José Carlos Rodríguez Toral

Bienvenidos los conflictos. En las sociedades democráticas, los conflictos son un motor de cambio al poner de manifiesto y hacer evidentes las desigualdades y necesidades que afectan a un sector de la sociedad. Cuando grupos sociales protestan, toman las calles, hacen plantones o viralizan en redes sociales sus exigencias, se abre una posibilidad para transformar la sociedad y reducir los desequilibrios que ocasionan injusticias o sufrimiento.

Los conflictos no son negativos en sí mismos, el problema está cuando la violencia y la polarización se imponen frente a las posibles soluciones y vías para transformar la situación. Para que cada conflicto que surge en una sociedad sea una oportunidad para mejorar, es importante tener presentes las necesidades y desigualdades que están detrás.

“Muchos conflictos que se dan entre las personas, los grupos o las naciones, y que, en ocasiones, derivan en hechos de violencia, mantienen estrecha relación con necesidades no satisfechas en alguna(s) de las partes implicadas en ellos” (Pérez Viramontes, 2018:181). La protesta social, derivada del derecho a la Libertad de Expresión que tiene cualquier grupo o individuo en una sociedad democrática, es una de las herramientas a las que acuden los grupos sociales para presentar de forma pública esas necesidades no satisfechas y la importancia de actuar frente a ellas.

En este artículo buscamos presentar un panorama general de la protesta social en Jalisco durante el año 2018, a través de un repaso por las distintas movilizaciones sociales que denunciaron casos de violencia, discriminación, despojo y otros conflictos todavía vigentes en el estado y cuyas necesidades no satisfechas comprenden un reto que va más allá del poder y las instituciones del Estado, un reto que apela a la sociedad en su conjunto. Destacamos tres temas en torno a los cuales se vivió un incremento de la protesta durante 2018: las desapariciones, la violencia contra las mujeres y las afectaciones al medio ambiente.

 

¿Por qué protesta la ciudadanía en Jalisco?

La Dirección General de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político, de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, es la dependencia encargada de coordinar la atención de las peticiones que se formulen en las manifestaciones sociales, conflictos político-sociales o situaciones contingentes que se presenten en el estado. Según una base de datos, entregada por dicha dirección vía transparencia (Expediente ut/sgg/140/2019), durante 2018 el gobierno de Jalisco tuvo conocimiento de 186 marchas y manifestaciones, en las que asegura haber tenido diálogo y gestionado soluciones con distintas instancias municipales o federales.

Hay una gran variedad de temas y casos por los que la ciudadanía jalisciense protestó públicamente. Destaca la inseguridad, conflictos por tierras, contaminación del río Santiago, asuntos laborales, el mal servicio del transporte público y la exigencia de mejoras puntuales en servicios básicos como agua potable, educación y vialidad.

La enorme mayoría de las protestas registradas por el gobierno de Jalisco se realizaron en la Zona Metropolitana de Guadalajara, lo que da una muestra del centralismo en el estado, pues la ciudadanía de las distintas regiones ha tenido que movilizarse a la capital del estado para que sus exigencias y necesidades sean escuchadas. Es el caso de habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que desde hace más de una década se oponen a la presa El Zapotillo; de agricultores del sur del estado, de municipios como Sayula y Tecalitlán, quienes exigen la regularización del uso de cañones antigranizo; o campesinos de Acatlán de Juárez y Atizapán el Alto que se movilizaron a la capital por casos de despojos de tierras. Mención aparte merecen las familias de personas desaparecidas en distintas regiones de Jalisco, que se unieron a las manifestaciones en Guadalajara para exigir justicia y visibilizar los casos concretos de personas que siguen sin ser localizadas por las autoridades.

El gobierno del Estado tuvo noticia de únicamente tres manifestaciones fuera de la capital jalisciense: las encabezadas por poblaciones wixárikas de los municipios de Mezquitic y Bolaños para exigir la restitución de tierras, principalmente en poder de ganaderos de Huajimic, Nayarit; las marchas de normalistas de Atequiza para exigir mejores condiciones de las instalaciones y la salida del director; y la protesta de habitantes del fraccionamiento Los Ruiseñores, en Tala, por el mal servicio de transporte.

La manifestación más recurrente fue por el conflicto de tierras del Aeropuerto de Guadalajara pues, en al menos 41 ocasiones, integrantes del ejido El Zapote protestaron para exigir el pago de los terrenos expropiados desde la década de 1950.

Otro conflicto que se arrastra desde hace años es el de la Reforma Educativa, por el que jaliscienses salieron a la calle al menos ocho veces, especialmente académicos del Colegio de Bachilleres e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para pedir la reinstalación de profesores cesados por negarse a la evaluación educativa y exigir la derogación de la legislación aprobada en 2013.

Más allá del número de movilizaciones y el lugar de origen de las personas afectadas, hubo tres temas que destacamos por el incremento de protestas, el impulso que recibieron desde la sociedad civil organizada y las reacciones por parte del poder político ante las exigencias: las desapariciones en Jalisco, la violencia contra las mujeres y las afectaciones al medio ambiente debido al crecimiento urbano.

 

Protestas por las personas desaparecidas: de los estudiantes del CAAV al “tráiler de la muerte”

“Queridos todos. Soy Guadalupe Aguilar, madre de José Luis Zavala Aguilar, desaparecido el 17 de enero del 2011, en el municipio de Tonalá. Es la primera vez que me siento acompañada y les agradezco de todo corazón que estén aquí” (Ríos, 2018:5). Con estas palabras se presentó la integrante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, durante la manifestación más nutrida que ha tenido el estado sobre el tema de las desapariciones.

Doce mil personas se reunieron el 26 de abril de 2018 para exigir justicia y manifestar su indignación ante las desapariciones, especialmente las forzadas, en las que están involucrados trabajadores del estado. Pero como señaló Guadalupe Aguilar, que lleva más de ocho años en la búsqueda de su hijo, las movilizaciones nunca habían tenido tal respaldo social, a pesar de que las denuncias por desaparición se han duplicado en los últimos diez años y que colocan a Jalisco dentro de los tres primeros estados en número de desapariciones (Cepad, 2018). ¿Qué ocurrió para que la sociedad jalisciense saliera a las calles frente a un problema que tiene años afectando a miles de familias?

Sin duda, la desaparición de tres estudiantes fue un factor que detonó la indignación.

El lunes 19 de marzo de 2018, tres estudiantes de cine, Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ávalos, fueron desaparecidos en circunstancias que hasta la fecha no han sido esclarecidas en su totalidad por las autoridades.

A pesar de que testigos denunciaron los hechos alrededor de las ocho de la noche de ese día al teléfono de emergencias 911, las autoridades llegaron tres horas después al punto de Periférico Poniente, en el municipio de Tonalá, donde un grupo de sujetos armados se llevaron por la fuerza a Javier, Daniel y Marco (Rodríguez, 2018a). Esta falta de acción inmediata para buscar a los tres jóvenes fue la primera de una serie de irregularidades cometidas por el gobierno de Jalisco frente al caso.

Mientras la Fiscalía General del Estado centraba sus indagatorias en la familia de uno de los jóvenes (Reza, 2018), estudiantes y maestros del Centro de Arte Audiovisual (caav) y de universidades como el iteso, la Universidad de Guadalajara y el tec de Monterrey, celebraron asambleas conjuntas para organizar acciones frente al tema, punto clave para incrementar la protesta por las desapariciones y crear presión política a las autoridades a fin de que dieran resultados.

Los estudiantes arrancaron con la difusión masiva del caso, pero también se reunieron con las familias agrupadas en los colectivos Por Amor a Ellxs y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, con años de acción frente a las omisiones de la autoridad en las investigaciones, para crear conciencia sobre el tema, solidarizarse con las familias y preparar protocolos de prevención y actuación inmediata frente a una desaparición.

Estas asambleas derivaron no sólo en acción y reflexión por parte de estudiantes sobre el tema de la desaparición, sino también visibilizaron otros aspectos como la violencia contra estudiantes, el acoso en el interior de los planteles y la necesidad de organizarse para buscar soluciones más allá de las que pudieran ofrecer las autoridades.

En cuanto a la protesta, desde el 22 de marzo comenzaron las primeras movilizaciones para exigir la aparición con vida de Marco, Javier y Daniel, y la presión fue en aumento conforme pasaban los días. Durante una manifestación el 24 de marzo, estudiantes rebautizaron la Glorieta de los Niños Héroes, como la glorieta “de las y los desaparecidos”, un acto simbólico de mucha fuerza al apropiarse de un espacio público en una zona de alto tráfico en la ciudad, que desde entonces se ha convertido en el lugar donde familias cuelgan mantas con información y fotografías de sus seres queridos desaparecidos, donde suelen iniciar o terminar las marchas por los desaparecidos y que mantiene las fotografías de Marco, Daniel y Javier como un recordatorio permanente de su ausencia.

Un mes después de la desaparición de los estudiantes del caav, el gobierno de Jalisco pretendió dar por cerrado el caso al darlos por muertos, ante supuestas declaraciones de jóvenes que dijeron asesinarlos y sus cuerpos fueran diluidos en ácido. La noticia golpeó anímicamente a estudiantes y sociedad movilizada, quienes esa misma noche se manifestaron en silencio frente a Casa Jalisco, en medio de un ambiente de tristeza, con veladoras en las manos, pero también con las dudas respecto a la investigación que les daba por muertos y la exigencia de que investigadores independientes intervinieran en el caso (Toral, 2018c).

En ese ambiente, donde el gobierno daba a los jóvenes por muertos y la sociedad exigía una investigación independiente, se dio la histórica manifestación del 26 de abril de 2018, una protesta sin precedentes, donde alrededor de 12 mil personas se unieron a las familias afectadas por las desapariciones al grito de “¡No están solas!”.

Expertos en derechos humanos (Toral, 2018d) encontraron similitudes entre la investigación oficial del gobierno de Jalisco sobre los tres estudiantes del caav y la correspondiente a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues en ambos casos faltaron los restos de las víctimas, hubo declaraciones autoinculpatorias donde se presumen torturas y elementos de seguridad del Estado participaron activamente o por omisión en la dilación de la búsqueda e investigación.

Finalmente, se confirmaron las dudas sobre la versión oficial que presentaba el gobierno de Aristóteles Sandoval como definitivas y que daban por muertos a Daniel, Javier y Marco. Tras la queja de las familias por inconsistencias en el caso, y gracias a la intervención del Comité contra de la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, la Fiscalía General de la República reabrió el caso y lo atrajo al ámbito federal, con el compromiso de reanudar las tareas de búsqueda con vida de los estudiantes de cine (Gobierno del Estado de Jalisco, 2019).

A mediados de 2018, la revelación de que cientos de cuerpos sin identificar se amontonaban en cajas de tráileres ante la falta de capacidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para procesarlos, despertó nuevamente la indignación de la sociedad frente al tema de las desapariciones, mientras el escándalo llegaba al nivel internacional (Reina, 2018). Familias de personas desaparecidas salieron nuevamente a las calles a protestar por la falta de recursos para hacer frente al problema y por el despido injustificado de quien encabezaba el Instituto de Ciencias Forenses.

A lo largo del año continuaron las protestas por las desapariciones, que superan los 6 mil casos sólo durante el último sexenio. Durante las protestas se dejó de manifiesto que la principal necesidad que está detrás del descontento es la falta de acceso a la Justicia, lo que genera impunidad para los responsables de cometer el delito de desaparición.

También se visibilizaron necesidades puntuales y concretas que será necesario resolver para poder transformar el conflicto sobre las desapariciones en Jalisco. La necesidad que se realicen búsquedas inmediatas de las personas desaparecidas y que sean independientes al proceso de investigación criminal, llevó a la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda y su correspondiente organismo nacional, aunque esas instituciones todavía están lejos de recibir los recursos financieros y humanos suficientes para hacer frente al tamaño del problema.

Otra necesidad principal es la de un banco nacional de datos genéticos, pues los familiares de personas desaparecidas todavía están obligados a desplazarse para entregar sus muestras de adn en los lugares donde son encontradas fosas clandestinas o donde hay cuerpos sin identificar, lo que los expone a una revictimización, y plantea dificultades a quienes tienen menos recursos. Esto se relaciona con la necesidad de personal en las instituciones públicas que atienda, con trato humano, sensibilidad y en una cantidad suficiente para hacer esperar lo menos posible a las familias que se enfrentan a una desaparición.

Las protestas por desapariciones en Jalisco durante 2018 también trajeron aprendizajes, como la necesidad de que la sociedad se organice frente a la inseguridad, que se implementen medidas de prevención y acción frente alguna contingencia, como ocurrió a raíz de las asambleas estudiantiles.

Y quizás el aprendizaje social más importante de todos fue la certeza de que, en las condiciones actuales, cualquier persona está expuesta a una desaparición en Jalisco, aprendizaje resumido en la consigna que miles de personas gritaron durante las manifestaciones por los estudiantes del caav: ¡No son tres, somos todos!

Con esa frase tiraban por tierra el discurso oficial que desde hace tiempo y sin importar los colores partidistas, afirman que quien es desaparecido o asesinado es porque andaba en “malos pasos”. La violencia está presente en la realidad cotidiana de miles de jaliscienses y en las protestas había testimonios de hermanas, vecinos, amigos, compañeras de personas desaparecidas, casos que contradecían el “se están matando entre ellos”. El que cientos de jóvenes se sintieran identificados con Marco, Daniel y Javier hizo que salieran a las calles como nunca había sucedido.

Aunque desde el año 2008, la cifra de denuncias por personas desaparecidas en Jalisco supera los mil casos anuales, y desde 2016 son más de tres mil denuncias por año (Cepad, 2018), no se habían visto manifestaciones tan masivas como las de 2018. Sin embargo, la gran mayoría protestó de manera coyuntural y con el paso del tiempo dejaron de sumarse. Con la cercanía de las elecciones, también hubo grupos políticos que aprovecharon el momento, pero la mayoría salió a las calles a gritar por una injusticia sin acciones a largo plazo.

Hizo falta crear los lazos de confianza y solidaridad organizada entre la sociedad civil que protestaba y las víctimas de la desaparición, los cientos de familias que buscan a sus seres queridos. Hubo personas que a raíz de esas y otras protestas comenzaron a vincularse con los colectivos de Por Amor a Ellxs o Fundej, a crear resonancia de sus exigencias, a organizarse para hacer frente al problema, pero la gran mayoría se sumó únicamente a las manifestaciones, a lanzar gritos para exigir justicia, pero frente a gobiernos de oídos sordos. Queda el reto pendiente, para la mayoría de nosotros, de pasar de la indignación y la protesta, a sumarnos a la resistencia y la organización.

 

El derecho a una vida libre de violencia

Las mujeres protagonizaron protestas a lo largo de 2018 en torno a su derecho a una vida libre de violencia. Los feminicidios, el acoso sexual y el aborto fueron algunos temas que llevaron a las mujeres a las calles.

El 28 de septiembre, cientos de mujeres la mayoría de ellas muy jóvenes pintaron de verde la avenida Juárez, en el Centro de Guadalajara, en el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro. Fue un ambiente festivo, donde las mujeres bailaron al ritmo de la batucada mientras exigían el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 046 que, entre otras cosas, garantiza el acceso a la interrupción del embarazo a víctimas de violación.

Las manifestantes se solidarizaron con las mujeres que han sido presas por abortar, las que han muerto por someterse a una práctica clandestina y las que han sido obligadas a ejercer una maternidad que no eligieron.

Estas manifestaciones no surgieron de forma espontánea, sino a partir de grupos de mujeres que se reúnen constantemente a discutir y aprender de manera colectiva sobre sus derechos. Mujeres que ocupan cada vez más espacios en ámbitos de toma de decisiones y espacios de poder donde históricamente han sido relegadas, y que por tanto incomodan a muchos sectores.

Estos grupos de mujeres también protestaron por el acoso sexual, una práctica que hasta hace muy poco era vista como algo normal. Las intensas movilizaciones de grupos feministas frente a casos de acoso sexual generaron un quiebre en instituciones como la Universidad de Guadalajara. El cese de dos académicos renombrados, Horacio Hernández Casillas y Eliseo López Cortés, hubiera sido inexplicable sin la presión que ejercieron grupos de mujeres solidarias con quienes padecieron palabras ofensivas, amenazas, tocamientos y el menosprecio.

Previo a la salida de los profesores acosadores, hubo protestas en los centros universitarios e inclusive en el propio edificio administrativo de la Universidad, mesas redondas, asambleas universitarias y mucho activismo a través de redes sociales.

La crisis política en el interior de la mayor universidad pública del estado, a raíz de las denuncias por acoso, obligó a las autoridades de la UdeG a crear un protocolo para la denuncia y actuación frente a casos de acoso, además de la Defensoría de los Derechos Universitarios. El empoderamiento y la confianza de las mujeres dentro de la universidad pública llevó a que sólo en 2018 se superara el número de denuncias por acoso y hostigamiento sexual presentadas los diez años previos (Toral, 2018a).

Frente al feminicidio, la forma más extrema de la violencia de género, el 21 de mayo feministas, familiares y amigos de las víctimas marcharon con rumbo al Parque Revolución, donde colocaron una cruz color rosa de la cual colgaron listones morados con los nombres de algunas de las más de mil 500 mujeres que han sido asesinadas en Jalisco durante las últimas dos décadas (Rodríguez, 2018b).

Al develar el memorial, familiares de las víctimas del feminicidio resaltaron las deficiencias en las órdenes de protección emitidas por las autoridades de seguridad, así como la negativa de los agentes del Ministerio Público a procesar los delitos como feminicidios, lo que minimiza la gravedad del problema cuando se revisan las cifras.

En las manifestaciones por feminicidios en Jalisco resuenan nombres como el de Imelda Virgen, profesora de la Universidad de Guadalajara asesinada por su marido y que es considerado el primer feminicidio en Jalisco tras la tipificación del delito, o el de Alexandra Castellanos, quien varias ocasiones denunció formalmente agresiones físicas por parte de su expareja sentimental, quien finalmente le quitó la vida en diciembre de 2017.

Un punto clave de las protestas frente a la violencia contra las mujeres es su capacidad para apelar al resto de la sociedad respecto a la cultura machista que persiste en prácticamente cualquier ámbito, especialmente el político, y a la necesidad de un cambio cultural en los roles de género que impiden a las mujeres alcanzar la plena libertad.

Ya desde finales de 2018, grupos feministas advirtieron un posible retroceso en su participación política. El 8 de noviembre, una decena de activistas se concentraron afuera de la oficina de transición del entonces gobernador electo, Enrique Alfaro, para entregarle una carta con mil firmas de respaldo, donde le exigían garantizar la paridad de género en su gabinete, fortalecer al Instituto Jalisciense de las Mujeres y garantizar su autonomía (Toral, 2018b).

Fue premonitorio de lo que a inicios de 2019 se concretó como un albazo del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano para desaparecer el mecanismo de adelanto para las mujeres que fue creado en Jalisco apenas en el año 2001.

Sin duda, la protesta de las mujeres será fundamental para visibilizar los problemas que enfrenta más de la mitad de la población jalisciense y transformar una cultura que las violenta y excluye de la toma de decisiones.

En una etapa de regresión en los derechos de las mujeres en Jalisco con la desaparición de instituciones, de unidades de género o la reducción de recursos para atender la violencia contra las mujeres, es importante que las mujeres levanten la voz y hagan manifiesto su enojo ante la clase gobernante que toma las decisiones.

Pero también para señalar a la sociedad. Muchas mujeres refieren cómo han tenido que enfrentar el rechazo en relaciones amorosas, familiares o con amistades por señalar micromachismos, por denunciar a quien acosa o por decir abiertamente que están a favor de que cada mujer decida sobre su propio cuerpo frente a un embarazo no deseado. Ese choque social y cultural, que muchas veces es intergeneracional, también es parte de la protesta, cimbra a una sociedad conservadora como la jalisciense y abre grietas de cambio.

Y como pasó con generaciones atrás con su lucha, las mujeres de hoy siembran el cambio para quienes vienen detrás, al salir a las calles a abrazar el “Yo sí te creo”, al protestar para que respeten sus cuerpos, sus decisiones, a gritar porque no tienen garantizado el derecho a la vida.

 

La defensa de las áreas verdes y la criminalización de la protesta

Aunque la mayoría de las protestas que hemos destacado terminan de forma pacífica, aún hay autoridades que recurren al uso de la fuerza para acallar voces disidentes que afectan intereses económicos o políticos.

Eso es lo que ocurrió a inicios de junio, cuando la protesta de vecinos de Arboledas del Sur, en Guadalajara, por defender el área verde ubicada al centro de su colonia, terminó con la detención de nueve personas por parte de la policía municipal.

Como parte de una política para redensificar la ciudad, el Ayuntamiento de Guadalajara actualizó los planes parciales de desarrollo urbano. En muchas zonas se realizaron cambios que permitieron la construcción de torres de más de diez niveles en zonas tradicionalmente ocupadas por casas de uno o dos niveles. Decenas de colonias se han organizado desde entonces para oponerse a construcciones que consideran nocivas.

Uno de los casos más llamativos se presentó en Arboledas del Sur, donde 60% de un bosque urbano de 7 hectáreas, hasta entonces clasificado como espacio verde y abierto, fue reclasificado para permitir comercios, servicios y edificios de hasta ocho pisos de altura (Líder Informativo, 2018).

El cambio en los planes parciales de desarrollo era un eslabón más en una trama legal iniciada por la empresa Desarrollos Inmobiliarios de 10, en connivencia con las autoridades municipales, para quedarse con parte del terreno, en una ciudad con un grave déficit de áreas verdes (Rodríguez, 2017).

Ante la supuesta pérdida legal de la totalidad del área verde, a pesar de que la empresa nunca tuvo posesión del terreno, la autoridad municipal llegó a un acuerdo judicial para intercambiar parte del bosque por obras de rehabilitación en el resto del terreno. Para impedir que se concretara el acuerdo y evitar afectaciones al bosque urbano que han cuidado y disfrutado por décadas, los vecinos se manifestaron en el parque para evitar las obras de remodelación, que incluían caminos de cemento, baños y áreas de juegos infantiles. El conflicto escaló de nivel hasta que el 11 de junio decenas de policías antimotines se presentaron en el lugar de la protesta y se llevaron detenidas a nueve personas, incluidos jóvenes que defendían un parque en el que jugaron desde pequeños (Álvarez, 2018).

La protesta se trasladó a la Calle 14, sede de la Fiscalía General del Estado, donde vecinos exigieron la libertad de los detenidos, mientras las obras de construcción de caminos continuaban en Arboledas del Sur.

La libertad de los detenidos coincidió con una resolución judicial hasta entonces inesperada, por autoridades municipales y la empresa, que concedió una suspensión de plano a la comunidad indígena de Santa María Tequepexpan, que asegura tener derecho sobre el área verde en disputa y busca que se conserve como espacio abierto (Del Castillo, 2018).

Los habitantes de Arboledas del Sur se mantienen en alerta para reiniciar la lucha si continúa el intento por despojarles de su área verde, y con su protesta hacen visible la necesidad de privilegiar el medio ambiente y los espacios comunitarios sobre los intereses inmobiliarios y el beneficio económico de unos cuantos.

Al inicio de este texto, afirmamos que los conflictos son un motor de cambio social al poner de manifiesto necesidades y desigualdades no resueltas. Durante 2018, la sociedad jalisciense protestó por temas como la desaparición, la violencia contra las mujeres y el despojo de áreas verdes, visibilizando desigualdades que viven miles de personas desaparecidas que no son buscadas, mujeres que son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, y comunidades que enfrentan despojos frente al poder del dinero.

Uno de los principales retos para quienes forman parte de esas protestas y luchan por acortar esas desigualdades, es la necesidad de articularse, crear lazos y empujar en conjunto. La fuerza de la protesta social se hace más necesaria frente a los nuevos gobiernos con tendencias autoritarias, que fortalecen sus vínculos con grupos de poder fáctico, empresarial o criminal que empujan en sentido contrario.

Referencias

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