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El 21 de agosto el Ayuntamiento de Guadalajara y varias de sus dependencias (Seguridad Ciudadana, Instituto Municipal de las Mujeres, DIF, Reglamentos) realizaron el Operativo Rescate, cuya intención era intervenir en zonas en donde existe trabajo de sexoservicio para recuperar a posibles víctimas de explotación sexual (La Jornada Jalisco); sin embargo los efectos fueron: tratos denigrantes y ofensivos hacia las trabajadoras sexuales, utilización de sus imágenes por la prensa con la autorización de los responsables del operativo, criminalización de su trabajo, desconocimiento y denostación al trabajo de defensoras de los derechos sexuales en esa zona, nula protección ante la posibilidad de encontrarse en una situación de explotación, carencia de medidas de protección para las niñas o adolescentes y un fin eminentemente recaudatorio de la medida, ya que por conceptos de multas ingresaron a los fondos del gobierno municipal alrededor de $ 243 000 pesos de acuerdo a los datos proporcionados por la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez, AC.

Otros saldo secundario pero no menos importante fue la negligente intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien a través de uno de sus visitadores, solicitaba a las trabajadoras sexuales que “mejor se dedicaran a otra cosa”, al mismo tiempo que las desanimaba para presentar su inconformidad, luego corrigió y dictó medidas cautelares que son inútiles por no reparar los efectos de las evidentes violaciones a los derechos humanos.

En esto último precisamente es donde queremos colocar el acento, porque los debates contienen un alto grado de esterilidad no por los espacios donde se están dando ó por las razones surgidas de los credos individuales, sino porque uno de sus componentes es la ausencia de voluntad de un gobierno para ser evaluado por la ciudadanía en esta y otras actuaciones, además de preferir sostenerse en una defensa de la infancia que en la práctica es muy limitada e incompleta. Para ello, basta recordar como ese mismo nivel de gobierno permitió bajo un silencio de todos los partidos políticos que un funcionario de segundo nivel del área de Alumbrado Público organizara fiestas en las que se propiciaba la corrupción de la infancia involucrándolas en dinámicas ajenas a su desarrollo, de acuerdo al caso documentado por el Cepad.

Es importante recordar que los derechos humanos exigen una protección sin distingos por parte de la autoridad y todos aquellos que intervienen por anuencia de esta, como fue el caso de los reporteros gráficos.

Ambos tienen deberes hacia la situación de violencia en contra de la mujer que expresamente prohíbe “cualquier distinción, exclusión o restricción, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer”, por lo que deben de abstenerse de incurrir en todo acto de discriminación y velar para que así se actúe (Art. 1 y 2 inciso d) de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer).

Violentar a la mujer, significa realizar cualquier acción o conducta, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer “tanto en el ámbito público como en el privado”.

Las dinámica de trata de personas con fines de explotación sexual, es un tipo de violencia de la comunidad que tiene que ser combatida enérgicamente, pero bajo un sentido de protección, con perspectiva de género y de infancia, lo que implica tomar en cuenta las necesidades de ese grupo en situación de vulnerabilidad; no bajo cualquier costo, sino con medidas que garanticen la protección, la reparación del daño, la rehabilitación y capacitación, así como el acceso a mejores condiciones de desarrollo y de justicia.(Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer)

La intervención que realizó la autoridad tendrá que ser emplazada para que verdaderamente expliquen los fundamentos del operativo, que hasta ahora lo único que “rescató” es el incremento y la perpetuación de la violencia para las más vulnerables.