diputados la necesidad de que se establezca en la legislación de todo el país, que aquel que cometa el feminicidio de la madre de sus hijos, pierda la patria potestad. Porque hemos encontrado muchos casos particulares que incluso cuando se logra la detención del responsable, desde prisión, la estructura machista alcanza para estar molestando a las abuelas que tienen bajo su cuidado a los nietos. Y creo que les debemos dar certeza jurídica a las abuelas y certeza jurídica a los sobrevivientes del feminicidio.

Es vergonzoso el asesinato de más de 50 mil mujeres de 1985 a 2015, pero es igual de indignante que en 30 años el Estado no tenga el registro de sus hijos. Pudieron terminar con la familia materna, pero también en albergues o en la calle.

Sabemos que es un serio problema el de la atención de los huérfanos del feminicidio, porque si las víctimas están en algunas ocasiones invisibilizadas, los huérfanos y huérfanas del feminicidio no aparecen en los registros. Y eso no es un tema de casualidad, sino que tiene que ser un tema de responsabilidad de los gobiernos locales. No sólo saber quiénes son los victimarios, los perfiles y cómo actúan. No sólo saber quiénes son las víctimas, cómo son, dónde estaban, y qué fue lo que falló en la estructura del Estado; sino saber también qué está pasando con las víctimas directas del feminicidio que son sus hijos e hijas, que son sus madres, sus padres y sus hermanos.

En México, la atención a las víctimas del feminicidio está en pañales. Sólo Jalisco y el Estado de México realizan los primeros esfuerzos para darles ayuda. El drama de los feminicidios no duele sólo por las siete mujeres que son asesinadas en el país cada día, también por la impunidad que les envuelve, los huérfanos que quedan a la deriva y a los ancianos obligados a no parar. ¡A no parar hasta encontrar justicia para sus hijas, y a no parar hasta que el Estado proteja a los huérfanos víctimas de la violencia machista que en un instante les arrebató a su padre y a su madre!

A mí me pueden dar todo el oro y el dinero que tienen, y a mí, no me llena. Yo prefiero a mi hija que lo material, yo con que lo agarren les digo que ya si al él lo agarran, mis hijos, mi nuera, mis nietos vamos a andar más tranquilos –sentencia la madre de Betsabé.

En Jalisco, los cambios a la ley

El pasado 6 de diciembre de 2017, por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó el dictamen que modifica La Ley General de Víctimas y el Código Civil entre otros, para proteger a los huérfanos del feminicidio en Jalisco. La presidenta de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales y autora de la iniciativa, Rocío Corona Nakamura, indicó que de ahora en adelante estos niños serán considerados víctimas indirectas, lo que implica la aplicación de un protocolo psicológico de emergencia y apoyos en alimentación, salud y educación. Se deja además en las manos de un juez, el que cuando el feminicida sea el padre, pierda la patria potestad y demás derechos legales sobre sus hijos.

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017