Sobre el periodismo y la libertad de expresión.
Sobre el periodismo y la libertad de expresión.
19 octubre, 2011
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Imágen: ciudadano-express.com
Iniciamos la semana con la lamentable noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Granados Chapa, con él se pierde un ejercicio del periodismo comprometido con la libertad de expresión, de análisis exhaustivo, nunca neutral, siempre con un fin de justicia.
Ojalá que su ejemplo ético de vida y alejado de los poderes, nos impulse a revalorar la importancia de la palabra, ahora que muchas personas requerimos de ella para ser defendidos, dignificados, visibilizados.
Hablando de periodismo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inauguró el día de ayer su 67 Asamblea General. Gonzalo Marroquín, su actual presidente, mencionó que “Latinoamérica se encuentra en medio de una guerra, la guerra entre el autoritarismo y la libertad”, señaló al crimen organizado y a los gobiernos totalitarios como los principales enemigos de la prensa.
Respecto a los gobernantes refirió: “les molesta que la prensa investigue y descubra hechos de corrupción, que advierta sobre sus fines aviesos de manipulación o simplemente revele su incapacidad”, esta frase nos recuerda la opacidad en la que se encuentran muchas de nuestras autoridades municipales o del estado; un ejemplo de ello es la negativa a divulgar información sobre los contratos de proveedores que llevan a cabo los actuales juegos panamericanos.
Impedir la divulgación de información y la restricción al trabajo de la prensa, nos imposibilita como sociedad para exigir que se rindan cuentas, lo cual es una clara violación a los derechos humanos.
La SIP informó que en el continente, de abril a octubre de este año han sido asesinados 21 periodistas. En México ocurrieron en el mismo periodo 5 decesos, que total suman 10 profesionales muertos durante 2011, para cerrar las cifras en 76 homicidios desde el año 2000, entre ellos el de José Emilio Galindo, entonces director de Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán, el cual hasta la fecha sigue impune.
La cifra coloca a nuestro país como el más peligroso para ejercer el periodismo, del cual no se encuentra exento Jalisco.
El Cepad hasta ahora tiene registrados 8 casos de agresiones a periodistas, que demuestran toda una estrategia dirigida a limitar el ejercicio del periodismo, ahora llevada por supuestos particulares que en realidad actúan con la anuencia del Estado.
En este nivel encontramos el caso de la periodista Jade Ramírez Cuevas Villanueva, documentado en el Informe sobre la situación de los derechos humanos 2010 del Cepad, quien ha sufrido reiterados ataques por cubrir su fuente relacionada con la construcción de la ilegítima presa que inundará los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, aspecto que hemos denunciado ante la Secretaría de Gobernación como responsable del “supuesto” mecanismo de protección a periodistas que hasta la fecha ha sido ineficaz en nuestra entidad.
Reprobamos también la agresión que sufriera recientemente Priscila Hernández Flores, también periodista de esta casa de estudios, a manos de un inspector del Ayuntamiento de Guadalajara. El incidente nos refleja el bajo nivel de protección y la dinámica autoritaria en la que se encuentran nuestros gobiernos.
Por eso sorprende la iniciativa del diputado Alfredo Argüelles, quien en un desplante de creatividad presentó una iniciativa que busca a través de una reforma al Código Penal, reconocer los casos de intimidación y amenazas a periodistas, así como a sus familias, con el fin de elevar la pena de aquellos delitos que se cometan, contemplando incluso la intervención de un agente del ministerio público especial.
La iniciativa es incompleta, porque omite tomar en cuenta las recientes resoluciones y determinaciones a nivel internacional relacionadas con la libertad de expresión, además de no establecer todo un sistema de protección local para periodistas, es pues, una iniciativa localista y limitada, pero sobre todo ilegítima, ya que de acuerdo a información de los medios de comunicación, éste “representante popular” ha utilizado actores (por lo menos uno) que han operado a su favor y que parte de su «labor» es agredir a los y las periodistas. No permitamos semejante descaro e incongruencia.
Nuestro reconocimiento a todos y todas las periodistas que continúan a pesar del escenario adverso, siempre nuestra solidaridad con ellos y ellas.
Ojalá que su ejemplo ético de vida y alejado de los poderes, nos impulse a revalorar la importancia de la palabra, ahora que muchas personas requerimos de ella para ser defendidos, dignificados, visibilizados.
Hablando de periodismo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inauguró el día de ayer su 67 Asamblea General. Gonzalo Marroquín, su actual presidente, mencionó que “Latinoamérica se encuentra en medio de una guerra, la guerra entre el autoritarismo y la libertad”, señaló al crimen organizado y a los gobiernos totalitarios como los principales enemigos de la prensa.
Respecto a los gobernantes refirió: “les molesta que la prensa investigue y descubra hechos de corrupción, que advierta sobre sus fines aviesos de manipulación o simplemente revele su incapacidad”, esta frase nos recuerda la opacidad en la que se encuentran muchas de nuestras autoridades municipales o del estado; un ejemplo de ello es la negativa a divulgar información sobre los contratos de proveedores que llevan a cabo los actuales juegos panamericanos.
Impedir la divulgación de información y la restricción al trabajo de la prensa, nos imposibilita como sociedad para exigir que se rindan cuentas, lo cual es una clara violación a los derechos humanos.
La SIP informó que en el continente, de abril a octubre de este año han sido asesinados 21 periodistas. En México ocurrieron en el mismo periodo 5 decesos, que total suman 10 profesionales muertos durante 2011, para cerrar las cifras en 76 homicidios desde el año 2000, entre ellos el de José Emilio Galindo, entonces director de Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán, el cual hasta la fecha sigue impune.
La cifra coloca a nuestro país como el más peligroso para ejercer el periodismo, del cual no se encuentra exento Jalisco.
El Cepad hasta ahora tiene registrados 8 casos de agresiones a periodistas, que demuestran toda una estrategia dirigida a limitar el ejercicio del periodismo, ahora llevada por supuestos particulares que en realidad actúan con la anuencia del Estado.
En este nivel encontramos el caso de la periodista Jade Ramírez Cuevas Villanueva, documentado en el Informe sobre la situación de los derechos humanos 2010 del Cepad, quien ha sufrido reiterados ataques por cubrir su fuente relacionada con la construcción de la ilegítima presa que inundará los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, aspecto que hemos denunciado ante la Secretaría de Gobernación como responsable del “supuesto” mecanismo de protección a periodistas que hasta la fecha ha sido ineficaz en nuestra entidad.
Reprobamos también la agresión que sufriera recientemente Priscila Hernández Flores, también periodista de esta casa de estudios, a manos de un inspector del Ayuntamiento de Guadalajara. El incidente nos refleja el bajo nivel de protección y la dinámica autoritaria en la que se encuentran nuestros gobiernos.
Por eso sorprende la iniciativa del diputado Alfredo Argüelles, quien en un desplante de creatividad presentó una iniciativa que busca a través de una reforma al Código Penal, reconocer los casos de intimidación y amenazas a periodistas, así como a sus familias, con el fin de elevar la pena de aquellos delitos que se cometan, contemplando incluso la intervención de un agente del ministerio público especial.
La iniciativa es incompleta, porque omite tomar en cuenta las recientes resoluciones y determinaciones a nivel internacional relacionadas con la libertad de expresión, además de no establecer todo un sistema de protección local para periodistas, es pues, una iniciativa localista y limitada, pero sobre todo ilegítima, ya que de acuerdo a información de los medios de comunicación, éste “representante popular” ha utilizado actores (por lo menos uno) que han operado a su favor y que parte de su «labor» es agredir a los y las periodistas. No permitamos semejante descaro e incongruencia.
Nuestro reconocimiento a todos y todas las periodistas que continúan a pesar del escenario adverso, siempre nuestra solidaridad con ellos y ellas.
