Históricamente se ha considerado al ejercicio periodístico como una de las manifestaciones principales de la libertad de expresión. Por otro lado también debe reconocerse que los medios de comunicación y el debate de opiniones en forma pública y amplia, han sido piedra angular para las luchas sociales, han favorecido el desarrollo de los regímenes democráticos y han sido una herramienta indispensable para apoyar la consolidación del Estado de Derecho.

Las y los periodistas pueden en este sentido ubicarse no solo como transmisores de información, sino también como protagonistas y generadores de cambio y desarrollo, en la medida que desarrollan su profesión con respeto a la verdad y a la dignidad, hacen más factible que los derechos humanos sean una realidad para todas y todos.

Sin embargo encontramos que en nuestro país la posibilidad de que los periodistas desarrollen con seguridad y libertad su profesión se ha reducido sobre todo en los últimos años. Tan solo en el 2009, las organizaciones CENCOS y Artículo 19 documentaron 244 ataques a la libertad de expresión en el marco del ejercicio periodístico, lo cual implica desde su conocimiento, un notable incremento en relación a las agresiones registradas en años anteriores, y también que aumenta de manera preocupante la degradación de las condiciones para el ejercicio del periodismo.

Para la organización Reporteros sin Fronteras, México ocupa el nada honroso primer lugar entre los países del continente americano en relación a la inseguridad en que laboran los medios de comunicación. La problemática no ha mejorado en el 2010, según Artículo 19, tan solo en lo que va del año llevamos 6 homicidios en contra de periodistas en México, 1 periodista desaparecido y 6 ataques contra medios de comunicación.

Esto sin contar que la semana pasada sucedió algo inédito en el país, cuatro periodistas; un reportero y tres camarógrafos, fueron secuestrados por una célula del cártel de Sinaloa en Durango. Lo terrible del hecho es que las víctimas fueron elegidas para canjear su libertad por la difusión en medios de comunicación de los mensajes e información de la organización criminal, en función de una estrategia de propaganda diseñada por grupos de delincuencia organizada. Por suerte para ellos en el transcurso de la semana fueron liberados dos y el sábado pasado dos más, pero nos podemos preguntar ¿en qué condiciones podrán continuar realizando su trabajo? ¿existen condiciones para asegurar que secuestros similares no volverán a ocurrir?.

Sin embargo y por desgracia, a pesar de lo crítico en el sucedido, la delincuencia organizada no es el único actor que atenta contra la labor de los periodistas. En este caso fueron los claros responsables de las agresiones, sin embargo no son los que más agreden la libertad de expresión. Nuevamente, según CENCOS y Artículo 19 el principal responsable de agresiones a periodistas se concentra entre funcionarios públicos y fuerzas de seguridad del Estado. En la investigación titulada “entre la violencia y la indiferencia, Informe de agresiones contra la libertad de expresión en México 2009” que forma parte de la campaña permanente de protección a periodistas (puede ser consultada por internet), del universo de agresiones que ellos pudieron registrar el 65.57% de las agresiones las realizaron funcionarios públicos, el 7.79% la realizaron militantes o simpatizantes de partidos políticos, mientras que 6.15% fueron realizadas por agentes del crimen organizado. El resto de las agresiones se reparte entre gente identificada como empresarios, sindicatos, o sujetos particulares, y en un 14.34% no se logró identificar al agresor. Es decir, en buena medida mejora las condiciones de seguridad en la labor periodística depende de un profundo cambio en su interacción y en las perspectivas de los funcionarios públicos.

Agregando a lo anterior, la indefensión de los periodistas no solo se debe a posibles agresiones directas de funcionarios sino también a la impunidad que prevalece en el país. Debe además destacarse que la CNDH documentó 46 asesinatos de periodistas realizados entre 2003 y el 2009, y se menciona también que ninguno de estos ha sido elucidado a cabalidad (según reporteros sin fronteras), a pesar de que desde el 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas. Es decir, se puede agredir con violencia a los periodistas y no pasa nada.

No es entonces de extrañar que a violencia y la impunidad puedan generar en los comunicadores un deseo de no profundizar o no tratar temas que puedan exponerlos y propiciar así una autocensura en función de la seguridad. Corremos el grave riesgo de que en los periódicos y en las radios por el miedo se limite la posibilidad de escribir con libertad y se impida la adecuada información pública.

El problema es sumamente complejo, hoy desde el gobierno se pretende generar un mecanismo especializado de protección para periodistas, pero como sociedad no debemos quedarnos con los brazos cruzados. Como sugiere el director de Artículo 19, debemos exigir vehementemente el fin de la violencia contra periodistas si es que deseamos libertad de expresión. No quiere decir con esto que daremos un cheque en blanco a los medios, no quiere decir que no se deban de regular los medios de comunicación, tampoco quiere decir que permitamos información sesgada y con faltas de veracidad, tampoco podemos permitir que los medios nos inunden con lógicas mercantilistas. Pero en función de conocer lo que ocurre en la sociedad, de lograr mayor transparencia, de tener una información crítica y responsable, debemos impulsar que exista un verdadero “alto a la violencia contra la prensa”. Una acción social conjunta en este sentido elevará los costos políticos contra autoridades ineficaces y propiciará verdaderas políticas públicas para prevenir futuras agresiones.

La defensa de la libertad de expresión y de información está en manos de todos.