La Nueva Ley contra la Tortura en Jalisco: Ley de Punto final.

Foto: María José Barragán

Por César Octavio Pérez Verónica,
 director ejecutivo del CEPAD. 

El pasado 26 de marzo, el pleno de la LX legislatura del Congreso local de Jalisco aprobó un nuevo marco legal denominado Ley para Prevenir, Erradicar y Reparar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanas o Degradantes del Estado, la cual abrogó la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco en diciembre de 1993.

Pero antes bien vale la pena conocer que sucedió con la legislación de 1993, respecto a su aplicación e implementación para los casos de tortura en la entidad. En el Análisis de la Tortura en Jalisco 2000-2009[1], elaborado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y publicado en el 2010, menciona que se registraron en ese periodo 932 expedientes de queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).

En el periodo 2010 a 2014, las quejas registradas en la CEDHJ sumaron un total de 63. Sin duda que la disminución de las cifras registradas por el organismo público llama la atención, pero cobra fuerza el método de clasificar las quejas, es decir, se reciben por tortura y acaban por lesiones. Incluso, casos de evidente actos de tortura física y psicológica concluyen con ser lesiones debido a la ausencia de peritajes realizados por expertos en el Protocolo de Estambúl.

Después de 22 años de la publicación y vigencia de la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, ni un solo caso fue investigado, incluyendo los denunciados el 28 de mayo de 2004, por lo tanto, ningún servidor público fue puesto ante la justicia y menos sancionado por su autoría material e intelectual. Es decir, esa ley jamás fue aplicada en Jalisco, y por ende, todos los casos donde se torturo a personas privadas de su libertad quedaron impunes.

Llama la atención la aprobación de esta nueva ley, especialmente cuando los funcionarios de primer nivel del gobierno de Jalisco como son el Fiscal General del Estado, Luis Carlos Nájera, como el Secretario General de Gobierno, Roberto López, han reiterado una y otra vez que “la tortura en Jalisco no existe”, incluso este último llegó a señalar que las personas que se quejaban de sufrir actos de tortura eran pagadas “por el crimen organizado”.

Por lo visto con esta nueva legislación las autoridades de Jalisco tratan de replicar aquellas leyes de Obediencia Debida y Punto Final impulsada por aquel impresentable ex presidente argentino Carlos Saúl Menem, quien para salvar a los criminales de la dictadura, les creó los marcos legales denominadas “leyes de la impunidad”. El mensaje que nos mandan las autoridades de Jalisco es muy claro, crear una nueva legislación contra la tortura, sin haberse aplicado la anterior, significa  un “borrón y cuenta nueva” para los criminales que durante todos éstos años han torturado a las personas bajo el manto de la impunidad.

Pero esto no sucederá, el relator especial contra la tortura de la ONU, Juan Méndez, presentó hace unas semana su informe final respecto a su visita a México, indicando que la tortura en nuestro país es generalizada: “Cuando digo generalizado es porque las denuncias que he recibido son de prácticamente todas las agencias que hay en este país. No hay corporaciones que se dediquen al arresto y detención de personas contra las que no haya recibido denuncias. La tortura se produce durante esas horas (de la detención), se producen en vehículos y casas de seguridad, durante traslados (…) cesan en el momento en que el juez recibe la declaración de la indagatoria”.

Este informe pone a las personas sobrevivientes de tortura o a sus familias a un paso de buscar justicia ante la Corte Penal Internacional, pues mientras en Jalisco no solamente no se investigan los casos denunciados, sino que además, cínicamente y criminalmente se niega que exista, lo cual violenta el derecho al acceso a la justicia de las víctimas y sus familias reconocido en la Convención contra la Tortura de la ONU y la OEA respectivamente.



[1] La información para elaborar el Análisis de la Tortura en Jalisco 2000-2009, fue recabada a partir de solicitudes presentadas ante las Unidades de Transparencia de las instituciones de Jalisco involucradas en el tema de tortura.