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La Protesta Social en Jalisco, Salir a la Calle para Exigir Justicia

José Carlos Rodríguez Toral

Bienvenidos los conflictos. En las sociedades democráticas, los conflictos son un motor de cambio al poner de manifiesto y hacer evidentes las desigualdades y necesidades que afectan a un sector de la sociedad. Cuando grupos sociales protestan, toman las calles, hacen plantones o viralizan en redes sociales sus exigencias, se abre una posibilidad para transformar la sociedad y reducir los desequilibrios que ocasionan injusticias o sufrimiento.

Los conflictos no son negativos en sí mismos, el problema está cuando la violencia y la polarización se imponen frente a las posibles soluciones y vías para transformar la situación. Para que cada conflicto que surge en una sociedad sea una oportunidad para mejorar, es importante tener presentes las necesidades y desigualdades que están detrás.

“Muchos conflictos que se dan entre las personas, los grupos o las naciones, y que, en ocasiones, derivan en hechos de violencia, mantienen estrecha relación con necesidades no satisfechas en alguna(s) de las partes implicadas en ellos” (Pérez Viramontes, 2018:181). La protesta social, derivada del derecho a la Libertad de Expresión que tiene cualquier grupo o individuo en una sociedad democrática, es una de las herramientas a las que acuden los grupos sociales para presentar de forma pública esas necesidades no satisfechas y la importancia de actuar frente a ellas.

En este artículo buscamos presentar un panorama general de la protesta social en Jalisco durante el año 2018, a través de un repaso por las distintas movilizaciones sociales que denunciaron casos de violencia, discriminación, despojo y otros conflictos todavía vigentes en el estado y cuyas necesidades no satisfechas comprenden un reto que va más allá del poder y las instituciones del Estado, un reto que apela a la sociedad en su conjunto. Destacamos tres temas en torno a los cuales se vivió un incremento de la protesta durante 2018: las desapariciones, la violencia contra las mujeres y las afectaciones al medio ambiente.

¿Por qué protesta la ciudadanía en Jalisco?

La Dirección General de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político, de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, es la dependencia encargada de coordinar la atención de las peticiones que se formulen en las manifestaciones sociales, conflictos político-sociales o situaciones contingentes que se presenten en el estado. Según una base de datos, entregada por dicha dirección vía transparencia (Expediente ut/sgg/140/2019), durante 2018 el gobierno de Jalisco tuvo conocimiento de 186 marchas y manifestaciones, en las que asegura haber tenido diálogo y gestionado soluciones con distintas instancias municipales o federales.

Hay una gran variedad de temas y casos por los que la ciudadanía jalisciense protestó públicamente. Destaca la inseguridad, conflictos por tierras, contaminación del río Santiago, asuntos laborales, el mal servicio del transporte público y la exigencia de mejoras puntuales en servicios básicos como agua potable, educación y vialidad.

La enorme mayoría de las protestas registradas por el gobierno de Jalisco se realizaron en la Zona Metropolitana de Guadalajara, lo que da una muestra del centralismo en el estado, pues la ciudadanía de las distintas regiones ha tenido que movilizarse a la capital del estado para que sus exigencias y necesidades sean escuchadas. Es el caso de habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que desde hace más de una década se oponen a la presa El Zapotillo; de agricultores del sur del estado, de municipios como Sayula y Tecalitlán, quienes exigen la regularización del uso de cañones antigranizo; o campesinos de Acatlán de Juárez y Atizapán el Alto que se movilizaron a la capital por casos de despojos de tierras. Mención aparte merecen las familias de personas desaparecidas en distintas regiones de Jalisco, que se unieron a las manifestaciones en Guadalajara para exigir justicia y visibilizar los casos concretos de personas que siguen sin ser localizadas por las autoridades.

El gobierno del Estado tuvo noticia de únicamente tres manifestaciones fuera de la capital jalisciense: las encabezadas por poblaciones wixárikas de los municipios de Mezquitic y Bolaños para exigir la restitución de tierras, principalmente en poder de ganaderos de Huajimic, Nayarit; las marchas de normalistas de Atequiza para exigir mejores condiciones de las instalaciones y la salida del director; y la protesta de habitantes del fraccionamiento Los Ruiseñores, en Tala, por el mal servicio de transporte.

La manifestación más recurrente fue por el conflicto de tierras del Aeropuerto de Guadalajara pues, en al menos 41 ocasiones, integrantes del ejido El Zapote protestaron para exigir el pago de los terrenos expropiados desde la década de 1950.

Otro conflicto que se arrastra desde hace años es el de la Reforma Educativa, por el que jaliscienses salieron a la calle al menos ocho veces, especialmente académicos del Colegio de Bachilleres e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para pedir la reinstalación de profesores cesados por negarse a la evaluación educativa y exigir la derogación de la legislación aprobada en 2013.

Más allá del número de movilizaciones y el lugar de origen de las personas afectadas, hubo tres temas que destacamos por el incremento de protestas, el impulso que recibieron desde la sociedad civil organizada y las reacciones por parte del poder político ante las exigencias: las desapariciones en Jalisco, la violencia contra las mujeres y las afectaciones al medio ambiente debido al crecimiento urbano.

Protestas por las personas desaparecidas: de los estudiantes del CAAV al “tráiler de la muerte”

“Queridos todos. Soy Guadalupe Aguilar, madre de José Luis Zavala Aguilar, desaparecido el 17 de enero del 2011, en el municipio de Tonalá. Es la primera vez que me siento acompañada y les agradezco de todo corazón que estén aquí” (Ríos, 2018:5). Con estas palabras se presentó la integrante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, durante la manifestación más nutrida que ha tenido el estado sobre el tema de las desapariciones.

Doce mil personas se reunieron el 26 de abril de 2018 para exigir justicia y manifestar su indignación ante las desapariciones, especialmente las forzadas, en las que están involucrados trabajadores del estado. Pero como señaló Guadalupe Aguilar, que lleva más de ocho años en la búsqueda de su hijo, las movilizaciones nunca habían tenido tal respaldo social, a pesar de que las denuncias por desaparición se han duplicado en los últimos diez años y que colocan a Jalisco dentro de los tres primeros estados en número de desapariciones (Cepad, 2018). ¿Qué ocurrió para que la sociedad jalisciense saliera a las calles frente a un problema que tiene años afectando a miles de familias?

Sin duda, la desaparición de tres estudiantes fue un factor que detonó la indignación.

El lunes 19 de marzo de 2018, tres estudiantes de cine, Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ávalos, fueron desaparecidos en circunstancias que hasta la fecha no han sido esclarecidas en su totalidad por las autoridades.

A pesar de que testigos denunciaron los hechos alrededor de las ocho de la noche de ese día al teléfono de emergencias 911, las autoridades llegaron tres horas después al punto de Periférico Poniente, en el municipio de Tonalá, donde un grupo de sujetos armados se llevaron por la fuerza a Javier, Daniel y Marco (Rodríguez, 2018a). Esta falta de acción inmediata para buscar a los tres jóvenes fue la primera de una serie de irregularidades cometidas por el gobierno de Jalisco frente al caso.

Mientras la Fiscalía General del Estado centraba sus indagatorias en la familia de uno de los jóvenes (Reza, 2018), estudiantes y maestros del Centro de Arte Audiovisual (caav) y de universidades como el iteso, la Universidad de Guadalajara y el tec de Monterrey, celebraron asambleas conjuntas para organizar acciones frente al tema, punto clave para incrementar la protesta por las desapariciones y crear presión política a las autoridades a fin de que dieran resultados.

Los estudiantes arrancaron con la difusión masiva del caso, pero también se reunieron con las familias agrupadas en los colectivos Por Amor a Ellxs y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, con años de acción frente a las omisiones de la autoridad en las investigaciones, para crear conciencia sobre el tema, solidarizarse con las familias y preparar protocolos de prevención y actuación inmediata frente a una desaparición.

Estas asambleas derivaron no sólo en acción y reflexión por parte de estudiantes sobre el tema de la desaparición, sino también visibilizaron otros aspectos como la violencia contra estudiantes, el acoso en el interior de los planteles y la necesidad de organizarse para buscar soluciones más allá de las que pudieran ofrecer las autoridades.

En cuanto a la protesta, desde el 22 de marzo comenzaron las primeras movilizaciones para exigir la aparición con vida de Marco, Javier y Daniel, y la presión fue en aumento conforme pasaban los días. Durante una manifestación el 24 de marzo, estudiantes rebautizaron la Glorieta de los Niños Héroes, como la glorieta “de las y los desaparecidos”, un acto simbólico de mucha fuerza al apropiarse de un espacio público en una zona de alto tráfico en la ciudad, que desde entonces se ha convertido en el lugar donde familias cuelgan mantas con información y fotografías de sus seres queridos desaparecidos, donde suelen iniciar o terminar las marchas por los desaparecidos y que mantiene las fotografías de Marco, Daniel y Javier como un recordatorio permanente de su ausencia.

Un mes después de la desaparición de los estudiantes del caav, el gobierno de Jalisco pretendió dar por cerrado el caso al darlos por muertos, ante supuestas declaraciones de jóvenes que dijeron asesinarlos y sus cuerpos fueran diluidos en ácido. La noticia golpeó anímicamente a estudiantes y sociedad movilizada, quienes esa misma noche se manifestaron en silencio frente a Casa Jalisco, en medio de un ambiente de tristeza, con veladoras en las manos, pero también con las dudas respecto a la investigación que les daba por muertos y la exigencia de que investigadores independientes intervinieran en el caso (Toral, 2018c).

En ese ambiente, donde el gobierno daba a los jóvenes por muertos y la sociedad exigía una investigación independiente, se dio la histórica manifestación del 26 de abril de 2018, una protesta sin precedentes, donde alrededor de 12 mil personas se unieron a las familias afectadas por las desapariciones al grito de “¡No están solas!”.

Expertos en derechos humanos (Toral, 2018d) encontraron similitudes entre la investigación oficial del gobierno de Jalisco sobre los tres estudiantes del caav y la correspondiente a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues en ambos casos faltaron los restos de las víctimas, hubo declaraciones autoinculpatorias donde se presumen torturas y elementos de seguridad del Estado participaron activamente o por omisión en la dilación de la búsqueda e investigación.

Finalmente, se confirmaron las dudas sobre la versión oficial que presentaba el gobierno de Aristóteles Sandoval como definitivas y que daban por muertos a Daniel, Javier y Marco. Tras la queja de las familias por inconsistencias en el caso, y gracias a la intervención del Comité contra de la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, la Fiscalía General de la República reabrió el caso y lo atrajo al ámbito federal, con el compromiso de reanudar las tareas de búsqueda con vida de los estudiantes de cine (Gobierno del Estado de Jalisco, 2019).

A mediados de 2018, la revelación de que cientos de cuerpos sin identificar se amontonaban en cajas de tráileres ante la falta de capacidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para procesarlos, despertó nuevamente la indignación de la sociedad frente al tema de las desapariciones, mientras el escándalo llegaba al nivel internacional (Reina, 2018). Familias de personas desaparecidas salieron nuevamente a las calles a protestar por la falta de recursos para hacer frente al problema y por el despido injustificado de quien encabezaba el Instituto de Ciencias Forenses.

A lo largo del año continuaron las protestas por las desapariciones, que superan los 6 mil casos sólo durante el último sexenio. Durante las protestas se dejó de manifiesto que la principal necesidad que está detrás del descontento es la falta de acceso a la Justicia, lo que genera impunidad para los responsables de cometer el delito de desaparición.

También se visibilizaron necesidades puntuales y concretas que será necesario resolver para poder transformar el conflicto sobre las desapariciones en Jalisco. La necesidad que se realicen búsquedas inmediatas de las personas desaparecidas y que sean independientes al proceso de investigación criminal, llevó a la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda y su correspondiente organismo nacional, aunque esas instituciones todavía están lejos de recibir los recursos financieros y humanos suficientes para hacer frente al tamaño del problema.

Otra necesidad principal es la de un banco nacional de datos genéticos, pues los familiares de personas desaparecidas todavía están obligados a desplazarse para entregar sus muestras de adn en los lugares donde son encontradas fosas clandestinas o donde hay cuerpos sin identificar, lo que los expone a una revictimización, y plantea dificultades a quienes tienen menos recursos. Esto se relaciona con la necesidad de personal en las instituciones públicas que atienda, con trato humano, sensibilidad y en una cantidad suficiente para hacer esperar lo menos posible a las familias que se enfrentan a una desaparición.

Las protestas por desapariciones en Jalisco durante 2018 también trajeron aprendizajes, como la necesidad de que la sociedad se organice frente a la inseguridad, que se implementen medidas de prevención y acción frente alguna contingencia, como ocurrió a raíz de las asambleas estudiantiles.

Y quizás el aprendizaje social más importante de todos fue la certeza de que, en las condiciones actuales, cualquier persona está expuesta a una desaparición en Jalisco, aprendizaje resumido en la consigna que miles de personas gritaron durante las manifestaciones por los estudiantes del caav: ¡No son tres, somos todos!

Con esa frase tiraban por tierra el discurso oficial que desde hace tiempo y sin importar los colores partidistas, afirman que quien es desaparecido o asesinado es porque andaba en “malos pasos”. La violencia está presente en la realidad cotidiana de miles de jaliscienses y en las protestas había testimonios de hermanas, vecinos, amigos, compañeras de personas desaparecidas, casos que contradecían el “se están matando entre ellos”. El que cientos de jóvenes se sintieran identificados con Marco, Daniel y Javier hizo que salieran a las calles como nunca había sucedido.

Aunque desde el año 2008, la cifra de denuncias por personas desaparecidas en Jalisco supera los mil casos anuales, y desde 2016 son más de tres mil denuncias por año (Cepad, 2018), no se habían visto manifestaciones tan masivas como las de 2018. Sin embargo, la gran mayoría protestó de manera coyuntural y con el paso del tiempo dejaron de sumarse. Con la cercanía de las elecciones, también hubo grupos políticos que aprovecharon el momento, pero la mayoría salió a las calles a gritar por una injusticia sin acciones a largo plazo.

Hizo falta crear los lazos de confianza y solidaridad organizada entre la sociedad civil que protestaba y las víctimas de la desaparición, los cientos de familias que buscan a sus seres queridos. Hubo personas que a raíz de esas y otras protestas comenzaron a vincularse con los colectivos de Por Amor a Ellxs o Fundej, a crear resonancia de sus exigencias, a organizarse para hacer frente al problema, pero la gran mayoría se sumó únicamente a las manifestaciones, a lanzar gritos para exigir justicia, pero frente a gobiernos de oídos sordos. Queda el reto pendiente, para la mayoría de nosotros, de pasar de la indignación y la protesta, a sumarnos a la resistencia y la organización.

El derecho a una vida libre de violencia

Las mujeres protagonizaron protestas a lo largo de 2018 en torno a su derecho a una vida libre de violencia. Los feminicidios, el acoso sexual y el aborto fueron algunos temas que llevaron a las mujeres a las calles.

El 28 de septiembre, cientos de mujeres la mayoría de ellas muy jóvenes pintaron de verde la avenida Juárez, en el Centro de Guadalajara, en el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro. Fue un ambiente festivo, donde las mujeres bailaron al ritmo de la batucada mientras exigían el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 046 que, entre otras cosas, garantiza el acceso a la interrupción del embarazo a víctimas de violación.

Las manifestantes se solidarizaron con las mujeres que han sido presas por abortar, las que han muerto por someterse a una práctica clandestina y las que han sido obligadas a ejercer una maternidad que no eligieron.

Estas manifestaciones no surgieron de forma espontánea, sino a partir de grupos de mujeres que se reúnen constantemente a discutir y aprender de manera colectiva sobre sus derechos. Mujeres que ocupan cada vez más espacios en ámbitos de toma de decisiones y espacios de poder donde históricamente han sido relegadas, y que por tanto incomodan a muchos sectores.

Estos grupos de mujeres también protestaron por el acoso sexual, una práctica que hasta hace muy poco era vista como algo normal. Las intensas movilizaciones de grupos feministas frente a casos de acoso sexual generaron un quiebre en instituciones como la Universidad de Guadalajara. El cese de dos académicos renombrados, Horacio Hernández Casillas y Eliseo López Cortés, hubiera sido inexplicable sin la presión que ejercieron grupos de mujeres solidarias con quienes padecieron palabras ofensivas, amenazas, tocamientos y el menosprecio.

Previo a la salida de los profesores acosadores, hubo protestas en los centros universitarios e inclusive en el propio edificio administrativo de la Universidad, mesas redondas, asambleas universitarias y mucho activismo a través de redes sociales.

La crisis política en el interior de la mayor universidad pública del estado, a raíz de las denuncias por acoso, obligó a las autoridades de la UdeG a crear un protocolo para la denuncia y actuación frente a casos de acoso, además de la Defensoría de los Derechos Universitarios. El empoderamiento y la confianza de las mujeres dentro de la universidad pública llevó a que sólo en 2018 se superara el número de denuncias por acoso y hostigamiento sexual presentadas los diez años previos (Toral, 2018a).

Frente al feminicidio, la forma más extrema de la violencia de género, el 21 de mayo feministas, familiares y amigos de las víctimas marcharon con rumbo al Parque Revolución, donde colocaron una cruz color rosa de la cual colgaron listones morados con los nombres de algunas de las más de mil 500 mujeres que han sido asesinadas en Jalisco durante las últimas dos décadas (Rodríguez, 2018b).

Al develar el memorial, familiares de las víctimas del feminicidio resaltaron las deficiencias en las órdenes de protección emitidas por las autoridades de seguridad, así como la negativa de los agentes del Ministerio Público a procesar los delitos como feminicidios, lo que minimiza la gravedad del problema cuando se revisan las cifras.

En las manifestaciones por feminicidios en Jalisco resuenan nombres como el de Imelda Virgen, profesora de la Universidad de Guadalajara asesinada por su marido y que es considerado el primer feminicidio en Jalisco tras la tipificación del delito, o el de Alexandra Castellanos, quien varias ocasiones denunció formalmente agresiones físicas por parte de su expareja sentimental, quien finalmente le quitó la vida en diciembre de 2017.

Un punto clave de las protestas frente a la violencia contra las mujeres es su capacidad para apelar al resto de la sociedad respecto a la cultura machista que persiste en prácticamente cualquier ámbito, especialmente el político, y a la necesidad de un cambio cultural en los roles de género que impiden a las mujeres alcanzar la plena libertad.

Ya desde finales de 2018, grupos feministas advirtieron un posible retroceso en su participación política. El 8 de noviembre, una decena de activistas se concentraron afuera de la oficina de transición del entonces gobernador electo, Enrique Alfaro, para entregarle una carta con mil firmas de respaldo, donde le exigían garantizar la paridad de género en su gabinete, fortalecer al Instituto Jalisciense de las Mujeres y garantizar su autonomía (Toral, 2018b).

Fue premonitorio de lo que a inicios de 2019 se concretó como un albazo del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano para desaparecer el mecanismo de adelanto para las mujeres que fue creado en Jalisco apenas en el año 2001.

Sin duda, la protesta de las mujeres será fundamental para visibilizar los problemas que enfrenta más de la mitad de la población jalisciense y transformar una cultura que las violenta y excluye de la toma de decisiones.

En una etapa de regresión en los derechos de las mujeres en Jalisco con la desaparición de instituciones, de unidades de género o la reducción de recursos para atender la violencia contra las mujeres, es importante que las mujeres levanten la voz y hagan manifiesto su enojo ante la clase gobernante que toma las decisiones.

Pero también para señalar a la sociedad. Muchas mujeres refieren cómo han tenido que enfrentar el rechazo en relaciones amorosas, familiares o con amistades por señalar micromachismos, por denunciar a quien acosa o por decir abiertamente que están a favor de que cada mujer decida sobre su propio cuerpo frente a un embarazo no deseado. Ese choque social y cultural, que muchas veces es intergeneracional, también es parte de la protesta, cimbra a una sociedad conservadora como la jalisciense y abre grietas de cambio.

Y como pasó con generaciones atrás con su lucha, las mujeres de hoy siembran el cambio para quienes vienen detrás, al salir a las calles a abrazar el “Yo sí te creo”, al protestar para que respeten sus cuerpos, sus decisiones, a gritar porque no tienen garantizado el derecho a la vida.

La defensa de las áreas verdes y la criminalización de la protesta

Aunque la mayoría de las protestas que hemos destacado terminan de forma pacífica, aún hay autoridades que recurren al uso de la fuerza para acallar voces disidentes que afectan intereses económicos o políticos.

Eso es lo que ocurrió a inicios de junio, cuando la protesta de vecinos de Arboledas del Sur, en Guadalajara, por defender el área verde ubicada al centro de su colonia, terminó con la detención de nueve personas por parte de la policía municipal.

Como parte de una política para redensificar la ciudad, el Ayuntamiento de Guadalajara actualizó los planes parciales de desarrollo urbano. En muchas zonas se realizaron cambios que permitieron la construcción de torres de más de diez niveles en zonas tradicionalmente ocupadas por casas de uno o dos niveles. Decenas de colonias se han organizado desde entonces para oponerse a construcciones que consideran nocivas.

Uno de los casos más llamativos se presentó en Arboledas del Sur, donde 60% de un bosque urbano de 7 hectáreas, hasta entonces clasificado como espacio verde y abierto, fue reclasificado para permitir comercios, servicios y edificios de hasta ocho pisos de altura (Líder Informativo, 2018).

El cambio en los planes parciales de desarrollo era un eslabón más en una trama legal iniciada por la empresa Desarrollos Inmobiliarios de 10, en connivencia con las autoridades municipales, para quedarse con parte del terreno, en una ciudad con un grave déficit de áreas verdes (Rodríguez, 2017).

Ante la supuesta pérdida legal de la totalidad del área verde, a pesar de que la empresa nunca tuvo posesión del terreno, la autoridad municipal llegó a un acuerdo judicial para intercambiar parte del bosque por obras de rehabilitación en el resto del terreno. Para impedir que se concretara el acuerdo y evitar afectaciones al bosque urbano que han cuidado y disfrutado por décadas, los vecinos se manifestaron en el parque para evitar las obras de remodelación, que incluían caminos de cemento, baños y áreas de juegos infantiles. El conflicto escaló de nivel hasta que el 11 de junio decenas de policías antimotines se presentaron en el lugar de la protesta y se llevaron detenidas a nueve personas, incluidos jóvenes que defendían un parque en el que jugaron desde pequeños (Álvarez, 2018).

La protesta se trasladó a la Calle 14, sede de la Fiscalía General del Estado, donde vecinos exigieron la libertad de los detenidos, mientras las obras de construcción de caminos continuaban en Arboledas del Sur.

La libertad de los detenidos coincidió con una resolución judicial hasta entonces inesperada, por autoridades municipales y la empresa, que concedió una suspensión de plano a la comunidad indígena de Santa María Tequepexpan, que asegura tener derecho sobre el área verde en disputa y busca que se conserve como espacio abierto (Del Castillo, 2018).

Los habitantes de Arboledas del Sur se mantienen en alerta para reiniciar la lucha si continúa el intento por despojarles de su área verde, y con su protesta hacen visible la necesidad de privilegiar el medio ambiente y los espacios comunitarios sobre los intereses inmobiliarios y el beneficio económico de unos cuantos.

Al inicio de este texto, afirmamos que los conflictos son un motor de cambio social al poner de manifiesto necesidades y desigualdades no resueltas. Durante 2018, la sociedad jalisciense protestó por temas como la desaparición, la violencia contra las mujeres y el despojo de áreas verdes, visibilizando desigualdades que viven miles de personas desaparecidas que no son buscadas, mujeres que son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, y comunidades que enfrentan despojos frente al poder del dinero.

Uno de los principales retos para quienes forman parte de esas protestas y luchan por acortar esas desigualdades, es la necesidad de articularse, crear lazos y empujar en conjunto. La fuerza de la protesta social se hace más necesaria frente a los nuevos gobiernos con tendencias autoritarias, que fortalecen sus vínculos con grupos de poder fáctico, empresarial o criminal que empujan en sentido contrario.

Referencias

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Pérez Viramontes, Gerardo (2018). Construir paz y transformar conflictos: algunas claves desde la educación, la investigación y la cultura de paz. Guadalajara: iteso.

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Libertad de Expresión: Obstáculos y Contexto en 2018

Sergio René de Dios Corona

En medio de una “profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos” de la población, la violencia en sus diversas manifestaciones contra periodistas mexicanos marcó el año 2018. El ataque expansivo contra los periodistas y el periodismo “representa hoy la amenaza más directa y significativa a la libertad de expresión en México”, alertó en junio de ese año el Informe Especial sobre la situación de la libertad de expresión en el país, realizado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (cidh-oea, 2018).

Aunque extendidos a la población en general, a menudo los hechos de violencia se han dirigido a quienes son más indispensables para dar a conocer la situación de conflicto e inseguridad, corrupción y criminalidad, advirtieron en el informe especial los relatores especiales para la libertad de expresión de la cidh, Edison Lanza, y de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y expresión, David Kaye, ambos especialistas en el tema: “Se trata de violencia que busca sofocar el debate público y la participación cívica, que constituye un ataque general a la esencia de la vida democrática en México a nivel local, estatal y nacional” (cidh-oea, 2018).

A su vez, en el Balance 2018 de periodistas asesinados, secuestrados y desaparecidos, la organización Reporteros Sin Fronteras denunció que México “es el país en paz más mortífero para los periodistas”. En México “abundan los predadores de la prensa”. Los periodistas que trabajan en temas relacionados con la corrupción de los políticos, sobre todo los locales, o con el crimen organizado, a menudo son víctimas de intimidaciones, agresiones y asesinatos (Reporteros Sin Fronteras, 2018).

Este mismo balance –que abarca desde el 1 de enero hasta el 1 de diciembre de 2018–, señala que la impunidad debida a la corrupción que reina en todo el país alcanza niveles récord y alimenta ese círculo vicioso de violencia. Hasta ese día, la agrupación contabilizaba nueve periodistas mexicanos asesinados. “Las medidas de protección que se otorgan a los periodistas amenazados a menudo son insuficientes e ineficaces” (Reporteros Sin Fronteras, 2018).

El clima de violencia hacia los periodistas también se registró en las elecciones federales de 2018, además de los comicios en ocho entidades y sus municipios. A pesar de la denuncia, la violencia generalizada en contra de las y los periodistas no ha cesado, incluso, sigue en aumento, también denunció la Red #Rompe el Miedo (rrm).1

Para el proceso electoral, la rrm documentó 185 agresiones en contra de periodistas y otros integrantes de la red, de las cuales 75.9% fueron cometidas por integrantes y candidatos de partidos políticos y por funcionarios públicos, sin que hasta el momento se conozca públicamente si las autoridades correspondientes han iniciado algún proceso que dé seguimiento a las decenas de agresiones perpetradas. “De esta manera, y sin lugar a duda, los contextos electorales se caracterizan por ser los más adversos y violentos contra el ejercicio de la labor informativa en México”, señaló la rrm, integrada por más de 800 periodistas.

Asimismo, añadió en su documento Elecciones 2018, publicado en octubre de ese año, que cada que un periodista sufre alguna agresión “se enfrenta además a violencia institucional en la que se ejerce la impunidad a tal grado, que el proceso de investigación, seguimiento y reparación del daño es revictimizante, tedioso y prácticamente inexistente” (rrm, 2018). Así, en las conclusiones anota que los ataques a la prensa y a quienes comunican, representan hoy en día la mayor amenaza a la libertad de expresión y un menoscabo a la democracia de México.

A pocos días de concluir 2018, los ataques mortales contra periodistas continuaban. El 4 de diciembre, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato en Nayarit de Jesús Alejandro Márquez Jiménez. También recordó que desde enero de ese año se desconocía el paradero del periodista Agustín Silva, desaparecido en Oaxaca. Días más tarde, el 13 de diciembre, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la cidh se sumó a la condena de ese crimen y a otro más, el de Diego García Corona, cometido en el Estado de México.

Con una cifra similar a la del año 2017, al menos 12 periodistas fueron asesinados en México por motivos vinculados a su labor profesional, “lo que sugiere que la violencia contra periodistas continúa afectando de manera grave a la sociedad mexicana”, advirtió la relatoría de la cidh.

El gobierno federal de México creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que, sin embargo, es ineficiente y no ha impedido los asesinatos de quienes estaban protegidos, señaló en octubre de 2018 Emmanuel Colombié, Director del despacho Américas, de Reporteros Sin Fronteras.

En octubre de 2018, el Consejo de ese mecanismo alertó que el gobierno federal no entregó los suficientes recursos para que 727 defensores de derechos humanos y periodistas no quedaran sin medidas de protección por lo menos hasta diciembre. De manera “irresponsable”, el gobierno de Enrique Peña Nieto cierra su sexenio incrementando el nivel de riesgo de quienes se encuentran bajo resguardo de dicho mecanismo y “dejando con una mínima capacidad operativa” al equipo de la Coordinación Nacional Ejecutiva.

De los 12 asesinatos de periodistas cometidos en 2018, dos ocurrieron en diciembre, durante la primera semana de gobierno de la nueva administración federal, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, surgido del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Las cifras de periodistas asesinados difieren según la fuente: el mecanismo de protección enumera en su sitio web 18 asesinatos de “personas periodistas”, en tanto que otros organismos indican que fueron 12.

La perspectiva de los organismos nacionales

Cada vez que un periodista es asesinado, los organismos internacionales suelen instar a las autoridades mexicanas a fortalecer sus políticas de prevención y protección de todo tipo de violencia contra el gremio y los medios de comunicación, y a investigar de forma completa, efectiva e imparcial los crímenes, esclarecer sus móviles y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Sin embargo, la impunidad es el sello de los ataques.

El 2 de noviembre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) denunció que autoridades de los tres órdenes de gobierno han incumplido su deber de prevenir, investigar y sancionar los crímenes contra los periodistas, lo que ha generado un alto índice de impunidad. De las 176 averiguaciones previas relacionadas con distintos delitos contra periodistas, de acuerdo con la Recomendación General núm. 24 de 2016, de este organismo, “el resultado es trágico” al observar que sólo en 10% de los casos hubo sentencia condenatoria y en 90% restante “impera la impunidad” (cndh, 2018a).

Según la cndh, en los casos de desaparición de periodistas y atentados contra instalaciones de medios informativos, la impunidad es de 100%. Un ejemplo ocurrido en 2018 es que el 20 de diciembre unos desconocidos abandonaron una hielera con una cabeza humana y una pancarta con amenazas contra el periódico Expreso y otros medios informativos de Ciudad Victoria, Tamaulipas. En 2012, el mismo impreso enfrentó una situación de riesgo, luego de que unos sujetos hiceron estallar un vehículo con explosivos, a pocos metros del sitio en que se localizaron la hielera y la pancarta.

De acuerdo con los datos de la cndh, desde el año 2000 y hasta el 2 de noviembre de 2018, se habían cometido 140 homicidios de periodistas, 21 se encontraban desaparecidos desde 2005 y se habían cometido 52 atentados contra instalaciones de medios de comunicación, contabilizadas a partir de 2006. Detalla que más de la mitad de los homicidios se concentran en cinco entidades: Veracruz (22), Tamaulipas (16), Guerrero (16), Oaxaca (15) y Chihuahua (14).

En 2018 la cndh emitió tres recomendaciones en las que acreditó violaciones a los derechos humanos en agravio de periodistas: la 88/2018, tras el homicidio en 2004 de un periodista en Tamaulipas; la 89/2018, derivada del asesinato de un periodista en Veracruz en 2016; y la 91/2018, a raíz de tres atentados que se perpetraron contra un periodista de Baja California en 2016 y 2017. La lectura de las recomendaciones evidencia cómo, además de victimados o de ser objeto de agresiones, la exigencia de justicia en cada caso se convierte en un calvario para la familia o el propio agredido, sin que los señalamientos de la cndh necesariamente se cumplan, debido a no ser vinculantes u obligatorios para las autoridades.

En su Informe anual 2018 (cndh, 2018b), presentado en enero de 2019, la cndh actualizó los datos y, en el marco del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, dio a conocer que en el periodo comprendido entre el año 2000 hasta el 20 de diciembre de 2018, se registró un total de 141 homicidios de periodistas, de los cuales 15 casos corresponden a mujeres, lo que equivale a 10.6% de las víctimas.

Como parte de sus acciones, la cndh recurre a las llamadas Medidas Cautelares, mediante las cuales requiere a las autoridades “acciones o abstenciones por parte de las y los servidores públicos a fin de evitar la consumación irreparable de violaciones a los derechos humanos, o la producción de daños de difícil reparación a las personas afectadas, así como para solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron.” (cndh, 2018b).

Dichas solicitudes de medidas precautorias, por parte de esta instancia para proteger periodistas, aumentaron a consecuencia del incremento en la frecuencia y gravedad de las agresiones contra los informadores profesionales. En 2014 sumaron 11; en 2015 se contabilizaron 16; para 2016 llegaron a 27; un año después, la cifra fue de 66 y –siempre al alza– en 2018 se dispararon para alcanzar 96, lo que la cndh calificó como “alarmante”.

A pesar de lo anterior, esta instancia reconoció que implica una “situación estructural de violencia”, que se agudiza y subsiste debido a la impunidad y la autocensura puesto que la mayoría de las entidades federativas no cuentan con agencias especializadas para la investigación de delitos en contra de periodistas y personas defensoras.

Esta circunstancia es preocupante ya que el Estado tiene una responsabilidad, sustentada en sus obligaciones de prevención y protección cuando existe el riesgo de que se produzcan crímenes en contra de periodistas por situaciones concretas en que las autoridades saben o deberían haber sabido que hay un riesgo real e inmediato de que se cometan estos delitos, tal y como fue manifestado por la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la cidh.

En marzo de 2018, el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, en su investigación “Soy periodista, no criminal” denunció que si bien los asesinatos y desapariciones de periodistas representan agravios extremos a la libertad de expresión, existen otros procesos de agresión contra el gremio periodístico que transitan de la esfera de violencia física a la digital y a la judicial (Propuesta Cívica, 2018).

Este mismo Centro señaló que, actualmente, la política pública orientada a proteger el ejercicio periodístico se mantiene inacabada, pues se ha enfocado a atender las agresiones físicas, pero ha desatendido los mecanismos jurídicos y judiciales que muchas veces son utilizados como armas de agresión.

“Ejercer este tipo de violencia contra periodistas por su labor de investigación e información, mantiene efectos transgresores de derechos y representa un retroceso en la construcción democrática. Muchas ocasiones puede transitarse de una criminalización o acoso judicial, a una amenaza, hasta llegar incluso a violaciones graves de derechos humanos, como el asesinato o desaparición forzada de quienes ejercen la actividad periodística”(Propuesta Cívica, 2018).

El caso de Jalisco

Es importante recuperar y conocer las condiciones y el ambiente de agresiones en el ámbito nacional hacia la prensa y sus trabajadores, como contexto que permite situar y analizar lo que sucedió en Jalisco durante 2018 en cuanto a la libertad de expresión, un derecho humano fundamental e inalienable, “requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática”, como señala la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, aprobada en 2000 por la cidh.

Un rasgo de lo sucedido en el nivel estatal en 2018 son las relaciones ríspidas de una parte de los periodistas y medios informativos con el ahora gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. En pleno proceso electoral, el entonces precandidato por Movimiento Ciudadano (mc) a la gubernatura, se presentó el 3 de enero de ese año en el programa Forma y Fondo, de Radio Metrópoli, a una entrevista con los periodistas Jorge Octavio Navarro y Mario Muñoz Loza.

El alcalde con licencia de Guadalajara llegó molesto, con un “expediente” detallado que contenía la transcripción de 385 menciones, de las cuales, dijo, 342 eran negativas. En el programa reclamó por las opiniones críticas a su gestión al frente del Ayuntamiento, lo que fue un acto intimidatorio hacia ambos informadores. “Traigo una carpeta grandotota porque lo que hice fue ponerme a leer una vez más todos los programas que ustedes hicieron en dos años, que estuvimos revisando, quisiera nada más darles este dato para que entiendan de lo que quiero hablar, ustedes hicieron menciones sobre un servidor en 385 programas, de esas 385 menciones, 342 fueron negativas” (Revista Etcétera, 2018)

Alfaro Ramírez argumentó esa mañana a su favor que, como señaló un organismo, el municipio es el más transparente del país; que ha realizado transmisiones en vivo de sesiones de comisiones de adquisiciones y obras públicas; y rechazó ser autoritario o que no escuche y, sin ofrecer pruebas, mencionó que hay ataques a su administración que vienen con guion promovido desde el Partido Revolucionario Institucional (pri), su partido opositor.

Durante su gestión como presidente municipal de Guadalajara, Alfaro Ramírez no usó su derecho de réplica para precisar, matizar o desmentir las menciones, a pesar de contar con una Dirección de Comunicación Social y a que con recursos del erario pagó a tres empresas que manejan su comunicación e imagen (Indatcom, Eu Zen y La Covacha), incorporadas a su proyecto político desde que fue alcalde de Tlajomulco de Zúñiga.

La construcción del “expediente” personal de ambos periodistas fue la arrogante demostración de un acto de poder ejercido contra opiniones críticas, que recordó las “fichas” que grupos políticos, corporaciones de seguridad y aparatos de inteligencia suelen elaborar de cada periodista para de ser necesario presionarlo, amenazarlo o reprimirlo; fichas que en anteriores sexenios estatales también se elaboraron.

Uno de los antecedentes de la “carpetota” exhibida en el programa radiofónico por Alfaro Ramírez, donde mostró su irritación hacia determinados medios informativos o periodistas, ocurrió meses antes, el 2 de junio de 2017. Durante la inauguración de obras de pavimentación en una colonia tapatía arremetió contra tres medios informativos impresos al declarar frente a los vecinos: “Quiero ver a todos esos que escriben tantas cosas de mí, al Mural, al ntr, a La Crónica, a todas esas basuras que escriben cosas todos los días, denigrando, ofendiendo, atacando. Quiero ver qué han hecho ellos como esto [las obras], que le llegue a los talones para cambiar la realidad” (Montiel, 2017).

Además de reclamar, Alfaro Ramírez habló de cómo se concibe a sí mismo, a su propuesta política y a su grupo político: “Porque somos de las últimas esperanzas que quedan en este país; no exagero, de las últimas esperanzas que quedan, y a veces cuando uno ve eso [las críticas de los medios informativos]; cuando uno se da cuenta que todo el día están dando y dando y dando para ver si te doblas, hay veces que uno termina en la noche y dices, ‘¿qué necesidad tengo de esto’”.

Desde esa visión política escasamente autocrítica, se puede inferir por qué es repelido cualquier comentario o crítica pues –en su lógica– ciertos periodistas y medios informativos atentan contra una de las “últimas esperanzas” que le quedan a México. La relación rasposa con determinados medios informativos y periodistas desde quien asumió la gubernatura de Jalisco el 6 diciembre de 2018, está presente luego de que Alfaro Ramírez suele confundir las críticas con ataques personales e imagina que detrás de todos los cuestionamientos está un grupo o partido político que las atiza.

Otro ingrediente presente en la animadversión a determinados medios y periodistas es que el mandatario estatal continuó con su política de comunicación social de apostarle sobre todo a las redes sociales, y menos a los medios informativos. Con el apoyo de las empresas privadas referidas –algunos de cuyos directivos formaron parte de su administración en Guadalajara–, a sus cuentas subió ese año mensajes o videos de sus actividades, informó parte de su agenda y, también, las convirtió en palestra para el debate, la crítica, los desmentidos y las descalificaciones a sus opositores y a la prensa crítica. Sus posturas públicas fueron replicadas con agrios ataques de seguidores y simpatizantes hacia los periodistas que lo cuestionan, lo que generó un ambiente hostil y campañas de linchamiento contra reporteros.

En un comunicado dirigido al gobernador, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Capítulo Jalisco, llamó la atención en octubre de 2018 sobre el periodismo crítico como necesario para lograr una sociedad informada y participativa. “La libertad de expresión de las personas que realizan labores periodísticas debe ser respetada por las autoridades, quienes además deben abstenerse de alimentar el odio contra los periodistas y los medios de comunicación en un contexto en que estos son con frecuencia agredidos por realizar su trabajo”. La asociación planteó que esperaba que en el próximo gobierno respetara la labor de este gremio “y a través del Ejecutivo se impulsen iniciativas para protegerlos frente a las amenazas de las que son objeto” (Amedi-Jalisco, 2018).

Igualmente, es común que Alfaro Ramírez pague pautas publicitarias para dar a conocer políticas públicas o fijar sus posturas en redes sociales, interesado en que se difundan más por esa vía. A los medios informativos no siempre envió, en esos casos, comunicados oficiales, sino que en el año analizado su equipo recurrió a utilizar Facebook y Twitter, entre otros medios digitales. Las empresas que manejan su comunicación en realidad son aparatos de propaganda a su servicio personal, que promocionan políticamente al gobernante y brincan a reporteros y medios para proporcionar una supuesta información directa a la sociedad jalisciense, con su versión aséptica y acrítica de la administración, sin que medien preguntas o cuestionamientos incómodos.

La publicidad oficial

El 15 de agosto de 2018 sesionó la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del Estado, buscando cumplir con lo dispuesto por el artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Comunicación Social, que el 11 de mayo de ese mismo año, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación, obligó a los Congresos locales a adecuar sus marcos jurídicos en ese tema. La comisión aprobó el dictamen que crea la Ley de Comunicación Social del Estado de Jalisco que aplica “el ordenamiento jurídico de austeridad, pone fin al culto a la personalidad de los gobernantes y funcionarios con el uso de recursos públicos, indica el documento que coloca como sujetos obligados a los poderes públicos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos descentralizados y autónomos, y municipios”.

Dicho dictamen señala que los recursos que se destinen para la comunicación deberán observar lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, que estipula no rebasar 0.3% del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente. Ese mismo día, en el pleno del Congreso del Estado, se le dio primera lectura; sin embargo, la Legislatura concluyó sus trabajos, y la nueva, que entró en funciones el 1 de noviembre de 2018, no la agendó ese año para su segunda lectura, a fin de que el pleno la discutiera y, en su caso, la aprobara. Es decir, la mantuvo en suspenso.

Días después de tomar posesión como gobernador, Alfaro Ramírez anunció que el presupuesto para comunicación social se reduciría durante su gestión, pero —con la misma política de su antecesor, el priista Aristóteles Sandoval— no precisó los criterios con que se distribuirán esos recursos a los medios informativos de Jalisco y, mediante el decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio 2019 estableció, en el artículo 4, que las partidas 3611, 3631, 3661 y 3691, a través de las cuales se ejercen recursos en materia de comunicación, son de “ampliación automática”.

Es decir, si durante 2019 la administración alfarista dispone de más recursos, podrá ampliar los 240.4 millones de pesos presupuestados para todo el año, con el único limitante de no exceder el equivalente a 0.3 por ciento del presupuesto total, que asciende a 116 mil 946.2 millones de pesos, y que para comunicación social podría llegar a 350.8 millones de pesos (Congreso del Estado de Jalisco, 2018).

Sin la aprobación de la Ley de Comunicación Social del Estado de Jalisco, que especialistas critican por considerar que está peor que la ley federal que entró en vigor el 1 de enero de 2019, la regulación de la distribución de la publicidad oficial en Jalisco está pendiente y, con ello, el riesgo de que se utilice para castigar o premiar a tales o cuales empresas informativas, según sea o no del agrado gubernamental su línea editorial.

Se van profesionales

Desde una perspectiva de la libertad de expresión, que en el caso de los medios informativos exige contar con calificados profesionales de la información, durante el inicio de la actual administración estatal algunos periodistas formados renunciaron a sus empresas contratantes para integrarse a los equipos de las autoridades que triunfaron en las elecciones de 2018. Es el caso, por ejemplo, de periodistas que se sumaron al gobierno estatal y al municipio de Zapopan. Se perdió con eso el oficio y la experiencia acumulada de quienes partieron.

El traspaso de periodistas a la función pública se trata de un fenómeno que se repite desde hace décadas cada tres años, con el cambio de administraciones, en parte derivado de las condiciones de trabajo que prevalecen en Jalisco para los informadores: en muchos casos con bajos sueldos; incertidumbre de su futuro laboral; outsourcing que contrata personal para empresas de comunicación; pagos sin estar en nómina, y por tanto sin prestaciones; en ocasiones, largas jornadas obligadas por tener dos empleos, muchas veces sujetos a malos tratos o líneas editoriales oficialistas; con un ambiente hostil de parte de algunos funcionarios; de linchamientos en redes sociales a su trabajo si es de denuncia, entre otras situaciones adversas.

El entorno laboral en 2018 también tuvo repercusiones en la planta laboral, luego de que ocurrieron recortes de personal en empresas informativas locales, no sólo de reporteros sino de columnistas, como sucedió en Milenio-Jalisco, El Informador y Mural.

Las salas de redacción tienden a achicarse y a incrementar la carga laboral de los periodistas, luego de la crisis que en su modelo de negocios enfrentan las empresas en la transición hacia un periodismo cada vez más digital, pero sin capacidad de allegarse suficientes recursos para operar de manera eficiente en términos informativos y subsistir de forma decorosa con ingresos económicos aceptables.

También en 2018, la libertad de expresión se vio acotada si la revisamos desde la perspectiva del derecho a la información, que cada vez la pervierten más los llamados “sujetos obligados” a través de sus equipos de las Unidades de Transparencia. Ese derecho se usa como un recurso para dosificar la información, ya sea mediante solicitudes de información o la puesta a disposición en los sitios de transparencia. A través de las solicitudes de información, los periodistas enfrentan procesos parajudiciales que los fuerzan a desarrollar habilidades de abogado, lo que complica aún más el acceso en el caso de un ciudadano común.

La práctica seguida desde las unidades de transparencia es que si la información es “comprometedora” desde la visión del funcionario público que no cumple con su responsabilidad, entonces la entrega incompleta, distinta a la solicitada, o responde que no es de su competencia para obligar al solicitante a interponer recurso ante el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (itei) y así ganar tiempo y, por cansancio, hacer que el reportero se desista. Considerar la información pública como un bien privado prosigue como una práctica en oficinas gubernamentales.

En el comunicado ya citado, la Amedi-Jalisco abordó la transparencia, así como la rendición de cuentas cabal y expedita, que consideró “deben ser los rasgos distintivos de la gestión pública si se pretende, como se ha dicho, lograr una refundación de Jalisco sustentada en los hechos más que en la retórica”. Por ello, consideró necesario asegurar que el (itei) disponga de lo necesario para atender sus obligaciones, incluyendo las relacionadas con la protección de datos personales.

Una queja de reporteros en la actual administración –que se repite de las anteriores– fue que luego de la reingeniería anunciada de las direcciones o coordinaciones de comunicación social estatales, cada vez más se dificulta entrevistar a funcionarios. La descoordinación, las evasivas, las excusas son parte de las vallas para acceder a la información cara a cara o que los funcionarios opinen de tal o cual asunto, salvo cuando se trata de una entrevista “banquetera” o ruedas de prensa convocadas ex profeso.

Posicionamientos

En octubre pasado, la Amedi-Jalisco hizo un llamado al ahora gobernador para que atendiera los desafíos que en materia de libertad de expresión y derecho a la información se vislumbran en los próximos seis años. Uno de ellos se relaciona con el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (sjrtv), que debe sobresalir por su autonomía e independencia editorial respecto al poder político. “De ahí la importancia de designar a un director con trayectoria y experiencia reconocida en medios de comunicación que fortalezca el sentido de servicio público que debe tener este Sistema. Es urgente una reforma a su ley orgánica que considere su autonomía de gestión y que lo lleve a ser un vehículo comunicativo y cultural verdaderamente público y de calidad” (Amedi, 2018). Sin embargo, hasta el 31 de diciembre el gobierno estatal aún no nombraba titular al sjrt, que se mantenía a la deriva.

También la Amedi señaló que persiste una brecha tecnológica significativa entre los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara y quienes viven en otras regiones de la entidad. Ante ello, la Amedi-Jalisco consideró urgente “delinear e implementar un plan de infraestructura que propicie y mejore el acceso y el uso universal de las tecnologías de la comunicación entre los habitantes de Jalisco, y que complemente lo hecho a través del proyecto nacional México Conectado u otros que diseñe el próximo gobierno federal” (Amedi, 2018).

Antes de que tomara posesión Alfaro Ramírez, la Amedi-Jalisco puntualizó que el voto de confianza que la ciudadanía emitió a través del sufragio no es un cheque en blanco. Antes bien, es la materialización de las expectativas de un pueblo que sistemáticamente ha sido decepcionado por sus representantes. Estar a la altura de sus necesidades no es una gracia sino la exigencia más elemental.

La libertad de expresión no se mendiga; se ejerce. Está salvaguardada por la Constitución Política del país, que obliga a las autoridades, según el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos, el de expresar, recibir y difundir opiniones, pensamientos e informaciones por cualquier medio posible, sin restricción de fronteras y sin otros límites que los establecidos por la Carta Magna y sus leyes. Corresponde a la sociedad en su conjunto, a los ciudadanos, a los medios informativos y periodistas exigir a las autoridades su cabal cumplimiento.

Finalmente –hay que destacarlo–, son numerosos los periodistas y programas de distintos medios informativos que realizan periodismo de calidad, sustentado en información confiable, en investigaciones periodísticas a fondo, en la independencia de criterio editorial frente a las presiones que surgen, y que con su labor profesional visibilizan y ponen a debate en la esfera pública, temas de interés colectivo. Contribuyen de esa manera a mantener vigente la libertad de expresión y el derecho de los jaliscienses a estar bien informados.

Referencias

AMEDI-JALISCO (2018). “Comunicado sobre llamado al próximo gobierno estatal en materia de derechos a la comunicación de los jaliscienses”. Disponible en: http://www.amedijalisco.org.mx/comunicados/comunicado-sobre-llamado-al-proximo-gobierno-estatal-en-materia-de-derechos-a-la-comunicacion-de-los-jaliscienses/ [Consultado el 21 de marzo de 2019].

CIDH-OEA (2018). “Informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en México”. Disponible en: http://oas.org/es/cidh/expresion/docs/2018_06_18%20CIDH-UN_FINAL_MX_report_SPA.PDF [Consultado el 21 de marzo de 2019].

CNDH MÉXICO (2018a). Denuncia CNDH impunidad del 90% en homicidios de periodistas y demanda a las autoridades garantizar investigaciones profesionales y efectivas que consideren la labor de los comunicadores, Comunicado de Prensa DGC/349/18 el 2 de noviembre de 2018, disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_349.pdf [Consultado el 21 de marzo de 2019].

CDNH México (2018b). “Informe Anual 2018 de la CNDH”. Disponible en: http://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2018/IA_2018.pdf, [Consultado el 21 de marzo de 2019].

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, Decreto 27225/LXII/18 del presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 201, sus anexos y la plantilla de personal, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 22 de diciembre de 2018, disponible en: https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/12-22-18-vi_1.pdf [Consultado el 21 de marzo de 2019].

MONTIEL, Adrián. “Alfaro arremete nuevamente contra medios impresos locales” en El Diario ntr – Guadalajara. 2 de junio de 2017.

PROPUESTA CÍVICA (2018). “Soy periodista no criminal”. México, disponible en: http://www.propuestacivica.org.mx/soy-periodista-no-criminal.html [Consultado el 21 de marzo de 2019].

RED ROMPE EL MIEDO (2018). “Informe Elecciones 2018”. Disponible en: https://informaterompeelmiedo.mx/wp-content/uploads/2018/10/RRM-informe-elecciones-2018.pdf [Consultado el 21 de marzo de 2019].

REPORTEROS SIN FRONTERAS (2018). “Balance de periodistas asesinados, detenidos, secuestrados y desaparecidos en el mundo”. Disponible en: https://rsf-es.org/_files/200006207-844ad85454/2018_RSF_BALANCE_ANUAL.pdf [Consultado el 21 de marzo de 2019].

REVISTA ETCÉTERA (2018). “Alfaro saca la ‘lista negra’ de críticas en su contray niega ser intolerante”. Ciudad de México.

Notas:

1 Lo relativo a la Red Rompe el Miedo se puede ver en: <https://twitter.com/rompemiedo>.

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Informes de Derechos Humanos

La Frágil Circunstancia de los Periodistas en Jalisco, 2015

La Frágil Circunstancia de los Periodistas en Jalisco, 2015

María Elena Hernández Ramírez.

La violencia más fuerte es la que vivimos todos los días con las empresas. Como periodista, tu empresa es la que te violenta más.1

2015 fue desalentador para los periodistas en Jalisco; un año de inestabilidad, incertidumbre e impotencia ante la acentuada intromisión del poder político en los medios y el recrudecimiento de la precariedad laboral en la profesión. Fue un periodo en el que convergieron numerosas situaciones de vulnerabilidad que afectan al gremio periodístico desde hace más de un lustro: despidos, degradación de las condiciones contractuales, cierre de fuentes de empleo, control informativo, autocensura, silenciamiento institucional, reforzamiento de acuerdos político-comerciales entre empresarios de medios y gobernantes, intrusiones en la línea editorial; desarticulación de redacciones y menosprecio por el periodismo regional; distanciamiento entre administradores y trabajadores de la informacin; acoplamiento a prácticas dóciles como condición para conservar el empleo, o abandono del oficio ante la falta de apoyo de jefes y empresarios. Frustración. Desesperanza. Desazón.

Aquí no pasa nada

Frente a la violencia física contra periodistas registrada en las entidades de Guerrero, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz en el mismo periodo2, prevalece la apreciación de que en Jalisco no pasa nada, de que es uno de los estados “más seguros para ejercer el periodismo”3, de que todo está bien aquí. En Jalisco se registran “menos agresiones contra periodistas”, y estamos “en los últimos lugares de la lista [de] agresiones cometidas contra comunicadores”, resume el diario El Informador en su nota sobre el reporte “Disentir en Silencio: violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México 2013”4, de Artículo 19, organización internacional defensora de la libertad de expresión. En noviembre de 2015, la misma organización presenta el informe sobre México “Epidemia del miedo a comunicar”5; tampoco en este caso aparecen señalamientos específicos para Jalisco, aunque ese miedo se perciba en el ambiente periodístico de la entidad (por motivos distintos a los enfatizados en el documento, uno de ellos: el miedo a perder el empleo).

Pero las amenazas contra periodistas también ocurren en Jalisco. En abril de 2015, y fuera de los informes referidos, Artículo 19 emitió una alerta por las acciones anónimas de intimidación hacia Jade Ramírez Cuevas, periodista y entonces Consejera del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas6, acciones que significaron “un peligro real e inminente a su integridad física”7; igualmente, el organismo publicó una nota de prensa sobre las amenazas que recibieron periodistas de MVS Radio “por revelar vínculos del narco con los gobiernos de Colima y Jalisco”8, en el contexto de la serie de bloqueos a vías de comunicación en el estado, perpetrados por el crimen organizado el 1º de mayo. Los periodistas que dan seguimiento a los temas de Derechos Humanos perciben que en los reportes internacionales hay un registro de las agresiones de que son objeto los informadores en esta entidad del país9.

El problema está en casa

No obstante, reporteros de distintos medios sostienen que en Jalisco la violencia hacia el gremio surge desde las instituciones y desde las propias empresas para las que ellos trabajan10. En el caso de las primeras, porque deben rendir cuentas a la sociedad y son —o deberían ser— objeto de vigilancia de los periodistas, lo que genera conflictos y negociaciones entre los actores involucrados. En cuanto a las empresas periodísticas, un número importante de ellas dejó de preocuparse por la calidad de los proyectos periodísticos y por las condiciones laborales de los trabajadores de la información (salarios, prestaciones, relaciones en la redacción); la mayoría ha adoptado una lógica mercantilista, marcando una distancia insondable entre los intereses de la organización y los de sus periodistas. Esta circunstancia se ha normalizado y es común observar que los medios, organizaciones vigilantes de las instituciones sociales, cometen constantes injusticias contra sus propios trabajadores. En 2013, el Colectivo de Periodistas de Jalisco realizó un reporte sobre este fenómeno para el XVII Informe del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL): la “Situación laboral de los periodistas en Jalisco”11. Desde entonces las condiciones que ahí se detallan se han agravado.

Control institucional

En Jalisco, 2015 fue un año electoral, escenario privilegiado para apreciar tanto el control informativo ejercido por las instancias gubernamentales como el conveniente sometimiento de la mayor parte de los medios. “Quien paga la música, pide el son”, y el gobierno del estado (electo en 2012) ha sido generoso con la música: nunca en los últimos 40 años se “había presenciado tanto dinero gastado por un gobierno jalisciense en comprar publicidad a los medios, como en el mandato de Aristóteles Sandoval”. La censura y la autocensura que vimos en 2015 se explica por el “compromiso comercial de las empresas comunicadoras con el Gobierno del Estado”12.

Los poderes se entretejen. Ante la posibilidad de alternancia de partido en los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, durante los pasados comicios algunos medios realizaron una cobertura equilibrada de los contendientes con mayores posibilidades de triunfo. Una vez definidos los resultados, los dueños y directivos de los medios se alinearon a los nuevos poderes, conveniente recomposición de acuerdos para proteger los intereses empresariales, aun por encima de los compromisos periodísticos con la sociedad. En el nuevo escenario, los actores del poder cuestionan con normalidad a los reporteros cuando no les gusta el tono de las notas que publican sobre ellos. No se trata de una práctica local ni novedosa; es característica de las relaciones entre los medios y el poder en México; sin embargo, en el escenario de la alternancia se hace más evidente la naturalidad con la que los empresarios negocian la situación de sus reporteros y cuidan la relación con el funcionario13.

La política de comunicación del gobierno del estado, asesorada hasta julio de 2015 por Alberto Lamas Flores desde su Mesa de Estrategia o “Cuarto de guerra”14, reforzó en ese año prácticas conocidas durante las precampañas para la elección gubernamental de 2012:15

a) Pactar la cobertura de los eventos políticos, como parte de los convenios de publicidad contratada con los medios. b) Llamar a las redacciones para “recomendar” el enfoque adecuado en las notas. c) Amonestar (directa o indirectamente) a quienes dieran un ángulo a la información que desagradara al funcionario. d) Demorar la respuesta de las oficinas de Comunicación Social a peticiones de entrevista de los reporteros para confirmar alguna información. e) Premiar con pautas publicitarias a medios y reporteros, por coberturas favorables al gobierno estatal, y castigar ante caso contrario.

Por su parte, como resultado del compromiso adquirido a través de los convenios publicitarios, en numerosos medios: se alteraron notas a favor de funcionarios, sin previa consulta a los reporteros que las redactaron; se reemplazaron por boletines oficiales informaciones escritas por los reporteros, inutilizando su trabajo; se exigió sacar diariamente una noticia sobre el gobernador, incluso cuando no hubiera un acontecimiento de importancia; se presionó a los reporteros para que evitaran dar cuenta de hechos a favor del candidato de Movimiento Ciudadano por Guadalajara; se vendieron espacios editoriales para atacar a rivales políticos; se publicaron entrevistas “informativas” a modo, comercializadas como parte de los paquetes publicitarios; se recibieron contenidos, fotografías e indicaciones editoriales de la oficina de Comunicación Social del gobierno del estado para “informar” sobre los avances de la administración estatal. Una consecuencia evidente de tales arreglos político-comerciales fue la extensión de la autocensura entre los reporteros, por temor a ser despedidos, y la aceptación y normalización de que “hay temas que no se pueden tratar”.

El poder de la publicidad oficial

Los reporteros afirman que 95% de los medios depende económicamente de la publicidad oficial16; que en algunos casos, la pauta publicitaria del gobierno es mayor a 40% de los ingresos de los medios17; que medios poderosos han llegado a exigir al gobierno del estado y a dependencias públicas, como la Universidad de Guadalajara, un aumento de 15% en el monto de contratos publicitarios con relación al año inmediato anterior; que más de 80% del total de la publicidad oficial se va a dos diarios: El Informador y Mural18. Los datos no son estadísticos, pero las fuentes consultadas son confiables. El control informativo que se ejerce a través de la publicidad oficial vulnera ampliamente los derechos de los periodistas, al intentar reducir su papel al de reproductores de versiones oficiales. No obstante, el individuo también decide: “La mayor vulnerabilidad es que los periodistas no se cuestionen ciertas prácticas que a veces les imponen sus jefes de información: les ordenan cubrir al gobernador, y que no deben hacer preguntas, y ellos siguen las instrucciones. Aceptan que se les asignen turnos para intervenir en las entrevistas, “después de que los jefes de información lo han acordado con los de Comunicación Social del gobierno.” Es la zona de confort. “Recibes la comida, el regalo, las playeras oficiales de Chivas, las tarjetas para ver todos los partidos, el boleto para el sorteo de cada tres meses…”19 Y si actúan distinto, y no son apoyados por sus empresas, los reporteros serán cuestionado por los funcionarios de Comunicación Social, quienes se preocupan por socializar las reglas del juego (“¿Es tu primera vez …?”)20.

Marcados

“Portarse mal” te marca. Organizarse. Reclamar derechos. Pedir pago por horas extra. Ser despedido por “tocar” a un poderoso. Demandar al medio por cuestiones laborales. Ser “activista”… Los periodistas críticos, y los de medios críticos, sufren de “una especie de marcaje” en algunas fuentes informativas: “te observan, te etiquetan, te evitan. Los periodistas no se atreven a hablar de lo que les sucede porque los despiden. Y si fuiste botado de un medio, difícilmente te contratarán en otro (por miedo a perder publicidad oficial)”21. Tener iniciativa, reunirse por causas sociales o intereses comunes puede ocasionar que se te clasifique. Si en las fuentes se corre el rumor de que alguien es ‘activista’ no lo convocan (“no le avises, es activista”)22.

¿Watch dog simulador?

Tu empresa es la que más te violenta “porque no te da las prestaciones de ley, no te da aumentos, no te capacita, no te da seguridad social como mereces, hace simulaciones ante las autoridades laborales: te contrata como un trabajador con obligaciones cotidianas, te exige como a un trabajador de base, y te paga como si fueras eventual, por honorarios y sin derechos laborales.”23

En materia laboral, el escenario para los periodistas de Jalisco en 2015 fue de pérdida de certidumbre, de inestabilidad y desconcierto. Paulatinamente las empresas de medios han ido eliminando de sus nóminas a los reporteros con mayor antigüedad, revocando contratos que acrediten prestaciones adicionales a las de ley e, incluso, infringiendo la normatividad al contratar en términos ambiguos y engañosos a los trabajadores, para evitar los costos de la seguridad social mínima.

En el reporte mencionado del Colectivo de Periodistas de Jalisco (“Situación laboral de los periodistas en Jalisco”), se sostiene con datos de 2013-2014 que los dueños de los medios —para mantener la rentabilidad de sus empresas periodísticas— redujeron los equipos de redacción y edición y mermaron las prestaciones laborales y sociales de los trabajadores24. Tanto ese informe como el trabajo de Perla A. Blass, sobre “Condiciones laborales de los periodistas en Guadalajara” (con datos de 2011)25, daban cuenta de la existencia y propagación de la contratación por honorarios y la subcontratación de los reporteros (y otros trabajadores de la información). El panorama ha empeorado en todos los sectores productivos desde que fue aprobada la Reforma Laboral de Felipe Calderón (26 de septiembre de 2012) “con la cual se legaliza la subcontratación, se imponen contratos a prueba —temporales y de capacitación—, el salario por hora y la productividad como base para el ascenso en el empleo, en lugar de la antigüedad”26; el hecho no disminuye la gravedad de que este tipo de contrataciones se normalicen en el ámbito del periodismo, cuyos trabajadores —dadas sus funciones sociales— distan mucho de ser sustituibles o intercambiables para disminuir costos de producción.

En este contexto económico de sobrevaloración de la subcontratación, la antigüedad en el empleo se ha convertido en un factor que juega en contra de los periodistas en Jalisco: la experiencia ya no es valorada por los administradores de los medios, quienes están encontrado razones o pretextos para despedir a los veteranos o, en el mejor de los casos, para ajustar su condición salarial y laboral hacia la baja (sin prestaciones especiales, con las mínimas de ley o sin ellas). Todos los contratos nuevos son precarios.

En algunos medios electrónicos se practica el pago de salario mediante un esquema diferencial: un contrato de base por un salario mínimo, y el resto de los honorarios acordados a través de contratos civiles con vencimiento anual y sin certeza de renovación. El contrato base permite contar con seguridad social (IMSS, Infonavit, aguinaldo), pero en proporción, precisamente, al monto de un salario mínimo. Aunque existe la posibilidad de que los administradores retribuyan la parte del contrato civil bajo el esquema de “asimilables al salario”, no lo hacen, afectando los derechos del trabajador en el corto y el largo plazo (las prestaciones se cotizan con base en el salario mínimo)27.

Son numerosos los reporteros, editores, camarógrafos, productores y asistentes que laboran por contrato civil exclusivamente y, por tanto, no cuentan con ninguna prestación (ni siquiera vacaciones). Adicionalmente, son muchas las empresas que no proporcionan herramientas de trabajo a sus reporteros (grabadora de voz y laptop, por ejemplo) ni equipo fotográfico a los fotógrafos28. En algunos casos les prestan un celular, sin plan tarifario, y es extraordinario que se les proporcionen vales de gasolina29. Se conocen situaciones, en medios televisivos e impresos importantes, en donde los pagos se otorgan en efectivo sin solicitar la firma de recibo alguno30, y en ocasiones sin la firma de contratos31. También es recurrente que algunos medios dejen de pagar las contribuciones al IMSS y al Infonavit, sin informar a sus empleados. La estabilidad laboral es mínima: los recortes de personal en las redacciones se han normalizado, y mantienen en vilo a los periodistas ante la amenaza permanente de perder el empleo al siguiente día.

Equidad hacia abajo

Como vestigio de tiempos mejores, hasta agosto de 2015 quedaban en Milenio Jalisco tres contratos de reporteros (y algunos de personal administrativo y de servicio) con prestaciones superiores a las de ley: seguro de gastos médicos, fondo de ahorro, vales de despensa, gasolina… contratos que fueron firmados con la empresa Página Tres (editora de Público, y posteriormente, accionista de Público-Milenio). Milenio Jalisco puso fin a esos contratos en el mes de septiembre en que “liquidó” las prestaciones de seguro de gastos médicos y fondo de ahorro de “los tres”, los reporteros veteranos que quedaban en la redacción (Maricarmen Rello, Sonia Serrano y Agustín del Castillo), y los recontrató bajo nuevas condiciones: “Lo que nos quitaron fue el seguro de gastos médicos y el fondo de ahorro, en ambos nos pagaron una especie de liquidación. Conservamos despensa y gasolina, y la antigüedad fue reconocida por Milenio como ‘patrón sustituto’.32” La prestación del fondo de ahorro era importante: “el que menos recibía tenía al año 40 mil pesos [.. .] y eso desapareció.33

El eslabón más frágil

El mercado laboral para los periodistas en Jalisco está estancado y para muchos la opción es trabajar como independientes, como freelance. La situación para ellos no es sencilla: “No sobrevives de freelance […] los corresponsales o los freelancers tienen que tener otra fuente de trabajo”. Aunque no es lo mismo un término que el otro, como trabajadores en Jalisco ambos son tratados de manera similar: se les paga por nota publicada. “Si eres muy bueno, y a la empresa le interesas mucho, ganas dos o tres mil pesos mensuales en promedio. Si te va súper bien, hasta cuatro mil”34. Entre los fotógrafos o reporteros gráficos es común “freelancear”, la situación laboral es tan frágil que para lograr un ingreso aceptable “siguen los compañeros con la necesidad de ‘dobletear’ o ‘tripletear’.35” Los corresponsales regionales llevan la peor parte porque, además del pago ínfimo que reciben por nota publicada ($50.00 pesos por una breve, un máximo de $200.00 si es extensa, nota con fotografías o incluso un reportaje), los medios de la ZMG ignoran lo que ocurre en los municipios de las regiones y no lo consideran noticioso36. Algo semejante sucede con las agencias internacionales, ni siquiera éstas brindan un salario suficiente, también pagan por nota publicada, y “asumen que si eres su corresponsal tienes un contrato de exclusividad como reportero”. A las agencias internacionales no les interesan los asuntos cotidianos, ni muertos que no sean “importantes”, ni terremotos menores a 7 grados Richter; ellos deciden qué es lo relevante en la localidad. Piden notas específicas: $700.00 pesos información pedida y publicada… pero, si acaso, aceptan tres notas al mes (el trabajo se reduce a lo que desean pagar: alrededor de $2,000.00 pesos mensuales). Suele haber momentos excepcionales en que le acepten al reportero más de seis notas, cuando suceden al mismo tiempo acontecimientos notorios en la ciudad que coinciden con algún tipo de conflicto o manifestación social (la FIL, una escena de Lavolpe, y un pleito de Barras, por ejemplo). Como freelance, se reportea bajo pedido. Si el reportero trabaja temas que considera de interés, puede ser que se los acepten y paguen, pero es posible que no suceda así, se pierde el trabajo y ya37.

Un gremio débil

Existe una que otra asociación o club de periodistas en Jalisco, pero no gozan de buena prensa, ni representan los intereses de la mayoría de los trabajadores de la información, y funcionan —muchas veces— como mecanismos gestores de dádivas del poder establecido. No existe un sindicato u organización que defienda los derechos laborales de los reporteros. El “gremio” es una suma de solitarios periodistas. Excepcionalmente se solidarizan los reporteros con un compañero o por una causa, situación que puede poner en peligro el empleo, dada la vigilancia de los empresarios y la comunicación que mantienen entre ellos. La fragmentación entre los reporteros se acentúa particularmente con las nuevas generaciones, porque ya “no hay reuniones en las redacciones, y no se crea un sentido de pertenencia.38” Entre los reporteros hay un grupo importante que está llegando a la fase final de su carrera, a la edad en que deberían jubilarse como trabajadores, “no hay nada para ellos”39. Y dadas las circunstancias de depauperación de las condiciones laborales para los periodistas en Jalisco, el futuro para las demás generaciones es igualmente incierto.

Despidos en grupo en 2015

El 12 de enero Milenio Jalisco despidió a los últimos tres corresponsales que le quedaban (Puerto Vallarta, Tepatitlán y Ocotlán)40, de los ocho con los que inició el proyecto que prometía “historias no sólo de la zona metropolitana sino de todas las regiones del estado.” (“Ya somos Milenio Jalisco”, columna de Jaime Barrera del

6 de junio de 2011).

El 19 de enero se publicó el último número de Express, el diario popular del Grupo Milenio; todo el equipo de editores y reporteros fue despedido, aun cuando ellos también alimentaban la sección MP (Ministerio Público) de Milenio Jalisco41.

El 25 de septiembre, cinco reporteras de W Radio en Guadalajara fueron despedidas porque “la estación se convertiría en retransmisora de los contenidos” producidos en la Ciudad de México, y los cortes locales dejarían de producirse. Entre ellas (todas cabeza de familia), quedaron fuera las de mayor antigüedad en la empresa (15 y 20 años). Si bien recibieron liquidación justa, perdieron el empleo; posteriormente la estación contrató a otros reporteros para atender la redacción local42.

El 1 de diciembre, Canal 8 TV despidió a dos reporteras “por exigir el pago de días feriados conforme a la ley, el pago por trabajo extra y gastos para reparación de herramientas de trabajo”. Los reporteros acusan el doble discurso de los jefes que “quieren empleados sumisos”, mientras manifiestan estar “hasta aquí” por las injusticias y la corrupción imperantes en la sociedad.43

El caso más notado fue el cierre de La Jornada Jalisco. El 14 de diciembre la empresa editorial DEMOS, Desarrollo de Medios SA de CV, publicó un AVISO para informar a la sociedad que su Consejo de Administración decidió dar por terminado el contrato que tenía desde 2010 con la Editora de Medios de Michoacán, SA de CV, empresa que publicó los diarios La Jornada Jalisco y La Jornada Michoacán hasta el martes 15 de diciembre de 201544. Con ello, más de 40 personas de La Jornada Jalisco perdieron el empleo de un día para otro. El empresario intentó recuperar el derecho de uso de la marca, sin lograrlo. Los exempleados recibieron, de manera diferida, el pago de cuatro quincenas atrasadas, pero no el adeudo del aguinaldo, vales de despensa y finiquito. Dado que la empresa oficialmente no corrió a los trabajadores, tendría que responder por las quincenas que transcurran tras el cierre de la redacción en diciembre. Después de la cuarta cita en la Junta de Conciliación y Arbitraje Local, entre la gerente del medio y los reporteros, y frente a la ausencia de una respuesta clara sobre la posible reapertura de La Jornada Jalisco, los trabajadores decidieron interponer una demanda laboral. Hasta el 31 de enero de 2016, ésa era la situación45.

La de los extrabajadores de La Jornada Jalisco se suma a las 110 demandas laborales en espera de respuesta, presentadas por periodistas del estado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. La experiencia de quienes han interpuesto este recurso es que cuando se trata de periodistas —particularmente si colaboran en medios críticos—, las demandas se atoran, no prosperan46.

Un cierre abrupto

Los temas relacionados con la vulnerabilidad de los derechos de los periodistas son incontables. En este caso el acento fue puesto en materia laboral, sin ignorar que todos los trabajadores en México (y el mundo) enfrentan la precarización del empleo47. La importancia de enfatizar la frágil condición de los periodistas como un problema mayor en Jalisco radica en que no se puede someter a la lógica mercantil a estos trabajadores, si se espera que cumplan con su función social, que mantengan una actitud crítica y vigilante de los poderes, que señalen las injusticias y que promuevan la equidad y la paz para todos los sectores del estado. El asunto es un tema de interés social, no gremial.

Notas al Pie de Página

1 Con el propósito de guardar la confidencialidad de los informantes, numero las citas sin proporcionar su procedencia, excepto cuando se trate de documentos consultados. Conservo un registro de los testimonios con nombres y fechas de obtención.

6Jade renuncia al Mecanismo el 5 de agosto de 2015.

9Testimonio, 8 de septiembre de 2015

10Testimonio, 11 de septiembre de 2015

11Colectivo de periodistas de Jalisco. “Situación laboral de los periodistas en Jalisco ”. Consultada en: http://www.fomento.org.mx/novedades/XVII_DHL_CEREAL2013.pdf p.58

12Exposición del Periodista Pedro Mellado, en el Foro Periodismo en Jalisco: Censura y Autocensura, 10 de noviembre de 2014. Consultada en: http://pagina24jalisco.com.mx/local/2014/11/12/padece-jalisco-censura-y-autocensura-en-medios/

13Testimonios, 9 diciembre de 2015 y 29 de enero de 2016.

15Después de las elecciones, Alberto Lamas deja el Gabinete de Aristóteles Sandoval. La información reseñada proviene de testimonios y mensajes publicados en redes sociales de numerosos periodistas de medios locales, 19 de febrero de 2015.

16Testimonio 1, 11 de septiembre de 2015.

17Testimonio 2, 11 de septiembre de 2015.

18Testimonio 3, 11 de septiembre de 2015.

19Testimonio, 8 de Septiembre 2015.

20Ídem

21Testimonio, 11 de septiembre 2015.

22Testimonio, 8 de septiembre, 2015

23Testimonios, 25 de septiembre de 2015.

24Colectivo de Periodistas de Jalisco (2013).“Situación laboral de los periodistas en Jalisco”. En CEREAL XVII Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Laborales (2013), p. 58. Consultado en: http://www.fomento.org.mx/novedades/XVII_DHL_CEREAL2013.pdf

25Blass, Perla A., “Condiciones laborales de los periodistas en Guadalajara”, en: Medios de Comunicación y Derecho a la Información en Jalisco 2011, México: Quid Observatorio de Medios/ITESO, 2012.

26La Jornada, jueves 27 de septiembre de 2012. Consultada en: http://www.jornada.unam.mx/2012/09/27/politica/003n1pol

27Testimonios, 25 de septiembre de 2015.

28Testimonio, 28 de enero de 2016.

29Testimonios, 27 de enero de 2016.

30Testimonios, 11 de septiembre de 2015 y 27 de enero de 2016.

31Entre los medios donde sus reporteros no firman un contrato se encuentran Crónica Jalisco, NTR y Radiorama. Testimonios, 27 de enero de 2016.

32Testimonio, 7 de febrero de 2016. Otra versión al respecto fue que la antigüedad de los periodistas fue liquidada.

33Testimonios, 25 de septiembre de 2015.

34Testimonios, 25 de septiembre de 2015.

35Testimonios, 28 de enero de 2016.

36Testimonios, 29 de septiembre de 2013.

37Adaptación de testimonios, 25 de septiembre de 2015.

38Testimonio 1, 11 de septiembre de 2015.

39Testimonio 2, 11 de Septiembre de 2015.

40Testimonio, 14 de enero de 2015.

41Testimonios, 14 de Enero de 2015.

42Testimonio, 2 de febrero de 2016.

43Reporteros GDL, 2 diciembre de 2015.

45Testimonios, 31 de enero 2016.

46Testimonios, 11 de septiembre de 2015.

 

Artículo oibtenido del Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2015

Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2015