En las primeras planas de los diarios locales del 10 de septiembre, nos enteramos que para el gobernador Emilio González Márquez «en Jalisco no hay tortura«. Lo anterior, a propósito de la inauguración del curso Contextualización del Protocolo de Estambul. Por otra parte, algunos servidores públicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) lo desmintieron al indicar que durante su administración sí se han presentado quejas por tortura; 17 durante el 2008 y 21 en lo que del 2009.

Desde la fundación del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (Cepad) nos hemos dado a la tarea de darle seguimiento a las instituciones encargadas de la prevención, la investigación y sanción de la tortura en Jalisco. Los informes sobre la Situación de los Derechos Humanos 2006 y 2007-2008, dan cuenta de la gravedad de ésta violación catalogada por el derecho internacional como de lesa humanidad.

A partir de diversas solicitudes de información requeridas a las dependencias públicas involucradas en el tema como son la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la CEDHJ, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y el Poder Judicial del Estado (PJE), hemos encontrado algunos datos relevantes que nos permiten acercarnos un poco a la situación de la tortura en Jalisco: a).- Durante el periodo 2000 a agosto de 2009 se registraron en la CEDHJ 971 quejas por presuntos actos de tortura; b).- a partir de la llegada del actual titular de la CEDHJ disminuyeron estadísticamente las quejas catalogadas por este delito, pues en 2008 se recibieron 17, cuando el promedio de quejas era de 116.5 del 2000 al 2007; c).- que de acuerdo a la información entregada por la PGJ, del 2000 a octubre de 2007 se habían recibido 586 quejas donde se involucraban a 2448 servidores públicos de esa dependencia; d).- que a partir de la entrada en vigor de la Ley Estatal para prevenir y sancionar la Tortura en 1993, la PGJ no ha integrado una sola averiguación previa por ese delito.

En el Cepad nos preocupa el interés de las autoridades estatales por éste tema, pues a la fecha sigue sin investigarse un solo caso de tortura, incluso, siguen trabajando impunemente aquellos policías y agentes investigadores que torturaron a los jóvenes detenidos el 28 de mayo del 2004. Consideramos que para poder prevenir, investigar, sancionar y erradicar la tortura, se necesitan autoridades con alta calidad moral, voluntad y compromiso con los derechos humanos.