INTRODUCCIÓN
Desde hace décadas, en México existe una amplia representación de organizaciones de la sociedad civil que atesora conocimientos y experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos.
A pesar de ello, las acciones que se llevan a cabo en materia de prevención de la tortura en centros de privación de libertad no son tan extendidas. Son pocas las organizaciones que realizan visitas a centros penitenciarios para detectar la situación de los derechos humanos de las personas internas, ya sea por decisión propia o por los obstáculos legales y administrativos que suelen enfrentarse para lograrlo.
De las que lo realizan, en la mayoría de casos, hacen visitas reactivas antes que preventivas1. Es decir, que el acercamiento a los centros suele producirse con motivo de violaciones a derechos humanos ya consumadas, para realizar investigaciones o para fortalecer capacidades, antes que para detectar situaciones de riesgo y evitar que los actos de tortura y malos tratos se realicen.
Por ello, Documenta crea esta herramienta práctica con la finalidad de fortalecer la prevención y el combate a la tortura en los centros penitenciarios. Esta Guía pretende que cada vez más actores, empezando por las organizaciones civiles, conozcan y se involucren coordinadamente y de manera responsable en las labores preventivas mediante el monitoreo de las prisiones mexicanas.
En su interior, la Guía proporciona a las personas defensoras de derechos humanos una visión sencilla sobre lo que implica la prevención de la tortura, así como las pautas generales que deben seguirse para ejecutar visitas a estos espacios. Se trata de un instrumento sencillo y práctico, cuyo contenido retoma herramientas desarrolladas por organizaciones con un amplio recorrido en la prevención de la tortura2.
El principal aporte de este instrumento es precisamente adaptar los aspectos esenciales del monitoreo al contexto normativo nacional. En especial, al monitoreo independiente y colaborativo que pueden llevar a cabo las organizaciones de la sociedad civil a centros penitenciarios conforme a
la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (LGPIST) que entró en vigor en 2017 y a la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) vigente desde 2016.
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1Véase DOCUMENTA (2018). “El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a diez años de su creación”. México.
2En especial del trabajo realizado durante los últimos 40 años por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT). Pueden consultarse sus publicaciones electrónicas en: https://www.apt.ch/es/recursos/