Ante el alto número de violencia y actuar del crimen organizado en Jalisco, las niñas, niños y adolescentes representan uno de los grupos más afectados. Esta situación se agrava más ante las ineficientes acciones institucionales para dar respuesta a la problemática y garantizar sus derechos, al igual que para mitigar las afectaciones psicológicas en las y los menores de edad. En el marco del 30 abril queremos reiterar lo importante que es asegurar infancias libres de violencia

En cuanto a la problemática de la tortura, entre enero de 2006 y el 31 de julio de 2020, 56 personas menores de edad han sido víctimas de tortura, según las quejas por tortura presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). Sin embargo, resulta importante destacar que de un total de 1428 víctimas que se desprenden de las quejas por tortura presentadas en ese periodo de tiempo, del 60% se dezconoce la edad, por lo cual preocupa que entre este porcentaje se encuentren niñas y niños, aunado a que estas cifras sólo representa a las personas que fueron a dicha instancia a interponer este recurso, por lo que sin duda, la problemática puede ser aún mayor.

Al respecto es importante señalar también que no hay información estadística que permita visibilizar la situación de violencia que viven niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado y supervisión de instituciones cerradas y propensas a que se comentan actos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como son los centros de detención o alojamiento para personas migrantes, casas hogar, guarderías, centros para tratamientos de adicciones, centros de internamiento psiquiátrico o albergues, esto de acuerdo con el panorama estadístico publicado por la UNICEF en 2019. Lo que muestra la invisibilización de la problemática y reduce la posibilidad de crear políticas públicas que contribuyan a garantizar los derechos de la niñez y adolescentes. 

Lo anterior se ve reflejado en la falta de programas encaminados a prevenir la comisión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a niñas, niños y adolescentes, así como en la falta programas, políticas y personal especializado dentro de las instituciones encargadas de investigación y brindar atención y reparar los daños a las víctimas de tortura.

Por otra parte, en cuanto a la desaparición de personas de menores de edad, cabe destacar que Jalisco destaca como uno de los estados con más desapariciones de niños, niñas y adolescentes. En la entidad se reportan 1,007 personas menores de edad desaparecidas entre 0 a 17 años de edad , de las cuales 567 son hombres y 440 son mujeres, de acuerdo con Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Estas cifras, que si bien no llegan a representar la realidad de la problemática, evidencian que durante los últimos años, en Jalisco las graves violaciones a derechos humanos han impactado de manera grave a las y los menores de edad y les coloca en una situación de extrema vulnerabilidad. Asimismo, es importante señalar que la desaparición de las y los menores de edad podría relacionarse con dinámicas delictivas de trata de personas; no obstante, resulta preocupante  que las acciones institucionales han sido insuficientes para dar respuesta a esta problemática y no responden al grado de vulnerabilidad de las niñas y niños. A lo largo de años se han observado  en Jalisco las deficiencias en la implementación del Programa Nacional de Alerta Amber y eficiencias en la coordinación interinstitucional para la búsqueda de menores de edad.

Ante esto,  es relevante reconocer que tanto la reciente aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco, como la la aprobación del Protocolo adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes por el Sistema Nacional de Búsqueda, en el pasado mes de abril, representan una oportunidad para atender las necesidades y los contextos de desaparición de niñas y niños, al igual que ayude a atender sus necesidades y contribuir a que sus derechos, incluida la seguridad y desarrollo integral, sean garantizados, y resulta fundamental su efectiva implementación y aplicación.

Asimismo, es importante señalar que las violencias en todos los aspectos sociales, además de violar los derechos de la niñez y adolescentes,  agudiza el impacto psicosocial a las y los mismos. Lo anterior, ya que resulta común que después de una experiencia traumática las niñas y niños vivan con miedo reaccionando con alerta y prevención ante cualquier situación percibiendo esta  como una amenaza. 

Considerando lo antes señalado es importante que se reconozcan y atiendan los impactos que generan en niños, niñas y adolescentes a raíz del contexto de violencia y graves violaciones a los derechos humanos, que se aseguren todas las medidas necesarias para garantizar la protección de sus derechos, y que se responda de manera integral y eficaz a sus necesidades específicas y afectaciones particulares. Es vital reforzar mecanismos y herramientas específicas de búsqueda de las y los menores de edad, incluyendo la Alerta Amber, tomando en cuenta el enfoque diferenciado y utilizando la herramienta de análisis de contexto para determinar las dinámicas delictivas de desaparición y las zonas o localidades con el mayor índice de desapariciones en relación con las y los menores de edad.

Para esto se requiere también que las autoridades de Jalisco emprendan mayores esfuerzos en la adopción de políticas integrales de prevención encaminadas a evitar situaciones que expongan a niñas, niños y adolescentes a ser víctimas de graves violaciones a derechos humanos, incorporando el interés superior de la niñez, y considerando los fenómenos criminales, violencia intrafamiliar, así como la situación de extrema pobreza y desigualdades sociales. 

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C