Si buscamos una unidad temática para el Informe, pudiéramos decir que está armado con la intención de visibilizar casos concretos que expresan la lucha por la defensa de los Derechos Humanos, y que tiene una relación directa con los temas que preocupan y ocupan nuestro actuar como organización: discriminación, tortura, sistema de justica, infancia y juventud, criminalización de la protesta social, defensoras, defensores y periodistas, militarización y educación para la paz.
 
Y así, el informe comienza con una introducción de Francisco Macías, abogado y académico especialista en Derechos Humanos e integrante fundador del Cepad, titulada ¿Y en Jalisco… qué entienden, qué no entienden? que contextualiza la regresión que se vive en materia de derechos humanos, ante sucesos que atentan contra la dignidad humana,producto de acciones y omisiones de servidores y funcionarios públicos enlas instituciones que sostienen un sistema de impunidad, de represión y de violación a los derechos humanos que trastoca el acceso a la justicia y atenta contra la integridad de miles de jaliscienses. 
 
Como primer caso, contamos con un artículo de Montserrat Narro y Federico Gómez, integrantes de Somos más de 131 Gdl, quienes comparten una visión retrospectiva sobre las movilizaciones en Guadalajara en torno a los 43 jóvenes desaparecidos en el texto que titularon: “El México de aquí, y el México de Ayotzinapa”. En él expresan la manera en que este terrible hecho, producto de una amalgama entre gobernantes y la delincuencia organizada, que toma la forma de Estado, hizo brotar la solidaridad expresada en la toma de las calles, especie de frente contra la violencia extrema que supura en diferentes zonas del país y también como protesta ante a la nula capacidad de los gobiernos para enfrentar las causas de esa violencia: la pobreza, la desigualdad y la impunidad. Todo esto, nos cuentan Montse y Federico, marcó una pauta nueva para la participación y movilización local de las y los jóvenes.
 
Le sigue un texto de Iliana Martínez, académica del Programa de Asuntos Migratorios del CIFS ITESO. Ella coloca la mirada en la migración, y la trata como un tema prioritario, en todas sus dimensiones; incluye a los movimientos internos de población y al desplazamiento forzado de personas por diversas causas. Iliana señala con preocupación que el panorama a escala nacional y regional se está orientando hacia el control y cierre de fronteras, privilegiando la seguridad nacional a costa de la dignidad humana, y descuidando el rol que tiene el crimen organizado en la ruta migratoria, que pone en riesgos enormes a las y los migrantes.
 
El Informe continúa con un trabajo de César Pérez Verónica, Director y fundador del Cepad quien documenta que “Sin embargo, la tortura en Jalisco existe”. César hace un análisis del estado de la práctica de la tortura a lo largo del periodo 2010-2014, a partir de las quejas presentadas ante la CEDHJ, y resalta el sorprendente e injustificado descenso que  desde la versión oficial muestra este fenómeno, lo que coincide con el tiempo en que Felipe de Jesús Álvarez Cibrián ha sido titular de dicha comisión. El texto hace evidente a través de datos contundentes,los intentos oficiales por minimizar, ocultar y negar la práctica de la tortura, lo que produce el efecto perverso de poner a las autoridades en el trance obligatorio de mostrar, contra la versión de víctimas y testimonios objetivos,  que la tortura va a la baja, y así se cierra el ciclo nefasto: la carga de tener que probar la tortura recae en quien la sufre.
 
El siguiente artículo, titulado “Mezcala, la indómita” escrito por Rubén Avila Tena, abogado especializado en Derecho Indígena, relata la larga lucha de las y los comuneros de Mezcala por preservar la potestad y el usufructo de sus tierras, como está estipulado desde el Virreinato, y en especial su voluntad legalmente amparada para reivindicar su posesión de la Isla de Mezcala frente a los intereses económicos, inmobiliarios y turísticos, que han iniciado un despojo silencioso y paulatino tolerado por las autoridades, de las tierras que son propiedad de la comunidad indígena Coca.
 
A continuación está un trabajo del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el estado de Jalisco, escrito por José Luis López, José Antonio Gómez, Alejandra Mendoza, Guillermo Márquezy Mario López, quien nos acompaña esta mañana, y tendrá oportunidad de describirnos el contexto en el que surge el Observatorio y sus recomendaciones en torno al uso, cuidado, defensa y manejo sostenible del agua como derecho humano, como bien común.
 
El Informe contiene un texto de Darwin Franco, integrante del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (FUNDEJ), Darwin también nos acompaña hoy para compartirnos su descripción-explicación sobre las condiciones que hacen posible que nuestro estado sea considerado el segundo con más desaparecidos en el país (de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública), así mismo relatarálas omisiones y violaciones sistemáticas a los derechos humanos delas que han sido objeto las familias de desaparecidos en Jalisco.
 
Para colocar la mirada en el uso injustificado de la violencia y el poder, Yeriel Salcedo, integrante de GDL en Bici, narra desde su experiencia personal en su artículo: “Un sistema de represión y olvido: una forma de callar la voz”, la manera en queel gobierno local reprime y violenta la protesta ciudadana en nuestro estado a través de cada vez más detenciones arbitrarias, procesamientos injustos, falseamiento de pruebas y uso excesivo de la fuerza; todo esto configura un atentado mayúsculo contra la integridad de las personas, contra su seguridad y su derecho a la libertad de expresión, de reunión, de petición y de manifestación pública.
 
A través de la narración del caso colectivo “Yo vivo la paz, ¿y tú?”, Minerva González y Dolores Pérez-Lazcarro nos dan a conocer, de primera mano, su búsqueda por promover la cultura de paz en Jalisco, lo que es su forma de trabajar por los Derechos Humanos, desde la iniciativa de distintas instituciones e iglesias que decidieron esforzarse juntas en favor de la convivencia pacífica que impulse la construcción cotidiana de una cultura de paz.
 
El informe cierra con un texto de Cinthia Ramírez, abogada especialista en estudios de género, quien nos acompaña también en este foro, para presentarnos una descripción de la criminalización de la protesta social en nuestro estado a partir de: “Una nueva Ley Bala para Jalisco, obra de la CEDHJ y el CESJAL”.
 
Para nosotros, su presencia aquí, esta congregación que formamos, más la lectura posterior del Informe, son una afirmación nítida de que vamosa seguir reflexionando, debatiendo y compartiendo para encontrar nuevas maneras de exigir el cumplimiento y la protección de los derechos humanos, a la luz de la dignidad humana y la justicia social. No por el diálogo en sí, no por el gusto que produce el que la gente de bien se reúna, no, sino porque la voluntad, la nuestra y la de aquellas y aquellos a quienes consigamos estimular, por ejemplo a los medios de comunicación, serán una muestra del hartazgo que ha producido la indefensión de los y las ciudadanas ante los abusos del poder, ante la falta de equidad, ante la impunidad que se ha vuelto el centro de las relaciones entre gobernantes y gobernados, merced a la cual estos últimos siempre terminan poniendo las víctimas, el dolor, la impotencia.
Paola Lazo Corvera