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Informes de Derechos Humanos

La Protesta Social en Jalisco, Salir a la Calle para Exigir Justicia

José Carlos Rodríguez Toral

Bienvenidos los conflictos. En las sociedades democráticas, los conflictos son un motor de cambio al poner de manifiesto y hacer evidentes las desigualdades y necesidades que afectan a un sector de la sociedad. Cuando grupos sociales protestan, toman las calles, hacen plantones o viralizan en redes sociales sus exigencias, se abre una posibilidad para transformar la sociedad y reducir los desequilibrios que ocasionan injusticias o sufrimiento.

Los conflictos no son negativos en sí mismos, el problema está cuando la violencia y la polarización se imponen frente a las posibles soluciones y vías para transformar la situación. Para que cada conflicto que surge en una sociedad sea una oportunidad para mejorar, es importante tener presentes las necesidades y desigualdades que están detrás.

“Muchos conflictos que se dan entre las personas, los grupos o las naciones, y que, en ocasiones, derivan en hechos de violencia, mantienen estrecha relación con necesidades no satisfechas en alguna(s) de las partes implicadas en ellos” (Pérez Viramontes, 2018:181). La protesta social, derivada del derecho a la Libertad de Expresión que tiene cualquier grupo o individuo en una sociedad democrática, es una de las herramientas a las que acuden los grupos sociales para presentar de forma pública esas necesidades no satisfechas y la importancia de actuar frente a ellas.

En este artículo buscamos presentar un panorama general de la protesta social en Jalisco durante el año 2018, a través de un repaso por las distintas movilizaciones sociales que denunciaron casos de violencia, discriminación, despojo y otros conflictos todavía vigentes en el estado y cuyas necesidades no satisfechas comprenden un reto que va más allá del poder y las instituciones del Estado, un reto que apela a la sociedad en su conjunto. Destacamos tres temas en torno a los cuales se vivió un incremento de la protesta durante 2018: las desapariciones, la violencia contra las mujeres y las afectaciones al medio ambiente.

¿Por qué protesta la ciudadanía en Jalisco?

La Dirección General de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político, de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, es la dependencia encargada de coordinar la atención de las peticiones que se formulen en las manifestaciones sociales, conflictos político-sociales o situaciones contingentes que se presenten en el estado. Según una base de datos, entregada por dicha dirección vía transparencia (Expediente ut/sgg/140/2019), durante 2018 el gobierno de Jalisco tuvo conocimiento de 186 marchas y manifestaciones, en las que asegura haber tenido diálogo y gestionado soluciones con distintas instancias municipales o federales.

Hay una gran variedad de temas y casos por los que la ciudadanía jalisciense protestó públicamente. Destaca la inseguridad, conflictos por tierras, contaminación del río Santiago, asuntos laborales, el mal servicio del transporte público y la exigencia de mejoras puntuales en servicios básicos como agua potable, educación y vialidad.

La enorme mayoría de las protestas registradas por el gobierno de Jalisco se realizaron en la Zona Metropolitana de Guadalajara, lo que da una muestra del centralismo en el estado, pues la ciudadanía de las distintas regiones ha tenido que movilizarse a la capital del estado para que sus exigencias y necesidades sean escuchadas. Es el caso de habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que desde hace más de una década se oponen a la presa El Zapotillo; de agricultores del sur del estado, de municipios como Sayula y Tecalitlán, quienes exigen la regularización del uso de cañones antigranizo; o campesinos de Acatlán de Juárez y Atizapán el Alto que se movilizaron a la capital por casos de despojos de tierras. Mención aparte merecen las familias de personas desaparecidas en distintas regiones de Jalisco, que se unieron a las manifestaciones en Guadalajara para exigir justicia y visibilizar los casos concretos de personas que siguen sin ser localizadas por las autoridades.

El gobierno del Estado tuvo noticia de únicamente tres manifestaciones fuera de la capital jalisciense: las encabezadas por poblaciones wixárikas de los municipios de Mezquitic y Bolaños para exigir la restitución de tierras, principalmente en poder de ganaderos de Huajimic, Nayarit; las marchas de normalistas de Atequiza para exigir mejores condiciones de las instalaciones y la salida del director; y la protesta de habitantes del fraccionamiento Los Ruiseñores, en Tala, por el mal servicio de transporte.

La manifestación más recurrente fue por el conflicto de tierras del Aeropuerto de Guadalajara pues, en al menos 41 ocasiones, integrantes del ejido El Zapote protestaron para exigir el pago de los terrenos expropiados desde la década de 1950.

Otro conflicto que se arrastra desde hace años es el de la Reforma Educativa, por el que jaliscienses salieron a la calle al menos ocho veces, especialmente académicos del Colegio de Bachilleres e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para pedir la reinstalación de profesores cesados por negarse a la evaluación educativa y exigir la derogación de la legislación aprobada en 2013.

Más allá del número de movilizaciones y el lugar de origen de las personas afectadas, hubo tres temas que destacamos por el incremento de protestas, el impulso que recibieron desde la sociedad civil organizada y las reacciones por parte del poder político ante las exigencias: las desapariciones en Jalisco, la violencia contra las mujeres y las afectaciones al medio ambiente debido al crecimiento urbano.

Protestas por las personas desaparecidas: de los estudiantes del CAAV al “tráiler de la muerte”

“Queridos todos. Soy Guadalupe Aguilar, madre de José Luis Zavala Aguilar, desaparecido el 17 de enero del 2011, en el municipio de Tonalá. Es la primera vez que me siento acompañada y les agradezco de todo corazón que estén aquí” (Ríos, 2018:5). Con estas palabras se presentó la integrante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, durante la manifestación más nutrida que ha tenido el estado sobre el tema de las desapariciones.

Doce mil personas se reunieron el 26 de abril de 2018 para exigir justicia y manifestar su indignación ante las desapariciones, especialmente las forzadas, en las que están involucrados trabajadores del estado. Pero como señaló Guadalupe Aguilar, que lleva más de ocho años en la búsqueda de su hijo, las movilizaciones nunca habían tenido tal respaldo social, a pesar de que las denuncias por desaparición se han duplicado en los últimos diez años y que colocan a Jalisco dentro de los tres primeros estados en número de desapariciones (Cepad, 2018). ¿Qué ocurrió para que la sociedad jalisciense saliera a las calles frente a un problema que tiene años afectando a miles de familias?

Sin duda, la desaparición de tres estudiantes fue un factor que detonó la indignación.

El lunes 19 de marzo de 2018, tres estudiantes de cine, Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ávalos, fueron desaparecidos en circunstancias que hasta la fecha no han sido esclarecidas en su totalidad por las autoridades.

A pesar de que testigos denunciaron los hechos alrededor de las ocho de la noche de ese día al teléfono de emergencias 911, las autoridades llegaron tres horas después al punto de Periférico Poniente, en el municipio de Tonalá, donde un grupo de sujetos armados se llevaron por la fuerza a Javier, Daniel y Marco (Rodríguez, 2018a). Esta falta de acción inmediata para buscar a los tres jóvenes fue la primera de una serie de irregularidades cometidas por el gobierno de Jalisco frente al caso.

Mientras la Fiscalía General del Estado centraba sus indagatorias en la familia de uno de los jóvenes (Reza, 2018), estudiantes y maestros del Centro de Arte Audiovisual (caav) y de universidades como el iteso, la Universidad de Guadalajara y el tec de Monterrey, celebraron asambleas conjuntas para organizar acciones frente al tema, punto clave para incrementar la protesta por las desapariciones y crear presión política a las autoridades a fin de que dieran resultados.

Los estudiantes arrancaron con la difusión masiva del caso, pero también se reunieron con las familias agrupadas en los colectivos Por Amor a Ellxs y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, con años de acción frente a las omisiones de la autoridad en las investigaciones, para crear conciencia sobre el tema, solidarizarse con las familias y preparar protocolos de prevención y actuación inmediata frente a una desaparición.

Estas asambleas derivaron no sólo en acción y reflexión por parte de estudiantes sobre el tema de la desaparición, sino también visibilizaron otros aspectos como la violencia contra estudiantes, el acoso en el interior de los planteles y la necesidad de organizarse para buscar soluciones más allá de las que pudieran ofrecer las autoridades.

En cuanto a la protesta, desde el 22 de marzo comenzaron las primeras movilizaciones para exigir la aparición con vida de Marco, Javier y Daniel, y la presión fue en aumento conforme pasaban los días. Durante una manifestación el 24 de marzo, estudiantes rebautizaron la Glorieta de los Niños Héroes, como la glorieta “de las y los desaparecidos”, un acto simbólico de mucha fuerza al apropiarse de un espacio público en una zona de alto tráfico en la ciudad, que desde entonces se ha convertido en el lugar donde familias cuelgan mantas con información y fotografías de sus seres queridos desaparecidos, donde suelen iniciar o terminar las marchas por los desaparecidos y que mantiene las fotografías de Marco, Daniel y Javier como un recordatorio permanente de su ausencia.

Un mes después de la desaparición de los estudiantes del caav, el gobierno de Jalisco pretendió dar por cerrado el caso al darlos por muertos, ante supuestas declaraciones de jóvenes que dijeron asesinarlos y sus cuerpos fueran diluidos en ácido. La noticia golpeó anímicamente a estudiantes y sociedad movilizada, quienes esa misma noche se manifestaron en silencio frente a Casa Jalisco, en medio de un ambiente de tristeza, con veladoras en las manos, pero también con las dudas respecto a la investigación que les daba por muertos y la exigencia de que investigadores independientes intervinieran en el caso (Toral, 2018c).

En ese ambiente, donde el gobierno daba a los jóvenes por muertos y la sociedad exigía una investigación independiente, se dio la histórica manifestación del 26 de abril de 2018, una protesta sin precedentes, donde alrededor de 12 mil personas se unieron a las familias afectadas por las desapariciones al grito de “¡No están solas!”.

Expertos en derechos humanos (Toral, 2018d) encontraron similitudes entre la investigación oficial del gobierno de Jalisco sobre los tres estudiantes del caav y la correspondiente a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues en ambos casos faltaron los restos de las víctimas, hubo declaraciones autoinculpatorias donde se presumen torturas y elementos de seguridad del Estado participaron activamente o por omisión en la dilación de la búsqueda e investigación.

Finalmente, se confirmaron las dudas sobre la versión oficial que presentaba el gobierno de Aristóteles Sandoval como definitivas y que daban por muertos a Daniel, Javier y Marco. Tras la queja de las familias por inconsistencias en el caso, y gracias a la intervención del Comité contra de la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, la Fiscalía General de la República reabrió el caso y lo atrajo al ámbito federal, con el compromiso de reanudar las tareas de búsqueda con vida de los estudiantes de cine (Gobierno del Estado de Jalisco, 2019).

A mediados de 2018, la revelación de que cientos de cuerpos sin identificar se amontonaban en cajas de tráileres ante la falta de capacidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para procesarlos, despertó nuevamente la indignación de la sociedad frente al tema de las desapariciones, mientras el escándalo llegaba al nivel internacional (Reina, 2018). Familias de personas desaparecidas salieron nuevamente a las calles a protestar por la falta de recursos para hacer frente al problema y por el despido injustificado de quien encabezaba el Instituto de Ciencias Forenses.

A lo largo del año continuaron las protestas por las desapariciones, que superan los 6 mil casos sólo durante el último sexenio. Durante las protestas se dejó de manifiesto que la principal necesidad que está detrás del descontento es la falta de acceso a la Justicia, lo que genera impunidad para los responsables de cometer el delito de desaparición.

También se visibilizaron necesidades puntuales y concretas que será necesario resolver para poder transformar el conflicto sobre las desapariciones en Jalisco. La necesidad que se realicen búsquedas inmediatas de las personas desaparecidas y que sean independientes al proceso de investigación criminal, llevó a la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda y su correspondiente organismo nacional, aunque esas instituciones todavía están lejos de recibir los recursos financieros y humanos suficientes para hacer frente al tamaño del problema.

Otra necesidad principal es la de un banco nacional de datos genéticos, pues los familiares de personas desaparecidas todavía están obligados a desplazarse para entregar sus muestras de adn en los lugares donde son encontradas fosas clandestinas o donde hay cuerpos sin identificar, lo que los expone a una revictimización, y plantea dificultades a quienes tienen menos recursos. Esto se relaciona con la necesidad de personal en las instituciones públicas que atienda, con trato humano, sensibilidad y en una cantidad suficiente para hacer esperar lo menos posible a las familias que se enfrentan a una desaparición.

Las protestas por desapariciones en Jalisco durante 2018 también trajeron aprendizajes, como la necesidad de que la sociedad se organice frente a la inseguridad, que se implementen medidas de prevención y acción frente alguna contingencia, como ocurrió a raíz de las asambleas estudiantiles.

Y quizás el aprendizaje social más importante de todos fue la certeza de que, en las condiciones actuales, cualquier persona está expuesta a una desaparición en Jalisco, aprendizaje resumido en la consigna que miles de personas gritaron durante las manifestaciones por los estudiantes del caav: ¡No son tres, somos todos!

Con esa frase tiraban por tierra el discurso oficial que desde hace tiempo y sin importar los colores partidistas, afirman que quien es desaparecido o asesinado es porque andaba en “malos pasos”. La violencia está presente en la realidad cotidiana de miles de jaliscienses y en las protestas había testimonios de hermanas, vecinos, amigos, compañeras de personas desaparecidas, casos que contradecían el “se están matando entre ellos”. El que cientos de jóvenes se sintieran identificados con Marco, Daniel y Javier hizo que salieran a las calles como nunca había sucedido.

Aunque desde el año 2008, la cifra de denuncias por personas desaparecidas en Jalisco supera los mil casos anuales, y desde 2016 son más de tres mil denuncias por año (Cepad, 2018), no se habían visto manifestaciones tan masivas como las de 2018. Sin embargo, la gran mayoría protestó de manera coyuntural y con el paso del tiempo dejaron de sumarse. Con la cercanía de las elecciones, también hubo grupos políticos que aprovecharon el momento, pero la mayoría salió a las calles a gritar por una injusticia sin acciones a largo plazo.

Hizo falta crear los lazos de confianza y solidaridad organizada entre la sociedad civil que protestaba y las víctimas de la desaparición, los cientos de familias que buscan a sus seres queridos. Hubo personas que a raíz de esas y otras protestas comenzaron a vincularse con los colectivos de Por Amor a Ellxs o Fundej, a crear resonancia de sus exigencias, a organizarse para hacer frente al problema, pero la gran mayoría se sumó únicamente a las manifestaciones, a lanzar gritos para exigir justicia, pero frente a gobiernos de oídos sordos. Queda el reto pendiente, para la mayoría de nosotros, de pasar de la indignación y la protesta, a sumarnos a la resistencia y la organización.

El derecho a una vida libre de violencia

Las mujeres protagonizaron protestas a lo largo de 2018 en torno a su derecho a una vida libre de violencia. Los feminicidios, el acoso sexual y el aborto fueron algunos temas que llevaron a las mujeres a las calles.

El 28 de septiembre, cientos de mujeres la mayoría de ellas muy jóvenes pintaron de verde la avenida Juárez, en el Centro de Guadalajara, en el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro. Fue un ambiente festivo, donde las mujeres bailaron al ritmo de la batucada mientras exigían el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 046 que, entre otras cosas, garantiza el acceso a la interrupción del embarazo a víctimas de violación.

Las manifestantes se solidarizaron con las mujeres que han sido presas por abortar, las que han muerto por someterse a una práctica clandestina y las que han sido obligadas a ejercer una maternidad que no eligieron.

Estas manifestaciones no surgieron de forma espontánea, sino a partir de grupos de mujeres que se reúnen constantemente a discutir y aprender de manera colectiva sobre sus derechos. Mujeres que ocupan cada vez más espacios en ámbitos de toma de decisiones y espacios de poder donde históricamente han sido relegadas, y que por tanto incomodan a muchos sectores.

Estos grupos de mujeres también protestaron por el acoso sexual, una práctica que hasta hace muy poco era vista como algo normal. Las intensas movilizaciones de grupos feministas frente a casos de acoso sexual generaron un quiebre en instituciones como la Universidad de Guadalajara. El cese de dos académicos renombrados, Horacio Hernández Casillas y Eliseo López Cortés, hubiera sido inexplicable sin la presión que ejercieron grupos de mujeres solidarias con quienes padecieron palabras ofensivas, amenazas, tocamientos y el menosprecio.

Previo a la salida de los profesores acosadores, hubo protestas en los centros universitarios e inclusive en el propio edificio administrativo de la Universidad, mesas redondas, asambleas universitarias y mucho activismo a través de redes sociales.

La crisis política en el interior de la mayor universidad pública del estado, a raíz de las denuncias por acoso, obligó a las autoridades de la UdeG a crear un protocolo para la denuncia y actuación frente a casos de acoso, además de la Defensoría de los Derechos Universitarios. El empoderamiento y la confianza de las mujeres dentro de la universidad pública llevó a que sólo en 2018 se superara el número de denuncias por acoso y hostigamiento sexual presentadas los diez años previos (Toral, 2018a).

Frente al feminicidio, la forma más extrema de la violencia de género, el 21 de mayo feministas, familiares y amigos de las víctimas marcharon con rumbo al Parque Revolución, donde colocaron una cruz color rosa de la cual colgaron listones morados con los nombres de algunas de las más de mil 500 mujeres que han sido asesinadas en Jalisco durante las últimas dos décadas (Rodríguez, 2018b).

Al develar el memorial, familiares de las víctimas del feminicidio resaltaron las deficiencias en las órdenes de protección emitidas por las autoridades de seguridad, así como la negativa de los agentes del Ministerio Público a procesar los delitos como feminicidios, lo que minimiza la gravedad del problema cuando se revisan las cifras.

En las manifestaciones por feminicidios en Jalisco resuenan nombres como el de Imelda Virgen, profesora de la Universidad de Guadalajara asesinada por su marido y que es considerado el primer feminicidio en Jalisco tras la tipificación del delito, o el de Alexandra Castellanos, quien varias ocasiones denunció formalmente agresiones físicas por parte de su expareja sentimental, quien finalmente le quitó la vida en diciembre de 2017.

Un punto clave de las protestas frente a la violencia contra las mujeres es su capacidad para apelar al resto de la sociedad respecto a la cultura machista que persiste en prácticamente cualquier ámbito, especialmente el político, y a la necesidad de un cambio cultural en los roles de género que impiden a las mujeres alcanzar la plena libertad.

Ya desde finales de 2018, grupos feministas advirtieron un posible retroceso en su participación política. El 8 de noviembre, una decena de activistas se concentraron afuera de la oficina de transición del entonces gobernador electo, Enrique Alfaro, para entregarle una carta con mil firmas de respaldo, donde le exigían garantizar la paridad de género en su gabinete, fortalecer al Instituto Jalisciense de las Mujeres y garantizar su autonomía (Toral, 2018b).

Fue premonitorio de lo que a inicios de 2019 se concretó como un albazo del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano para desaparecer el mecanismo de adelanto para las mujeres que fue creado en Jalisco apenas en el año 2001.

Sin duda, la protesta de las mujeres será fundamental para visibilizar los problemas que enfrenta más de la mitad de la población jalisciense y transformar una cultura que las violenta y excluye de la toma de decisiones.

En una etapa de regresión en los derechos de las mujeres en Jalisco con la desaparición de instituciones, de unidades de género o la reducción de recursos para atender la violencia contra las mujeres, es importante que las mujeres levanten la voz y hagan manifiesto su enojo ante la clase gobernante que toma las decisiones.

Pero también para señalar a la sociedad. Muchas mujeres refieren cómo han tenido que enfrentar el rechazo en relaciones amorosas, familiares o con amistades por señalar micromachismos, por denunciar a quien acosa o por decir abiertamente que están a favor de que cada mujer decida sobre su propio cuerpo frente a un embarazo no deseado. Ese choque social y cultural, que muchas veces es intergeneracional, también es parte de la protesta, cimbra a una sociedad conservadora como la jalisciense y abre grietas de cambio.

Y como pasó con generaciones atrás con su lucha, las mujeres de hoy siembran el cambio para quienes vienen detrás, al salir a las calles a abrazar el “Yo sí te creo”, al protestar para que respeten sus cuerpos, sus decisiones, a gritar porque no tienen garantizado el derecho a la vida.

La defensa de las áreas verdes y la criminalización de la protesta

Aunque la mayoría de las protestas que hemos destacado terminan de forma pacífica, aún hay autoridades que recurren al uso de la fuerza para acallar voces disidentes que afectan intereses económicos o políticos.

Eso es lo que ocurrió a inicios de junio, cuando la protesta de vecinos de Arboledas del Sur, en Guadalajara, por defender el área verde ubicada al centro de su colonia, terminó con la detención de nueve personas por parte de la policía municipal.

Como parte de una política para redensificar la ciudad, el Ayuntamiento de Guadalajara actualizó los planes parciales de desarrollo urbano. En muchas zonas se realizaron cambios que permitieron la construcción de torres de más de diez niveles en zonas tradicionalmente ocupadas por casas de uno o dos niveles. Decenas de colonias se han organizado desde entonces para oponerse a construcciones que consideran nocivas.

Uno de los casos más llamativos se presentó en Arboledas del Sur, donde 60% de un bosque urbano de 7 hectáreas, hasta entonces clasificado como espacio verde y abierto, fue reclasificado para permitir comercios, servicios y edificios de hasta ocho pisos de altura (Líder Informativo, 2018).

El cambio en los planes parciales de desarrollo era un eslabón más en una trama legal iniciada por la empresa Desarrollos Inmobiliarios de 10, en connivencia con las autoridades municipales, para quedarse con parte del terreno, en una ciudad con un grave déficit de áreas verdes (Rodríguez, 2017).

Ante la supuesta pérdida legal de la totalidad del área verde, a pesar de que la empresa nunca tuvo posesión del terreno, la autoridad municipal llegó a un acuerdo judicial para intercambiar parte del bosque por obras de rehabilitación en el resto del terreno. Para impedir que se concretara el acuerdo y evitar afectaciones al bosque urbano que han cuidado y disfrutado por décadas, los vecinos se manifestaron en el parque para evitar las obras de remodelación, que incluían caminos de cemento, baños y áreas de juegos infantiles. El conflicto escaló de nivel hasta que el 11 de junio decenas de policías antimotines se presentaron en el lugar de la protesta y se llevaron detenidas a nueve personas, incluidos jóvenes que defendían un parque en el que jugaron desde pequeños (Álvarez, 2018).

La protesta se trasladó a la Calle 14, sede de la Fiscalía General del Estado, donde vecinos exigieron la libertad de los detenidos, mientras las obras de construcción de caminos continuaban en Arboledas del Sur.

La libertad de los detenidos coincidió con una resolución judicial hasta entonces inesperada, por autoridades municipales y la empresa, que concedió una suspensión de plano a la comunidad indígena de Santa María Tequepexpan, que asegura tener derecho sobre el área verde en disputa y busca que se conserve como espacio abierto (Del Castillo, 2018).

Los habitantes de Arboledas del Sur se mantienen en alerta para reiniciar la lucha si continúa el intento por despojarles de su área verde, y con su protesta hacen visible la necesidad de privilegiar el medio ambiente y los espacios comunitarios sobre los intereses inmobiliarios y el beneficio económico de unos cuantos.

Al inicio de este texto, afirmamos que los conflictos son un motor de cambio social al poner de manifiesto necesidades y desigualdades no resueltas. Durante 2018, la sociedad jalisciense protestó por temas como la desaparición, la violencia contra las mujeres y el despojo de áreas verdes, visibilizando desigualdades que viven miles de personas desaparecidas que no son buscadas, mujeres que son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, y comunidades que enfrentan despojos frente al poder del dinero.

Uno de los principales retos para quienes forman parte de esas protestas y luchan por acortar esas desigualdades, es la necesidad de articularse, crear lazos y empujar en conjunto. La fuerza de la protesta social se hace más necesaria frente a los nuevos gobiernos con tendencias autoritarias, que fortalecen sus vínculos con grupos de poder fáctico, empresarial o criminal que empujan en sentido contrario.

Referencias

Álvarez, Ángel (16 de junio de 2018). Entrevista en Entrevistas en Frío [En Línea], México, Ivoox. Disponible en: https://mx.ivoox.com/es/arboledas-del-sur-detencion-manifestantes-audios-mp3_rf_26569352_1.html [Consultado el 18 de febrero de 2019].

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Del Castillo, Agustín (2018). “Colegiado concede suspensión a favor de parque de Arboledas” Diario Milenio [En Línea]. México. Disponible en: https://www.milenio.com/politica/gobierno/colegiado-concede-suspension-favor-parque-arboledas [Consultado el 18 de febrero de 2019].

Gobierno del Estado de Jalisco (2019). “La Fiscalía General de la República atrae el caso de los tres estudiantes del caav atendiendo los requerimientos del Comité contra la desaparición forzada de la onu y manteniendo una estrecha colaboración con la Fiscalía del Estado de Jalisco” en Prensa Gobierno de Jalisco [En Línea]. México. Disponible en: https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/84274 [Consultado el 18 de febrero de 2019].

Líder Informativo (2018). “Planes Parciales permiten construcción sobre el 60% del parque en Arboledas del Sur”, en Líder Informativo [En Línea]. México. Disponible en: http://lider919.com/planes-parciales-permiten-construccion-sobre-el-60-del-parque-en-arboledas-del-sur/ [Consultado el 18 de febrero de 2019].

Pérez Viramontes, Gerardo (2018). Construir paz y transformar conflictos: algunas claves desde la educación, la investigación y la cultura de paz. Guadalajara: iteso.

Reina, Elena (10 de septiembre de 2018). “La morgue de México en la que 400 cuerpos se apilan sin identificar” en El País [En Línea] España. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2018/10/09/mexico/1539109692_786382.html [Consultado el 18 de febrero de 2019].

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Ríos, Julio (30 de abril de 2018). “ya basta. Estudiantes salen a la calle para exigir paz” en La Gaceta, 4.

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Informes DDHH Jalisco

Incineraciones de Cuerpos No Identificados. Crímenes Sin Justicia

Cuando pensábamos que ya lo habíamos registrado todo, nos encontramos con la desgarradora información de la incineración de centenares de cuerpos en Jalisco, sin ni siquiera haberles realizado algunos de los métodos técnicos y científicos que permitieran su futura identificación. En Jalisco son miles las personas que están en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos/as, hasta ahora sin éxito, los años de “morir en vida” (como dicen) sin saber del paradero de su hijo/a, esposo/a, madre, padre, hermano/a, novio/a, amigo/a, ahora deben seguir con la incertidumbre de saber si entre los cuerpos incinerados sin identificar, están sus seres queridos. Tenemos la certeza que lo ocurrido en Jalisco debe trascender a instancias internacionales de derechos humanos, pues posiblemente estamos ante hechos que pueden catalogarse de lesa humanidad.

CONTENIDO

  1. Presentación.
  2. Contexto de Violencia crímenes de lesa humanidad en Jalisco.
  3. Marco Jurídico.
    • Internacional
    • Nacional
      • Ley General de Salud.
      • Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos.
      • Ley General de Víctimas.
      • Código Nacional de Procedimientos Penales.
      • Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
    • Local
      • Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco.
      • Fiscalía General del Estado de Jalisco.
      • Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
      • Procedimiento de ingreso de cadáveres V01 (D-MF-P002)
      • Criterios para la preservación de cadáveres (D-MF-D001).
      • Procedimiento de egreso de cadáver por incineración V01 (D-MF-P005)
  4. Hechos y Pruebas
  5. Violaciones de Derechos Humanos.
    • Derecho a la dignidad humana.
    • Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.
    • Derecho a la identidad.
    • Derecho a la integridad personal.
    • Derecho a no ser sometida a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
  6. Conclusiones.

 

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COMUNICADO

Experiencias de la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición ante el contexto de la transición del gobierno

Desaparición de PersonasAnna Karolina Chimiak
Coordinadora del Área de Incidencia del Cepad

Anunciamos la presentación del informe del Cepad sobre el proceso de la creación e implementación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecida (FEPD). Este documento será público y se entregará el próximo 6 de diciembre al futuro Gobernador, Enrique Alfaro y el futuro Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra, a fin de que conozcan los esfuerzos que se realizaron en torno al tema de las desapariciones de personas en Jalisco a lo largo de los últimos dos años, particularmente por familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, para que así entiendan los acuerdos y compromisos asumidos, y den adecuado seguimiento a todos los procesos que se lograron crear.

Con el informe se busca recuperar la memoria sobre el proceso de creación e implementación de la FEPD. A partir de la sistematización de la experiencia y rescatar las buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los mecanismos participativos que buscan responder a las necesidades de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y reflejar la complejidad del contexto de las desapariciones de personas en el estado de Jalisco. Es importante mencionar que el estado de Jalisco se ha destacado de manera significativa a nivel nacional con relación a los procesos de diálogo entre las autoridades y familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil.

El documento se divide en tres etapas principales: el comienzo de las mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el proceso de creación de la FEPD y el proceso de seguimiento a la implementación de la misma.

A continuación les compartimos puntos claves de cada una de estas etapas.

El proceso comenzó en el año 2016. En aquel momento no imaginábamos que podríamos llegar a crear una FEPD y los resultados de estas acciones fueron completamente inesperados. No hubiéramos pensando terminar este proceso con una institución encargada de los procesos de búsqueda e investigación, innovadora e inédita a nivel de todo el país.

Pero, ¿cómo llegamos a esto?.

En el año 2016 nos fue negada la expedición de copias certificadas de los expedientes de casos de desaparición de personas debido al “sigilo”, seguridad, riesgo de infiltración, conflictos familiares, entre otras razones. Frente a esta negativa, nos encontrábamos ante un escenario en el que debíamos tomar una decisión estratégica:

1) Presentar amparos por cada negativa a la expedición de las copias certificadas, como violación al derecho a la información y a la verdad; o

2) Buscar una ruta de acciones políticas y no judicializar todos los casos.

Frente a la presión del tiempo y el posible desgaste que pudiera conllevar un proceso jurídico, tomamos, conjuntamente con el Colectivo Por Amor a Ellxs, la decisión de construir una estrategia política. Después, realizamos una rueda de prensa en la cual denunciamos las prácticas violatorias de la FGE y solicitamos la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), la cual fue respaldada con una carta dirigida a su nuevo representante, Jan Jarab.

En el transcurso de tres semanas, se realizó la reunión con Jan Jarab, en el marco de su primera visita fuera de la Ciudad de México. A raíz de esta reunión, comenzaron a llevarse a cabo las mesas de trabajo mensuales entre el colectivo Por Amor a Ellxs, la FGE y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), con la observación y acompañamiento de la ONU-DH y el Cepad. Esto con la finalidad de hacer valer la exigencia al derecho a la verdad y cambiar las malas prácticas institucionales en la búsqueda e investigación de casos de personas desaparecidas.

Los compromisos y acuerdos sostenidos en las cinco mesas mensuales de trabajo hasta el mes de enero de 2017, no resultaron en cambios sustantivos, sin embargo, uno de los logros más significativos de las mesas, fue el anuncio del Fiscal General en diciembre de 2016 de crear un modelo integral de búsqueda e investigación de casos de personas desaparecidas, que recogería las mejores prácticas internacionales en la materia, así como de la necesidad de llevar a cabo un diagnóstico para conocer a profundidad la situación de las desapariciones de personas en el estado, acciones que dieron inicio a la idea de creación de la FEPD.

El año 2016 fue un año histórico para el tema de las desapariciones de personas en Jalisco. A principios del año no se reconocía en el discurso público la existencia de las desapariciones de personas en la entidad, y a finales del año, se logró institucionalizar los mecanismos de participación y generar un diálogo directo con las autoridades locales, encaminados hacia la creación de la FEPD.

Y ¿cuáles fueron los pasos siguientes?, y ¿cómo logramos la creación de la FEPD?

Durante la segunda etapa del proceso, primero, se realizaron los diagnósticos. Posteriormente, se diseñó la ruta para su creación, adaptada al contexto de Jalisco, con las mejores prácticas internacionales. Segundo, se elaboró el Reglamento Interno de la FEPD, de manera participativa, con colectivos de familiares de personas desaparecidas Fundej y Por Amor a Ellxs, y las organizaciones de la sociedad civil, Cladem y el Cepad. Tercero, participamos en el proceso de diseño de perfiles adecuados y selección de 28 personas profesionistas, quienes actualmente conforman la Dirección de Análisis y Contexto.

Asimismo, hemos participado en 3 procesos de selección de la persona titular de la FEPD y el proceso de selección de la persona coordinadora del Protocolo Alba. Esta experiencia fue completamente nueva para el Cepad, y a su vez, se evidenció que uno de los retos más grandes en la creación de las nuevas instituciones es la falta de los perfiles idóneos y adecuados.

Los esfuerzos participativos se finalizaron con la creación de la FEPD, el 31 de agosto de 2018. La creación de la fiscalía especializada representó un avance tangible y real para atender la complejidad y magnitud de las desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares, y responder al contexto de macrociminalidad del estado de Jalisco. La FEPD aspiraba ser un referente nacional en cuanto a los mecanismos de participación y aportes desde los colectivos de familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, situación que tal como señalé previamente, jamás esperábamos en el año 2016 cuando iniciamos el proceso de diálogo con las autoridades.

Sin embargo, aunque el arranque de la FEPD contribuyó a garantizar el acceso a la verdad y a la justicia para las víctimas de desaparición, por mucho logro que fuera su creación, no podía subsanar de manera inmediata todas las malas prácticas institucionales que la atravesaban por dentro, tampoco disminuir los altos índices de las desapariciones en la entidad.

Por lo anterior, una vez que se concluyeron los procesos de la creación de la FEPD, la concentración de los esfuerzos se dirigió hacia la adecuada implementación de la misma y la correcta aplicación de sus funciones, exigiendo que los cambios no sólo se reflejaran en el centro del estado, sino en todas las regiones de Jalisco. Para esto, se requería buscar un mecanismo de participación y rendición de cuentas transparente y eficaz que pudiera brindar resultados y garantizar que a todos los procesos de participación existentes se les diera una correcta continuación.

Es por eso, que desde el mes de octubre logramos generar un espacio de seguimiento a la implementación de la FEDP a través de la Mesa de Seguimiento que tiene la finalidad de fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación conjunta, así como evaluar el funcionamiento y la eficacia de las actuaciones de la FEPD. Para el Cepad, uno de los objetivos de formar parte de este espacio fue la importancia de adoptar las buenas prácticas de búsqueda e investigación basadas en el concepto de que las desapariciones de personas constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, uno de los objetivos claves de la instalación de la Mesa de Seguimiento fue generar una coordinación adecuada entre las instituciones que se encargaban de los procesos de búsqueda, investigación, identificación de personas y atención a víctimas.

Y cabe preguntar: después de más de dos años de los procesos de participación, ¿dónde estamos ahora?

Es importante reconocer los avances. La creación de la FEDP y la instalación posterior de los mecanismos de seguimiento han sido pasos cruciales y, a su vez, constituyeron una muestra de un compromiso para contribuir a poner fin a la grave problemática de las desapariciones de personas en el estado, y para garantizar a las víctimas el acceso efectivo a la justicia, a la verdad, la reparación integral del daño y la no repetición de los hechos.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el problema persiste, y no ha sido solucionado a fondo. Los procesos de interlocución con autoridades han tomado tiempo y han sido desgastantes. Y en términos de mejorar la situación de las desapariciones en la entidad y hacer más eficentes los procesos de búsqueda e investigación, la respuesta tampoco no ha sido tan positiva. Esto se demuestra en los números de personas desaparecidas que incrementan año tras año, la ausencia de las sentencias por desaparición, la falta de avances en mayoría de los casos y la deficiente atención a víctimas.

En los últimos 10 años, a partir de 2008 hasta el 30 de septiembre, en Jalisco fueron denunciadas como desaparecidas 25,672 personas, de las cuales 6,850 no han sido encontradas. Cabe destacar que a pesar del acercamiento y diálogo con las autoridades locales, los últimos años acumulan la mayoría de estas desapariciones. El proceso de las mesas de trabajo se dio en el año 2016, en el cual en promedio desaparecían 9 personas al día, en el año 2017 se denunciaba diariamente la desaparición de 10 personas, y en el transcurso de nueve meses del año 2018, hasta el 30 de septiembre, han desaparecido un promedio de hasta 12 personas cada día. Cabe destacar que esta cifra solamente incluye a las personas desaparecidas denunciadas, sin considerar a todas las personas que se encuentran en la llamada “cifra negra”, es decir desapariciones no denunciadas por miedo, temor a represalias o la desconfianza hacia la capacidad de las instituciones de procuración de justicia, entre otras razones.

Y, si bien se creó la FEPD conforme a los más altos estándares internacionales, incluso antes de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición, la institución no ha funcionado de manera adecuada, particularmente por la constante falta de los recursos humanos y materiales. Parece que la postura oficial es mostrar públicamente el compromiso de crear la institución e insertar el discurso de derechos humanos y gravedad de las desapariciones en el debate público, y olvidarse que el objetivo no es crear las nuevas estructuras (que no operan), sino encontrar a las personas desaparecidas, sancionar a las personas responsables, reparar el daño de manera integral y prevenir para que las desapariciones de personas no ocurran nunca más.

Asimismo, vale la pena reflexionar el tema de la participación. Uno de los puntos claves de estos procesos fue que familiares de personas desaparecidas tuvieron en ellos un papel central. El reconocimiento del rol de familiares de personas desaparecidas resulta esencial para lograr avances concretos en materia de búsqueda, investigación, atención a víctimas e identificación de personas. Sin embargo, a lo largo de tiempo nos llegamos a preguntar si realmente es posible generar la confianza con la autoridad, mantener la esperanza, y poder creer en el cumplimiento real de los acuerdos asumidos por el gobierno, después de tantos años de la política del olvido y de negación de la existencia de graves violaciones a los derechos humanos. Y qué impacto realmente pueden tener los mecanismos de participación conjunta, los cuales tan fácilmente se puedan convertir en una simulación, a costo de la legitimidad y el desgaste de las víctimas y de la sociedad civil.

Y a estas reflexiones se suma una de las que más nos preocupan: ¿qué va a pasar con todos estos procesos en el contexto de la transición del gobierno?

Puesto que con la creación de la FEPD y los espacios de participación conjunta que se han generado, se creó una oportunidad histórica para la justicia y la verdad, la cual generó un compromiso institucional para varios actores y, a su vez la esperanza de materializar el acceso efectivo a estos derechos.

Y finalmente, cómo hacer que los mecanismos de participación y los avances provenientes de estos espacios sean duraderos y transexenales. Frente al contexto de las desapariciones generalizadas en la entidad, que se coloca en el tercer lugar a nivel nacional en cuanto al número de las personas desaparecidas, donde cualquier persona puede ser víctima de desaparición, en cualquier momento y sin ningún costo, es de suma importancia que el nuevo Gobierno del Estado asuma su responsabilidad en su verdadera dimensión y priorice el tema de las desapariciones, dándoles el debido seguimiento, retomando los mecanismos existentes de participación, reconociendo los avances y atendiendo la gravedad del problema, para que todo lo que se ha hecho no fuera en vano y no resultara violatorio al principio de progresividad. Porque al final, el cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral nunca debe de depender de la voluntad política, de los gobiernos y políticos particulares, sino es una obligación constitucional del Estado y su fuente es, ni más o menos, la dignidad inherente de cada persona humana.

*Discurso ofrecido el 28 de noviembre de 2018 en el Foro: Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Aprendizajes y Retos a un Año de su implementación en Jalisco. En la primer mesa con el tema “Experiencias sobre Mecanismos de Participación desde la Sociedad Civil.”

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ENLACES DE INTERÉS

¿Cómo estamos en el estado de Jalisco a un año después de la aprobación de la Ley General en materia de Desaparición?*

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COMUNICADO

¿Cómo estamos en el estado de Jalisco a un año después de la aprobación de la Ley General en materia de Desaparición?*

Implementación Ley Desaparición

Anna Karolina Chimiak
Coordinadora del Área de Incidencia del Cepad

A nivel nacional parece que somos una de las entidades más avanzadas en cuanto a la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Incluso podría decirse que comenzamos a implementar la Ley, aún antes que la misma fuera aprobada, puesto que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD) entró en operaciones el 31 de agosto de 2017, y para su creación se tomó en cuenta los estándares que fueron previamente contemplados en su Dictamen.

Asimismo, casi a tiempo, solo a 8 días después de la fecha indicada por los transitorios de la Ley General, se creó la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Jalisco (CBPJ).

Posteriormente, en el mes de agosto de 2018 se concluyó la elaboración de la Convocatoria para conformar el Consejo local Ciudadano, llamado en Jalisco el Consejo Consultivo.

Y en el mes octubre de este año se presentó una propuesta de la Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares del Estado de Jalisco, la cual preveía la creación del sistema estatal de búsqueda. De igual manera, en noviembre del mismo año surgió otra iniciativa en el Congreso, esta vez sobre la declaración especial de ausencia por desaparición.

Además, a eso no podemos olvidar que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) es la única institución forense a nivel nacional la cual tiene carácter autónomo e independiente, y en las evaluaciones nacionales se posiciona como una de las mejores y más certificadas a nivel del país.

Frente a este escenario, parece que el estado Jalisco asumió de manera ejemplar todos los compromisos marcados por la legislación general en materia de desaparición, y en este momento, reconociendo los avances y aplaudiendo los esfuerzos institucionales, podría concluir el discurso, deseando que ojalá la misma postura tomara también el nuevo gobierno en transición.

Sin embargo, y lamentablemente hay varios peros.

Pero número 1: Falta del presupuesto.

Tanto la FEPD como la CBPJ no cuentan con los recursos técnicos, materiales suficientes y necesarios para cumplir con sus objetivos y responder de manera adecuada al fenómeno de las desapariciones en Jalisco, e incluso por lo anterior ni siquiera pueden implementar sus estructuras marcadas por el Reglamento y por el Decreto respectivamente, eso, pese a múltiples exigencias expresadas mediante los comunicados públicos y en el marco mesas de trabajo y mesas de seguimiento con la FGE y FEPD, así como las mesas de diálogo con la Secretaría General de Gobierno del estado de Jalisco, e incluso las reuniones con el mismo Gobernador. En cada una de estas reuniones, las y los funcionarios públicos se comprometieron a asignar recursos suficientes a estas dos instituciones, e incluso durante los meses de junio y julio, prometieron dotarlas con 100 millones de pesos. No obstante, lo prometido no sucedió y la situación evidenció la indolencia del estado frente a la magnitud de las desapariciones en la entidad y la poca credibilidad en cuanto a la palabra y los compromisos asumidos por las autoridades locales en los espacios de participación conjunta.

Pero número número 2: Falta del personal suficiente, profesionalizado y sensibilizado.

Las dos instituciones, FEPD y CBPJ, no cuentan con el número de personal necesario para su adecuado funcionamiento. Asimismo, a pesar de los cambios y a pesar de las múltiples capacitaciones que se han llevado a cabo, hasta la fecha no se ha logrado romper con las malas prácticas y los vicios institucionales que se han arrastrado por años, lo que evidencian la ausencia de las investigaciones exhaustivas, serias y eficaces y la constante violación de los derechos de víctimas. La pregunta es cuantas capacitaciones más se tendría que llevar a cabo, de los recursos públicos, para contar con un personal profesionalizado, sensibilizado y capacitado. Y si realmente se puede cambiar la manera de trabajar y la manera de pensar de las y los funcionarios públicos quienes toda su vida laboral han sido omisas/os y negligentes.

Pero número 3: Intentos de generar los procesos de selección a modo

La CBPJ fue creada el 24 de abril de 2018, y tras la publicación del Decreto que crea esta institución, el gobierno decidió llevar a cabo un proceso de selección de la persona titular sin considerar los colectivos de familiares de personas desaparecidas ni las organizaciones de la sociedad civil. Frente a esta situación, que resulta claramente violatoria al principio de participación conjunta que rige la Ley General, con los colectivos: Fundej y Por Amor a Ellxos y la organización Cladem Jalisco, decidimos emitir un comunicado en el cual exigimos que el proceso de selección de la persona a cargo de la CBP fuera transparente, con máxima publicidad, y bajo los mecanismos de la participación de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil. A consecuencia de este comunicado, el gobierno de Jalisco respondió de manera positiva, declarando la convocatoria desierta, e iniciando un nuevo proceso de selección, en el cual, conjuntamente con los colectivos tomamos un papel clave: desde el diseño de la convocatoria, diseño de los requisitos del perfil idóneo, elaboración de la metodología de evaluación de perfiles, así como calificación a las personas aspirantes.

Además, cabe señalar, hasta la fecha la CBPJ no cuenta con el Reglamento interno, a pesar de posicionar este tema como una de las exigencias principales en el diálogo sostenido con la Secretaría General de Gobierno.

Pero número 4: No contamos con el Consejo Local Ciudadano

A pesar de concluir la convocatoria para conformar el Consejo Consultivo en el mes de agosto y acordar el mecanismo de selección e incluso consensuar las fechas del proceso, esfuerzo de más de un mes de trabajo colectivo, la convocatoria, sin ninguna justificación, no ha sido publicada.

Pero 5. La violación del principio de la participación conjunta consagrado en el artículo 5 de la LGD

Primero: Las dos propuestas de la ley previamente mencionadas, no han sido debidamente socializadas y consultadas. No se realizó una consulta pública, transparente ni incluyente con familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, lo que resultó violatorio al prinicipio de particiapción conjunta.

Segundo: En la propuesta de Ley estatal en materia de desaparición no se reconocieron y tomaron en cuenta los avances alcanzados por familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil en la materia, ni características propias del contexto del estado de Jalisco, por ejemplo la existencia de la FEPD, la instalación de la Comisión Interinstitucional de seguimiento, o la continuidad de los procesos de selección de las personas titulares de carácter participativo. Afortunadamente, tras las múltiples acciones de incidencia y estrategia de comunicación logramos de manera conjunta frenar la aprobación de dicha ley.

Tercero: De acuerdo con el transitorio noveno de la Ley General en materia de Desaparición, las entidades federativas deberían emitir y en su caso, armonizar la legislación correspondiente dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha de la entrada en vigor de la Ley General, término que venció el 15 de julio del presente año, y lamentablemente en Jalisco no se ha cumplido con esta obligación, lo que evidenció la indoferencia e indolencia del Congreso del Estado de Jalisco, respecto a la gravedad de las desapariciones de personas en la entidad. Es por esta omisión que hasta la fecha familiares de personas desaparecidas al momento de necesitar contar con la declaración de ausencia por desaparición de su ser querido tienen que pasar por el proceso sumamente burocrático, costoso, prolongado y encaminado hacia la presunción de muerte.

Pero número 6: Crisis forense

Uno de los sucesos que más indignó a la sociedad no solo a nivel estatal sino también nacional e internacional, y demostró la incapacidad y debilidad institucional ante el incremento de violencia en el estado y la crisis de las desapariciones, fue el hallazgo del septiembre de 2018 de los tráileres que contenían cuerpos de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, en condiciones de resguardo inhumanas y degradantes, de los cuales la mayoría no contaban con la totalidad de los registros para su identificación, situación que resultó violatoria al derecho a la verdad, y demostró la ausencia total de coordinación y comunicación entre las instituciones de procuración de justicia estatales.

Pero número 7: La magnitud de las desapariciones en el estado de Jalisco

En el estado vivimos el escenario horroroso de las desapariciones generalizadas y descontroladas. Durante el año 2017, 3,672 personas fueron reportadas como desaparecidas, y no se han logrado localizar a 1,380 personas. Eso significa que en promedio cada día desaparecieron 10 personas. Y para comparar, en el año 2018, tras la aprobación de la Ley General en materia de Desaparición,, sólo en el periodo de 9 meses, hasta 30 de septiembre, se denunciaron como desaparecidas a 3,255 personas, de las cuales 1,860 personas no han sido encontradas, con la cantidad de 12 personas denunciadas como desaparecidas cada día.

Pero número 8: Impunidad absoluta

Las cifras anteriormente mencionadas se enmarcan en un contexto de impunidad que en caso de las desapariciones resulta absoluta. Desde la tipificación del delito de desaparición forzada en octubre de 2013, hasta la fecha, no se ha logrado sentenciar a ninguna persona por este delito. Cabe resaltar que además de no contar con ni una sentencia por desaparición forzada, en el estado tampoco se cuenta con alguna investigación abierta por este delito.

Pero número 9: Promesas incumplidas

A fin de lograr con un proceso de seguimiento basado en un sustento jurídico, que incluyera la participación de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, y para garantizar una coordinación adecuada entre las instituciones encargadas de los procesos de búsqueda, investigación, identificación de personas y atención a víctimas, tras múltiples exigencias, se logró crear una Comisión Interinstitucional para el Seguimiento de las Acciones Implementadas por el Gobierno del Estado de Jalisco para el Fortalecimiento de la FEPD y de la CBPJ. Al momento de su creación dicha Comisión fue considerada como un avance muy importante y de transcedencia transexenal.

La institución fue instalada el día 27 de septiembre de 2018, y transcurridos 30 días tras su instalación, de acuerdo con los transitorios del Decreto que la creó, se debería haber aprobado su Agenda Única y sus Lineamientos de Operación, hecho que no sucedió. Es por eso que nueavamente exigimos a convocar la reunión para dar seguimiento a los objetivos de la Comisión y aprobar dichos documentos, antes de que comience la administración del nuevo gobierno, a fin de generar un cierre adecuado y digno, y cumplir con los compromisos asumidos en la materia.

Reto número 10: Falta de unión e indiferencia de la sociedad civil.

Me gustaría hacer unas preguntas, ¿porque estamos aquí tan pocas personas?, y ¿porque como sociedad somos tan apáticos e indiferentes? ¿Cómo hacer que los medios de comunicación realmente comprendan el problema y estén al lado de las víctimas.? ¿Cómo las escuelas y las universidades pueden acercarse a esta problemática y generar la conciencia entre las personas jóvenes.? ¿Cómo combatir esta ignorancia de la sociedad y realizar los esfuerzos que no sean tan poco articulados, tan poco persistentes, y que no sean nada más coyunturales?.

Y con estas preguntas y que son a la vez retos enormes que dirijo a cada uno/una de ustedes, me gustaría concluir.

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*Discurso ofrecido el 28 de noviembre de 2018 en el Foro: Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Aprendizajes y Retos a un Año de su implementación en Jalisco. En la segunda mesa con el tema “Ley general en Materia de Desaparición de Personas, Lecciones Aprendidas a un año de su Aprobación.”

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Comunicado

Manifestamos nuestra indignación ante la destrucción de la caja frigorífica del tráiler como evidencia principal y la ausencia de la investigación del caso.

CepadPor amor a ellxsz - Cladem

 

Guadalajara Jalisco a 29 de octubre de 2018

El Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas “Por Amor por Ellxs” y las organizaciones civiles Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco (Cladem), manifestamos nuestro rechazo e indignación ante la destrucción de uno de los tráileres que contenía los cuerpos de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas.

 

El hallazgo de los cuerpos en las cajas de refrigeración el pasado 15 de septiembre de este año visibilizó la profunda crisis de desapariciones de personas en Jalisco, así como la indolencia y debilidad institucional de las autoridades estatales. Ante esta situación, debido a la gravedad de las omisiones y violaciones cometidas, así como por tratarse de acontecimientos de interés y trascendencia pública, en el comunicado publicado el 22 de septiembre del presente año, le solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República, que ejercieran sus facultades de atracción e investigaran los hechos, situación que no ha sido atendida por dichos organismos. Adicionalmente, la Fiscalía General del Estado no ha informado a la sociedad jalisciense de los avances de las investigaciones correspondientes, a pesar de ser una indagatoria de los hechos que lastiman la dignidad de la sociedad jalisciense.

 

Frente a este ocultamiento de información, el día 21 de octubre el Secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, informó que se daría inicio al proceso de destrucción de una de las cajas frigoríficas, ignorando el rechazo y la oposición de familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil.

 

En el proceso de desmantelamiento y compactación de la caja de refrigeración, concluido el día 26 de octubre, se evidencia el contubernio entre la Fiscalía General del Estado y su nueva persona titular, Marisela Gómez Cobos, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Secretaría de Salud, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, la cual ordenó la destrucción del tráiler como una medida cautelar “para evitar que represente riesgo a la salud si llegare a utilizarse como medio de transporte de bienes perecederos o similares”.

 

La destrucción de la evidencia principal de la investigación en curso viola el derecho al acceso a la información de la sociedad jalisciense y vulnera de manera profunda el derecho a la verdad de la misma y de familiares de personas desaparecidas. La actuación de las autoridades estatales previamente mencionadas demuestra la ausencia de la debida diligencia en las investigaciones e imposibilita la determinación y sanción de las personas responsables, violando el derecho al acceso a la justicia y propiciando la situación de impunidad.

 

• Reiteramos nuestra exigencia para que la Procuraduría General de la República, ejerza su facultad de atracción e investigue los hechos del abandono de los cadáveres en las cajas frigoríficas y las condiciones de su resguardo, así como las circunstancias de la destrucción del tráiler. Solicitamos que se investigue de manera exhaustiva, expedita e imparcial los hechos y se sancione a los y las funcionarios/as públicos/as quienes conforman el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, la Secretaría de Salud y la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, para que el caso no quede en la impunidad, y se garanticen los derechos a la verdad y la justicia.

• Solicitamos que el Secretario General del Gobierno convoque la reunión de la Comisión Interinstitucional, con la finalidad de que exponga a colectivos de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil la información relativa al caso.

• Que se detenga el proceso de destrucción de la otra caja de refrigeración que contenía los cuerpos de las personas fallecidas no identificadas y no reclamadas.

 

ENLACES DE INTERÉS 

Ayúdanos a Exigir a las y los diputados una Adecuada Ley en Materia de Desaparición

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Boletín de prensa Comunicado

Exigimos a autoridades medidas de asistencia y apoyo a familiares de personas desaparecidas

Exigimos a las autoridades que brinden las medidas de asistencia y apoyo a familiares de las personas desaparecidas provenientes del interior del estado de jalisco, así como de otras entidades federativas, que acudirán al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

 

Guadalajara Jalisco a 21 de septiembre de 2018

 

El descubrimiento de los 322 cuerpos de personas no identificadas y no reclamadas en cajas frigoríficas de camiones, así como la información brindada por las autoridades de que sólo el 13% del total de los cuerpos que se encuentran en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cuentan con el registro de identificación forense completo, evidencian la falta de claridad sobre la magnitud de la violencia y desaparición de personas en Jalisco,y de las graves omisiones y negligencias del Gobierno del Estado. Esta situación ha generado indignación en familiares de personas desaparecidas de distintas regiones del país, así como en la sociedad en general.

 

La incertidumbre y desconfianza hacia las instituciones encargadas de la procuración de justicia, ha provocado que familiares de personas desaparecidas se vean obligadas a acudir directamente a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, con la finalidad de exigir el acceso a la información forense de los cuerpos y que, a la brevedad, se realicen los procesos de identificación de todas las personas no identificadas que se encuentran bajo el resguardo de dicha institución, de acuerdo con los protocolos correspondientes.

 

Frente a esta situación, el Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas, Por Amor a Ellxs, así como las organizaciones civiles Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco (Cladem), exigimos a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a la Fiscalía de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que garanticen a familiares de personas desaparecidas los derechos contenidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Ley General de Víctimas y en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco.

 

En este sentido, exigimos a las autoridades responsables que brinden las siguientes medidas de atención, asistencia y apoyo a familiares de las personas desaparecidas provenientes del interior del estado de Jalisco, así como de otras entidades federativas, que acudirán al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, las cuales deberán ser consultadas previamente con las familias:

 

  • Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos garantice la protección de los derechos de las personas, respondiendo a la gravedad del contexto de inseguridad del estado y las necesidades de las víctimas de violencia.
  • Que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en coordinación con la Fiscalía de Derechos Humanos, brinden atención médica, jurídica y psicológica de acuerdo a las necesidades de las y los familiares de las personas desaparecidas.
  • Que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, brinde las medidas de alojamiento y alimentación.
  • Que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, cubra los gastos generados por los traslados realizados por las y los familiares de las regiones del estado de Jalisco.
  • Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos brinde las medidas de asesoría jurídica a las y los familiares que lo requieran.
  • Que la Fiscalía General del Estado de Jalisco garantice la seguridad y la integridad de familiares de personas desaparecidas que acudirán a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con la finalidad de participar en los procesos de identificación.

 

Finalmente, exigimos nuevamente al Secretario General de Gobierno que convoque a la reunión de la Comisión Interinstitucional, con la finalidad que exponga a todos los colectivos de familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil la información relativa al caso, así como a la atención  brindada a familiares de las personas desaparecidas.

 

Por Amor a Ellxs

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Cepad,

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco, Cladem.

 

 

ENLACES DE INTERÉS

Exigimos la intervención de la PGR para que investigue la responsabilidad de las autoridades de Jalisco, en el caso de los 300 cuerpos depositados en tráilers.

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Boletín de prensa Pronunciamiento

Exigimos la intervención de la PGR para que investigue la responsabilidad de las autoridades de Jalisco, en el caso de los 300 cuerpos depositados en tráilers.

Guadalajara, Jalisco a 19 de septiembre de 2018

Exigimos la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República para que investiguen las violaciones a los derechos humanos y la responsabilidad de las autoridades de Jalisco, respectivamente, en el caso de los 300 cuerpos depositados en los tráilers.

  • Que el Gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, solicite a la Procuraduría General de la República ejercer la facultad de atracción para que de manera imparcial se investiguen los hechos.
  • Que se destituya al Fiscal General de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez para que no interfiera en las investigaciones.

El Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas “Por Amor por Ellxs” y las organizaciones civiles Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco (Cladem), manifestamos nuestro más profundo rechazo por el trato dado a los 157 cuerpos de personas no identificadas por parte de funcionarios del Gobierno del Estado de Jalisco, personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ) y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), incumpliendo con sus obligaciones de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas, actuando de manera inhumana y sin pleno respeto de la dignidad, tratando a las víctimas como objetos de violencia y no sujetos autónomos de derechos.

La anterior situación evidencia la saturación y el rezago en el tema de personas desaparecidas y no identificadas, siendo éste un reclamo durante los últimos años por quienes suscribimos este comunicado, sin que a la fecha se haya materializado en dotar a dichas instituciones involucradas de los recursos humanos y financieros suficientes y necesarios, lo cual demuestra que la magnitud de la violencia, sumado a la problemática de las desapariciones, no es una prioridad para el Gobierno de Jalisco, pero lo que sí sobresale es su incapacidad operativa, debilidad institucional y ausencia de coordinación y comunicación.

Queremos insistir en que la violencia e inseguridad generadas en nuestra entidad en los últimos doce años, es el resultado de la corrupción y la impunidad que ha caracterizado a los gobiernos estatales y municipales, dejando a la sociedad en general a merced de las organizaciones criminales y de la delincuencia común, al grado que desaparecer a una persona no puede tener más consecuencias que la de la conciencia de quien la comete.

Igualmente queremos expresar que los hechos que han indignado a nuestra comunidad, al país y a el resto del mundo donde ha llegado la noticia, representa un ejemplo del trato que las autoridades de la Fiscalía General de Jalisco han dado durante todos estos años a los y las familiares de personas desaparecidas, y su nulo compromiso con las acciones de búsqueda e investigación para dar con el paradero de sus seres queridos.

Debido a la grave situación de violaciones a los derechos humanos en Jalisco, le solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República, que ejerzan sus facultades de atracción y conozcan e investiguen los hechos de los cuerpos depositados en un tráiler, lo anterior por tratarse de acontecimientos de interés y trascendencia pública, y que lastíma la dignidad de una sociedad que se niega a normalizar la violencia, vivir con indiferencia y miedo. En este caso, la situación del abandono de los cadáveres y las condiciones de su resguardo son claramente violatorios a los derechos y principios establecidos en la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda y la Ley General de Salud.

Exigimos que se investiguen de manera exhaustiva y expedita los hechos y se sancione a las personas responsables que conforman el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Fiscalía General del Estado de Jalisco y el Gobierno del Estado de Jalisco, para que el caso no quede en la impunidad.

Finalmente, solicitamos que el Secretario General del Gobierno convoque a la reunión de la Comisión Interinstitucional, con la finalidad que exponga a colectivos de familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil la información relativa al caso.

Colectivo Por Amor a Ellxs.

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. Cepad

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco, CLADEM.