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• Al Gobernador del Estado de Jalisco

• Al Secretario General de Gobierno

• Al Coordinador de Gabinete de Seguridad

• Al Presidente de la Mesa Directiva de la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco

• A las y los diputados/ad de la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco

• A la Sociedad Jalisciense

• A los Medios de Comunicación

La violencia e inseguridad que ha vivido nuestro país durante el último sexenio, no tiene precedente en la historia moderna. En el mes de noviembre de este año, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas observó que en gran parte del territorio del Estado Mexicano se mantiene una situación de desapariciones generalizadas, la impunidad y revictimización. Asimismo, el organismo internacional en su informe destacó el escaso número de condenas por desaparición, la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificación, así como la falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas, características que sin duda alguna describen el contexto de desaparición de personas en el estado de Jalisco.

La grave situación que sufren las y los familiares de personas desaparecidas se evidencia en el número de personas desaparecidas en la entidad. Del 2008 al 31 de octubre del presente año, fueron reportadas como desaparecidas 26 mil 129 personas, de las cuales, 7 mil 124 personas a la fecha no han sido encontradas. De ellas, lo que concierne al sexenio del Gobernador Aristóteles Sandoval Díaz contabilizado del 1 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2018, parece aún más grave. Tan sólo en este periodo no se han podido localizar a 5 mil 916 personas, lo que significa que el 83% de las desapariciones ocurridas en los últimos 11 años, sucedieron durante la administración del hoy exgobernador.

Frente a este contexto, se han generado espacios de diálogo entre familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y las autoridades relacionadas con la investigación, búsqueda, identificación y atención a víctimas, a fin de dar seguimiento al tema de la desaparición de personas en la entidad y generar los mecanismos de participación y rendición de cuentas. A lo largo de más de dos años, hemos sostenido procesos de diálogo con el Ejecutivo estatal, lo que a pesar de la mencionada magnitud de las desapariciones de personas en la entidad, resultó en algunos avances sustantivos como la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD-ahora Fiscalía Especial ), la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP) y la Comisión Interinstitucional para el seguimiento y fortalecimiento de las mismas.

Con la finalidad de sistematizar esta experiencia y, en particular, recuperar la memoria sobre los procesos participativos, el Cepad elaboró el informe sobre el proceso de creación e implementación de la FEPD ¿El camino hacia la verdad y justicia?, el cual fue entregado el día de hoy al nuevo Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, el Coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Taméz, y al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, Salvador Caro Cabrera. Este documento sistematiza la experiencia y rescata las buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los mecanismos participativos, los cuales aspiran responder a las necesidades de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y reflejar la complejidad del contexto de las desapariciones de personas en el estado de Jalisco.

El informe se divide en tres apartados principales en los que se describe de manera detallada: el comienzo de las mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado, el proceso de creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y el proceso de seguimiento a la implementación de la misma. Las tres etapas comparten el mismo objetivo de materializar el acceso a la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de desaparición mediante los procesos de diálogo sostenidos entre familiares de personas desaparecidas, organizaciones de sociedad civil y autoridades locales.

Sin lugar a dudas, estamos en un momento crucial para el seguimiento del tema de las desapariciones en Jalisco, por lo que la lectura integral del Informe del Cepad por parte de las nuevas autoridades estatales resulta indispensable para conocer y entender el contexto de las desapariciones en la entidad, comprender los procesos participativos que se han dado y los grandes esfuerzos que se han realizado para garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de desaparición, así como los principales retos que se han enfrentado y los avances logrados.

Asimismo, junto a la entrega del Informe del Cepad y, frente al proceso de la transición del gobierno, les realizamos a las autoridades correspondientes las siguientes solicitudes:

Primero.- Al Gobernador del Estado de Jalisco, Secretario General de Gobierno y Coordinador de Gabinete de Seguridad:

• Que otorguen una debida prioridad y atención al tema de las desapariciones de personas y a los procesos de diálogo entre las autoridades locales, las víctimas y la sociedad civil.

• Que retomen los mecanismos de participación existentes, en particular el mecanismo de la Comisión Interinstitucional creado mediante el Decreto publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el 6 de septiembre de 2018.

Segundo.- A las y los diputados/as de la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco:

• Que asigne las partidas presupuestales que contemplen los recursos suficientes y necesarios para la adecuada implementación y operación de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco, incluyendo los recursos humanos, materiales, logísticos y tecnológicos adecuados.

• Que antes de presentar cualquier propuesta legislativa en materia de desaparición de personas, se familiaricen a profundidad y analicen los mecanismos de participación existentes, así como realicen procesos de consulta amplia, pública, transparente e incluyente con familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de que sus actos legislativos respondan a las necesidades reales de las víctimas de desaparición y no carezcan de legitimidad.