BOLETIN DE PRENSA
Antes y durante la manifestación de jóvenes normalistas provenientes de Atequiza se cometieron serias violaciones a sus derechos humanos.

· El CEPAD presenta queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por lo ocurrido y reprueba la política de criminalización de la protesta social por parte del Gobierno del Estado.

El pasado 31 de agosto de 2009 los estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México se trasladaban en 12 unidades hacia la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde realizarían una manifestación en conmemoración a su lucha contra la privatización de la educación, las políticas neoliberales de los últimos sexenios, entre otras.

Alrededor de 320 mujeres y 350 hombres procedentes de distintas Normales Rurales de los estados de Oaxaca, Morelos, Guerrero, Tlaxcala, Estado de México, Michoacán, Aguascalientes, Distrito Federal, Chiapas, entre otros se reunieron en Atequiza, Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco para emprender su camino hacia la ciudad de Guadalajara a realizar la mencionada manifestación.

Durante su trayecto, a las 10.30 de la mañana a una distancia de aproximadamente tres km de Atequiza, en el poblado de Santa Rosa, elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado detuvieron los 12 autobuses en los que transitaban sin comunicarles la razón por la que ya no podrían continuar su camino. Las unidades estuvieron inmovilizadas por poco más de cuatro horas, tiempo en el que fueron víctimas de hostigamientos por parte de los elementos policíacos, así como por una patrulla de la Policía Federal y elementos antimotines que arribaron al lugar en dos convoys.

Alrededor de 70 elementos de seguridad pública rodeaban las unidades, algunos de ellos vestidos de civiles, se colocaron en las puertas de los autobuses para impedir que los estudiantes salieran, golpearon las ventanas con su equipamiento de seguridad y ejercían una presión psicológica desde las afueras de las unidades de transporte. Los estudiantes se encontraban inhabilitados para consumir agua o atender sus necesidades fisiológicas durante el periodo que los tuvieron retenidos. Cabe mencionar que algunos autobuses contaban con ventanas selladas que solamente permitía la ventilación artificial, lo que provocó la sofocación al interior de algunas unidades. Fue hasta las 2:16 de la tarde que les permitieron continuar circulando.

Los hostigamientos y amenazas psicológicas de las que fueron víctimas los estudiantes de la FECSM repercutieron de forma significativa en las mujeres que se encontraban al interior de los autobuses. Tal como se menciona anteriormente, alrededor de 320 mujeres participaron en la manifestación y varias de ellas sufrieron efectos físicos como desmayos o nerviosismo severo al encontrarse en una situación de encierro, incertidumbre y miedo de poder ser objeto de violencia.

Desde los lamentables hechos ocurridos el 28 de mayo de 2004, en la que se torturó y ocasionó maltratos a infinidad de jóvenes, se afirmó falsamente que la intervención de la autoridad buscaba proteger la legalidad, el estado de derecho y la democracia.

Hoy más que nunca es necesario reafirmar que no existe democracia sin el respeto a los derechos humanos, mientras que su plena vigencia es lo que concretamente le da significado al Estado de Derecho.

La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de expresar su opinión.

Dicho organismo ha considerado que “en una sociedad democrática el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación”[1] de las que se derivan obligaciones de respeto para los Estados.

Con la criminalización de la protesta social, se renuncia al diálogo, se abre la posibilidad de la represión policial y de otras violaciones graves como la detención arbitraria, así como al debido proceso.

Por lo anterior manifestamos lo siguiente:

1. Exigimos a Emilio González Márquez, gobernador del estado de Jalisco, que cese la política de criminalización de la protesta social, ya que se trata de un derecho fundamental y no de un delito.

2. Que garantice mecanismos que fomenten el diálogo, así como la participación plena y sin restricciones de la sociedad en la solución de sus problemas.

3. Solicitamos a las autoridades estatales y federales se investiguen los hechos claramente violatorios a los derechos humanos de forma pronta, completa e imparcial y se deslinden las responsabilidades de los policías, con inclusión de los superiores, todos ellos de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social y de la Policía Federal.

4. Reprobamos la represión realizada el 29 de agosto de 2009 en contra de manifestantes que sólo exigen mejores condiciones para el desarrollo de la ciudad y reafirmamos que la protesta es un derecho prioritario para exigir la recuperación de los demás derechos, por lo que estaremos vigilantes de la actuación de las autoridades estatales para denunciar cualquier acto de autoridad que restringe, impida o reprima los derechos humanos.