A continuación hacemos un pequeño resumen del pronunciamiento que el día de hoy hicieron miembros del Consejo Ciudadano de la Comsión Estatal de Derechos Humanos, a título personal, dada la actual coyuntura en la que el gobierno ha dado un pequeño diezmo a la Iglesia. En el Cepad nos sumamos al disgusto ciudadano. El texto completo fue leído ante los medios de comunicación, el día de hoy, en rueda de prensa.

Alrededor de 1000 quejas en contra del compromiso de donar 90 millones de pesos que hizo el Gobernador del Estado de Jalisco, Emilio González Márquez, a favor de la construcción del Santuario de los Mártires. Es claro que este simple hecho ha generado en la sociedad jalisciense molestia.

¿De qué manera estableció el Gobernador y sus Secretarios estas prioridades? ¿Por qué no entra dentro de sus prioridades el Saneamiento de la Cuenca del Ahogado y del Río Santiago?

Queda claro, entonces la legalidad de un acto que parece ir en contra del principio de la separación entre la Iglesia y el Estado. No se favorece el empoderamiento de la ciudadanía, ya que no se da respuesta seria a los reclamos de que transparenten y discutan públicamente los proyectos del gobierno. Tampoco es clara la universalidad, no se respeta la igualdad, pues el que haya una religión mayoritaria en el Estado de Jalisco, es normal que se le otorgue un trato preferencial, lo que va en contra de posprincipios de la democracia y derechos humanos. Tampoco se toma en cuenta la interdependencia de los derechos humanos, y por lo antes mencionado es porque Consejeras y Consejeros Ciudadanos de la CEDHJ pronuncian abiertamente en contra de aquellas prácticas de uso de los recursos públicos contrarias a los principios de la legalidad, la rendición de cuentas, el empoderamiento, la universalidad, la no discriminación, la igualdad, la participación y la interdependencia de los derechos humanos, y que por tanto dañan a la democracia, generando desconfianza a las instituciones del Estado de Jalisco en general, y en el Poder Ejecutivo en lo particular por lo que demandan al Gobernador que rectifique.

Preocupa la tibia reacción del Congreso del Estado, que debió haber llevado a cabo las acciones necesarias para atajar esta situación.

Exigimos a los funcionarios públicos de la CEDHJ den una respuesta a la altura de la ciudadanía que ha querido reconocer con la propia CEDHJ a una organización que tiene la posibilidad de detener lo que considera un abuso del poder por parte del Gobernador y su gabinete.