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INFORME

Discurso presentado durante la Mesa de Diálogo Participativo en torno a la Ley del Estado de Jalisco sobre Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas Cometida por Particulares

Anna Karolina Chimiak

Frente al contexto de las desapariciones cometidas de manera generalizada, con la cifra oficial de más de 7 mil personas desaparecidas en la entidad, se requiere tomar medidas específicas, incluyendo medidas legislativas, para atender de manera adecuada la gravedad y magnitud de la problemática. La urgente armonización del marco normativo estatal y, en concreto, la aprobación de la legislación en materia de desaparición en Jalisco, ha sido una de las exigencias realizadas desde el Cepad a partir de la entrada en vigor de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Si bien se reconoce el esfuerzo de esta Legislatura de dar seguimiento al tema, a nivel del Congreso local es una respuesta muy tardada, considerando que de acuerdo con el transitorio noveno de la misma Ley General, la emisión y, en su caso, la armonización de la legislación estatal se debía de realizar dentro de los 180 días siguientes a la fecha de su entrada en vigor, término que venció el 15 de julio del año pasado.

Aunado a la importancia de realizar un proceso de consulta real, amplia, pública, transparente y en los tiempos adecuados para familiares de personas desaparecidas, nos preocupa el mismo contenido de la propuesta legislativa del Dictamen de la Ley del Estado de Jalisco sobre Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas Cometidas por Particulares. Tal como señalamos en ocasiones anteriores mediante comunicados, cartas dirigidas al Congreso local y entrevistas realizadas con los medios de comunicación, su contenido evidencia una profunda ignorancia y falta de comprensión de los objetivos de la Ley General en materia de desaparición y los estándares internacionales en la materia. La iniciativa es sumamente incompleta y deficiente, y en vez de abonar a atender la gravedad y magnitud de la problemática de las desapariciones en Jalisco, genera múltiples agravaciones.

Como uno de los puntos principales, consideramos muy grave que la propuesta de ley presenta un profundo desconocimiento de la situación de las desapariciones en la entidad, y no respeta los procesos de participación ni avances que los colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil han logrado en la materia a nivel estatal en los últimos tres años: Particularmente me refiero a la creación de la Fiscalía Especializada (ahora Especial) en Personas Desaparecidas, la elaboración de su Reglamento Interno, los procesos participativos de selección de la persona titular de la misma, los procesos de seguimiento y de selección de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y, finalmente, la creación de la Comisión Interinstitucional de seguimiento a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.

Lo anterior demuestra que no sólo no se ha consultado a familiares de personas desaparecidas al respecto, sino tampoco se ha realizado un diagnóstico real y exhaustivo de la situación de las desapariciones y su seguimiento en el estado. Es de suma importancia dar continuidad a las instituciones creadas y acciones realizadas en la materia y otorgar el reconocimiento a la participación de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil en estos procesos.

Lo que es aún más alarmante, el mismo dictamen olvida regular en su totalidad la estructura y las funciones de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecida. No considerar dentro de la propuesta estatal en materia de desaparición la estructura y atribuciones de la institución principal encargada de investigar y perseguir los delitos de desaparición, resulta sumamente grave, omiso e ignorante.

En la misma línea, en la propuesta no se contemplan las competencias claras y los mecanismos previstos para garantizar una coordinación eficaz entre todas las instancias responsables de los procesos de búsqueda, investigación e identificación de personas. Consideramos muy importante generar dentro de la ley estatal una clara distribución de competencias a fin de su adecuada coordinación, incluyendo las funciones de las autoridades municipales.

Y, precisamente en este contexto de falta de una adecuada y clara distribución de las funciones en la materia, una de las principales preocupaciones que detectamos al analizar la propuesta de ley se relaciona con la operación del Registro Estatal de Personas Fallecidas y el Banco Estatal de Datos Forenses, como ejemplo. De acuerdo con los artículos 23 al 27 de la iniciativa, la Fiscalía General (actualmente Fiscalía del Estado) estaría a cargo de dichos registros, y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sería responsable de su creación y actualización.

Esto resulta muy grave frente al incremento de violencia, el preocupante aumento gradual del número de personas desaparecidas y la crisis forense que predomina en el estado. Dicha situación sin duda alguna favorece la impunidad y facilita el posible deslinde de las responsabilidades de estas dos instituciones, lo que lamentablemente presenciamos en relación al hallazgo de las cajas de refrigeración de los tráileres con cuerpos de personas fallecidas no identificadas y su resguardo de manera cruel, inhumano y degradante, la irregular donación de cuerpos sin identificar a las universidades y la práctica de incineración de más de 1500 cuerpos en el estado, situación sobre la cual publicamos y presentamos un informe a principios de este año, a fin que se detonen procesos de verdad y justicia, incluyendo las instancias internacionales.

Aunado a esto, vemos de suma relevancia establecer las funciones claras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses relativas, precisamente, a los procesos de identificación, resguardo, notificación y entrega de los cuerpos y restos humanos, así como realizar las modificaciones correspondientes a su Ley Orgánica y su Reglamento.

Finalmente, en el documento de las observaciones a la propuesta de la ley, elaborado y entregado por el Cepad y el Colectivo Por Amor a Ellxs a la Legislatura pasada el día 23 de octubre de 2018, el cual también entregamos el día de hoy al presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso del Estado, Jorge González Arana, señalamos también otros aspectos de la ley, los cuales resultan técnicamente deficientes, sumamente incompletos y, por tanto, pudieran agravar la crisis de desapariciones en la entidad, así como la crisis forense.

Entre algunos de estos aspectos se encuentran los siguientes:

  1. El Dictamen no contempla las cuestiones relacionadas con la prevención y garantías de no repetición relativas a los delitos de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados establecidos en la Ley General en materia de desaparición. Sugerimos que se agregue un capítulo que establezca los aspectos correspondientes, considerando la Ley General y otras disposiciones aplicables, así como las características del contexto del estado de Jalisco.

  2. No se aborda de manera adecuada y suficiente la figura jurídica de la declaración especial de ausencia por desaparición.

  3. Se omite reconocer los derechos de víctimas, en particular, los derechos de acceso y participación en las investigaciones y diligencias, así como los derechos de obtener las medidas de ayuda y asistencia integral, al acompañamiento psicosocial, los derechos a la protección o el derecho a la reparación integral del daño, entre otros.

  4. La Ley carece de perspectiva de género y de un enfoque diferenciado. Sugerimos adecuar la propuesta y, en particular, considerar el interés superior de la niñez y la situación de vulnerabilidad y exposición de riesgo en la cual se encuentran las mujeres, comunidades indígenas, así como las personas migrantes en el estado de Jalisco.

    En la misma linea, cabe señalar que la legislación tampoco contempla los mecanismos e instrumentos existentes en materia de búsqueda y localización de las mujeres, niñas y niños desaparecidos, tales como el Protocolo Alba y la Alerta Amber.

  5. Vemos de suma relevancia incorporar en este Dictamen un capítulo que trate de responsabilidades administrativas y sanciones correspondientes para servidores públicos que incumplan injustificadamente con alguna de las obligaciones previstas.

Cabe señalar que las observaciones anteriormente mencionadas constituyen solamente una parte del documento de más de 50 cuartillas entregado al Congreso local, del cual lamentablemente nunca hemos obtenido ninguna respuesta.

Recapitulando lo mencionado hasta ahora, tanto el proceso de creación de la propuesta de ley como su contenido, presentan graves omisiones y deficiencias. Frente a la alarmante cantidad de las observaciones críticas hacia la iniciativa, el evento de la mesa de diálogo participativo se podría considerar como un especie de avance de esta Legislatura para subsanar lo señalado. Sin embargo, tal como se mencionó, preocupa la metodología del evento y la tardanza en convocar a este espacio. Esto no solamente por el ya comentado incumplimiento de la obligación del Congreso de legislar en la materia en 180 días a partir de la entrada en vigor de la Ley General en materia de Desaparición, sino también considerando que el acuerdo legislativo en el cual se decidió e instruyó a realizar “a la brevedad posible” “una consulta amplia” fue aprobado el día 12 de diciembre del año pasado1 y, hasta 4 meses después se logró concretar una primera reunión de dialogo.

Asimismo, se espera y a la vez se exige, que tal como señala el mismo acuerdo legislativo, el proceso de consulta sea “llevado a cabo a través de las mesas de trabajo, foros y diálogos”2, y no se limite solamente al evento del día de hoy con tan limitada participación de las víctimas. Es importante que se tome en cuenta los tiempos, maneras y modos de trabajar de familiares de personas desaparecidas y la sociedad civil en conjunto y realizar la cantidad de mesas de trabajo que sean suficientes y necesarias, que haya un diálogo abierto y con sensibilización y análisis técnico, y no llevar a cabo un proceso acelerado, con premura, en el cual se prioricen los intereses y negociaciones políticas.

De igual modo, consideramos importante que se realice un diagnóstico exhaustivo y que se lleve a cabo un análisis real de las instituciones existentes que dan seguimiento a los procesos de búsqueda, investigación e identificación de personas, a fin de dar a conocer los avances existentes en la materia a nivel local, reconociendo sus alcances y que los mismos sean retomados de manera adecuada en el contenido de la iniciativa de la ley.

Finalmente, nuevamente cabe reiterar la gran importancia de realizar un proceso amplio, participativo, transparente y público de consulta con familiares de personas desaparecidas, personas expertas y las organizaciones de la sociedad civil, garantizando de esta manera el principio de participación conjunta consagrado en el artículo 5 de la Ley General en materia de Desaparición, el cual rige su interpretación, aplicación e implementación. Como se ha dicho, vemos clave socializar la propuesta con un público mucho más amplio y generar las reuniones con familiares de personas desaparecidas en todas las regiones del estado de Jalisco a fin de establecer los mecanismos adecuados para recibir y atender sus observaciones y conocer las particularidades de los contextos regionales. Exigimos que las y los diputados se abstengan de aprobar el Dictamen de la ley estatal sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares sin antes abrir los espacios de consulta real y garantizar la participación conjunta de las y los familiares de personas desaparecidas de todas las regiones del estado de Jalisco, las organizaciones locales de derechos humanos y con la supervisión y observancia de los organismos internacionales.

Una ley estatal en materia de desaparición sin legitimidad, aprobada bajo un proceso de simulación y presión política, sin realmente reflejar las necesidades de las víctimas, en ningún momento contribuye a garantizar los derechos a la verdad, justicia y la reparación integral, principales exigencias de familiares de personas desaparecidas, las cuales deben ser atendidas de manera integral en esta legislación y deben de constituir sus objetivos principales.

1 Congreso del Estado de Jalisco. Acuerdo Legislativo AL-58-LXII-18 del 12 de diciembre de 2018.

2 Ibidem.

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Comunicado Personas Desaparecidas

Exigimos a la LXI Legislatura de Jalisco se abstenga de aprobar la Ley de Desaparición hasta consultar con familiares, organizaciones y personas expertas.

COMUNICADO

 

  • A los y las integrantes de la LXI legislatura del Congreso del Estado de Jalisco
  • A los y las integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del Estado de Jalisco
  • A la Sociedad Jalisciense
  • A los Medios de Comunicación
    PRESENTE:

El pasado 16 de octubre, la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del Estado de Jalisco, aprobó el Dictamen de la Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por particulares del Estado de Jalisco, el cual fue sometido a la primera lectura del Pleno al día siguiente.

De acuerdo con el transitorio noveno de la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, las entidades federativas deberían emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha de la entrada en vigor de la Ley General, término que venció el 15 de julio del presente año. El incumplimiento de dicha obligación por parte del Congreso del Estado evidenció su indiferencia e indolencia respecto a la gravedad de las desapariciones de personas a lo largo y ancho del territorio de Jalisco.

Frente a este contexto, los colectivos de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, nos preocupa que las y los diputados de la LXI legislatura quieran aprobar un Dictamen en el que evidencian una profunda ignorancia y una falta de comprensión de los objetivos de la Ley General y los estándares internacionales en la materia. Durante el proceso de elaboración de dicho Dictamen no se ha consultado de manera adecuada y transparente a familiares que sufren la desaparición de un ser querido en Jalisco ni a las organizaciones de la sociedad civil, contraviniendo de esa manera los principios fundamentales de transparencia, máxima publicidad y participación conjunta.

Consideramos inaudito que no se hayan respetado los procesos y avances de participación para la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Comisión local de Búsqueda de Personas y la Comisión Interinstitucional que colectivos y organizaciones han realizado en los últimos dos años. La constante indolencia de las autoridades estatales frente a la problemática de graves violaciones a los derechos humanos que aqueja nuestra entidad revela su desinterés por buscar medidas legislativas y presupuestales para garantizar los derechos de familiares de personas desaparecidas al acceso de justicia y a la verdad, y el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas.

De antemano rechazamos la aprobación de una Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por particulares del Estado de Jalisco, sin la participación de las y los familiares, las organizaciones de derechos humanos y los organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México, quien durante estos últimos años ha sido observadora y ha participado en los procesos de justicia y verdad en Jalisco.

Por lo anterior, le exigimos a las y los diputados de la LXI legislatura del Congreso del Estado de Jalisco:

Primero.- Que se abstengan de aprobar la Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por particulares del Estado de Jalisco, hasta en tanto no se abran los espacios con familiares, organizaciones y personas expertas en el tema para una consulta amplia y pública que garantice la participación conjunta.

Segundo.- Que prioricen la socialización de la iniciativa legislativa con familiares de personas desaparecidas en todas las regiones de Jalisco, para que conozcan la propuesta y puedan realizar sus observaciones junto a especialistas con la finalidad de alcanzar los objetivos de la Ley General y los mayores estándares internacionales en la materia.

Tercero.- Que atiendan todas las observaciones realizadas por los colectivos de familiares de personas desaparecidas, de las organizaciones de la sociedad civil, de las personas expertas en el tema y de los organismos internacionales de derechos humanos a la iniciativa de Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por particulares del Estado de Jalisco.

Guadalajara, Jalisco a 23 de octubre de 2018.

Por Amor a Ellxs.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD.
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco, Cladem.
Red de Enlaces Nacionales.
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Fundem Región Centro.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan De Larios A.C.
Sabuesos Guerreras A.C.
Colectivo – BCS “SinEllosNO” A.C. (Baja California Sur)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.
Uniendo Cristales A.C.
Idheas, A.C. Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.
Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros.
Las Rastreadoras por la Paz de Sinaloa (Sinaloa).
Una luz de Esperanza, Rastreadores del Sur de Sinaloa (Sinaloa).
Mujeres de Michoacán A.C. (Michoacán).
Voces Unidas por la Vida.
Colectivo Familias Unidas en Busca de una Esperanza (Zacatecas, Zac).
Familiares en Búsqueda María Herrera A.C.
Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, (COFADDEM) “Alzando Voces”
Colectivo Independiente Culiacán, María Herrera
Padres y Madres de Hijos Desaparecidos Culiacán A.C.
Colectivo Familiares Enlaces Xalapa (Xalapa, Ver.)
Colectivo Familias Unidas por Nayarit, CoFaUnNay (Nayarit)
Colectivo Corazones Perdidos Xalapa (Xalapa, Ver.)
Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos
Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos A.C. (Mazatlán, Sin)
Desaparecidos Justicia A.C. (Querétaro)
Familias Unidas en Busca de una Esperanza Zacatecas.
Familiares en Búsqueda María Herrera Xalapa.
La Alameda Morelos.
Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa, años 70’s.
Búsqueda de familiares Regresando a casa Morelos A.C.
Colectivo Independiente de Rastreadores de Culiacán, María Herrera.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos En Nuevo León.
Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Chilpo, Gro. y el País.

Guadalupe Valenzuela Palazuelos.
Marcedalia Reyes Gutiérrez.
Laura Curiel.
Susana Guadalupe Ayála B.
Juan Jesús González Tenorio.
Martha Alicia Camacho Loaiza.
Isela Ramírez Jiménez
Ana Isabel Castañeda López.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de  Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

 

 

 

Comunicado – recibido y sellado por diputados de la LXI Legislatura de Jalisco 23 Octubre de 2018