Desde hace décadas, en México existe una amplia representación de organizaciones de la sociedad civil que atesora conocimientos y experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos.

A pesar de ello, las acciones que se llevan a cabo en materia de prevención de la tortura en centros de privación de libertad no son tan extendidas. Son pocas las organizaciones que realizan visitas a centros penitenciarios para detectar la situación de los derechos humanos de las personas internas, ya sea por decisión propia o por los obstáculos legales y administrativos que suelen enfrentarse para lograrlo.

De las que lo realizan, en la mayoría de casos, hacen visitas reactivas antes que preventivas¹. Es decir, que el acercamiento a los centros suele producirse con motivo de violaciones a derechos humanos ya consumadas, para realizar investigaciones o para fortalecer capacidades, antes que para detectar situaciones de riesgo y evitar que los actos de tortura y malos tratos se realicen.

Por ello, Documenta crea esta herramienta práctica con la finalidad de fortalecer la prevención y el combate a la tortura en los centros penitenciarios. Esta Guía pretende que cada vez más actores, empezando por las organizaciones civiles, conozcan y se involucren coordinadamente y de manera responsable en las labores preventivas mediante el monitoreo de las prisiones mexicanas.

En su interior, la Guía proporciona a las personas defensoras de derechos humanos una visión sencilla sobre lo que implica la prevención de la tortura, así como las pautas generales que deben seguirse para ejecutar visitas a estos espacios. Se trata de un instrumento sencillo y práctico, cuyo contenido retoma herramientas desarrolladas por organizaciones con un amplio recorrido en la prevención de la tortura².

El principal aporte de este instrumento es precisamente adaptar los aspectos esenciales del monitoreo al contexto normativo nacional. En especial, al monitoreo independiente y colaborativo que pueden llevar a cabo las organizaciones de la sociedad civil a centros penitenciarios conforme ala Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (LGPIST) que entró en vigor en 2017 y a la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) vigente desde 2016.