César Octavio Pérez Verónica, director del CEPAD AC
12 de junio de 2014

Hoy se cumplen tres años de la entrada vigor de la Reforma constitucional en materia de Derechos Humanos publicada un día antes en el Diario Oficial de la Federación, considerada por muchos como la más importante después de la Constitución de 1917 en cuanto a la protección de derechos se refiere.

Igualmente recordamos que en agosto de 2013, diversas personas y organizaciones de la sociedad civil decidimos publicar en algunos medios impresos de Jalisco, un desplegado dirigido al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, a Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribual de Justicia, a los y las diputadas de la Sexagésima Legislatura y a las y los Presidentes municipales de la entidad, debido a que mostraban ningún interés de asegurar el goce y disfrute de los derechos humanos de quienes habitamos Jalisco.

Les explicamos en aquel documento que la trascendencia histórica de la Reforma radicaba en su Artículo 1º, al incorporar a los Tratados Internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano como normas internas, así como las obligaciones que tienen TODAS las autoridades de GARANTIZAR, RESPETAR, PROTEGER y PROMOVER los derechos humanos en el ámbito de sus competencias conforme a los PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD de quienes habitamos, transitan y visitan el estado de Jalisco.

Asimismo, les hicimos énfasis sobre las obligaciones que todas las autoridades tienen para GARANTIZAR, RESPETAR, PROTEGER y PROMOVER el goce y disfrute de estos derechos y que el 28 de agosto de 2012, fue armonizado el Artículo 4º de la Constitución de Jalisco en los términos de la Reforma general.

Han transcurrido tres años donde no solo no vemos intentos por parte de las autoridades estatales y municipales de acatar las obligaciones contenidas en el marco constitucional e internacional en derechos humanos, sino que vemos graves retrocesos en esta materia. No existen programas, presupuestos, políticas públicas, capacitaciones, armonizaciones legislativas y reglamentarias, protocolos ni nada que nos permita suponer que las autoridades locales y municipales estén trabajando a favor de los derechos humanos.

También observamos un Ejecutivo local y gobiernos municipales donde se ejerce la autoridad sin ninguna perspectiva de los derechos humanos, ni en los discursos, ni en el gasto público ni en sus leyes orgánicas y reglamentos, como tampoco en la capacitación de sus funcionarios.

Sobre el Poder Judicial local, continúan los operadores de justicia sin ejercer las facultades de interpretar las normas de derechos humanos conforme a la propia constitución y de los instrumentos internacionales de la materia, y por ende, sin aplicar en los juicios el principio pro persona, ni el control de convencionalidad.

Quizás el ejemplo del poco interés por implementar la Reforma constitucional de derechos humanos en Jalisco, lo representa la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) al no informar a la sociedad en que consiste, cuáles son los deberes y obligaciones de las autoridades. Dice el organismo que a partir de la Reforma hasta marzo del año en curso, ha capacitado a tan solo 106 de sus servidores públicos. Indica además, que ha impartido 40 capacitaciones externas en este tema durante el mismo periodo. Incluso, el titular del organismo público, señaló en su séptimo informe de principio del año en curso, que durante 2013 se capacitó a 89 mil personas, entre servidores públicos y representantes de la sociedad civil.

Sin embargo, el Cepad mediante una solicitud de información pública requirió al organismo a proporcionar copia de los manuales, materiales, documentos y cualquier otro relacionados con los talleres de capacitación referidos con la Reforma constitucional, siendo la respuesta a dicha solicitud como INEXISTENTE.

Definitivamente la vigencia del nuevo paradigma jurídico que representa el respeto a los derechos humanos en México, correrá a cargo no de las instituciones públicas, ni de sus organismos públicos de derechos humanos, que de paso vale la pena decir que son prescindibles para los gobernados, sino de los movimientos sociales, colectivos, grupos vulnerables y de cualquier persona que luchan por la justicia y la dignidad.