Plaza de la comunidad de Maltaraña, Jalisco. Foto Cepad 2009.

El presidente de la CEDHJ Felipe de Jesús Álvarez Cibrian, se manifestó por reformar la legislación federal del país para que el Ejército mexicano pueda ejercer tareas de seguridad pública y apoyar a las policías contra la delincuencia organizada.

Sin lugar a dudas, el titular de la CEDHJ ignora las repercusiones de habilitar a las fuerzas armadas del país en tareas que le corresponden a instituciones de seguridad pública de los municipios, de los estados y de la federación, que se traducen en violaciones graves a los derechos humanos de la población civil, como son a la integridad física, la seguridad jurídica, la libertad y la vida.

Además, el presidente de la CEDHJ ignora las reiteradas recomendaciones realizadas al Estado mexicano por parte de organismos internacionales de derechos humanos como el Consejo y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, Amnistía Internacional, así como la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para todas y todos”, respecto a que las fuerzas armadas deben regresar a sus cuarteles y evitar ser utilizadas en tareas que le corresponde a la autoridad civil, incluyendo la modificación del fuero de guerra.

También ignora los riesgos para la población que los militares estén persiguiendo delincuentes, y para muestra están los hechos ocurridos en la comunidad rural de Maltaraña, del municipio de Jamay, donde un convoy de aproximadamente 30 soldados, irrumpieron en más de una decena de casas, sin autorización de sus moradoras bajo el argumento que escondían armas y drogas.

Definitivamente no deja de sorprender que el supuesto defensor de los derechos humanos de los y las jaliscienses haga declaraciones contrario a los derechos reconocidos en diversos instrumentos internacionales, y como ejemplo está el Informe sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos en México, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en nuestro país, donde es señalado por atentar contra el trabajo que realiza el Cepad.

Si Álvarez Cibrian considera que las violaciones a los derechos humanos dejarán de serlo modificando las leyes, está en un grave error. El reconocimiento de los derechos humanos está establecido por el derecho internacional público y garantizar su ejercicio corresponde al Estado mexicano, de lo contrario se cuenta con tribunales internacionales que los hagan valer.

Para quienes defendemos los derechos humanos desde la sociedad civil, reprobamos ésta nuevas las declaraciones del presidente de la CEDHJ, pues no solamente evidencia su ignorancia en materia de derechos humanos, sino la irresponsabilidad con que las realiza, ya que en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, se han documentado casos de tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones y desapariciones forzadas por elementos castrenses, sin que a la fecha se hayan investigado, procesado y castigado a los responsables de los crímenes.