Anna Karolina Chimiak, Coordinadora del Área de Incidencia

Muchas gracias al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) por la invitación a este Foro. A nombre de CEPAD, es un honor compartir en este espacio algunas de las experiencias, retos y aprendizajes que adquirimos durante el proceso de creación y seguimiento a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) del estado de Jalisco.

Para comenzar, me gustaría resaltar que todavía en el año 2016 en Jalisco oficialmente “no pasaba nada”. El tema de desapariciones de personas tanto en los medios de comunicación, como en el discurso público oficial, no existía. Y de repente, sólo unos meses después, en agosto del año 2017, inició sus operaciones una institución especializada en materia de búsqueda e investigación, siendo en aquel momento una de las más innovadoras a nivel nacional, constituyendo para Jalisco un avance histórico del cuál unos meses antes, jamás nos hubiéramos imaginado.

Cabe destacar que esto nunca hubiera pasado sin el enorme y continuo esfuerzo de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil locales. Todo este proceso inició a mediados del año 2016 cuando en la entidad se mantenía una constante práctica de negar el acceso a las copias de los expedientes a familiares de personas desaparecidas.

Ante esta situación, el Cepad en conjunto con las integrantes del colectivo Por Amor a Ellxs,  tomó la decisión de construir una estrategía política y de incidencia, la cuál consistía en acciones de denuncia pública de las prácticas violatorias a los derechos de las víctimas, así como en la presentación de una carta con solicitud de intervención y apoyo dirgida al nuevo, en aquel momento, representante de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, quien ya tres semanas después, en el marco de su primera visita fuera de la Ciudad de México, llegó a Jalisco, escuchó a las familias y se reunó también con autoridades locales. A raíz de estas reuniones, a partir del agosto de 2016 comenzaron a llevarse a cabo las mesas de trabajo mensuales sobre el tema entre el colectivo Por Amor a Ellxs y las autoridades locales, con la observación y acompañamiento de la oficina de las Naciones Unidas y el Cepad, y en lo paralelo, se realizaron también las mesas de análisis y revisión exhaustivas de casos individuales.

Como consecuencia de este proceso de diálogo de varios meses, surgió la idea de crear en Jalisco un nuevo modelo de búsqueda e investigación que pudiera responder a las necesidades de familiares de personas desaparecidas, así como revertir las malas prácticas y deficiencias institucionales.

Es por eso que a principios del año 2017 inició formalmente el proceso de creación de la Fiscalía Especializada, la cual implicaba múltiples reuniones participativas para elaborar el marco normativo base para esta institución, incluyendo su Reglamento Interno. Así mismo el diseño y analisis de perfiles para los procesos de selección de su personal. En este sentido, se realizaron también varios  procesos de selección, tanto para los puestos de personas titulares, directoras o coordinadoras de la Fiscalía Especializada, como el personal que integraría la Dirección de Análisis y Contexto. Cabe señalar que para este último proceso se recibieron y se analizaron más de 1200 correos electrónicos con las aplicaciones correspondientes.

Finalmente, el 31 de agosto de 2017 concluyeron todos estos esfuerzos y oficialmente se creó la FEPD. Es importante señalar que aunque la consolidación de esta institución representó un avance trascendental y generaba muchas expectativas, a la vez que representaba un alto grado de cansancio y desgaste por todo lo invertido, también se tenía mucha consciencia de que su creación no solamente constituía un acto de buena voluntad y compromiso de las autoridades locales, al igual que formaba parte de las campañas politicas en el marco de la coyuntura electoral, y no sabíamos que pasaría después de las elecciones.

¿Y a más de dos años después de la creción de la FEPD, dónde estamos y qué retos hemos enfrentado a lo largo de este tiempo?

 De acuerdo con las respuestas obtenidas vía transparencia, el número de personas desaparecidas en Jalisco de enero de 2008 a junio de 2019, suma más de 9 mil personas. Lo cual muestra que en los últimos años en la entidad han incrementado considerablemente la cifra de personas desaparecidas. Conforme al analisis de datos que realizamos, registramos también que durante el año 2019 en Jalisco se denuncian como desaparecidas aproximadamente a 14 personas al día, de las cuales se logran encontrar  alrededor del 35%. Asimismo, ante esta grave magnitud de casos, en la entidad se cuenta solamente con 2 sentencias condenatorias en la materia.

Estas cifras evidencian una ausencia de procesos de búsqueda e investigación serios, exhaustivos y sobre todo eficaces, los cuáles, llenos de omisiones y deficiencias, sin duda contribuyen a la impunidad. Y también nos muestran que en Jalisco no existen las políticas integrales de prevención, y de hecho, al tema de la prevención en Jalisco nunca se la ha dado suficiente importancia ni a nivel normativo, ni en cuanto al desarrollo de políticas públicas. Siempre fue lo último en el listado de prioridades del gobierno local y constituía la función menos ejercida por parte de la Fiscalía Especializada.

Otro de los considerables desafíos para la FEPD es el tema de la coordinación y falta de claridad en cuanto a la distribución de funciones y competencias. Y aquí podemos hablar tanto de la coordinación interinstitucional entre la fiscalía, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (CBP), el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses o la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco, pero también de la coordinación entre las autoridades estatales y municipales.

Tal como mencioné anteriormente,  la FEPD se creó en agosto de 2017, es decir, casi tres meses antes de la aprobación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGD), y en su estructura se contempló crear dentro de la misma la Dirección de Investigación, la Dirección de Búsqueda (las dos divididas para garantizar la separación de los procesos de búsqueda e investigación), y también se creó la Dirección de Análisis y Contexto y la Coordinación de Atención Ciudadana (la cual por cierto, apenas recientemente, a 2 años después de la creación de la FEPD, se comenzó a consolidar).

Posteriormente, cuando la LGD entró en vigor, no se modificó la estructura ni las funciones de la FEPD. En abril de 2018 tras la creación de la CBP, se comenzó a contar en Jalisco con dos unidades especializadas en la búsqueda urgente e inmediata (la Dirección de Búsqueda de la FEPD y CBP), con funciones muy parecidas, las cuales básicamente compiten entre sí y generan una duplicidad de los esfuerzos.

En la coordinación entre las autoridades de nivel estatal, regional y municipal, tampoco se ha podido avanzar, pese a las múltiples quejas y exigencias de familiares de personas desaparecidas del interior del estado, quienes enfrentan una situación de completo abandono institucional. Ante esta tendencia de centralizar los esfuerzos para atender la problemática, se consideraba importante buscar una manera de descentralizar los procesos. En el Reglamento Interno de la FEPD se diseñó la creación de unidades especializadas encargadas de búsqueda e investigación en cada distrito judicial, y apenas este año se logró comenzar a asignar al Agente del Ministerio Público  para cada región del estado, con el personal médico y psicológico, quienes están adscritos de manera directa a la FEPD.

Y para este reto de coordinación, los procesos de creación de las leyes estatales en la materia constituyen una gran oportunidad para retomar y aterrizar las características particulares de cada entidad y sus propias instituciones creadas a nivel estatal y municipal, poder determinar de manera más precisa sus competencias, mecanismos de coordinación, así como garantizar un esquema más oportuno y adecuado para descentralizar y regionalizar los procesos de búsqueda e investigación.

Siguiendo el tema de la estructura y funciones de la FEPD, cabe puntualizar que esta fue la primera en el país en la materia, la cual contaba con la unidad de Análisis del Contexto, enfocado en las dinámicas delictivas de desaparición de personas. Sin embargo, a la fecha no se ha rendido ningún informe público de análisis sobre las causas, patrones o modus operdandi relativos a la problemática, y la mayoría de los esfuerzos de esta unidad se han concentrado en analizar los casos individuales con la perspectiva multidisciplinaria, lo cual es valioso, pero no necesariamente responde a los objetivos de analizar los fenomenos delictivos de forma más integral y abonar a que investigaciones de la FEPD no sean tan atomizadas, aisladas y desvinculadas de otros delitos y problemáticas.

Otro de los factores que influye sin duda al fracaso de la FEPD ha sido la constante falta de los recursos: humanos, materiales, logísticos y tecnológicos. En el primer año de su funcionamiento se le asignó a la FEPD, para todo el estado, 3 millones de pesos, el segundo año 17 millones y por fin este año hubo un gran cambio y se le destinó, públicamente por parte del Gobernador del Estado,  84 millones de pesos, convirtiendo a la institución en una de las fiscalías especializadas locales con más presupuesto en el país. No obstante, este incremento se quedó más a nivel del discurso público y no se reflejó en los cambios más tangibles, tales como el aumento del personal o mejora de las instalaciones. Y esta situación nuevamente evidenció que lo político es uno y la práctica es otra. Por lo que resulta de suma importancia buscar formas incluso a nivel de una legislación de crear mecanismos que ayuden a transparentar el uso de recursos y asegurarnos que el dinero que se asigna públicamente realmente se pueda utilizar de manera adecuada.

El siguiente aspecto y reto enorme que me gustaría señalar es el del personal, tanto en el sentido de su insuficiencia y sobrecarga para atender toda la cantidad de los casos del estado, como en cuanto a su poca preparación y capacitación, además de un sin número de malas prácticas y vicios institucionales que se han arrastrado por años dentro de la institución de la Fiscalía del estado. Y allí surgen varias reflexiones: ¿cuántas capacitaciones más se tendría que llevar a cabo para contar con un personal realmente profesionalizado, sensibilizado y capacitado?, y si ¿realmente se puede cambiar la manera de trabajar y la manera de pensar de personas quienes toda su vida laboral, por años, han sido omisas y negligentes, y esto sin consecuencia alguna?

Y finalmente, uno de los retos centrales y a su vez una enorme oportunidad, sobre todo en el momento de crear las leyes a nivel local, es tratar de buscar fórmulas para garantizar la dosis importante de autonomía real de las fiscalías especializadas. En Jalisco la ausencia de autonomía se reflejó, por ejemplo, en la falta de comprensión por parte del Fiscal General en cuanto a los objetivos de la Dirección de Análisis y Contexto, tratando de convertirla en una más unidad de inteligencia y deshacer en unos meses todos los esfuerzos que se dieron en años; u otro ejemplo, las instrucciones desde arriba de clasificar los casos de desaparición como delitos de secuestro para minimizar las estadísticas de desaparición.

Estos tres años desde el incio de proceso de creación de la FEPD han estado llenos de avances, pero también muy llenos de retrocesos. Aunque el tema de desaparición se volvió el tema número uno en el discurso del gobierno de Jalisco, los cambios no se reflejan en la realidad y el fondo del problema se mantiene. Se requiere mecanismos formalizados y eficaces de participación y de rendición de cuentas bajo los cuales se podría de manera objetiva y oficial medir y evaluar, con indicadores y con transparencia, cuáles son los avances y resultados reales. Sin embargo, parece que la rendición de cuentas es lo último que busca el Estado.

Esta situación encaja perfectamente en el modelo de funcionar en México para atender las problemáticas: se crea las leyes, las instituciones, pero después no se les da importancia, no se las dota de recursos adecuados y necesarios, y se olvida cuales han sido los objetivos reales para su creación, apostando a que simplemente no funcionen. Y esta apuesta a desgaste, a cansancio, la constante negociación de cada paso, los dobles discursos y altibajos que se presentan en el camino, toman demasiado tiempo, y ya no hay más tiempo para seguir y seguir dialogando. Se tienen que dar soluciones concretas, claras y resultados reales, sin depender de los intereses ni las voluntades polítcas. La obligación del estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar no es solo una obligación constitucional, legal, sino también constituye una obligación moral, inexcusable y vital para reconstruir el tejido social, el cuál a pesar de tantas iniciativas, medidas y tantas acciones, cada vez resulta más y más dañado.