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BOLETIN DE PRENSA
Antes y durante la manifestaci贸n de j贸venes normalistas provenientes de Atequiza se cometieron serias violaciones a sus derechos humanos.

路 El CEPAD presenta queja ante la Comisi贸n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por lo ocurrido y reprueba la pol铆tica de criminalizaci贸n de la protesta social por parte del Gobierno del Estado.

El pasado 31 de agosto de 2009 los estudiantes de la Federaci贸n de Estudiantes Campesinos Socialistas de M茅xico se trasladaban en 12 unidades hacia la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde realizar铆an una manifestaci贸n en conmemoraci贸n a su lucha contra la privatizaci贸n de la educaci贸n, las pol铆ticas neoliberales de los 煤ltimos sexenios, entre otras.

Alrededor de 320 mujeres y 350 hombres procedentes de distintas Normales Rurales de los estados de Oaxaca, Morelos, Guerrero, Tlaxcala, Estado de M茅xico, Michoac谩n, Aguascalientes, Distrito Federal, Chiapas, entre otros se reunieron en Atequiza, Municipio de Ixtlahuac谩n de los Membrillos, Jalisco para emprender su camino hacia la ciudad de Guadalajara a realizar la mencionada manifestaci贸n.

Durante su trayecto, a las 10.30 de la ma帽ana a una distancia de aproximadamente tres km de Atequiza, en el poblado de Santa Rosa, elementos de la Direcci贸n General de Seguridad P煤blica del Estado detuvieron los 12 autobuses en los que transitaban sin comunicarles la raz贸n por la que ya no podr铆an continuar su camino. Las unidades estuvieron inmovilizadas por poco m谩s de cuatro horas, tiempo en el que fueron v铆ctimas de hostigamientos por parte de los elementos polic铆acos, as铆 como por una patrulla de la Polic铆a Federal y elementos antimotines que arribaron al lugar en dos convoys.

Alrededor de 70 elementos de seguridad p煤blica rodeaban las unidades, algunos de ellos vestidos de civiles, se colocaron en las puertas de los autobuses para impedir que los estudiantes salieran, golpearon las ventanas con su equipamiento de seguridad y ejerc铆an una presi贸n psicol贸gica desde las afueras de las unidades de transporte. Los estudiantes se encontraban inhabilitados para consumir agua o atender sus necesidades fisiol贸gicas durante el periodo que los tuvieron retenidos. Cabe mencionar que algunos autobuses contaban con ventanas selladas que solamente permit铆a la ventilaci贸n artificial, lo que provoc贸 la sofocaci贸n al interior de algunas unidades. Fue hasta las 2:16 de la tarde que les permitieron continuar circulando.

Los hostigamientos y amenazas psicol贸gicas de las que fueron v铆ctimas los estudiantes de la FECSM repercutieron de forma significativa en las mujeres que se encontraban al interior de los autobuses. Tal como se menciona anteriormente, alrededor de 320 mujeres participaron en la manifestaci贸n y varias de ellas sufrieron efectos f铆sicos como desmayos o nerviosismo severo al encontrarse en una situaci贸n de encierro, incertidumbre y miedo de poder ser objeto de violencia.

Desde los lamentables hechos ocurridos el 28 de mayo de 2004, en la que se tortur贸 y ocasion贸 maltratos a infinidad de j贸venes, se afirm贸 falsamente que la intervenci贸n de la autoridad buscaba proteger la legalidad, el estado de derecho y la democracia.

Hoy m谩s que nunca es necesario reafirmar que no existe democracia sin el respeto a los derechos humanos, mientras que su plena vigencia es lo que concretamente le da significado al Estado de Derecho.

La propia Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha se帽alado que la criminalizaci贸n de la leg铆tima movilizaci贸n y protesta social, sea a trav茅s de represi贸n directa a los manifestantes, o a trav茅s de investigaci贸n y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democr谩tica donde las personas tienen el derecho de expresar su opini贸n.

Dicho organismo ha considerado que 鈥渆n una sociedad democr谩tica el espacio urbano no es s贸lo un 谩mbito de circulaci贸n, sino tambi茅n un espacio de participaci贸n鈥[1] de las que se derivan obligaciones de respeto para los Estados.

Con la criminalizaci贸n de la protesta social, se renuncia al di谩logo, se abre la posibilidad de la represi贸n policial y de otras violaciones graves como la detenci贸n arbitraria, as铆 como al debido proceso.

Por lo anterior manifestamos lo siguiente:

1. Exigimos a Emilio Gonz谩lez M谩rquez, gobernador del estado de Jalisco, que cese la pol铆tica de criminalizaci贸n de la protesta social, ya que se trata de un derecho fundamental y no de un delito.

2. Que garantice mecanismos que fomenten el di谩logo, as铆 como la participaci贸n plena y sin restricciones de la sociedad en la soluci贸n de sus problemas.

3. Solicitamos a las autoridades estatales y federales se investiguen los hechos claramente violatorios a los derechos humanos de forma pronta, completa e imparcial y se deslinden las responsabilidades de los polic铆as, con inclusi贸n de los superiores, todos ellos de la Secretar铆a de Seguridad P煤blica, Prevenci贸n y Readaptaci贸n Social y de la Polic铆a Federal.

4. Reprobamos la represi贸n realizada el 29 de agosto de 2009 en contra de manifestantes que s贸lo exigen mejores condiciones para el desarrollo de la ciudad y reafirmamos que la protesta es un derecho prioritario para exigir la recuperaci贸n de los dem谩s derechos, por lo que estaremos vigilantes de la actuaci贸n de las autoridades estatales para denunciar cualquier acto de autoridad que restringe, impida o reprima los derechos humanos.

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