Por Anna Karolina Chimiak

Buenas tardes a todas y todos

Por parte del CEPAD reconocemos la iniciativa de este espacio de diálogo, y el camino de buscar la verdad y la justicia de las personas sobrevivientes del colectivo Somos 4, 5 y 6. Reconocemos también con mucha admiración la lucha incansable y enormes esfuerzos de miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos en Jalisco.

CEPAD somos una organización de la sociedad civil autónoma, independiente y profesional que se dedica a la defensa integral y promoción de los derechos humanos en Jalisco y específicamente damos seguimiento a la problemática de dos graves violaciones a los derechos humanos que son la tortura y la desaparición de personas, temas en los que me concentraré en este discurso, ya que además, estas dos violaciones forman parte de los lamentables hechos ocurridos los días 4, 5, y 6 de junio y que han dado pie este evento.

Es importante señalar que la tortura y desaparición forzada sucedidas a prinicipios de junio se dieron en el contexto de varios antecedentes de violaciones a los derechos humanos y abusos policíacos cometidos en el marco de la pandemia por el COVID 19, incluyendo el acto de detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de Giovanni López. Sin embargo, todos estos hechos no son aislados ya que corresponden a un marco estructural y social que favorece la comisión de graves violaciones de manera generalizada por parte de las autoridades de los tres niveles, mismas que son normalizadas o incluso se dan en un contexto de estigma o criminalización de las mismas víctimas. Además, ante la magnitud de las violaciones, el Estado no ha aceptado ni reconocido plenamente su responsabilidad de generar condiciones mínimas para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales a la vida, integridad personal o libertad de la sociedad jalisciense.

La tortura en Jalisco sin duda constituye una práctica generalizada y se comete principalmente por las autoridades de las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia. De acuerdo con el análisis de World Justice Project sobre los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la comisión de actos de tortura en la etapa de la detención y la estancia en la Agencia del Ministerio Público. Además, conforme a los datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), del 2000 al 31 de julio de 2020 se han presentado 1580 quejas por tortura de las que se desprenden miles de víctimas.

 A pesar de este grave contexto, la práctica de la tortura ha sido invisibilizada, socialmente tolerada y negada por parte de las autoridades, colocando a las personas sobrevivientes y sus familias en una situación de completa desprotección ya que no existen políticas públicas orientadas hacia la atención, investigación, prevención y erradicación de la problemática, y esto aleja aún más a las víctimas de la posibilidad de acceder a la verdad, a la justicia, y más a ser reparadas de manera integral. 

En cuanto a la desaparición de personas, de las 74 mil 835 personas desaparecidas en el país, 10 mil 248 corresponden a Jalisco, lo que implica que en nuestro estado han desaparecido casi 14 por ciento de todas las personas desaparecidas a nivel nacional, escenario que evidencia que en la entidad esta práctica al igual que tortura se comete de manera generalizada y que existen circunstancias sistemáticas que favorecen la comisión de ambas violaciones, sobre todo que las mismas se dan en el escenario de plena impunidad. Para los casos de tortura, la impunidad es absoluta, ya que no existe ninguna sentencia condenatoria por este delito, mientras que para los casos de desaparición forzada y cometida por particulares, existen únicamente cuatro sentencias condenatorias en el estado. 

Ante este escenario,  tal como fue señalado en la conferencia magistral por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, una de las principales medidas de prevención es la erradicación de la impunidad. Sin duda alguna, ante la comisión de los delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, debe haber una investigación seria, exhaustiva y eficaz que implique identificar y sancionar a todas las personas responsables por los hechos, incluyendo la responsabilidad de las personas con los más altos cargos de las cadenas de mando de las instituciones públicas responsables, al igual que se debe sancionar a los autores directos y a los autores intelectuales. Además, se debe garantizar la responsabilidad penal y administrativa de todas y todos funcionarios públicos por los actos de omisión, maltrato y negligencias en las investigaciones.

Revertir la impunidad implica también el reconocimiento real de la comisión de las graves violaciones a los derechos humanos, su nombramiento y clasificación adecuada: no lesiones o abuso de autoridad en el caso de tortura, y no privación ilegal de la libertad o personas no localizadas, extraviadas o ausencias voluntarias en el caso de desaparición forzada, por mencionar unos ejemplos.

Una de las principales exigencias desde el CEPAD a lo largo de los últimos años ha sido la implementación y aplicación seria y adecuada de las leyes generales en materia de tortura y desaparición de personas en Jalisco, ambas publicadas en el año 2017, puesto que a la fecha se han presentado múltiples deficiencias en su implementación a nivel local, y ni siquiera estas leyes se han armonizado con los marcos normativos estatales. La implementación correcta de ambas leyes generales requiere recursos económicos, de personal o materiales suficientes destinados a las instituciones encargadas, así como claridad en cuanto a la distribución de funciones y competencias y el establecimiento de adecuados procesos de coordinación interinstitucional y articulación para garantizar la investigación y atención de manera integral. 

Cabe señalar que para los casos de tortura, a la fecha no se ha creado la Fiscalía Especializada para investigar los delitos de tortura, esto a pesar de la obligación de su instalación establecida en la Ley General. Conforme a esta ley, la Fiscalía Especializada debe contar con autonomía económica, orgánica y material; sin embargo, en Jalisco existe solamente una Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura que depende tanto económica como estructuralmente de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, la cual responde directamente al Fiscal del Estado de Jalisco, lo que imposibilita garantizar la independencia y ausencia de indebidas influencias para las investigaciones de delitos cometidos por servidores públicos/as.

En cuanto a la investigación de los delitos en materia de desaparición de personas, desde hace tres años, el 31 de agosto de 2017, se creó la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas como resultado de continuos esfuerzos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles. En ese momento su creación constituyó un avance histórico; sin embargo, actualmente, el desempeño de esta Fiscalía representa graves retrocesos y demuestra que no se han logrado erradicar las malas prácticas que obstaculizan el acceso a la verdad y a la justicia. La institución es poco accesible, no hay debida diligencia en las investigaciones, continúan las prácticas de dilación de la búsqueda e investigación, no existe una colaboración adecuada con la Comisión de Búsqueda de Personas o incluso, de nuevo, a tres años de su creación, se niega la expedición de copias de las indagatorias.

Para la investigación de ambas violaciones es indispensable cambiar los modelos de investigación de carácter especializado y se requiere atender el gran desafío de garantizar la capacitación integral, con un enfoque práctico y proceso de seguimiento del personal, al igual que erradicar los vicios institucionales que se han mantenido por años en la Fiscalía. La formación real en derechos humanos, graves violaciones y perspectiva de género es fundamental para todas las autoridades involucradas en la implementación de las leyes generales, sin excepción alguna, incluyendo a representantes del Poder Judicial y el Poder Legislativo ante su gran desconocimiento en materia de tortura y desaparición de personas en Jalisco.  

Por otro lado, para las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos se requiere realizar un análisis multidisciplinario de las causas, estructuras y los factores que propician su comisión, así como los patrones bajo los cuales se realizan. En este sentido, el análisis de contexto constituye una herramienta muy poderosa e indispensable para las investigaciones exhaustivas y podría servir para atacar las estructuras de macrocriminalidad que se han desarrollado en el estado. Asimismo, constituye una importante herramienta para la generación de políticas y programas integrales de prevención del delito.

Finalmente, se necesitan mecanismos transparentes y participativos de rendición de cuentas, a partir de espacios creados para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, como el Consejo Ciudadano en materia desaparición, así como la generación de diagnósticos reales y públicos de las instituciones, y los esquemas de indicadores de desempeño para la evaluación periódica del personal encargado. Además, es importante recordar que las autoridades correspondientes deben garantizar las condiciones adecuadas para el cumplimiento del derechos a la información y participación en el desarrollo de los procesos de investigación y de búsqueda. 

Este espacio de diálogo constituye un paso importante para la construcción de las bases a fin de generar los cambios estructurales y abonar a la no repetición. Sin embargo, consideramos que las acciones concretas que realice el Gobierno del Estado de Jalisco a partir de este Foro y los resultados en cuanto al acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral para miles de  víctimas de violaciones a los derechos humanos en Jalisco, serán las que demuestren si este ha sido un espacio de escucha real que recoja las necesidades y retos del contexto, que se garantice la mencionada “transformación de fondo”, y esto evidenciará si efectivamente este espacio constituye un verdadero y duradero compromiso gubernamental con las personas sobrevivientes, con las víctimas, así como con la sociedad jalisciense en conjunto.