Por Carlos Peralta Varela, Presidente del CEPAD AC




Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, junio de 2013

Hace unos día Héctor Robles Peiro, Presidente Municipal de Zapopan dijo: “Yo les puedo decir que con los operativos antipandillas todas las noches agarramos a macanazos a más de 70 jóvenes, y de esos más 70 jóvenes a lo mejor uno o dos o diez tienen drogas en su poder y son consignados, pero los otros 60 son soltados porque son faltas administrativas y van a seguir generando problemas de vandalismo, van a seguir generando problemas drogadicción y van a seguir generando problemas de inseguridad”. Pero no solo eso, mencionó que los drogadictos no merecen ser reconocidos como personas.

Después de este comentario desproporcionado y descontextualizado, vino una disculpa de su parte, así como solicitudes de que renunciara, quejas ante la CEDHJ y denostaciones públicas en su contra realizadas por diputados y regidores de otros los partidos políticos.

Este comentario debe considerarse grave. Más alla de si es cierto o no que cotidianamente tundan a macanazos a decenas de jóvenes, refleja una débil estrategia de acción proactiva con jóvenes y una escasa cultura sobre los derechos humanos en México.

La búsqueda por mejorar la situación de los jóvenes y por respetar los derechos humanos no es recientes, pero ha cobrado relevancia por varias razones:

  1. La guerra en contra la delincuencia organizada, lejos de mejorar la calidad de vida de los y las mexicanas ha agravado la sensación de inseguridad y ha posibilitado el aumento de violaciones  de derechos humanos. Es público que uno de los grupos más vulnerables son los jóvenes. Se dio a conocer públicamente el incremento en abusos a los derechos humanos –de 534 quejas formales en 2007 presentadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pasó a 2 mil 723 en 2012– violaciones realizadas por fuerzas de seguridad pública, todo ello en medio de un grave problema de impunidad. No en balde fue necesaria la creación de una Ley de atención a víctimas que explícitamente contempla la atención a víctimas de violaciones de derechos humanos.
  2. La Constitución Mexicana, a partir de la pasada reforma sostiene: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,  interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”, asimismo, “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

A nivel latinoamericano, las y los jóvenes han sido el grupo que más padece la violencia social, pero también las violencias generadas por los gobiernos. En el informe sobre Seguridad Ciudadana de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se señala lo siguiente: “Los países de la región hoy presentan algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo resultando los jóvenes el grupo más afectado como víctimas y victimarios. Por primera vez en décadas, en los países de América Latina, la delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal preocupación para la población” .

En función de lo anterior, todo gobierno en la República mexicana no sólo tiene la obligación jurídica y ética de actuar en un marco de profundo respeto a los derechos humanos, sino que debe investigar, sancionar y reparar las violaciones si éstas llegaran a ocurrir. De igual manera tiene el compromiso de impulsar políticas públicas encaminadas a combatir la discriminación y que tiendan a generar condiciones de mayor desarrollo para la ciudadanía. En esta línea consideramos que debe hacerse un énfasis especial en la atención pro activa de las y los jóvenes. Rechazamos cualquier acción o política que viole los derechos humanos y particularmente, que propicie la discriminación hacia cualquier grupo juvenil.