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Comunicado

Exigimos a la LXII Legislatura del Estado de Jalisco que asigne presupuestos suficientes para una adecuada implementación de las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición y que garantice el principio de participación conjunta.

 

  • A los y las integrantes de la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco
  • A la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos
  • A la Comisión de Seguridad y Justicia
  • A la Sociedad Jalisciense
  • A los Medios de Comunicación

Frente a la terrible crisis en materia de derechos humanos que sufre la población del estado de Jalisco, misma que ha trascendido a nivel nacional e internacional en los últimos años por las graves violaciones catalogadas de lesa humanidad cometidas de manera generalizada y sistemática, como son la tortura y la desaparición forzada, y recientemente la crisis forense, expresamos una vez más nuestra preocupación por las acciones y omisiones de las autoridades estatales en un contexto de indolencia e impunidad.

Según datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, del 1 de enero de 2008 al 30 de septiembre de 2018, se ha reportado la desaparición de 25,672 personas de las cuales 6,850 no se han localizado. Es importante señalar que fue hasta el 2013 que el delito de desaparición forzada fue tipificado en el estado, sin embargo, a través de solicitudes de información pública, la Fiscalía General señala que no ha iniciado ninguna investigación por este delito y, por lo tanto, tampoco se ha emitido alguna sentencia. Es decir, el 100% de los casos permanecen impunes.

Por lo que respecta al tema de tortura, la delicada situación se puede constatar en el número de quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, misma que en el periodo comprendido del 2000 a mayo de 2018 inicio un total de 1,470 quejas, de las que se desprenden cerca de 2,000 víctimas de esta grave violación de derechos humanos, sin contar a sus familias, quienes también sufrieron los impactos de la comisión de este crimen. Sin embargo, desde 1993, fecha en que se creó el primer marco legal que prohíbe la práctica de la tortura en nuestro estado, no se ha dictado ninguna sentencia por tortura.

Las graves violaciones a derechos humanos cometidas en Jalisco se encuadran en un contexto de violencia generalizada en nuestro país, de tal suerte que el 26 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (LGPIST). Asimismo, el 17 de noviembre de 2017 se publicó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMDFP).

Dada la magnitud y gravedad de la problemática, es importante la asignación de los presupuestos suficientes para una correcta y adecuada implementación de estas Leyes Generales en el estado de Jalisco.

Nos resulta de vital importancia manifestar a cada una de las personas integrantes del Congreso del Estado de Jalisco, que garanticen los presupuestos necesarios que permita una adecuada aplicación e implementación de las legislaciones en materia de Desaparición y Tortura. Las y los diputados no deben perder de vista que ambas legislaciones generales contemplan la creación de Fiscalías Especializadas sobre Tortura y sobre Desaparición de Personas en todos las entidades del país. No obstante, no se puede garantizar su funcionamiento adecuado si esta LXII Legislatura no aprueba los recursos económicos suficientes para investigar y sancionar los casos así como atender las necesidades de las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad, incluyendo la reparación integral del daño.

Es importante que esta Legislatura tome en cuenta que la dotación de suficientes recursos económicos para atender esta grave crisis, ha sido solicitada y exigida en innumerables ocasiones tanto por los colectivos de familiares como de organizaciones no gubernamentales. Dichas peticiones se traducen en obligaciones constitucionales que en su calidad de representantes populares deben acatar, en virtud del artículo 1° y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que mandatan garantizar el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño.

Por otro lado, queremos expresar nuestra preocupación por la iniciativa de Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco presentada el pasado 12 de noviembre de 2018, la cual se encuentra en estudio en la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos y la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso local. Lo anterior debido a que, tal como ha sucedido con las anteriores iniciativas relacionadas con el tema de desaparición de personas que habían sido promovidas por esa Soberanía, ésta no fue socializada ni consultada con familiares de personas desaparecidas, ni con las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en el tema, lo que resulta violatorio al principio de participación conjunta que rige la LGMDFP. Además, esta iniciativa no se encuentra armonizada con los estándares establecidos en la Ley General de Víctimas y en la LGMDFP, ni está adaptada al contexto de Jalisco. Nos resulta preocupante que, de aprobarse esta iniciativa, se agravaría la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las y los familiares de personas desaparecidas. En este sentido, nuevamente queremos llamar la atención a cada una de las personas integrantes del Congreso del Estado de Jalisco, para que respecto a cualquier proceso de creación de legislación relacionada con los derechos de víctimas de desaparición, garantice indiscutiblemente la participación de familiares de personas desaparecidas y la sociedad civil.

Por lo anterior, le exigimos a la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco:

Primero.- Se asignen las partidas presupuestales que contemplen los recursos económicos y financieros suficientes y necesarios para la adecuada implementación y operación de todas las instituciones encargadas de los procesos de búsqueda, investigación e identificación de personas desaparecidas, como son a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Segundo.- Se asigne la partida presupuestal que contemple los recursos suficientes para la creación, implementación y operación de la Fiscalía Especializada para la investigación de casos de Tortura, que permita atender e investigar de manera pronta, objetiva e imparcial los casos denunciados antes y posterior a su creación, así como otros instrumentos y mecanismos contemplados en la LGPIST, así como al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Tercero.- Se abstengan de aprobar la Ley Para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco, hasta en tanto no se abran los espacios con familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en el tema para una consulta amplia, pública y transparente que garantice el principio de la participación conjunta.

Cuarto.- Que prioricen la socialización de la iniciativa legislativa con familiares de personas desaparecidas en todas las regiones de Jalisco, para que conozcan la propuesta y puedan realizar sus observaciones junto a especialistas con la finalidad de alcanzar los objetivos de la Ley General de Víctimas, la LGMDFP con base en los mayores estándares internacionales en la materia.

Guadalajara Jalisco a 15 de noviembre de 2018.

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Cepad

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de  Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

ENLACES DE INTERÉS

Exigimos a la LXI Legislatura de Jalisco se abstenga de aprobar la Ley de Desaparición hasta consultar con familiares, organizaciones y personas expertas.

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Comunicado

Ayúdanos a Exigir a las y los diputados una Adecuada Ley en Materia de Desaparición

El pasado 16 de Octubre de 2018, el Dictamen de la Ley del Estado de Jalisco sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares y el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso local, pasando directamente al pleno, en un proceso acelerado, priorizando los intereses y negociaciones políticas en vez de necesidades de las víctimas y de la sociedad en conjunto.

Es preocupante que esta propuesta viola el principio de la participación conjunta que rige la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, debido a que el Congreso del Estado fue omiso en socializar la iniciativa y consultarla de manera adecuada y transparente con familiares de personas desaparecidas, así como con las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en el tema.

Además en la Propuesta de Ley no se reconocen los avances alcanzados por familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil en la materia, quedando evidenciado que no se contempló en la misma las funciones de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y los procesos de la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y la Comisión Interinstitucional. Asimismo, esta propuesta de ley contiene diversas deficiencias que no abonan a atender la gravedad y magnitud de la problemática de las desapariciones.

Por lo anterior, el 23 de octubre de 2018 presentamos al Presidente de la Mesa Directiva y a las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, un documento con las Observaciones a la Propuesta de Ley, sin embargo, a pesar de haber recibido el documento en físico, y de diversas llamadas que hemos realizado, hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta respecto a este tema, por el contrario todo parece que las y los diputados buscan aprobar la ley con todas las violaciones y deficiencias que contiene.

¡Ayúdanos!

Ayúdanos a escribir y/o llamar a las y los diputados del Congreso del Estado para exigirles que no aprueben esta ley, ya que es de suma importancia para la sociedad jalisciense que en el contexto de las más de 6 mil personas desaparecidas y la grave crisis forense que atraviesa la entidad, contemos con una legislación adecuada que contrarreste con este grave problema y que cumpla con los estándares internacionales y los que establece la Ley General en la materia.

Por lo anterior, pedimos tu ayuda para hacerles llegar a las y los diputados de la LXI legislatura del Congreso del Estado de Jalisco las siguientes exigencias:

Primero.- Que se abstengan de aprobar la Ley del Estado de Jalisco sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares y el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, hasta en tanto no se abran los espacios de diálogo con familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en el tema para una consulta amplia y pública que garantice la participación conjunta.

Segundo.- Que prioricen la socialización y consulta de la iniciativa legislativa con familiares de personas desaparecidas en todas las regiones de Jalisco, para que conozcan la propuesta y puedan realizar sus observaciones junto a especialistas, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la Ley General y los mayores estándares internacionales en la materia.

Tercero.- Que atiendan todas las observaciones realizadas por los colectivos de familiares de personas desaparecidas, de las organizaciones de la sociedad civil, de las personas expertas en el tema y de los organismos internacionales de derechos humanos a la iniciativa de la Ley del Estado de Jalisco sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares y el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas

¡Ayúdanos y Marca la Diferencia!

Ayúdanos a llenar el formulario y enviar las exigencias a las y los Diputados del LXI Legislatura del Congreso del Estado :

Consulta el documento de observaciones entregado a las y los diputados: https://goo.gl/5RMmZ8

Lista de Diputados a los que se les hará llegar las exigencias Ciudadanas:

  • Jorge Arana Arana (PRI) – Presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco
  • María del Rocío Corona Nakamura (PRI) – Presidenta Comisión Puntos Constitucionales
  • Salvador Álvarez García – Vocal (MC)
  • Salvador Arellano Guzmán – Vocal (PRI)
  • Silvia Cárdenas Casillas – Vocal (NUEVA ALIANZA)
  • Juana Ceballos Guzmán – Vocal (PRI)
  • Hugo Contreras Zepeda – Vocal (PRI)
  • Verónica Franco Villalobos – Vocal (PRD)
  • José Mojica Franco – Vocal (PRI)
  • Liliana Guadalupe Morones Vargas – Vocal (PRI)
  • Patricia Pérez Martínez – Vocal (PAN)
  • Erika Lizbeth Ramírez Pérez – Vocal (PARTIDO VERDE)
  • Hugo René Ruíz Esparza Hermosillo – Vocal (PRI)
  • Augusto Valencia López – Vocal (MC)
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Comunicado Personas Desaparecidas

Comunicado – recibido y sellado por diputados de la LXI Legislatura de Jalisco 23 Octubre de 2018

El día 23 de Octubre de 2018 a las 20:35 horas, fue entregado el comunicado a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, en el que familiares, organizaciones y colectivos exigimos que la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, se abstenga de aprobar la Ley de Desaparición hasta consultar con familiares, organizaciones y personas expertas.

Se entregó una copia del comunicado, así como el documento de Observaciones al Dictamen de las Comisiones del Congreso que expide la Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares del Estado de Jalisco.

La Oficialia de Partes recibió y selló la recepción de los documentos para cada uno de los siguientes diputados:

Jorge Arana Arana, Presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco.
María del Rocío Corona Nakamura – Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.
Integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.
Salvador Álvarez García.
Salvador Arellano Guzmán.
Silvia Cárdenas Casillas.
Juana Ceballos Guzmán.
Hugo Contreras Zepeda.
Verónica Franco Villalobos.
José Mojica Franco.
Liliana Guadalupe Morones Vargas.
Patricia Pérez Martínez.
Erika Lizbeth Ramírez Pérez.
Hugo René Ruíz Esparza Hermosillo.
Augusto Valencia López.

 

Da click en la imagen para consultar el documento entregado a las y los Diputados.

Comunicado - recibido y sellado por diputados de la LXI Legislatura de Jalisco 23 Octubre de 2018
Comunicado – recibido y sellado por diputados de la LXI Legislatura de Jalisco 23 Octubre de 2018

Exigimos a la LXI Legislatura de Jalisco se abstenga de aprobar la Ley de Desaparición hasta consultar con familiares, organizaciones y personas expertas.

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Comunicado Personas Desaparecidas

Exigimos a la LXI Legislatura de Jalisco se abstenga de aprobar la Ley de Desaparición hasta consultar con familiares, organizaciones y personas expertas.

COMUNICADO

 

  • A los y las integrantes de la LXI legislatura del Congreso del Estado de Jalisco
  • A los y las integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del Estado de Jalisco
  • A la Sociedad Jalisciense
  • A los Medios de Comunicación
    PRESENTE:

El pasado 16 de octubre, la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del Estado de Jalisco, aprobó el Dictamen de la Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por particulares del Estado de Jalisco, el cual fue sometido a la primera lectura del Pleno al día siguiente.

De acuerdo con el transitorio noveno de la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, las entidades federativas deberían emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha de la entrada en vigor de la Ley General, término que venció el 15 de julio del presente año. El incumplimiento de dicha obligación por parte del Congreso del Estado evidenció su indiferencia e indolencia respecto a la gravedad de las desapariciones de personas a lo largo y ancho del territorio de Jalisco.

Frente a este contexto, los colectivos de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, nos preocupa que las y los diputados de la LXI legislatura quieran aprobar un Dictamen en el que evidencian una profunda ignorancia y una falta de comprensión de los objetivos de la Ley General y los estándares internacionales en la materia. Durante el proceso de elaboración de dicho Dictamen no se ha consultado de manera adecuada y transparente a familiares que sufren la desaparición de un ser querido en Jalisco ni a las organizaciones de la sociedad civil, contraviniendo de esa manera los principios fundamentales de transparencia, máxima publicidad y participación conjunta.

Consideramos inaudito que no se hayan respetado los procesos y avances de participación para la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Comisión local de Búsqueda de Personas y la Comisión Interinstitucional que colectivos y organizaciones han realizado en los últimos dos años. La constante indolencia de las autoridades estatales frente a la problemática de graves violaciones a los derechos humanos que aqueja nuestra entidad revela su desinterés por buscar medidas legislativas y presupuestales para garantizar los derechos de familiares de personas desaparecidas al acceso de justicia y a la verdad, y el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas.

De antemano rechazamos la aprobación de una Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por particulares del Estado de Jalisco, sin la participación de las y los familiares, las organizaciones de derechos humanos y los organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México, quien durante estos últimos años ha sido observadora y ha participado en los procesos de justicia y verdad en Jalisco.

Por lo anterior, le exigimos a las y los diputados de la LXI legislatura del Congreso del Estado de Jalisco:

Primero.- Que se abstengan de aprobar la Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por particulares del Estado de Jalisco, hasta en tanto no se abran los espacios con familiares, organizaciones y personas expertas en el tema para una consulta amplia y pública que garantice la participación conjunta.

Segundo.- Que prioricen la socialización de la iniciativa legislativa con familiares de personas desaparecidas en todas las regiones de Jalisco, para que conozcan la propuesta y puedan realizar sus observaciones junto a especialistas con la finalidad de alcanzar los objetivos de la Ley General y los mayores estándares internacionales en la materia.

Tercero.- Que atiendan todas las observaciones realizadas por los colectivos de familiares de personas desaparecidas, de las organizaciones de la sociedad civil, de las personas expertas en el tema y de los organismos internacionales de derechos humanos a la iniciativa de Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por particulares del Estado de Jalisco.

Guadalajara, Jalisco a 23 de octubre de 2018.

Por Amor a Ellxs.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD.
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco, Cladem.
Red de Enlaces Nacionales.
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Fundem Región Centro.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan De Larios A.C.
Sabuesos Guerreras A.C.
Colectivo – BCS “SinEllosNO” A.C. (Baja California Sur)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.
Uniendo Cristales A.C.
Idheas, A.C. Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.
Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros.
Las Rastreadoras por la Paz de Sinaloa (Sinaloa).
Una luz de Esperanza, Rastreadores del Sur de Sinaloa (Sinaloa).
Mujeres de Michoacán A.C. (Michoacán).
Voces Unidas por la Vida.
Colectivo Familias Unidas en Busca de una Esperanza (Zacatecas, Zac).
Familiares en Búsqueda María Herrera A.C.
Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, (COFADDEM) “Alzando Voces”
Colectivo Independiente Culiacán, María Herrera
Padres y Madres de Hijos Desaparecidos Culiacán A.C.
Colectivo Familiares Enlaces Xalapa (Xalapa, Ver.)
Colectivo Familias Unidas por Nayarit, CoFaUnNay (Nayarit)
Colectivo Corazones Perdidos Xalapa (Xalapa, Ver.)
Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos
Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos A.C. (Mazatlán, Sin)
Desaparecidos Justicia A.C. (Querétaro)
Familias Unidas en Busca de una Esperanza Zacatecas.
Familiares en Búsqueda María Herrera Xalapa.
La Alameda Morelos.
Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa, años 70’s.
Búsqueda de familiares Regresando a casa Morelos A.C.
Colectivo Independiente de Rastreadores de Culiacán, María Herrera.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos En Nuevo León.
Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Chilpo, Gro. y el País.

Guadalupe Valenzuela Palazuelos.
Marcedalia Reyes Gutiérrez.
Laura Curiel.
Susana Guadalupe Ayála B.
Juan Jesús González Tenorio.
Martha Alicia Camacho Loaiza.
Isela Ramírez Jiménez
Ana Isabel Castañeda López.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de  Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

 

 

 

Comunicado – recibido y sellado por diputados de la LXI Legislatura de Jalisco 23 Octubre de 2018

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Carta al Congreso de Hidalgo del FLEPS

FLEPS

Ciudad de México a 08 de junio 2018

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA LXIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO

Presentes.-

Apreciables diputadas y diputados:

 

Reciban un cordial saludo de las organizaciones de la sociedad civil firmantes[1], quienes integramos-la coalición denominada “Frente por la libertad de expresión y la protesta social”, con el objetivo de promover y proteger los derechos a la libertad de expresión, reunión y protesta social en nuestro país.

Para ello ha realizado actividades de monitoreo y denuncia de legislaciones, interposición de recursos, aportación de insumos ante instancias legislativas y judiciales, campañas, visibilización internacional y elaboración de informes para señalar casos de restricción o violación a los derechos de libertad de expresión, manifestación y reunión cometidos en contextos de protesta social, con la finalidad de aportar estándares, ayudar en el análisis, en la prevención y en la garantía de dichos derechos considerados como indispensables en toda sociedad democrática.

 

El motivo de la presente es relativo a la Iniciativa de Ley para derogar los artículos que tipifican los Delitos contra el Honor en el Código Penal del Estado de Hidalgo, específicamente los numerales 191 al 202 que corresponden a los capítulos de “Difamación”, “Calumnia” y “Disposiciones Generales” de tales delitos, presentada ante este órgano legislativo el día 29 de mayo de este año, por la diputada Mariana Bautista de Jesús.

 

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social celebra este tipo de iniciativas en aras de lograr una mejor protección y garantía para el ejercicio de la libertad de expresión frente a un contexto tan adverso por el que atraviesa México para el ejercicio pleno de este derecho.

 

En las últimas dos décadas, han sido claras y constantes las recomendaciones emitidas por organismos internacionales y regionales para que el Estado Mexicano derogue los delitos contra el honor, consistentes en “difamación”, “calumnias” e “injurias”, los cuales se han constituido como un mecanismo de censura indirecta para el ejercicio de la libertad de expresión, que a su vez, genera un efecto inhibidor para la misma; tal como lo han establecido las Relatorias para la Libertad de Expresión de la ONU y de la CIDH, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Lo anterior, también se encuentra en congruencia con la doctrina del derecho penal mínimo que debe existir en un Estado democrático de derecho. Ha sido documentada la utilización de estos tipos penales como parte de un uso arbitrario del sistema penal, a efecto de perseguir penalmente a personas que ejercían su libertad de expresión.

 

En los últimos años, se ha logrado un avance en la derogación de estos tipos penales; sin embargo, aún se mantienen vigentes en 8 entidades federativas[2], incluyendo Hidalgo, por lo que de aprobarse esta iniciativa, se estarían sumando a la lista de estados que ha cumplido las recomendaciones y los estándares internacionales, y pueda lograrse así el objetivo final de que se encuentren derogados estos tipos penales en todo el país. En este sentido, es el paso que pueden dar para ello.

 

Recordemos que la libertad de expresión es un derecho fundamental, sin el cual no podría hablarse de una democracia. El Estado debe proteger y garantizar su ejercicio, conforme al artículo 1° de la Constitución Federal; lo contrario, se constituiría un sistema autoritario en donde se coartaría el libre flujo de ideas, opiniones e informaciones.

 

Cabe señalar que en el estado de Hidalgo, la vigencia de estos tipos penales derivó en el inicio de un procedimiento penal en contra del ciudadano Leonardo García Vázquez, por ejercer su derecho a la protesta y hacer públicos los daños estructurales ocasionados por una falta de diligencia en la construcción del fraccionamiento La Esmeralda, por parte de la empresa constructora SYLMA S.A. de C.V, cuyos principales accionistas han ocupado cargos públicos relacionados con la emisión de autorizaciones para realizar obras públicas. Lo anterior, hace constar que la vigencia de este tipo de delitos vulneran el ejercicio de derechos humanos, como en este caso, la libertad de expresión y la protesta social.

 

Por lo anterior, las organizaciones que conformamos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, solicitamos atentamente que este órgano legislativo de un paso importante en la protección y garantía de los derechos humanos, al derogar los delitos contra el honor (difamación y calumnias), aún vigentes en el estado de Hidalgo.

 

Atentamente,

Luis Eduardo Knapp Moreno

Coordinador de Defensa de ARTICLE 19 Oficina México y Centroamérica

En representación del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social

 

[1] ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Brigada Humanitaria de Paz ‘Marabunta’; Resonar A.C.

[2] Los estados que tienen vigentes los delitos contra el honor en sus códigos penales son: Campeche, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Yucatán.

 

Descarga el comunicado digital AQUÍ

También consulta el boletín de Artículos 19 El Congreso de Hidalgo tiene una oportunidad para derogar los delitos contra el honor aún vigentes en el estado

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Comunicado

Carta Al Pleno de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco

El Cepad llama la atención de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, para que se le asigne el presupuesto suficiente que le permita a la Fiscalía General de Jalisco, a las Fiscalías Especializadas y al Instituto Jalisciense de Ciencia Forenses cumplir con sus obligaciones en materia de Desaparición Forzada y Tortura.

(Da click en la imagen para acceder al documento completo)

LXI Legislatura Congreso 2017
Carta Al Pleno de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco

Otros enlaces de Interés

Informe “Frente a la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares en Jalisco: La lucha por la Verdad y la Justicia”

Informe “La impunidad Interminable: La Tortura en Jalisco. Análisis 2010 – 2016”

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Carlos Peralta César Pérez Verónica Informes de Derechos Humanos

La Reelección Anticipada Del Ombudsman

Un retroceso a las formas de elegir o reelegir a un Ombudsman*

Carlos Peralta y César Perez1

Comentarios generales sobre la elección del Ombudsman y su actuación

A principios del 2012 sin tomar en cuenta los cuestionamientos de organismos sociales y a partir de un adelantado y acelerando proceso de elección (calificado en el Congreso local como fast track), los diputados ratificaron como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) a Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, con lo cual estará al frente del organismo por un segundo periodo hasta el 1 de agosto de 2017. Dicho proceso de reelección por las serias irregularidades en su proceder, debería considerarse un retroceso a las formas de elegir o reelegir a un ombudsman.

Pese a que el cambio de ombudsman debía realizarse en agosto, los diputados realizaron el proceso de selección en enero, tomando desprevenidas a las organizaciones y posibles interesados en el relevo. Difundieron la convocatoria el 16 de enero y fue evidente que tenían prisa por concretar la elección, de hecho concluyeron todo el proceso en menos de quince días a pesar de que aun faltan más de seis meses para el vencimiento del nombramiento.

Justificaron las prisas diciendo que algunos diputados estaban pensando en pedir licencia para participar en el proceso electoral que estaba ya en marcha y no querían que a la larga el nombramiento se complicara por no contar con el número de votos necesarios. Debe también mencionarse que el nombramiento del ombudsman fue una moneda de cambio en torno a puestos que se otorgan por definiciones políticas ya que “dos coordinadores parlamentarios consultados sobre la elección, admitieron que había un acuerdo con la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) de “respetarles” el espacio de la CEDHJ, por lo que apoyarían la permanencia de Álvarez Cibrián, como contraparte de otros nombramientos, especialmente los del Poder Judicial”2.

Así entonces, el proceso electoral y la licencia que pedirían los diputados, fueron el pretexto para adelantar las elecciones para ombudsman. De la noche a la mañana, con un acelerado proceso plagado de irregularidades, que incluyó modificar el orden del día en una sesión del pleno para adelantar el nombramiento (porque no estaba contemplado), los diputados reeligieron al ombudsman.

En relación al procedimiento se apreciaron aspectos a cuestionar:

  • Los diputados no expusieron en la convocatoria el perfil del ombudsman que deseaban o que la sociedad jalisciense necesita.

  • Los diputados no realizaron una consulta pública sobre los candidatos, acorde al espíritu sugerido por la Constitución del país. Si bien es cierto que hicieron pública la convocatoria a través de periódicos, y recibieron expedientes acompañados de cartas de respaldo, esto no implicó una consulta a organizaciones de la sociedad civil, universidades, o sector privado, en relación a los perfiles más adecuados para ser el ombudsman.

  • La elección no fue basada en un examen o en el caso del ombudsman en funciones, no se realizó una evaluación de su labor. Es decir, para considerar la permaneciera en el cargo no se realizó un análisis valorativo de su desempeño. Esto podría indicar que los diputados dieron más importancia al cabildeo, las relaciones políticas y el número de firmas de apoyo que los candidatos podrían juntar en un par de días, que a una fundamentada evaluación del trabajo realizado. El Congreso no se interesó y perdió la oportunidad, de realizar una evaluación pública del desempeño del titular de la CEDHJ, pero además perdió la oportunidad de generar procesos de participación reflexiva y análisis de la sociedad, sobre el tipo de ombudsman que quiere y deberíamos tener.

  • También se debe mencionar que además de no realizar un procedimiento de evaluación, a diferencia de elecciones anteriores, no se entrevistó pública y personalmente a ninguno de los candidatos, así como tampoco se les solicitó que presentaran de cara a la sociedad, propuestas o un plan de trabajo en relación a la labor que realizarían en la CEDHJ o sobre su ejercicio como Ombudsman. Asi entonces las fórmulas para que la ciudadanía pudieran valorar a los candidatos, sus proyectos o intenciones, se eliminaron.

  • Un procedimiento tan acelerada favoreció al ombudsman en funciones. Posibilitó que aprovechando los recursos logísticos a su alcance (por estar al frente de la CEDHJ), lograra recabar firmas de apoyo de agrupaciones e instituciones educativas en poco tiempo. No en balde en solo dos días se menciona que obtuvo “cerca de 224 cartas que se presentaron por parte de diez universidades, entre ellas la del rector general de la Universidad de Guadalajara, además de 50 sindicatos y federaciones de trabajadores, 40 colegios y federaciones de todas las profesiones, diez comunidades indígenas y 120 organizaciones de la sociedad civil”. Por su parte el común de los otros candidatos no contó con los recursos logísticos, para buscar (en tan poco tiempo) un número tan significativo de respaldos para su candidatura. Si bien no se puede pasar por alto que le dieron su apoyo al ombudsman diversas instituciones, un proceso de elección debería tomar en cuenta fórmulas para partir de la equidad en recursos. La elección del ombudsman debería sustentarse en valoraciones objetivas y sustentadas, más que en fórmulas de cabildeo, negociación o demostración de recursos.

Con este procedimiento, los diputados y diputadas ignoraron la Observación General No. 25 del Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, particularmente al referido en el inciso c) del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3, donde se señala claramente:

c) del artículo 25 se refiere al derecho y a la posibilidad de los ciudadanos de acceder, en condiciones generales de igualdad, a cargos públicos. Para garantizar el acceso en condiciones generales de igualdad, los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución deben ser razonables y objetivos. Podrán adoptarse medidas positivas para promover la igualdad de oportunidades en los casos apropiados a fin de que todos los ciudadanos tengan igual acceso. Si el acceso a la administración pública se basa en los méritos y en la igualdad de oportunidades, y si se asegura la estabilidad en el cargo, se garantizará su libertad de toda injerencia o presión política. Reviste especial importancia garantizar que las personas no sean objeto de discriminación en el ejercicio de los derechos que les corresponden conforme al apartado c) del artículo 25 por cualquiera de los motivos especificados en el párrafo 1 del artículo 2.

Resulta evidente que el procedimiento de elección impidió que los y las participantes entraran en igualdad de condiciones con relación al titular de la CEDHJ, pese a las Recomendaciones de uno de los órganos de los Tratados de la ONU y a las reformas realizadas en la Constitucional General de la República en materia de Derechos Humanos, específicamente en el artículo 102, inciso B, párrafo octavo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011.

Al realizar una reelección sin evaluación lo que se transmitió públicamente fue que los diputados y diputadas estaban de acuerdo con el actuar presente de la Comisión. Debe considerarse que dieron su respaldo a una Comisión que no explicita de forma abierta cómo atiende las quejas y que además puede identificarse como una de las más caras en la República Mexicana. Cabe mencionar que al titular de la Comisión recibe un salario mayor al que es percibido por el ombudsman del Distrito Federal, aunque no maneja la misma cantidad de personas, casos, ni brinda atención a una población que posee muchos más millones de habitantes que la nuestra.

En este contexto debe tenerse presente que si bien la Comisión afirma que se han incrementado la capacidad de recibir y atender quejas, aun deja muchas dudas sobre su eficiencia. En su informe 2012 se menciona que recibieron un total de 11 001 quejas. La Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento, describe cuantas quejas recibieron pero no menciona aspectos relevantes como: cuantas quejas fueron rechazadas o cuantas archivadas y porque motivos se archivaron. Es decir, no describen el procedimiento y los criterios para atender y resolver las quejas, lo cual es de suma importancia para valorar si brindan un trámite pertinente a cada una. Es cierto que pueden estar al corriente en la atención de quejas, si la mayoría se envían a archivo muerto. Falta mayor explicación sobre el tratamiento que se brinda a las quejas y este es el aspecto de trato más cotidiano de la Comisión con los ciudadanos.

Por otro lado, también en el informe 2012 se vanagloria el ombudsman por el hecho de que emitieron 50 recomendaciones y que además el 100% de éstas fueron aceptadas. Pero también en este tema debemos ser cautos porque el haberlas aceptado no implica que sean adecuadamente atendidas y que se logren resarcir los daños a los afectados. Según se menciona, en la mayoría de las recomendaciones emitidas en 2012 a la Procuraduría de Justicia (recomendaciones 3, 6, 23, 25, 29 y 35) y con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el factor común es el incumplimiento a integrar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los funcionarios que cometieron violaciones. Sabemos que las recomendaciones no son vinculantes, pero ¿la ciudadanía está satisfecha con el alto costo que cada una de ellas implica y con los resultados que se obtienen?

Por otro lado, puede considerase pobre su acción cotidiana en lo que se refiere a la modificación de políticas públicas o actividades vinculados a las violaciones a los derechos humanos. Quizás el mejor ejemplo de su falta de compromiso con la normatividad y la modificación de políticas, es su ausencia en la implementación cotidiana del marco legal para prevenir y erradicar la discriminación en Jalisco, pues tendiendo las facultades legales impulsar que el Congreso implemente las medidas legislativas necesarias, hasta la fecha no lo ha hecho, lo mismo sucede en relación con otras políticas públicas o formas de actuar de instancias como la Procuraduría, que cotidianamente llevan a la violación de derechos.

Además de lo anterior, la presidencia de Álvarez Cibrián se ha caracterizado por una forma de relacionarse con la sociedad civil “polémica”. Tiene una buena relación con algunas agrupaciones como las barras de abogados y asociaciones que defienden algunas causas asistenciales, pero una relación conflictiva con grupos que luchan por los derechos de las mujeres, la diversidad sexual, con grupos de activistas por los derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos “Coordinadora 28 de mayo”.

Francisco Macias integrante del Cepad, en el momento en que se realizaba el proceso de selección, lanzaba las siguientes interrogantes en torno a la labor de la CEDHJ: ¿ha cambiado algo en Jalisco en relación al respeto a los derechos humanos? ¿Se ha defendido y se han propuesto cambios que al día de hoy nos permitan tener una justicia más confiable, o servidores públicos que respeten los derechos humanos?

Reflexiones posteriores a la elección y los amparos contra el procedimiento del Congreso local

Algunas agrupaciones y personas sostienen que la elección del ombudsman realizada por el Congreso, incumplió con el mandato contenido en el artículo 102-B párrafo octavo.

Este artículo Constitucional a la letra dice: “La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley”4.

Consideran que la convocatoria abierta a la sociedad sirvió para “allegarse de nombres” pero no se generó una fórmula de consulta pública. Por este motivo, representantes de organizaciones de la sociedad civil, a título personal, impugnaron ante los tribunales de la federación el proceso de elección, por considerar que se vulnero la disposición referida en el citado artículo5. Hasta el momento de escribir el presente artículo se habían interpuesto dos recursos de revisión en contra de las resoluciones del Juez Tercero de Distrito en materia Administrativa con sede en Guadalajara, Jalisco, siendo el primer Tribunal Colegiado en la misma materia quien a petición de las ciudadanas Gladys Martínez, expediente 486/2012, Guadalupe Ramos Ponce y Jaime Amaral Arias en el expediente 573/2012, que declinó su competencia para que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resolviera esta trascendental controversia. Sin embargo, la SCIN regresó ambos casos para que sean resueltos por el Tribunal Colegiado originario de conocer de los recursos.

El acto reclamado en la mayoría de las demandas de amparo fue: “… la Convocatoria, expedida por el Congreso del Estado, de fecha 16 de enero de 2012, que convoca a las “organizaciones, colegios de profesionistas, universidades y sociedad en general”, a allegarle (sic) candidatos para elegir a Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, publicada en varios medios impresos de comunicación; mismo que causa agravio y perjuicio a los suscritos violentando garantías individuales y sociales; así como el acuerdo de fecha 24 de enero, de la sesión del pleno del Congreso el Estado que reeligió de forma anticonstitucional al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para un segundo periodo, al no haberse ajustado a un procedimiento de consulta pública, tal como se establece en nuestra Carta Magna.”

Basados en lo establecido desde los Principios de París6, relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los Derechos Humanos, una consulta pública es fundamental para el procedimiento de elección del ombudsman en la medida que posibilita las garantías de independencia y pluralismo. Los Principios de París establecen tres elementos básicos para alcanzar la independencia de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos”: a) la participación de la sociedad civil en el nombramiento de sus miembros, b) la autonomía presupuestaria y patrimonio propio y, c) la estabilidad en el mandato de sus miembros. El Senado y la Cámara de Diputados incluyeron en el 102 apartado B el espíritu de esos Principios, al incorporar la obligación de realizar una consulta pública transparente, con el fin de que todas las Legislaturas de México se ajustaran a un procedimiento que ofreciera todas las garantias necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales y de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos.

Los amparos presentados buscan revertir el procedimiento de elección, en la medida que se considera que el mecanismo empleado no fue apegado al espíritu de los principios de Paris, ni de la reforma Constitucional. Una resolución favorable propiciaría que el Poder Legislativo de Jalisco asuma sus obligaciones responsablemente y abra la posibilidad de que la ciudadanía mejore su percepción y confianza en sus representantes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Fuentes:

1 Carlos A. Peralta Varela e Doctor en Ciencias Sociales. Académico del ITESO miembro de la Asamblea del CEPAD. César Octavio Pérez Verónica es abogado y actualmente es el Director Ejecutivo del Cepad, AC.

2 Tomado de Milenio Jalisco, 25 de enero del 2012, Título de la nota: Legisladores ratificaron “fast track” al “ombudsman”. Escrito por Sonia Serrano.

3 Ratificado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, lo cual consta en el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 1981

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 102 inciso B, 11/ 12/2012, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1pdf

5 Expedientes radicados en el juzgado tercero de distrito en materia administrativa y del trabajo.

  • Amparo 285/2012, de Guadalupe Zepeda Díaz, Jaime Hernandez Ortiz y Arcadia Lara González, por su propio derecho y a titulo del Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de mayo AC.
  • Amparo 286/2012, por Guadalupe Ramos Ponce, Jaime Arias Amaral, por su propio derecho.
  • Juicio de Amparo 287/2012, por Gladys Yolanda Martínez Fombona, por su propio derecho.
  • Amparo 288/2012, Carlos Valentín Veyna Martínez, apoderado Legal del Instituto de Derecho Ambiental
  • Amparo 289/2012, Raquel Gutiérrez Nájera, por su propio derecho y en su carácter de participante.
  • Amparo 290/2012, Oscar González Gari por su propio derecho y en su carácter de presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos.

6 Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos (Principios de Paris)”, octubre de 1991, adoptadas por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 1992 (resolución 1992/54) y por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993 (resolución A/RES/43/143).

 

*Artículo contenido en el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco. 2012