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Tlaquepaque Jalisco a 23 de agosto 2017

Por: Dr. Carlos A. Peralta Varela

En otras participaciones he mencionado que el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, forma parte de nuestra Constitución e implica que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Los gobiernos, en el caso mexicano, se han comprometido en asegurar el agua, sin embargo no son igual de corresponsables en lo relativo al saneamiento y tratamiento del agua permitiendo que se viertan contaminadas a los afluentes. Deberíamos considerar seriamente el ciclo urbano del agua que si bien implica llevar casas a los hogares, también obligaría a limpiar el agua que usamos, el tratamiento del agua debe formar parte fundamental, no solo de discurso, en las políticas públicas y deben impactar en los presupuestos.

En el plano internacional, el Objetivo 6 de los llamados Objetivos para el Desarrollo Sustentables acordados en la ONU, considere que se deberá “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. En función de este objetivo, la ONU se propone varias metas, una de ellas es:

“Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial”.

En el caso de México, los gobiernos han puesto el énfasis en desarrollar infraestructura para satisfacer la cobertura del agua (el acceso al agua), pero no le han dado la misma importancia a atender el problema de la contaminación que generan las descargas.

En este sentido podemos mencionar, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)¹, que de los 2,457 municipios y delegaciones de México, solamente 827 (34%) cuentan con servicio de tratamiento de aguas residuales municipales, evidentemente 1,628 que equivalen a 66%, no cuentan con este servicio. La CONAGUA reconoce en términos generales, que sólo el 57.5%² de las descargas municipales recibe tratamiento, el resto se vierten sin tratamiento en ríos, arroyos, barrancas, lagos o el mar.

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet)³, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), específicamente en los municipios atendidos por el SIAPA, “existen manzanas que no cuentan con la cobertura de alcantarillado. Zapopan es el municipio que concentra el mayor número de manzanas sin cobertura de alcantarillado: 1,598 manzanas con 97,325 habitantes. Le sigue San Pedro Tlaquepaque con 1,285 manzanas y 99,444 habitantes. Tonalá acumula 1,084 manzanas con una población de 48,605 personas, mientras que Guadalajara sólo cuenta con 3 manzanas y una población de 95 personas sin ese servicio. En cuanto al agua residual, se genera en promedio 16, 734 litros por segundo en el AMG, siendo Zapopan el mayor generador de aguas residuales seguido por Guadalajara y Tlajomulco”.

Pero también en el POTmet se nos informa que aproximadamente tratamos la mitad del agua residual generada. Existen 67 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR); de ellas, sólo 36 se encuentran en operación. Su capacidad colectiva de procesamiento es de hasta 9,076 litros de agua, apenas un poco más de la mitad de las aguas residuales producidas. Esta operación acumulada se encuentra en su mayoría en dos macro plantas: El Ahogado y Agua Prieta, que dan cuenta del tratamiento del 23% y el 72% -respectivamente- del volumen tratado en la actualidad. En resumen mandamos a los afluentes miles de litros de agua sin limpiar que contribuyen a la contaminación de nuestro medio ambiente.

Los gobiernos deben considerar una atención más eficiente al tratamiento de las aguas. No es suficiente con posibilitar el acceso porque también es parte del derecho humano considerar el saneamiento del agua. Deben destinarse recursos para tener inspectores y verificar el cumplimiento de las normas, pero también para el funcionamiento de las plantas de tratamiento. Esto también es parte de nuestros derechos.