Exigimos a la LXII Legislatura del Congreso de Jalisco que asigne presupuestos suficientes para una adecuada implementaci贸n de las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparici贸n

COMUNICADO CEPAD
Comunicado

Exigimos a la LXII Legislatura del Congreso de Jalisco que asigne presupuestos suficientes para una adecuada implementaci贸n de las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparici贸n

  • A los y las integrantes de la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco
  • A la Comisi贸n de Derechos Humanos y Pueblos Originarios
  • A la Comisi贸n de Seguridad y Justicia
  • A la Sociedad Jalisciense
  • A los Medios de Comunicaci贸n

Frente al incremento de graves violaciones a los derechos humanos que se cometen de manera generalizada en Jalisco, y al estado de impunidad en el que se mantienen, es de suma importancia que la LXII Legislatura Congreso del Estado de Jalisco dote a las instituciones p煤blicas estatales con los recursos econ贸micos suficientes y adecuados para atender la crisis de desaparici贸n de personas y la pr谩ctica de la tortura en la entidad, que permita que a las instituciones p煤blicas garantizar el pleno cumplimiento de los derechos a la verdad, acceso a la justicia y reparaci贸n integral a todas las v铆ctimas.

En Jalisco, de acuerdo con datos proporcionados por la unidad de transparencia de la Fiscal铆a del Estado de Jalisco, entre el 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2019 se contabilizan 9,080 personas desaparecidas, y a pesar de que el delito de desaparici贸n forzada se tipific贸 en el C贸digo Penal desde octubre de 2013, 煤nicamente se cuenta con tres sentencias condenatorias en la materia.

Aunado a esto, existen diferencias importantes entre el presupuesto que Enrique Alfaro Ram铆rez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, anunci贸 el 7 de octubre de 2019 en el marco de la presentaci贸n de la segunda etapa de la Estrategia Integral para la Atenci贸n a V铆ctimas de Desaparici贸n y el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, presentado al Congreso local el pasado 1 de noviembre. A la Fiscal铆a Especial en Personas Desaparecidas prometi贸 que ser铆an asignados $121,000,000, pero en el proyecto de presupuesto aparecen $93,384,905.00, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se comprometi贸 dotar con $250,300,00.00 y en el presupuesto se asign贸 $247,043,800.00 y a la Comisi贸n Estatal de B煤squeda de Personas prometi贸 $ 35,300,00.00, pero en el Proyecto fueron asignados $24, 220,661.00, incluso dicho monto es menor al presupuesto asignado en 2019, lo que resulta violatorio al principio de progresividad y no regresi贸n de los derechos humanos consagrado en el art铆culo 1 de la Constituci贸n Pol铆tica de nuestro pa铆s.

Considerando lo anterior, es necesario que a cada instituci贸n p煤blica se asignen los recursos suficientes a fin de que los procesos de b煤squeda, investigaci贸n, atenci贸n a v铆ctimas e identificaci贸n forense, tengan una capacidad real de responder a la problem谩tica de desaparici贸n de personas en Jalisco, de manera seria y eficaz, garantizando a su vez el compromiso p煤blico del gobernador Enrique Alfaro Ram铆rez, respecto a los recursos dedicados a este tema y que realmente se materialicen las partidas presupuestarias correspondientes que respondan a la gravedad del contexto.

Asimismo, resulta fundamental asignar el presupuesto necesario a fin de que las iniciativas de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, de la Ley de Atenci贸n a V铆ctimas del Estado de Jalisco y de la Ley para la Declaraci贸n Especial de Ausencia por Desaparici贸n de Personas del Estado de Jalisco, mismas que fueron enviadas por el Ejecutivo al Congreso de Jalisco el pasado 9 de octubre para su dictaminaci贸n, puedan ser debidamente implementadas y aplicadas tras su aprobaci贸n, y que la ausencia de recursos no sea nuevamente una excusa para no revertir la impunidad y el abandono institucional que viven miles de familiares de personas desaparecidas en Jalisco.

Por lo que respecta al tema de tortura, la delicada situaci贸n se puede constatar en el n煤mero de quejas presentadas ante la Comisi贸n Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, misma que en el periodo comprendido de 1997 al 30 de septiembre de 2019 recibi贸 un total de 1530 quejas, de las que se desprenden m谩s de dos mil v铆ctimas de esta grave violaci贸n de derechos humanos, sin contar a  familias, quienes tambi茅n sufrieron los impactos.

La situaci贸n en torno a la pr谩ctica de la tortura se agrava si se considera que, desde 1993, fecha en que se cre贸 el primer marco legal que proh铆be la pr谩ctica de la tortura en Jalisco, no se ha dictado ninguna sentencia por este delito, por lo que hablamos de un 100% de impunidad.

En este sentido, resulta indispensable contar con instituciones que respondan a la gravedad de la situaci贸n de la tortura en Jalisco, lo cual no suceder谩 si las instituciones encargadas de la investigaci贸n de este delito, como lo es la Unidad Especializada en Investigaci贸n del Delito de Tortura, la instituci贸n encargada de realizar los peritajes, la Unidad Interdisciplinaria Especializada en Dictaminaci贸n de Casos de Tortura del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no cuentan con los recursos econ贸micos, humanos y materiales suficientes.

Adem谩s, es importante recordarle a las y los legisladores la obligaci贸n que tienen de implementar adecuadamente la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la cual deber谩 traducirse en la dotaci贸n de presupuestos adecuados y suficientes.

Por lo anterior, dada la magnitud y gravedad de desaparici贸n de personas y la pr谩ctica de tortura en Jalisco, y en respuesta a las obligaciones constitucionales que en su calidad de representantes populares deben acatar las y los diputados, en virtud del art铆culo 1掳 y los instrumentos estatales, nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, le exigimos a la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco:

  • Que se doten recursos suficientes y adecuados para la correcta implementaci贸n de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, Ley General en Materia de Desaparici贸n Forzada de Personas, Desaparici贸n Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de B煤squeda de Personas, Ley General de V铆ctimas, as铆 como de las tres iniciativas de ley que actualmente se encuentran bajo el proceso de deliberaci贸n y consulta en el Congreso: Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco,  Ley de Atenci贸n a V铆ctimas del Estado de Jalisco y  Ley para la Declaraci贸n Especial de Ausencia por Desaparici贸n de Personas del Estado de Jalisco.
  • Se asignen las partidas presupuestales que contemplen los recursos suficientes y necesarios para la adecuada consolidaci贸n y operaci贸n de todas las instituciones encargadas de los procesos de b煤squeda, investigaci贸n de casos, atenci贸n a v铆ctimas e identificaci贸n forense, como son a la Fiscal铆a Especial en Personas Desaparecidas, la Comisi贸n de B煤squeda de Personas del Estado de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la Comisi贸n Ejecutiva Estatal de Atenci贸n a V铆ctimas Jalisco.
  • Se asignen las partidas presupuestales que contemplen los recursos suficientes para la adecuada creaci贸n, implementaci贸n y operaci贸n de la Fiscal铆a Especializada para la investigaci贸n de casos de Tortura, que permita atender e investigar de manera pronta, objetiva e imparcial los casos denunciados antes y posterior a su creaci贸n, as铆 como de la Unidad Interdisciplinaria Especializada en Dictaminaci贸n de Casos de Tortura del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisi贸n Ejecutiva Estatal de Atenci贸n a V铆ctimas Jalisco, a fin de que sea posible llevar a cabo los peritajes necesarios para la investigaci贸n de dicho delito y la atenci贸n y reparaci贸n integral de las v铆ctimas y sobrevivientes de tortura y tratos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
  • Que se genere un mecanismo p煤blico que tenga el objetivo de transparentar el uso de recursos destinados a atender la problem谩tica de graves violaciones a los derechos humanos en Jalisco, contribuyendo a garantizar el principio de participaci贸n conjunta y rendici贸n de cuentas.
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