Dr. Carlos Peralta Varela, presidente del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, 18 de septiembre de 2013

La semana pasada la relevante reforma constitucional en materia de derechos humanos en México, aprobada hace poco más de un año en el 2011, sufrió un duro golpe, que para diversos analistas debe considerarse un retroceso en su espíritu.

La reforma constitucional nos sorprendió a todos por los cambios tan importantes que se observaron en el artículo primero. Por ejemplo, afirmaba la relevancia de los derechos humanos en el país, por encima de las garantías. En este sentido ubicó en el mismo nivel de importancia a la constitución y a los tratados internacionales. Por otro lado enunciaba principios de gran relevancia necesarios para la defensa y promoción de los derechos, entre ellos el principio pro persona. La reforma también incorporaba la obligatoriedad de que todos los servidores públicos denunciaran cualquier violación a los derechos humanos. Entre otros aspectos más.

Sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio un paso atrás en tan importante reforma. La semana pasada, después de arduas y políticas discusiones, resolvió dos asuntos que van vinculados: 1) confirma que “los derechos humanos de fuente internacional (a partir de la reforma al Artículo 1° constitucional) tienen la misma eficacia normativa que los previstos en la Constitución, es decir, se les reconoce el mismo rango constitucional”, lo cual va en concordancia con la reforma de 2011. Sin embargo también acordó “cuando haya una restricción expresa en la Constitución al ejercicio de los derechos humanos, se deberá atender a lo que indica la norma constitucional”. Aquí es donde radica la regresión, e incluso el peligro para los derechos humanos, porque en la práctica si en la Constitución se consiente la violación a un derecho, se privilegia a esta aunque en los tratados internacionales se asuma como una acción violatoria, en este punto: los tratados internacionales por debajo de la Constitución.

Por ejemplo, en los tratados internacionales se menciona que una persona detenida tiene derecho a ser puesto a disposición de una autoridad (un juez), en un plazo reducido, tiene derecho a saber cuál es la acusación, derecho a la defensa y a estar comunicado. Algunos de estos derechos se vulneran en la figura del arraigo, que aunque poco eficiente, es de recurrente práctica en México, y se encuentra incluida en la Constitución.

Cabe mencionar que diferentes organismos internacionales, entre ellos la propia Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, a través de su informe: “Culpables conocidos, víctimas ignoradas en México (torturas y malos tratos en México)”, se ha expuesto que el arraigo es violatorio a los derechos humanos. Asimismo durante el foro “Retos y acciones del Estado frente al arraigo”, realizado en el Senado, el representante de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, Javier Hernández Valencia, recordó que instancias internacionales han solicitado ya a México que elimine esa práctica. El arraigo impide la posibilidad de defensa inmediata de un detenido, porque te detienen para poder investigar, no hay acusación y por lo tanto, tampoco derecho a defensa.

Con la resolución de la Suprema Corte, en la medida que el arraigo aunque violatorio de derechos esta plasmado en la Constitución, los cuestionamientos al arraigo y a la prisión preventiva pierden efectividad. La SCJN teniendo la posibilidad de votar en sentido original y consolidar el avance decide dar un paso atrás.

Al quedar la Constitución y los tratados internacionales en un mismo nivel y en un conjunto se puede dar lo que algunos abogados como Edgar Cortés del Instituto Mexicano para la Democracia y los Derechos Humanos llama “la interpretación conforme”; es decir, la Constitución junto con los tratados podrían hacer una lectura coherente y armónica. Lo que pasó con la resolución de la Suprema Corte es que se limitó la interpretación conforme, porque ante el desacuerdo prevalece la constitución.

Consideramos entonces que la Suprema Corte tomó una decisión contraria al espíritu de la reforma constitucional (de 2011), refrendó la visión de que nada puede estar por encima de la Constitución y que los derechos humanos son algo que amenaza. El riesgo ahora es que empiecen a realizarse reformas constitucionales para poder imponer en ella asuntos por encima de los derechos humanos.