Posicionamiento ante la situación de los Derechos Humanos en Jalisco


Foto: Archivo del Cepad.


El trabajo que hacemos en el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y su conexión con las realidades que denuncian una situación límite para la dignidad de cientos de personas en Jalisco, desafortunadamente indican que estamos en una fase regresiva y de descomposición para la vigencia de los derechos humanos.

La desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa Guerrero, ayer hace 7 meses, son la consecuencia de décadas de desatención a situaciones estructurales de derechos básicos, sobre todo los económicos, sociales y culturales. En Jalisco tenemos nuestros desaparecidos, que según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ocupan el 2do lugar a nivel nacional. No todas las desapariciones serán “forzadas”, y sí, algunas de las personas reportadas como desaparecidas son encontradas y no reportadas como tal a la autoridad, pero el alto número de ellas muestra la deficiencia en la investigación, o por lo menos la ineficiencia en la misma. Ya pasa del mes que los familiares organizados de personas desaparecidas en Jalisco no son atendidos por el Gobernador del estado, no obstante la publicidad de su solicitud. ¿Cuáles son las prioridades en su agenda? Hay que decir también que la Ley Estatal de Víctimas se encuentra incumplida; su comisión ejecutiva permanece sin ser designada, y carece del presupuesto respectivo.

La ausencia de una sola sentencia por el delito de tortura en Jalisco, muestra que la Fiscalía es juez y parte en la investigación de éste deleznable crimen, como si no fueran suficientes las más de mil quejas existentes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, o las 31 recomendaciones emitidas de 2007 hasta ahora en las que se comprueba la práctica de la tortura cometida por servidores públicos de la entidad. No se puede tapar el sol con un dedo. Si el fiscal general del estado duerme tranquilo pensado que está haciendo lo que le corresponde en esta materia; desde este espacio, tanto sociedad civil como las víctimas de tortura y otras violaciones graves de derechos humanos, opinamos lo contrario.

La impunidad generada por la ausencia de investigación y castigo de esta práctica, produce incentivos. En el caso de Hernán Guízar, jefe policiaco con graves señalamientos por tortura cuando dirigió un operativo en la extinta Dirección de Seguridad Pública del Estado, fue su contratación para dirigir la corporación municipal en Zapopan con el consecuente resultado regresivo para los derechos humanos: la muerte del joven Erick Fernando Chávez Trejo ante la revisión de rutina de un elemento policíaco, y el exceso de uso de la fuerza como constante en el operativo realizado en agosto ante cientos de jóvenes para intervenir en una fiesta masiva, con más de 50 unidades e incluidos disparos de arma de fuego. Huízar renuncia finalmente por no haber pasado las pruebas de “control de confianza”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara mostró a través de dos incidentes: el del clásico del fútbol mexicano y las protestas que terminaron en violencia en la zona del mercado de San Juan de Dios, que su estrategia es la represión, y que carece de una perspectiva que se acerque a las necesidades, intereses y derechos de la juventud. En uno de los casos se cuenta con información pública ante los medios de comunicación de evidentes señalamientos de tortura.

La perspectiva de la seguridad en otras zonas de la entidad, como por ejemplo la del sur, propició que en la Sierra de Manantlán, organizaciones de los pueblos nahuas y de localidades cercanas a Michoacán, comenzaran a plantear la posibilidad de impulsar sus “autodefensas” como una forma de exigir el derecho a la seguridad. El defensor Raúl Muñoz Delgadillo hizo lo propio para el municipio metropolitano de El Salto. Ante ello, el Fiscal General amenazó con una intervención policial contra los pobladores, sin embargo no se aprecia la misma inclemencia en el combate a la delincuencia, ya que en Jalisco se comete un homicidio cada siete horas y han sido asesinados más de una decena de agentes de seguridad, entre los que se incluyen integrantes del ejército mexicano.

El mando unificado a través de la figura de “Fuerza Única” se anunció por parte del Poder Ejecutivo en un ejercicio excesivo de publicidad que en la práctica no ha correspondido a olvidar las violaciones de derechos humanos cometidas por elementos de la ex Secretaría de Seguridad Pública. Luego de los anuncios se han presentado decenas de inconformidades, en sólo un mes de funcionamiento ya contaba con nueve elementos detenidos, algunos con graves señalamientos de tortura, extorsión e incluso robos, aspectos que colocan en duda la actuación del nuevo “modelo” policial.

En alusión a la conmemoración del grave accidente de transporte público ocurrido en las inmediaciones de la Universidad de Guadalajara, en el que resultara fallecida la joven María Fernanda Vázquez y un saldo de 19 personas lesionadas, se publicó en un medio de comunicación local la frase: “La justicia anda en camión”. El incidente provocó que se redujera la tarifa del transporte público y se instalara un Consejo, sin embargo a un año, increíblemente la justicia en tribunales no ha llegado y la movilidad sigue en una constante que atenta directamente a la integridad y vida de usuarios, dejando intocados los intereses de los concesionarios quienes así lo parece, buscan solamente la lógica de las ganancias por encima de las personas y sus derechos.

En la misma constante de omisiones encontramos la autorización que dio el gobierno municipal de Zapopan junto con la Secretaría del Medio Ambiente, para talar más de 100 árboles en el bosque del Nixticuil por parte de la empresa que paradójicamente quiere construir el fraccionamiento “Bosque Encantado”. El suceso realza de nuevo el aspecto de que es más importante para los municipios garantizar los intereses de los “inversionistas”, que los derechos intergeneracionales como el del medio ambiente. En el mismo sentido observamos la lucha de vecinos por la conservación del Parque de la zona de Huentitán en donde pretende establecerse un núcleo de feria, así como en la obra de reconstrucción del mercado “Ramón Corona”.

Otro ejemplo de “quién es más importante para la autoridad” lo podemos observar en el conflicto del cierre de la Playa de Tenacatita al libre tránsito por parte de la empresa “Inmobiliaria Rodenas”. No obstante su re-apertura por elementos de la Marina Armada de México el pasado 31 de Diciembre del 2014, más tardaron en irse los uniformados, que los guardias de seguridad privada de la empresa en volver a cerrarla.
Pocas violaciones de derechos humanos son tan silenciosas como la discriminación. El aparente avance el año pasado, se dio al discutirse varias iniciativas de ley en torno al tema en el Congreso del estado. Desafortunadamente y como ha sucedido siempre, se quedó en eso, en una discusión. Sigue sin existir en la entidad una legislación a la altura de la problemática que vivimos. Si bien se aprobó la creación del delito de discriminación, hasta el momento la Fiscalía no ha intervenido en la consignación de una sola persona a pesar de que se han dado casos como el de Yuriria, trabajadora de un hospital privado, que fue despedida por expresar su preferencia sexual, o el de dos integrantes de pueblos indígenas a quienes les fue exigido por el propietario de una estación de servicio que se retiraran, debido al “daño” que le propiciaban a su negocio. Como se aprecia, la discriminación no para, ni se detendrá ante herramientas endebles construidas por legisladores que sólo buscan bursatilizar mediática y momentáneamente los temas, sin atender las causas que los originan.

Año tras año hemos sido testigos del deterioro de la “defensa” de los derechos humanos en Jalisco desde las instituciones: un Poder Judicial sumido en la corrupción y en pleno reparto de plazas de trabajo, que aunque se fije como objetivo constituirse en un tribunal constitucional local, existe una gran distancia para que cuente con la legitimidad que requiere la sociedad, al igual que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que se consolida como una ventanilla de recepción de quejas, y quien fuera “amonestada” y “requerida” por el Pleno del Consejo del ITEI por no entregar información pública solicitada por el Cepad, relacionada entre otras cosas, con su función de promoción de la Reforma Constitucional en la materia, a servidores públicos y a la población en general. 

Se me escapa el estado de los derechos de la infancia; la criminalización de la protesta social y la intención de regularla; los feminicidios; los defensores, defensoras y periodistas amenazados por cumplir con su función como es el caso de Jade Ramírez o de Rossana Reguillo; el derecho de los pueblos al territorio, y un largo etcétera. 

Lo que toca resaltar, es la movilización de la conciencia y de la esperanza. Fue un año de tomar la calle, aprender de ella y de discutir ante la diversidad de opiniones, de generaciones y de luchas. Nos unieron los 43 normalistas, las y los desaparecidos, la reforma en telecomunicaciones, la lamentable muerte de periodistas, la situación de Temacapulín.

Se respiran aires de rompimiento con lo establecido, y también el surgimiento de lo nuevo cuyo centro se encuentra en la exigencia de los derechos de aquellos y aquellas que más lo requieren: las personas torturadas, excluidas, “eliminadas” por un sistema que quiere permanecer.


Dice la Declaración Universal de los derechos humanos, que “Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como estamos de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros”. Esta afirmación no pretende tener una comprobación fehaciente, sino que es una apuesta, una apuesta que implica un “modo de ser y de estar” en el mundo; a ello le apostamos hoy.