Pronunciamiento del CEPAD en el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2013
 
El pasado 24 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, el cual tiene entre sus propósitos: “Promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia”.

 Y como tenemos memoria, recordamos que en marzo de 2013, concluyó la era de gobiernos panistas que duró 18 años, quienes serán recordados por la corrupción, impunidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Jalisco. El primero estuvo a cargo de Alberto Cárdenas (1995-2001), quien dejó impune la tragedia ocurrida el 22 de abril de 1992 en Guadalajara, y desde luego, sin la debida investigación, la sanción para los responsables, la reparación del daño a las víctimas, sobrevivientes y sus familias, sin el derecho a la verdad y la justicia.

 El gobierno de Francisco Javier Ramírez Acuña (2001-2006) se caracterizó, entre otras cosas, por el desmantelamiento de la promisoria Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ); el aumento exponencial de los casos de tortura; el maltrato y abuso infringido contra jóvenes, uno de ellos cometido por policías estatales en contra de más de mil seiscientos jóvenes durante la celebración de una fiesta rave el dos de mayo de 2002 en Tlajomulco, así como las detenciones arbitrarias y las torturas aplicadas a decenas de jóvenes detenidos el 28 de mayo de 2004. También bajo su administración se torció todo el aparato de justicia para evadir de su responsabilidad a los autores materiales de la muerte del joven Néstor Alán Rodríguez Licea. Hasta la fecha no existe una sola investigación en contra de los autores materiales e intelectuales de tales violaciones.

 Durante la administración de Emilio González Márquez (2007-2013), al igual que el sexenio anterior se caracterizó por el dispendio de los recursos públicos, especialmente para posicionarse a la candidatura presidencial de su partido mediante la inexplicable disminución de los índices delictivos y “sus juegos panamericanos”. Con la complicidad de la CEDHJ “bajaron” los reclamos por tortura. Mantuvo hasta el final de su gobierno al Procurador General de Justicia, pese a las denuncias de pederastía en su contra y de otros servidores públicos. Prometió que si la población de Temacapulín votaba en contra del proyecto de la Presa El Zapotillo no se construiría; el brutal desalojo de habitantes, comerciantes y pescadores de Tenacatita. Todo lo anterior, sin olvidar la impune muerte del niño Miguel Ángel López Rocha y de muchas personas más, víctimas de la contaminación del Río Santiago. Durante su gobierno la violencia llegó a extremos inimaginables, 2,175 personas desaparecidas, una es suficiente, pero ninguna motivó su debida investigación para conocer su paradero, así como los responsables, mucho menos la obligada atención y cuidado de las familias.

Son innumerables los agravios que motivarán una investigación que desde la sociedad civil se haga de los gobiernos de la “alternancia” y la exigencia de la justicia en éstos y otros muchos casos más.

Para los y las optimistas hay malas noticias, el 2013 no fue mejor que los anteriores.

La ineficiente y opaca labor que ha realizado la CEDHJ en los últimos seis años, pudo dimensionarse con los lamentables hechos ocurridos el 1 de diciembre de 2012, pues mientras la CDHDF acompañó a las manifestaciones de protesta contra la imposición de Enrique Peña Nieto y documentó en 6 días casos de tortura y detenciones arbitrarias, la CEDHJ no solo no envío Visitadores a la manifestación, sino que retraso de manera injustificada la recepción de las quejas presentadas por jóvenes lesionados por la policía tapatía, así como de las detenciones arbitrarias sufridas por sus compañeros y compañeras. No obstante el cúmulo de pruebas que acreditaban las violaciones de derechos humanos de los y las manifestantes, emitió la Recomendación del caso ocho meses después de los hechos, en tanto que la Comisión del DF la emitió a los cuatro meses, pese a la complejidad, tanto por el número de manifestantes, como por la diversidad de autoridades que intervinieron y la gravedad de los hechos.

 Respecto de la práctica de la tortura en la entidad, la CEDHJ nos dio una “explicación” de la supuesta baja de este tipo de inconformidades. Al emitir la Recomendación 10/2013 con relación al caso de dos hermanos que fueron privados de la libertad por seis agentes de la policía investigadora quienes los golpearon, colocaron bolsas en la cabeza para asfixiarlos y trasladaron a un lugar desconocido, les infirieron golpes y toques eléctricos en los testículos, resolvió que no se acreditó la tortura, debido a que el dictamen emitido por los peritos en psicología del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) determinó que: “No presenta sintomatología del trastorno de ansiedad denominado, clasificado y categorizado como ‘Trastorno por estrés postraumático’, según los criterios clínicos para su diagnóstico, como lo establece el Manuel Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales…”. La pésima documentación de estos casos por parte del organismo – ni siquiera utilizan el Protocolo de Estambul, un manual sugerido por los organismos de la ONU- la convierte en cómplice de los perpetradores.

El reconocimiento oficial de que esta práctica ocurre en Jalisco, corrió a cargo del actual Fiscal General Luis Carlos Nájera, al contestar a los señalamientos de la ex Ombudsman de Jalisco, Guadalupe Morfín Otero en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno el pasado mes de febrero del 2014. A 21 años de vigente la Ley Estatal para Prevenir y Erradicar la Tortura en Jalisco, no existe una investigación y mucho menos sanción para los responsables de ordenar y ejecutar esta grave violación de derechos humanos. Nuevamente exigimos al Congreso local que cite a comparecer al titular de la Fiscalía y de la CEDHJ para que expliquen los métodos de investigación de los casos en los que se vulneran los derechos humanos catalogados como de lesa humanidad, así como la inacción para prevenirlos y erradicarlos, asimismo, se evalúe cualitativamente su labor por expertos independientes y se determine su permanencia.

Con relación al tema de la discriminación, se han presentado ante esta Legislatura local 4 iniciativas en la materia, siendo fundamental que la voz de quienes hemos trabajado en el tema sea escuchada y tomada en cuenta; para ello, precisamos que los elementos básicos debe contener una legislación para dar una respuesta eficaz a la prevención y combate de la discriminación son:1. Especificar la obligación de implementar políticas públicas, 2. Generar un órgano regulador especializado, autónomo, con patrimonio propio y de participación ciudadana, que permita, a través de diversas atribuciones, la implementación de la norma. 3. Hacer alusión al tipo de procedimiento local que se llevará a cabo para investigar y sancionar los actos discriminatorios, y 4. Definir tanto las sanciones que deberán aplicarse por la comisión de actos discriminatorios, como la reparación del daño.

En cuanto al derecho a la protesta, a la manifestación y a la libertad de expresión, según a la información recibida por el Ayuntamiento de Guadalajara, durante el 2013 se llevaron a cabo 372 manifestaciones públicas de diversa índole, en distintos puntos del municipio, casi una por día. Antes de resolver las causas que generan los actos de protesta, en septiembre del 2013, la diputada Gabriela Andalón presentó una iniciativa para regular las manifestaciones (solicitar permiso por escrito, nombrar a los responsables, el motivo), y si la autoridad la aprueba, indicará las vías, lugares y horas. Hasta el día de ayer se encontraba en la Comisión de Puntos Constitucionales para ser dictaminada. Hacemos un llamado a las organizaciones y movimientos sociales, a los colectivos y a la sociedad en su conjunto para que no permitamos que se restrinja un derecho legítimo y genuino de los pueblos. Al mismo tiempo, exigimos al Poder Legislativo que cese en su intento de limitar aún más las libertades ciudadanas y trabajen por resolver las desigualdades sociales, los despojos y todas aquellas causas que motivan la inconformidad social. Su incapacidad y falta de sensibilidad, se mostró recientemente al aprobar la Ley Estatal de Víctimas del estado de Jalisco, cuyo contenido según uno de sus autores, (el diputado Jaime Prieto) fue socializado en foros, con académicos y expertos; sólo que se les olvidó consultar con antelación a las víctimas.

No pudo terminar peor el 2013, más de 74 cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas en La Barca, Jalisco, en donde vecinos le confiaron a un periodista que ese lugar ya había sido denunciado meses y años atrás a las autoridades de la Procuraduría, sin que conste investigación alguna. Las ejecuciones sumaron hasta octubre de ese año  1 406, siendo Jalisco la quinta entidad del país con más ejecutados.  

Los hostigamientos, las detenciones arbitrarias, las amenazas y encarcelamiento contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el 2013, no se hicieron esperar. Llamó la atención los distintos despidos injustificados de profesionales de la comunicación de sus fuentes de empleo, el número y las causas fueron inusuales con relación a años anteriores. En el caso de los defensores y defensoras, sobresale el de Gaudencio Mancilla, líder nahua que fue detenido arbitrariamente y torturado por parte de un grupo armado, que después se identificaría como agentes de la Fiscalía. Nuevamente exigimos el regreso con vida del líder nahua Celedonio Monroy Prudencio, desaparecido desde el 23 de octubre de 2012; del mismo modo del presidente del consejo de administración de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera La Cruz de Loreto, José de Jesús Romero Quintero, y los cooperativistas Jorge Ruiz López y Rafael Espinosa Díaz, quienes recibieron amenazas de quienes destruyen los esteros de donde precisamente se ganan la vida pescando. El 24 de marzo de 2011, los tres pescadores desaparecieron en Guadalajara. También exigimos el esclarecimiento de los asesinatos de Aureliano Sánchez Ruíz, presidente de la Cooperativa de Producción Pesquera de la Ribera de Punta Pérula, en el municipio de La Huerta, Jalisco, ese mismo año, y del periodista Pepe Galindo ocurrido en Ciudad Guzmán el 24 de noviembre de 2009. En ese mismo sentido, exigimos a las autoridades de Jalisco el cese de la persecución judicial en contra de los comuneros cocas de Mezcala de Asunción, quienes por defender su territorio ancestral de los intereses económicos, están siendo objeto de un viciado proceso penal iniciado con base en la fabricación de delitos. 


Queremos recordarles a todas las autoridades de Jalisco, que el 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, la más importante después de la Constitución de 1917 en cuanto a la protección de derechos se refiere. La trascendencia histórica de la Reforma radica en su Artículo 1º, el cual incorpora a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado Mexicano como normas internas, así como los Principios de UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD y PROGRESIVIDAD. En la Reforma se señalan las obligaciones que todas las autoridades tienen para GARANTIZAR, RESPETAR, PROTEGER y PROMOVER el pleno ejercicio de estos derechos. Es preciso recordarles también que el 28 de agosto de 2012 fue modificado el Artículo 4º de la Constitución de Jalisco para efecto de su armonización en los términos de la reforma federal.

 Por lo tanto, les exigimos: no más desapariciones forzadas e involuntarias, no más feminicidios, no más tortura, no más detenciones arbitrarias, no más discriminación, no más despojo de nuestros espacios naturales, no más impunidad.