Dr. Carlos Peralta Varela, presidente del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, 7 de mayo de 2014

Juan Méndez Relator Especial de la ONU sobre la tortura está realizando una visita a México para evaluar la situación e identificar los desafíos respecto a la persistencia de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el país.

A pesar de los recientes avances legislativos en el país y de que México es parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Pena Crueles, Inhumanos o Degradantes, esta práctica ha aumentado en años recientes. Según datos públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se registraron entre el 2006 y 2012, 7 mil 253 casos de tortura. Esta percepción coincide con lo reportado en el informe del Comité Contra la Tortura emitido en el 2012, que señala un aumento alarmante del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria por parte de las fuerzas armadas o los cuerpos de seguridad del Estado.

  • En los encuentros que ha sostenido el relator con organizaciones civiles mexicanas surgieron diversas preocupaciones, entre ellas: 
  • Aumentaron en 500% de los casos de tortura durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa debido a la estrategia de seguridad implementada por este, sin embargo se observa continuidad y persistencia de esta práctica durante el primer año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. 
  • En la práctica del arraigo, el uso desmesurado de la prisión preventiva y detenciones arbitrarias, se posibilitan actos de tortura, por lo que es importante que existan protocolos y controles de detención, para que cuando una persona sea detenida, se traslade y presente inmediatamente al Ministerio Público.
  • Persiste el uso de la tortura como método de investigación por parte de las fuerzas de seguridad, con la finalidad de que las personas acepten sus culpas o expresen confesiones y se auto inculpen.
  • Asimismo, se señaló que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes son utilizados por la autoridad como métodos de disciplina en instituciones de cuidado alternativo o como forma de criminalizar su modo de vida y de sobrevivencia en el espacio público.

Si bien estas preocupaciones se formularon pensando en el nivel federal, debe enfatizarse que en Jalisco también padecemos de la cotidiana práctica de tortura. Tan solo el pasado 05 de febrero del presente año, en el contexto de la Glosa Ciudadana del Primer Informe del Gobernador, Guadalupe Morfín Otero, ex titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (1997 y 2001), lanzó una severa crítica al gobierno de Jalisco por la persistencia de prácticas de tortura en las corporaciones policiacas. En su réplica el Fiscal General de Jalisco, Luis Carlos Nájera en forma por demás inaudita confesó y confirmó que la tortura se vincula a prácticas de investigación. Vaya cinismo, admitió que cometen delitos, supuestamente con el objetivo de generar seguridad.

Posteriormente en una entrevista que aparece en un medio impreso, la procuradora social de Jalisco, Felícitas Velázquez, mencionó que la mitad de las personas que solicitan un defensor de oficio fueron víctimas de tortura. Por su parte Alfonso Partida Caballero, consejero de la Judicatura del Estado, informó el 9 de abril pasado, que el 40% de los procesados penalmente había referido que fueron objeto de tortura y por ello se declararon culpables.

Tomemos en cuenta que un derivado de la presencia explícita de la tortura es que se generan más dudas y cuestionamientos sobre la justicia, se genera las preguntas¿realmente los apresados eran todos culpables o se declararon culpables por la tortura?, ¿las prácticas de investigación llevan a la verdad o falsean la verdad?

Cabe mencionar que las organizaciones de la sociedad civil, entre las recomendaciones que han hecho al Estado mexicano manifiestan la urgencia de que:

  • Se cumpla con la obligación de no admitir las pruebas o confesiones presentadas a los jueces bajo tortura y se investigue inmediatamente cuando se denuncia ésta práctica. 
  • Se aplique de manera adecuada el Protocolo de Estambul, además de que debe de independizarse la aplicación de peritajes de la PGR, las autoridades judiciales y jueces; Sumado a que deben reconocer los peritajes independientes con el mismo valor que los oficiales.
  • Deben introducirse mecanismos de control del uso de fuerzas para todas las fuerzas de seguridad pública e implementar un sistema de evaluación y sanción por hechos que violan a los derechos humanos.

Las autoridades toleran o consciente la tortura en Jalisco. Solo así se puede explicar que año tras año se denuncien prácticas de tortura, se emitan recomendaciones por tortura (en el 2013 fueron tres recomendaciones de la CEDHJ), y sin embargo, ningún funcionario público ha sido juzgado y sentenciado por prácticas de tortura. Ojalá y las recomendaciones que emita el Relator de la Tortura contribuyan a combatir este grave problema.