El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) acepta iniciar una investigación administrativa en contra de su personal por las omisiones ocurridas en el caso de Néstor Alan Rodríguez Licea

· Se exige a la Procuraduría de Justicia del Estado informe si ha iniciado procedimientos o sancionado a servidores públicos a casi tres años de los hechos.

El 26 de noviembre de 2006, Néstor Alán Rodríguez Licea, de 18 años de edad, perdió la vida en un accidente vial. Dos jóvenes, presuntamente alcoholizados, impactaron su automóvil. Ocurrido el accidente los responsables recibieron un trato privilegiado por muchas de las autoridades involucradas en la investigación del caso.

En la misma fecha pero del 2008, el CEPAD informó a la opinión pública que el caso reflejaba tres omisiones generales: la falta de oportunidad para practicar la alcoholemia, el trato privilegiado hacia los detenidos, y una ausencia de atención y reparación del daño para los deudos del joven, además de la evidente corrupción.

Desde entonces la familia Rodríguez Licea junto con la organización realizamos diversas peticiones a Emilio González Márquez, gobernador del estado de Jalisco, así como a los presidentes del Congreso del Estado, del Supremo Tribunal de Justicia y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, para buscar el deslinde de responsabilidades de cualquier tipo en lo ocurrido, la reparación del daño y el cambio de las causas que motivan la impunidad del caso.

Como resultado de las gestiones que hemos realizado, informamos a la opinión pública que el 21 de septiembre de 2009, con el oficio IJCF/CL/315/2009, José Nicolás Montes de Oca Solórzano, contralor interno del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, informó que se iniciará una investigación administrativa interna en contra del personal que resulte responsable de los hechos.

En lo que se refiere a los agentes del ministerio público y su personal auxiliar involucrados en los hechos, informamos que el 15 de septiembre del año en curso, solicitamos al órgano de control interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que informara el número de procedimiento administrativo, sus avances o en su caso resolución, así como el nombre de los servidores públicos que se encuentran sujetos al mismo.

Con dichas acciones, la familia Rodríguez Licea y el CEPAD, reiteramos nuestra exigencia para que el deslinde de responsabilidades de los servidores públicos involucrados, se lleve a cabo de manera exhaustiva, seria, pronta, completa y eficaz, como un deber de la autoridad para buscar la verdad y no como una gestión de intereses particulares, para lo cual vigilaremos los procedimientos.

Continuaremos con la exigencia de reivindicar el nombre de Néstor Alan, a través de acciones que nos permitan conocer la verdad de lo ocurrido, acceder a la reparación del daño y evitar que se repitan estos hechos que sólo propician impunidad.

Atentamente

Familia Rodríguez Licea
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC