justicia – CEPAD

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad), es un organismo de la sociedad civil con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; autónomo, independiente y profesional, que a través de un proceso de exigibilidad y justiciabilidad, apoya la defensa de casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos con vinculación e interacción con grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales.

Puesto: Integrante del Área de Defensa (Abogada / Abogado)

Objetivo del Área de Defensa:

Generar e implementar estrategias de litigio que permitan desactivar las causas de la vulneración de los derechos humanos, a fin de impulsar cambios estructurales que proporcionan políticas públicas, legislativas, judiciales y sociales de respeto, protección y garantía de los derechos humanos mediante la utilización de herramientas jurídicas locales, nacionales e internacionales.

Descripción del puesto:

La persona interesada en la presente convocatoria trabajará de manera proactiva en el diseño, desarrollo e implementación de estrategias de litigio de los casos de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos, conjuntamente con quienes integran las diferentes áreas de la organización. El o la integrante responderá directamente a la Dirección Ejecutiva y a la persona coordinadora del Área de Defensa.

Funciones y responsabilidades principales:

Desarrollar e implementar estrategias de litigio de casos de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos, conjuntamente con quienes integran las diferentes áreas de la organización.
Elaborar documentos jurídicos, tales como demandas, denuncias, amparos, quejas, incluyendo procedimientos en instancias de procuración e impartición de justicia, procedimientos administrativos y otros mecanismos de protección a los derechos humanos.
Participar en la elaboración de informes, artículos y documentos de análisis jurídico.
Registrar y documentar los casos de violación a los derechos humanos sobre los temas predeterminados por la organización.
Proporcionar asesoría legal y acompañamiento jurídico a personas y colectivos de víctimas de violaciones de derechos humanos previamente acordados con el equipo jurídico.
Dar seguimiento a los casos presentados por el Cepad ante los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales locales, nacionales e internacionales.
Participar en acciones de incidencia jurídica, como: elaboración de Amicus Curiae, la participación en reuniones con autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, vinculación con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de protección de derechos humanos, entre otras acciones.
Representar a la organización en foros, audiencias, clínicas y reuniones de trabajo sobre la defensa, documentación y estrategias de litigio en materia de derechos humanos.
Contribuir al cumplimiento de los objetivos del área de defensa y el fortalecimiento de sus procesos organizativos, jurídicos y de documentación.
Investigación, búsqueda y análisis de información para brindar insumos a otras áreas del Cepad.
Asistir a cursos, talleres, seminarios y otras actividades de capacitación sobre temas de derechos humanos que acuerde junto con la Coordinación del Área de Defensa.
Participar en los espacios de planeación, seguimiento y de evaluación de las labores realizadas por el equipo del Cepad.

Perfil solicitado:

Licenciatura en derecho titulada o titulado, preferentemente con formación en derechos humanos y derecho internacional.
Experiencia de mínimo 4 años en litigio en materia penal (en el anterior y nuevo sistema de justicia), amparo, administrativo y civil (comprobables).
Los grados de especialidad: Maestría en derecho penal, procesal, derechos humanos o amparo serán considerados una ventaja.
Conocimiento del Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos.
Conocimiento de los mecanismos locales, nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos.
Experiencia en atención a víctimas o sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos.
Conocimiento del marco normativo local, nacional e internacional en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Capacidad de análisis, síntesis y estrategia para desarrollar argumentos legales convincentes.
Capacidad en el diseño de estrategias de defensa jurídica ante órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales.
Sensibilidad y capacidad para trabajar con víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Conocimiento del contexto estatal, nacional e internacional de los derechos humanos y capacidad de análisis socio-político desde la perspectiva de los derechos humanos.
Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
Amplias capacidades para el trabajo en equipo.
Capacidad de buen manejo de tiempo y para trabajar bajo presión.
Disponibilidad para viajar en el interior del país y el extranjero.
Conocimiento y aplicación de la perspectiva de género en el desarrollo del trabajo.
Dominio del idioma inglés (nivel intermedio o avanzado).
Deseable: Habilidades y disponibilidad para la redacción y traducción de informes, escritos legales, boletines y otros documentos en español e inglés.

Condiciones laborales:

La oficina del Cepad está ubicada en Guadalajara, Jalisco, en donde se realiza la mayor parte del trabajo; sin embargo, algunas actividades se llevarán a cabo en otras regiones de la entidad, del país y en el extranjero cuando sea necesario.
Trabajo de tiempo completo.
Oportunidad de desarrollo profesional.
El contrato de trabajo será por 6 meses, con posibilidades de ampliarlo por otro periodo más.

Las personas interesadas deberán enviar a la dirección electrónica: desarrollo@cepad.org.mx la siguiente documentación:

Currículum vitae (máximo 3 cuartillas).
Una carta de intención en donde explique su interés en formar parte del Cepad (máximo 1 cuartilla).
Dos cartas de recomendación laborales (de preferencia de organizaciones civiles de derechos humanos).
Copia de la cédula profesional.
Un documento realizado por la persona aspirante que acredite sus Capacidades de argumentación jurídica, conocimientos del marco normativo local e internacional en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y jurisprudencia respecto del tema de tortura (máximo 3 cuartillas): tesis, ensayo (evitar publicaciones editadas).
Favor de hacer un único documento PDF con toda la documentación y enviar a la siguiente dirección electrónica: desarrollo@cepad.org.mx, e indicando en el espacio de Asunto: Documentación de aspirante para el Área de Defensa.

Procedimiento para la selección de aspirantes al puesto:

Recepción de solicitudes: hasta el 13 de mayo de 2019.
Respuesta a todas las solicitudes indicando en cada caso si el candidato o candidata pasará a la ronda de entrevistas: 14 y 15 de mayo de 2019.
Entrevistas con candidatas y candidatos seleccionados/as: 17, 20 y 21 de mayo de 2019.
Selección de una candidata o candidato: 25 de mayo de 2019.
Incorporación formal al equipo: 3 de junio de 2019.

La persona aspirante asegura la autenticidad de la información que brinda de todos los soportes documentales que se le puedan solicitar.

Nota: Sólo se considerarán postulaciones completas. Por razones institucionales, los plazos aquí descritos podrían ser modificados, en cuyo caso se dará puntual aviso a los participantes de esta convocatoria.

04 de septiembre de 2017

El pasado 30 de agosto, las organizaciones abajo firmantes presentamos una denuncia general ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (GTDFI), relativa a los obstáculos que enfrentan niñas, niños y adolescentes víctimas de desapariciones en México, así como el impacto que tiene en este sector la desaparición de un familiar adulto.

Las organizaciones presentamos esta denuncia general al GTDFI ante la abrumadora realidad de la niñez y adolescencia desaparecidas en México: de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), de 2006 y hasta el 31 de marzo de 2017, oficialmente se reportaban 3,217 niñas y 2,235 niños de entre 0 y 17 años como desaparecidos, cifra que representa el 18% del total de los casos de desaparición en México registrados.

El periodo en el que han desaparecido el 98.2% de niñas, niños y adolescentes, coincide con el cambio en la política de seguridad del Estado mexicano de los últimos años. Cerca del 70% de niñas, niños y adolescentes desaparecidos fueron vistos por última vez durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 hasta la fecha). El 29% restante que ha sido reportado, desapareció durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Del total de personas desaparecidas al 31 de marzo de 2017 (30,991), 64 pertenecen a una etnia, 301 son extranjeras de las cuales se desconoce la edad de 35 y, 41 son niñas, niños o adolescentes.

A pesar del elevado número de personas desaparecidas, incluyendo a niñas, niños y adolescentes, la crisis no ha sido reconocida ni asumida en su verdadera magnitud por el Estado mexicano. Hasta el momento las acciones emprendidas continúan siendo esfuerzos desarticulados, sin que existan procedimientos accesibles y transparentes para la búsqueda inmediata, localización y protección.

Al día de hoy no existe claridad sobre la cifra total de personas desaparecidas en los últimos años en el país, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Más aún, existe un alarmante subregistro de casos de desapariciones y el RNPED sigue siendo inexacto al incluir leyendas como “no disponible” en lo que se refiere a la edad o nacionalidad de las personas desaparecidas. Las autoridades competentes proporcionan información contradictoria o incompleta y la imposibilidad de determinar el universo de personas desaparecidas obstaculiza de manera significativa toda acción de búsqueda que se llegue a emprender, impide que las víctimas obtengan medidas de reparación adecuadas y, que se haga justicia. La ausencia de investigaciones exhaustivas y eficaces en México hace que sea imposible descartar la participación, directa o indirecta de agentes del Estado en la desaparición de personas, lo cual viola e impide lleven a cabo su obligación de prevenir e investigar efectivamente un supuesto caso, lo que hace imposible descartar una desaparición forzada potencial, más aún, en un país donde hay varias evidencias de la complicidad de agentes del Estado con las organizaciones criminales.

Por tales razones, elegimos esta problemática debido a la obligación reforzada que tiene el Estado mexicano de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes; familiares de víctimas y/o migrantes víctimas de desaparición en todo el país, y con un énfasis particular en la situación de niñas, niños y adolescentes en el contexto de la migración.

El objetivo de la denuncia general es describir los obstáculos que enfrentan a diario por miles de niñas, niños y adolescentes, especialmente las niñas, y sus familias y la respuesta errónea proporcionada por el Estado, además de analizar las medidas adoptadas por el Estado en cuanto a la prevención, búsqueda, investigación, persecución y sanción de los responsables, así como la reparación y asistencia, para evaluar si pueden considerarse compatibles con las normas internacionales aplicables.

Actualmente México carece de cualquier política pública diseñada para asistir a niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición que se pueden considerar como eficaz. En particular, los dos programas existentes de alerta temprana y búsqueda urgente en casos de desapariciones de niñas, niños y adolescentes (es decir, la Alerta Amber y el Protocolo Alba) rara vez se aplican y el procedimiento para activarlos es demasiado complicado y/o burocrático.

Por último, la versión integral de la denuncia general proporciona una lista completa de las conclusiones y recomendaciones concretas, relativas a brindar atención adecuada a las víctimas; garantizar la verdad, justicia y reparación a que tienen derecho; y adoptar medidas especiales que por su calidad de migrantes, niñas, niños y adolescentes o cualquier otra. Adicionalmente, se ha solicitado al GTDFP que inicie un diálogo constructivo con el Estado mexicano, ponga en conocimiento esta denuncia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; y recomiende el establecimiento de un mecanismo internacional que garantice la justicia que las víctimas necesitan.

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León.
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.
Red por los Derechos de la Infancia en México.
Trial International

Consulta la versión integral de la denuncia general AQUÍ