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INFORME Informes de Derechos Humanos

Los Rostros Invisibles de la Tortura

Basado en el testimonio de: Salvador Carmargo

Redacción: Cepad

La mañana del trece de abril de 2014, Luis Enrique Camargo Herrera fue detenido de manera arbitraria en la ciudad de Guadalajara, Jalisco por los policías investigadores Arnoldo Gómez Guzmán, Luis Ángel Hernández Morales y Jorge Luis Castañeda Luévanos, adscritos al Área de Homicidios Dolosos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Después de su detención, Luis fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de la calle 14, ubicadas en la colonia Colón Industrial, donde fue torturado física, psicológica y sexualmente durante varias horas con la finalidad de que se declarara culpable de haber cometido un homicidio. Ese día, no solamente cambió la vida de Luis, sino también la de toda su familia, quienes hasta la actualidad sufren las consecuencias de estas graves violaciones de derechos humanos.

Comúnmente se piensa que la tortura solamente afecta a las y los sobrevivientes, es decir, aquellas personas que vivieron en carne propia los golpes, las amenazas y demás vejaciones, invisibilizando los sufrimientos que viven sus familiares, amigos y amigas cercanas, compañeros y compañeras de trabajo y escuela, así como a sus vecinos y vecinas. Sin embargo, al igual que la tortura psicológica, a pesar de que no es evidente, existe, y puede constatarse en el dolor de las y los familiares. Las y los otros que sufren y son violentados sistemáticamente, son los rostros invisibilizados de la tortura.

En este caso, este rostro lleva el nombre de don Salvador Camargo Herrera, papá de Luis, quien desde hace cinco años emprendió su lucha por justicia y verdad. A sus 76 años, don Salvador se mueve despacio pero con firmeza a donde quiera que camina. Apoyado solamente por su bastón llega hasta los lugares más lejanos, entre ellos a la Comisaría de Sentenciados donde su hijo Luis se encuentra privado de la libertad desde 2014.

Incansable en su camino a encontrar justicia para su hijo, don Salvador tocó todas las puertas imaginables, ninguna se abrió para brindarle respuestas. Sin duda, este arduo caminar ha dejado huellas en su vida. Pero no ha sido capaz de quitarle la esperanza ni su manera única de ver el mundo, siempre generosa, aguda y bromista.

Al tener que pasar por estos terribles sucesos, la vida de don Salvador y la de su familia cambió dramáticamente. Enfrentándose a un sistema de justicia fallido en un proceso plagado de irregularidades, y a una sociedad indolente que condena a Luis sin ni siquiera conocerlo, ni saber lo que le pasó.

El sufrimiento de don Salvador comenzó desde el momento que detuvieron a Luis, ya que en ningún momento le permitieron avisar a sus familiares que había sido detenido. Don Salvador cuenta:

“Ellos dicen que me avisaron que Luis fue detenido, pero yo nunca recibí ninguna llamada de Luis. Me apoyé en locatel y ellos me informaron que Luis estaba detenido en Fiscalía. Llamé a la fiscalía y me preguntaron quién era yo y por qué le llamaba. Dije que soy el papa de Luis. Les di mi nombre y número de teléfono sin esperar que ellos iban a utilizar estas informaciones para agregarlas a sus informes diciendo que han dado Luis la oportunidad de llamar a su familia. (…) Fue terrible esa cosa. Es la primera vez que detienen a un familiar mío”.

Para don Salvador, es muy difícil relatar la tortura que vivió Luis; sin embargo, cree que es importante platicarlo para que se conozca la verdad, y que la gente sepa cómo actúan las autoridades. Al respecto, don Salvador narra lo siguiente:

Le dieron como cuatro sesiones de tortura inenarrables, porque le dieron en sus partes toques con una chicharra, le dieron toques en los dos dedos gordos de los pies, le pusieron la chicharra en sus dedos y sus genitales, le dieron golpes en los oídos, cachetadas, le dañaron el tímpano. También le pusieron una manguera en la boca y le pusieron un trapeador encima, le abrieron a la llave para que se ahogara, lo ahogaron, y ya cuando vieron que ya probablemente había fallecido, le sacaron rápido la manguera e hicieron maniobras con el pie, pegándole en la espalda para sacarle el agua y empezó a reaccionar. Es duro contar eso, porque, pobrecito mi hijo (….) es muy difícil.”

El impacto de lo sucedido a Luis es imposible medir. Lo que sí se puede constatar con seguridad es que ha cambiado la vida de él y la de toda su familia. Esto se agrava aún más por el hecho de que Luis sigue privado de su libertad. Como dice don Salvador: “No solamente el interno sufre, acá afuera también. Todos sufrimos bastante.” Luis era el sostén de la familia. Ahora, don Salvador tiene que buscar cómo mantenerse y cómo apoyar a su hijo: “Es un cambio radical después de estar acostumbrado a que él nos sostenía. Y ya me acabé el dinero ahorrado.”

Al hablar de su hijo, don Salvador se reanima, cuenta con orgullo paternal: “Luis se desempeñaba como jardinero y era conocido por la calidad de su trabajo no solamente en su colonia sino por toda Guadalajara”. Un hombre formal y cumplido que apoyaba a su papá y a su familia. En las palabras de don Salvador: “era mi sostén y nunca faltaba nada”. Todo esto cambió, lo que les quedó son las visitas semanales: “Los dos disfrutamos la visita. Está bonito, en esos momentos se nos olvida todo”. Lo anterior, a pesar de la travesía que implica visitar a Luis:

“Primero, desde un día antes tengo que ir al mercado para elegir qué le voy a comprar y preparar la comida. El día siguiente me levanto a las cuatro de la mañana y preparo la comida. A las siete salgo de la casa y tomo dos camiones. Llego allá cerca de las nueve de la mañana. Siempre tengo que esperar a un camión donde pueda tomar asiento porque no puedo ir parado todo el camino. Es un sacrificio llevar las bolsas, sobre todo cuando uno está discapacitado.

A las nueve abren la puerta y permiten la entrada en la penal. Es una lucha diaria, tiene uno que hacer un sacrificio y más si alguien está enfermo como yo. Es difícil todo eso. Y luego voy cargando la comida, tan viejito que estoy. Me dice Luis que no traiga nada, pero pues tengo que llevarle algo, lo que se pueda. Sí es sufrido. Los ricos no entran, pagan y compran su libertad y nosotros que estamos pobrecitos tenemos que soportar todo eso.

A las dos y media nos tenemos que despedir. Es una disciplina muy estricta ahí. Espero que pronto esté afuera mi muchacho. Varias veces voy los martes, los jueves, los sábados y los domingos a visitarlo. Con gusto lo hago para ver a mi muchachote.”

La salud de don Salvador también se ha ido deteriorando, sufre de diabetes, neumonía crónica y tiene problemas cardíacos:

“Además, soy hipertenso y tengo una discapacidad motriz, ya casi no puedo caminar. Las molestias se han agravado desde la detención de Luis. La diabetes ya la tenía antes, pero se incrementa cuando anda uno estresado, con problemas. La verdad es que de ahí para acá mis fuerzas ya no me alcanzan. Antes llevaba 25 o 30 kilos de frutas, de refrescos, de muchas cosas. Pero ya no puedo, solamente llevo la comida y algún refresquito. La situación como la tienen a mi hijo me tiene muy mal.”

A pesar de sus problemas de salud, para don Salvador, la lucha contra la tortura y por la justicia se volvió la razón de seguir, de no rendirse. Está convencido que las autoridades torturan de una manera generalizada:

“Las autoridades dicen que no hay tortura. A todo el mundo lo torturan. Los mismos policías desde cuando aprenden a las personas ya están golpeando. Yo siento que es con mucha hazaña la persecución de las personas. Deben de ser capaces de hacer una investigación real y efectiva, pero no lo hacen.”

Don Salvador afirma lo anterior con mucha certeza, ya que durante los viajes semanales a la penal, se encuentra con personas que están en la misma situación. Gente que tienen seres queridos privados de su libertad y quienes han sido golpeados y torturados.

“Hay mucha gente que sabe. Muchos internos han sido torturados. Hay muchos casos así, de hecho, la mayor parte de los casos le sacan la confesión a base de tortura, no saben ni investigar los policías. Ellos solamente quieren la firma, el resto les importa poco. Pero nunca van a dejar a torturar. A mi hijo, estos investigadores lo llevaron a un tráiler con los ojos vendados y lo amenazaron. Que yo sepa, nunca van a cambiar. Van a simular más las cosas, pero van a aprender otros sistemas, otras formas de robar.”

Por ello, opina que es tiempo de organizarse:

“Quiero convertirme en un activista en pro de los derechos humanos con toda la fuerza que me queda. Yo me encargaría de encontrar las personas que fueron torturados y les paso a las instituciones que verdaderamente defienden los casos.”

Don Salvador quiere ayudar a que la gente no viva las injusticias que él ha soportado durante estos cinco años. El proceso de su hijo ha estado lleno de muchas irregularidades:

Luis nunca fue defendido por un defensor de oficio de la Fiscalía, fue dejado en un estado de indefensión. Nosotros pusimos una queja ante la Procuraduría Social, y la Procuradora Social que estaba, contestó que ahí estaba la firma del defensor y quecon eso bastaba, que él había cumplido con sus obligaciones, pero para nada, él nunca defendió a Luis”.

A pesar éstas y otras irregularidades que hubo en el proceso, la Jueza Décimo Primero de lo Penal, Gabriela Guadalupe de León Carrillo, sentenció a Luis como culpable del homicidio. Esto ha generado una gran impotencia en don Salvador: “Me siento terrible porque la juez siempre ha estado aferrada a que Luis es culpable”.

En este caminar, don Salvador recurrió a otras institucionales, tales como la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (CEDHJ) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En ningún lado recibió apoyo o respuestas:

“ Acudí vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y gastos de camiones y sufrimiento, y nada. La CEDHJ que estaba presidida por Álvarez Cibrián, me mandaron un oficio diciendo que iban a archivar la queja hasta que tuvieran mejores pruebas, porque la Juez había opinado que no había sido torturado. Entonces estaba haciendo la Juez el trabajo de la Comisión Estatal.”

Precisamente por esta falta de respuestas, don Salvador cree que la gente no acude a interponer una queja. Además, considera que existe un estigma sobre la tortura, no se habla de esta, no está en la discusión pública y tampoco hay colectivos de personas sobrevivientes y sus familiares en el estado que pudieran conjuntamente exigir cambios reales.

Increíblemente, después de tantos años de haber pasado en el laberinto de la injusticia llamado México, sigue con esperanza. Con la ilusión que otra vida es posible para Luis:

“¡Qué salga! Quizás así se me detienen mis enfermedades. Espero que todo se componga cuando salga. Todavía tenemos mucha fe en la justicia. Eso me ha ayudado a mí para luchar con más ganas, con más coraje tratar de sacarlo.”

Esperamos que esa justicia llegue este año para don Salvador, Luis y para todas aquellas personas que han sido victimas de tortura en nuestro estado. No obstante, no hay certeza que esto suceda. Muestra de ello es la deficiente implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el estado de Jalisco. Así como, el nombramiento en el mes de diciembre del 2018 de Gerardo Octavio Solís Gómez, actual titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, a quien le han dirigido múltiples Recomendaciones de organismos locales, nacionales e internacionales por casos de tortura.

Actualmente, Luis sigue privado de su libertad, aunque ahora con el acompañamiento jurídico del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), quien interpuso a su favor la demanda de amparo directo en contra de la resolución de apelación dictada por las magistrados de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco— Juan José Rodríguez López, Guillermo Valdez Angulo y Antonio Flores Allende— que confirma la sentencia condenatoria de la Jueza Gabriela Guadalupe de León Carrillo. El Tribunal Colegiado ya ordenó que se repusiera el procedimiento del juicio penal, esto frente a las irregularidades existentes validados por la Jueza.

Sin lugar a dudas, don Salvador y Luis tienen fe en que se haga justicia y que, después de cinco largos y tortuosos años, por fin se reconozca la inocencia de Luis y salga en liberta y que como dice don Salvador, la lucha apenas comienza contra los y la responsable de todo esto, y que jamás haya una víctima más de la crueldad de quienes deberían garantizar la integridad, la vida y la justicia.

Otros enlaces de Interés:

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco, 2018

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Informes de Derechos Humanos

El informe del Cepad y la lectura de la realidad a través de una perspectiva de derechos humanos

Juan S. Larrosa-Fuentes

 

Desde el año 2006 el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (Cepad) se ha dado a la tarea de publicar un informe anual sobre la situación que guarda el estado de los derechos humanos en Jalisco. Los informes tienen el ánimo de documentar la realidad desde una perspectiva de derechos y bajo el emplazamiento que supone el trabajo de una organización de la sociedad civil. Los informes no son, de ninguna manera, la palabra final sobre lo que ocurre en el estado en materia de derechos humanos, tampoco son ejercicios que agoten el tema. Sin embargo, luego de más de tres lustros de trabajo, estos informes constituyen una evaluación profesional y coherente sobre el estado de cosas en la entidad.

El entorno y sus problemas pueden ser evaluados a través de una multiplicidad de métodos y perspectivas. Una vía de entrada puede ser a través de la contemplación de la realidad y bajo una perspectiva mística. Otra vía es a través de la ciencia, que su mirada puede estar sujeta a cuantificar la realidad, o bien a cualificarla. Podría enumerar muchos ejemplos más, que combinen métodos y perspectivas. Lo que importa mencionar aquí es que en el informe que anualmente elabora el Cepad, lo decisivo es evaluar la realidad desde la perspectiva de los derechos humanos.

Ahora bien, ¿qué es una evaluación de la realidad desde este emplazamiento? Este método tiene, al menos, tres características esenciales. La primera es que su mirada parte de la situación existencial de los seres humanos en su entorno; la evaluación pues, inicia desde un lugar en específico: el de las personas. De esta perspectiva se desprende la segunda, pues estas personas son sujetos de derechos. Todos los seres humanos, por su mera existencia, tienen derechos que son universales e inalienables. Luego de muchas décadas de luchas políticas, sociales y culturales, estos derechos están plasmados en tratados internacionales, constituciones políticas y leyes, documentos en los que se glosan y explican sus características. Finalmente, la tercera característica es la perspectiva crítica, que tiene que ver con la idea de que el orden de cosas siempre es susceptible de transformarse y mejorar. Contraria a una perspectiva conservadora que busca mantener el orden de cosas, la crítica siempre está en búsqueda de señalar e iluminar las injusticias e inequidades sociales.

Las historias y análisis que contiene este informe tienen una relación con el contexto de violaciones de derechos humanos a nivel local, pero también ecos de la situación que se vive en los niveles nacional y global. Por ejemplo, es evidente que la seguridad pública es uno de los problemas más importantes en México. Las instancias encargadas de tutelar el derecho a la vida, al libre tránsito y a la seguridad están rebasadas por la corrupción endémica de las instituciones, así como por la falta de recursos humanos y económicos. En este gran tema de la seguridad pública, el informe presenta dos artículos que retratan el horror que muchos ciudadanos viven día con día. El libro abre con el relato “Los rostros invisibles de la tortura”, en el que Salvador Camargo narra la violación a los derechos humanos de su hijo, quien ha sido torturado por corporaciones policiales. Este texto ofrece un emplazamiento distinto para denunciar violaciones a derechos humanos, pues quien habla es un familiar de una víctima de tortura quien explica lo difícil que es vivir a sabiendas de que uno de sus hijos ha sido privado de su libertad y vejado físicamente.

Desde que comenzó la malhadada “guerra contra el narcotráfico”, el número de personas que han sido asesinadas, desaparecidas, lesionadas y desplazadas se ha incrementado año con año. Miles de individuos y sus familiares sufren por esta situación de violencia que, lejos de detenerse y controlarse, se ha multiplicado en el tiempo y el espacio. En el sexto artículo del informe, Aaron Medina de Niz ofrece su testimonio, como el de alguien que pertenece a una familia en la que de un día para otro desaparece uno de sus miembros. En el texto “La desaparición forzada de Miguel Ángel”, Aaron narra la desaparición de su hermano. En su relato explica el sufrimiento de una familia que todos los días busca información sobre Miguel Ángel, y detalla la decepción y angustia que provocan las instituciones de justicia que, indolentes, corruptas y rebasadas en su capacidad, se limitan a decir que no hay información.

Al momento de escribir estas líneas, el número de mujeres desaparecidas en Jalisco aumentó significativamente y una ola de acusaciones en contra de hombres que ejercieron violencia física, psicológica y política en contra de mujeres apareció en Twitter bajo la etiqueta #MeToo. Si la seguridad para la población general se ha deteriorado en los últimos quince años, la seguridad para las mujeres está en peor forma. En Jalisco, diversos colectivos de activistas han denunciado la violencia en contra de las mujeres. Al respecto, el informe del Cepad ofrece dos capítulos que muestran las diversas luchas de los colectivos que buscan reivindicar estos derechos. En el capítulo 8, “En estado de alerta. El complejo camino de la solicitud para la activación de la alerta de violencia de género contra las mujeres en Jalisco”, Jacqueline Galaviz, hace un puntal recuento de los múltiples esfuerzos y dificultades que se han enfrentado en el estado para crear dispositivos institucionales que contengan y reviertan los procesos de violencia que se viven en nuestro entorno. En sintonía con este texto, Paola Lazo Corvera, en el capítulo 9, que lleva por nombre “La alerta de violencia de género en Jalisco, vitrina que exhibió otras violencias contra las mujeres”, ofrece un análisis de lo que pasó después de la activación de la alerta y explica que todavía hay un largo trecho en el camino por tutelar y reivindicar los derechos humanos de las mujeres en nuestra entidad.

En otro orden de cosas, que va más allá del nivel nacional, como humanidad estamos inmersos en procesos continuos, cotidianos y violentos de lucha por recursos naturales. En este contexto es común el despojo de recursos por parte de gobiernos y corporaciones a pueblos originales. En el capítulo número 3, “La defensa de la comunidad de San Lorenzo Atzqueltan, de su territorio e identidad”, Carlos Chávez ofrece un pormenorizado relato sobre el histórico hostigamiento al pueblo de Atzqueltan, el cual ha sido objeto de despojos territoriales. Durante 2018, esta comunidad sufrió hechos violentos, como la privación de la libertad de dos de sus líderes. A partir de la resistencia del pueblo, así como de la observación de organizaciones de derechos humanos, estas personas fueron liberadas. Sin embargo, la disputa por las tierras está lejos de resolverse, por lo que seguirá siendo un problema en tiempos venideros. En el capítulo 4, Salvador López, presenta el artículo “La lucha incansable por la justicia continúa. Criminalización en contra de miembros de la comunidad indígena de Mezcala de la Asunción”. Esta narración ofrece información sobre el estado de cosas de las batallas jurídicas que los pueblos originarios de la Mezcala han entablado por preservar y recuperar su territorio y cultura. No es la primera vez que un informe del Cepad contiene información sobre este caso, por lo que se recomienda a lectores interesados revisar informes anteriores para conocer el desarrollo de la lucha en Mezcala. En el capítulo 7, Carlos Peralta Varela presenta el artículo “El derecho humano al agua en Jalisco durante 2018”, en el que hace una radiografía sobre este recurso natural en la entidad y en particular, presenta una radiografía crítica sobre el estado de contaminación que vive el lago de Chapala.

En nuestro país, pero también en buena parte del mundo, la libertad de expresión vive momentos difíciles. En el caso mexicano asistimos a un escenario en el cual los periodistas viven una gran vulnerabilidad a su seguridad personal, pues muchos han sido asesinados por el crimen organizado y otros tanto han sido violentados física y psicológicamente por gobiernos locales. Por si esto fuera poco, la estabilidad laboral de los periodistas es poca, pues los medios de comunicación viven, desde hace más de una década, en una crisis relacionada con su modelo de negocios. Por otro lado, se ha generado un fuerte clima de polarización entre las élites políticas y los ciudadanos que hace difícil la sana posibilidad de debates y deliberaciones públicas. Sobre estos temas, el informe del Cepad contiene dos textos. El primero de ellos es el capítulo 2, redactado por Sergio René de Dios y titulado “Libertad de expresión: obstáculos y contexto en 2018”. En este texto, el periodista describe y analiza la situación de la libertad de expresión el estado, en donde los periodistas viven cotidianamente las situaciones descritas con anterioridad. El segundo de estos textos aparece en el capítulo 5, “La protesta social en Jalisco: salir a la calle para exigir justica”, de José Carlos Toral, en el que se hace un puntual recuento de las manifestaciones sociales en el estado, muchas de ellas relacionadas con violaciones a derechos humanos descritas en el resto de los artículos del informe, como son las manifestaciones por las desapariciones y violencia feminicida, por despojos de territorios y recursos naturales, entre otros temas.

Finalmente, Heriberto Vega Villaseñor cierra el informe con el capítulo “Éxodo migrante en su paso por Guadalajara” en el que se contextualiza la caravana de migrantes que salió de varios países de Centroamérica con rumbo a Estados Unidos y que pasó por la capital del estado de Jalisco. El caso de la caravana migrante ejemplifica claramente las consecuencias de poblaciones que viven bajo largos periodos de violación a sus derechos humanos. Ante la desesperación de vivir en un entorno que carece se seguridad, de estabilidad económica y laboral, y de condiciones para vivir en paz y tranquilidad, muchas personas se han organizado para buscar una mejor vida en Estados Unidos.

Los informes del Cepad han buscado evaluar la realidad de Jalisco a partir de una mirada que privilegia ver desde los sujetos, y bajo una perspectiva crítica de derechos humanos. A diferencia de otros informes sobre la realidad, en los ejercicios del Cepad las y los lectores encontrarán textos que no se conforman con recolectar y sistematizar cifras estadísticas sobre los problemas del estado, sino que tejen narraciones a partir de la mirada de aquellos que han sufrido violaciones a sus derechos fundamentales. Los casos que se presentan enfatizan en la necesidad y relevancia de nombrar los problemas de una comunidad en clave de derechos humanos, pues no es lo mismo reportar la muerte de mujeres, que señalar que en Jalisco desaparecen y mueren las mujeres en un contexto de violencia feminicida; no es lo mismo reportar sobre la existencia de litigios por tierras en zona rurales, que entender estos procesos jurídicos como una defensa del territorio por parte de pueblos originales; no es lo mismo nombrar los problemas de contaminación de cuerpos de agua, que pensar en que esa contaminación viola derechos fundamentales de una comunidad. En resumen: la forma en cómo nombramos las cosas, también construye y transforma la realidad. En este plano es en el que operan los informes del Cepad: como una estrategia de defensa de derechos humanos en el plano discursivo, que complementa las acciones de litigio estratégico que cotidianamente se trabajan en esta organización.

 

ENLACES DE INTERÉS

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2018

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Informes de Derechos Humanos Tortura

Documenta – Guía de Monitoreo Preventivo de Centros Penitenciarios para Organizaciones de la Sociedad Civil

INTRODUCCIÓN

Desde hace décadas, en México existe una amplia representación de organizaciones de la sociedad civil que atesora conocimientos y experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos.

A pesar de ello, las acciones que se llevan a cabo en materia de prevención de la tortura en centros de privación de libertad no son tan extendidas. Son pocas las organizaciones que realizan visitas a centros penitenciarios para detectar la situación de los derechos humanos de las personas internas, ya sea por decisión propia o por los obstáculos legales y administrativos que suelen enfrentarse para lograrlo.

De las que lo realizan, en la mayoría de casos, hacen visitas reactivas antes que preventivas1. Es decir, que el acercamiento a los centros suele producirse con motivo de violaciones a derechos humanos ya consumadas, para realizar investigaciones o para fortalecer capacidades, antes que para detectar situaciones de riesgo y evitar que los actos de tortura y malos tratos se realicen.

Por ello, Documenta crea esta herramienta práctica con la finalidad de fortalecer la prevención y el combate a la tortura en los centros penitenciarios. Esta Guía pretende que cada vez más actores, empezando por las organizaciones civiles, conozcan y se involucren coordinadamente y de manera responsable en las labores preventivas mediante el monitoreo de las prisiones mexicanas.

En su interior, la Guía proporciona a las personas defensoras de derechos humanos una visión sencilla sobre lo que implica la prevención de la tortura, así como las pautas generales que deben seguirse para ejecutar visitas a estos espacios. Se trata de un instrumento sencillo y práctico, cuyo contenido retoma herramientas desarrolladas por organizaciones con un amplio recorrido en la prevención de la tortura2.

El principal aporte de este instrumento es precisamente adaptar los aspectos esenciales del monitoreo al contexto normativo nacional. En especial, al monitoreo independiente y colaborativo que pueden llevar a cabo las organizaciones de la sociedad civil a centros penitenciarios conforme a

la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (LGPIST) que entró en vigor en 2017 y a la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) vigente desde 2016.

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Guía de monitoreo Preventivo
Descarga la guía dando click en la imagen

1Véase DOCUMENTA (2018). “El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a diez años de su creación”. México.

2En especial del trabajo realizado durante los últimos 40 años por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT). Pueden consultarse sus publicaciones electrónicas en: https://www.apt.ch/es/recursos/

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Comunicado Tortura

A un año de la aprobación de la Ley General contra la Tortura, instituciones del más alto nivel incumplen y violan la norma

Ciudad de México a 25 de junio de 2018. Este 26 de junio, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, se cumple un año de la publicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley General). A pesar de los avances en la materia, instituciones de alto nivel como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia han tomado acciones regresivas o abiertamente violatorias de la nueva norma que obstaculizan la erradicación de la tortura en el país.

En ese sentido, resulta sumamente preocupante la adopción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una tesis de jurisprudencia que contradice la regla absoluta de considerar inadmisible cualquier prueba obtenida bajo tortura, la cual es una obligación reconocida en la Ley General, pero también un deber preexistente del Estado mexicano de acuerdo al Derecho Internacional. La tesis, que representa una regresión frente a la jurisprudencia previa del Máximo Tribunal, dispone que no es necesario reponer un proceso penal donde la persona sentenciada afirma que su condena se basó en evidencias fabricadas bajo tortura, salvo que exista autoincriminación (normalmente una confesión)1. Este lenguaje deja abierta la posibilidad de utilizar declaraciones obtenidas bajo tortura distintas a una confesión, por ejemplo, cuando se detiene y tortura a un grupo de personas para que se inculpen mutuamente, como ha ocurrido en un sinnúmero de casos conocidos por las organizaciones firmantes.

Por otra parte, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia anunció en febrero de 2018 que había adoptado – mediante un proceso opaco – un nuevo Protocolo Homologado para la investigación de la tortura. Mientras la Ley establece que la denuncia de tortura llevará a una investigación realizada por la Fiscalía Especializada competente, el Protocolo dispone que el o la agente del Ministerio Público que reciba la noticia de tortura realizará una suerte de pre-investigación sin fundamento en norma alguna, y sólo en caso de considerar que existe una presunción de tortura, enviará el caso a la Fiscalía Especializada para que esta lo investigue y lo registre con fines estadísticos2. Así, el Protocolo crea una nueva categoría discriminatoria aplicable solamente a víctimas de tortura, al inventar nuevos procedimientos a agotarse antes de abrir una investigación. El Protocolo es actualmente objeto de un juicio de amparo que señala su incompatibilidad con la Ley General, con el nuevo sistema de justicia penal y con el derecho internacional.

En relación a otras acciones requeridas por la nueva Ley General, recordamos que este año se instaló el Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, cuyos resultados dependerán del apoyo que reciba del presidente del Comité, que a la vez es presidente de la CNDH, y de la articulación de su aparato ejecutivo con otros actores, incluyendo a las defensorías públicas, que deben coadyuvar en la prevención de la tortura, y las fiscalías, que deben actuar para proteger la integridad de las personas privadas de la libertad en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Por otra parte, resulta cuestionable la falta de avances y de transparencia en el diseño del Programa Nacional contra la tortura previsto en la Ley General contra la tortura.

En conclusión, las organizaciones firmantes consideramos alarmante que diversas instituciones que deberían ser las primeras en comprometerse con el nuevo modelo contra la tortura lo desconozcan en sus acciones. Cumplir la Ley General y erradicar la tortura como estrategia de fabricación de pruebas, represión o con cualquier otro fin debería ser un elemento prioritario y fundamental de la agenda de justicia y seguridad ciudadana de todas aquellas personas que busquen ocupar cargos de elección popular el próximo 1º de julio, especialmente en el caso de los candidatos presidenciales.

Es por ello que, en este Día de Apoyo a las Víctimas de Tortura, hacemos un enérgico llamado a los candidatos y candidatas a cargos de elección popular a comprometerse con el cumplimiento de la Ley General contra la Tortura, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal, y exigimos a las autoridades estatales y federales adoptar inmediatamente acciones encaminadas a erradicar la tortura, tal como lo mandata la legislación aplicable.

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT-Francia)
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)
Asociadas por lo Justo (JASS)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)
Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social
Equis, Justicia para las Mujeres
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos
Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, s.j.
Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana
Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

1 TORTURA. ES INNECESARIO REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA CONFESIÓN DE LOS HECHOS IMPUTADOS O CUALQUIER ACTO QUE CONLLEVE AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO. Tesis: 1a./J. 101/2017 (10a.) Registro: 2015603.

ENLACES DE INTERÉS

Informe “La impunidad Interminable: La Tortura en Jalisco. Análisis 2010 – 2016”

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Informes de Derechos Humanos

Informe DDHH 2017 – Situación en la Costa Sur de Jalisco

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN LA COSTA SUR DE JALISCO*

María del Carmen Aggi Cabrera

A doña Trinidad1 la sacaron de su casa, la pusieron de rodillas, le taparon los ojos con cinta gris y le apuntaron con un arma en la cabeza. “¿Dónde está el dinero?”, le preguntaban elementos de la Secretaría de Marina Armada de México. Ella respondía una y otra vez: “No tenemos dinero. No tenemos dinero”. Doña Trinidad tiene más de 60 años de edad y se dedica a elaborar quesos y panelas en una comunidad alejada de la cabecera municipal de La Huerta, en la Costa Sur de Jalisco. Ella fue víctima de elementos de la Marina, quienes llegaron a las regiones Sierra de Amula y Costa Sur aproximadamente en el mes de noviembre del año pasado, y desde entonces realizan operativos y retenes, tanto en las carreteras estatales que se encuentran en ambas regiones como en puntos estratégicos de la Carretera Federal 80, Guadalajara–Barra de Navidad; lo hacen con el argumento de aplicar la Estrategia de Seguridad Nacional y combatir el crimen organizado.

Doña Trini recuerda lo que pasó. Fue un jueves de diciembre, alrededor de las 20:00 horas. Vio llegar a hombres encapuchados, vestidos de marinos, en vehículos oficiales y con armas largas, quienes irrumpieron en su casa, le revolvieron todo y le robaron poco más de cinco mil pesos producto de la venta de quesos y panelas.

Después, vio cómo la Marina se llevó sin una orden de aprehensión o presentación, a su marido, un hombre de más de 60 años de edad. Lo subieron a un vehículo oficial y no volvió a saber de él hasta después que transcurrieron las horas; regresó a casa golpeado, con poca ropa y descalzo. Los elementos de la Marina lo dejaron en un camino cercano a Punta Pérula después de torturarlo. A don Juan2 le pusieron bolsas en la cabeza para tratar de asfixiarlo, lo golpearon en el estómago, en la cara. A golpes, le lastimaron las costillas y sus genitales. Le quitaron su camisa, su pantalón y sus huaraches. Lo dejaron perturbado. Perdió la noción del tiempo y del espacio. No supo cuántas horas pasaron desde que lo sacaron de su casa y lo dejaron abandonado. Tal vez, los marinos pensaron que había muerto. Don Juan tomó fuerzas de donde pudo y llegó a casa por sus propios medios.

A pocos kilómetros de la casa de doña Trinidad está el Ejido Adolfo López Mateos, en La Huerta. Ahí, marinos también irrumpieron en un rancho, robaron sillas de montar, quesos, despensa y de seis a siete mil pesos en efectivo, producto de la venta de soguillas. En la casa se encontraba uno de los mozos que cuidan el rancho. Los gendarmes le taparon la boca con cinta gris y durante cinco horas lo torturaron psicológicamente. La Marina le preguntaba en dónde estaba el dinero. Él respondía que ese era todo el que tenía.

En otro rancho cercano a esa zona, cerca de Las Juntas, un sábado de diciembre la Marina llegó. El vigilante escuchó tres disparos y vio a tres marinos encapuchados. Él se refugió en la casa, pero de poco sirvió: tumbaron la puerta y entraron, le golpearon la cabeza con un arma y se desmayó. Recuerda que cuando despertó estaba vendado y amarrado. No sabe cuánto tiempo transcurrió desde que recuperó el conocimiento y logró librarse de los amarres. Al revisar la casa se dio cuenta que ya no estaba una cuatrimoto y tres pantallas.

La función de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública es fortalecer la seguridad”: Secretario de Marina

En mayo de 2016, el Secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón, aseguró que la Secretaría de Marina (Semar) se esforzaría para evitar las violaciones a derechos humanos y pidió a la sociedad que no se prejuzgara a los elementos,3 según publicó el periódico El Financiero.

Soberón Sanz aseguró que los casos de violación a derechos humanos por parte de elementos de las Fuerzas Armadas son aislados y no se dan por procedimiento: “Apelamos a la comprensión de la sociedad para evitar juicios anticipados para quienes buscan cumplir con la ley, hasta que un juez determine su responsabilidad legal”, dijo el funcionario.

De acuerdo al informe de investigación “Justicia olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, publicado en noviembre 2017 y elaborado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (wola)4 que realiza investigación e incide a favor de los derechos humanos en las Américas:

Hace falta investigar a los superiores jerárquicos de los soldados5 acusados de cometer violaciones a derechos humanos,6 así como las órdenes militares que implican la violación de derechos humanos de civiles.7 Únicamente encontramos un caso en el que se condenó a un teniente coronel en Chihuahua por su responsabilidad como superior jerárquico en una desaparición forzada ocurrida en el 2009, y otro en que se condenó a un subteniente de infantería por la desaparición forzada de una persona en Nuevo León en el 2012.

La estrategia de seguridad es una estrategia fallida

Desde el 1 de mayo de 2015, los municipios de la Costa Sur de Jalisco están militarizados por el llamado “Operativo Jalisco” que implementan desde esa fecha, cuando elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación (cjng) realizaron más de 50 bloqueos en diferentes puntos del estado y derribaron un helicóptero Cougar del Ejército Mexicano para frustrar el operativo que implementó la (Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) para detener a Nemesio Oceguera, El Mencho. El operativo ha dado pocos resultados. Desde noviembre de 2017 elementos de la Marina también realizan operativos en la zona, quienes tienen campamentos en puntos estratégicos como el crucero “Cuatro Caminos” en la Carretera Estatal 427 El Grullo–Ciudad Guzmán y en el crucero de Tequesquitlán, por la Carretera Federal 80 Guadalajara–Barra de Navidad, hacia Cuautitlán, enclavado en la Sierra de Manantlán. También se instalan de forma aleatoria en el puente El Corcovado, sobre la misma vía de comunicación, pero en Autlán de Navarro, y en ese lugar personas han sido violentadas en sus derechos humanos, como a un comerciante a quien, en los primeros días de diciembre del año pasado, los marinos le hicieron una revisión, lo intimidaron, lo amenazaron, le apuntaron con armas largas en la cabeza y le robaron 16 mil pesos en efectivo que le había quedado de las compras hechas en Guadalajara.

La llamada “Guerra contra el Narco” inició hace once años con Felipe Calderón Hinojosa y los resultados evidencian que se trata de una estrategia de seguridad fallida, wola destaca en su informe:

La estrategia de seguridad militarizada ha tenido al menos tres consecuencias graves. La primera es que la violencia ha aumentado en México y las violaciones a derechos humanos son constantes; la segunda es que ha disminuido la urgencia y la presión de una reforma policial; y la tercera es que la rendición de cuentas ha sido prácticamente inexistente. Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México.8

En Villa Purificación impera la zozobra: “Hay el temor de que vuelva a ocurrir otro primero de mayo”

A Villa Purificación le duele recordar el primero de mayo de 2015. Aún no cicatriza esa herida y la fuerte presencia de las Fuerzas Armadas y los sobrevuelos constantes que desde diciembre pasado hacen en el municipio, provocan que la comunidad viva en la zozobra, denunció el activista social y regidor de Morena en el Ayuntamiento de Villa Purificación, Javier Rodríguez Barragán.9

en el municipio se tiene la zozobra, el temor de que vuelva a ocurrir otro primero de mayo, en la localidad no están ajenas porque hay mucha presencia y hay varios campamentos de elementos de La Marina, pero al parecer como que traen una estrategia de seguridad que la misma gente teme; el día 23, amaneciendo al 24 (de diciembre 2017) entre una y tres de la mañana, sobrevuelan helicópteros por la madrugada, por arriba de sus casas y pues la gente teme de que vuelva a ocurrir una masacre como la que pasó.

Los operativos de la Marina ya rompieron con la tranquilidad de la gente de Villa Purificación y temen salir a las calles, lamentó Rodríguez Barragán:

de nuestra casa al potrero y encerrarnos en la casa y ya, porque no sabemos en qué momento se vaya a desatar una refriega, así me dice la gente, entonces ésta es la señal de que viven con el temor, duermen y se despiertan con el temor y comen con el temor, porque están pendientes de que en cualquier momento pueda pasar algo y si los helicópteros sobrevuelan en sus casas, en los ranchos en la madrugada, pues imagínate despertarse con ese ruido y pensar que a alguien andan buscando o con alguien se van a enfrentar o que les pueda tocar algo de eso.10

La gente de Villa teme que ocurra un enfrentamiento y les toque una bala perdida, también teme ser víctima de las acciones de la Marina; un activista alertó:

han habido muchas ejecuciones extrajudiciales aquí en el municipio y no se habla mucho de eso. Así como ejecutan a personas del crimen organizado pues uno teme (que se) les pueda pasar la mano con uno también, que ya lo han hecho. Aquí se han encontrado cuerpos por la carretera, en carros, en la calle y no se sabe nada de esto, entonces si eso hacen con personas que desconocemos, pues lo pueden hacer con uno también.

Rodríguez denunció que el 3 de diciembre, elementos de la Secretaría de Marina irrumpieron en la comunidad indígena Jocotlán, enclavada en la sierra de Villa Purificación, mientras se celebraba una asamblea ejidal; entraron a las viviendas trozando candados y cadenas: “las Fuerzas Armadas de nuestro país se están convirtiendo en los mismos delincuentes que ellos dicen combatir”, enfatizó.

La constante en Villa es el miedo a denunciar y a ser sustraído por parte de las Fuerzas Federales y ser víctima de ejecuciones extrajudiciales. El activista lamentó:

nada más hay quejas pero hasta ahí, pues la gente tiene temor, tú sabes cómo es la situación y piensan que al denunciar les va a resultar peor… Está también preocupante porque últimamente ya los vehículos que traen ya están cubiertas sus series (numeración), entonces qué esconden, qué traen que no quieren que uno denuncie qué vehículos andan cometiendo los delitos.

Hace escasos tres, cuatro días11 acaban de llevarse a una persona de aquí de la Villa, la gente está muy preocupada y aquí no saben dónde está. Hace como 15 días apareció un joven de aquí de la localidad, muerto en el río Purificación (y que días antes había sido sustraído por elementos de la Marina), la gente vio cuando esto estaba sucediendo, entonces sí están haciendo ejecuciones extrajudiciales, es una institución que debemos confiar en ella y esto se está saliendo de los protocolos, del control y es lo preocupante.

Doña Trini, su esposo, el mozo y el vigilante no se conocen; sin embargo, comparten una misma historia: fueron víctimas de la Marina y tienen miedo a denunciar: “Nos dijeron que si denunciábamos o íbamos con la prensa, regresaban y nos mataban, que al cabo, ya muertos, ni nos iban a encontrar”, dice uno de ellos.

Estas violaciones a los derechos humanos se intensificaron en el marco de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por parte el Senado, en diciembre pasado, ley que ahora analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que “abre la puerta a violaciones de los derechos a la libertad de expresión y a la información”, advierte la organización Artículo 19.12

En los últimos tres años, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (cedhj) ha recibido 43 quejas en contra de las Fuerzas Armadas y las ha canalizado a la Comisión Nacional.

131 casos de desapariciones

De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (rnped) de la Secretaría de Gobernación,13 en Jalisco hay 3,060 personas desaparecidas, en el ámbito del Fuero Común, lo que lo coloca en el tercer lugar nacional. En la Costa Sur de Jalisco hay 131 personas extraviadas o desaparecidas, de acuerdo al rnped; La Huerta es el municipio que encabeza la lista de personas desaparecidas en la región con 43 casos. Le sigue Cihuatlán con 36 y Casimiro Castillo con 29. El cuarto lugar lo tiene Cuautitlán de García Barragán con diez personas desaparecidas, seguido de Tomatlán con nueve. Villa Purificación ocupa el último lugar en la lista con cuatro. Éste no es el número real de personas que han desaparecido en la Costa Sur de Jalisco, existen casos que no han sido denunciados.

El último caso registrado en Autlán de Navarro

El último caso de desapariciones en la Sierra de Amula, que colinda con la Costa Sur, fue la de cuatro hombres de origen veracruzano, concretamente de Minatitlán: José Meléndrez Pineda, José Juan Santos Meléndrez, Juan Meléndrez Luna y José Ángel Meléndrez Luna. Los cuatro están desaparecidos desde el primero de febrero, “se encontraban en Autlán realizando labores de comercio. Ese 1 de febrero estaban a punto de regresar, cuando fueron interceptados por los policías municipales; sin embargo, en los informes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Autlán de Navarro no existe registro alguno de que ese día se les haya detenido o presentado en algún juzgado municipal”, publicó el periodista Darwin Franco en el portal Grieta.14

El 22 de febrero, la Fiscalía General del Estado se llevó a cinco policías la Academia de la dependencia para ser interrogados por su presunta participación en la desaparición de estos cuatro hombres. La versión oficial es que nunca estuvieron ni en calidad de detenidos, ni de presentados. Estaban en capacitación. El miércoles 28 de febrero la Fiscalía les permitió salir y comunicarse con su abogado y sus familiares, horas antes de que se cumplieran los seis días de estar incomunicados.

El martes 6 de marzo, cuatro de los cinco policías municipales regresaron a laborar a la Comisaría de Seguridad Pública. No hay orden de aprehensión ni procedimiento legal en su contra.

El primer fin de semana de marzo, la Fuerza Única Regional encontró restos humanos en fosas clandestinas en Autlán de Navarro, concretamente en la Delegación de Ahuacapán, en la falda de la Sierra de Manantlán.15 Los restos podrían ser de los cuatro hombres veracruzanos que desaparecieron el 1 de febrero; esto lo determinarían los resultados de las muestras de adn que les realicen a sus familiares.

En los últimos tres años de la Operación Jalisco, la cndh investiga nueve casos de desaparición forzada en Jalisco por soldados; mientras que tiene abiertos 49 expedientes por desaparición forzada a cargo de policías estatales y municipales, siendo la zona sur del estado donde mayor cantidad de denuncias existen.16

Notas:

* La costa sur de Jalisco se conforma de seis municipios: Casimiro Castillo, La Huerta, Villa Purificación, Cuautitlán, Cihuatlán y Tomatlán. Sus habitantes padecen las consecuencias que derivan de vivir en una zona geográfica que comparte algunas de las playas más hermosas del Pacífico mexicano y estar enclavados en sierras ricas en recursos naturales.

1 Trinidad no es el nombre verdadero de la señora. Fue sustituido por otro por su seguridad.

2 Don Juan no es el nombre verdadero del anciano. Por su seguridad, fue cambiado.

3 Violación a derechos humanos son hechos aislados: Semar (http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/violacion-a-derechos-humanos-son-hechos-aislados-semar.html).

4 Informe de wola: Justicia olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México por Ximena Suárez-Enríquez y Maureen Meyer (https://www.wola.org/es/analisis/informe-de-wola-justicia-olvidada-la-impunidad-de-las-violaciones-derechos-humanos-cometidas-por-soldados-en-mexico/

5 Son los elementos de las fuerzas armadas de México, sea la Sedena o la Semar.

6 Me refiero a la “Cadena de Mando”.

7 Me refiero a la “Debida obediencia”.

8 Informe de WOLA: Justicia olvidada – La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México por Ximena Suárez-Enríquez y Maureen Meyer (https://www.wola.org/es/analisis/informe-de-wola-justicia-olvidada-la-impunidad-de-las-violaciones-derechos-humanos-cometidas-por-soldados-en-mexico/

9 “En Operativos la Marina intimida, roba y tortura”. Letra Fría Edición Impresa enero 2018, pp. 10 y 11.

10 Entrevista con Javier Rodríguez Barragán en Letra Fría, diciembre 2017. (www.letrafria.com).

11 Se refiere a los hechos ocurridos durante la tercera semana de diciembre 2017.

12 Organización Artículo 19 (https://articulo19.org/).

13 Sitio oficial del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (https://rnped.segob.gob.mx/).

14 Grieta | Medio para informar (http://www.grieta.org.mx/index.php/2018/03/04/jalisco-desapariciones-forzadas-en-territorio-del-cjng/).

15 “Fiscalía investiga localización de fosas clandestinas en Autlán”, Letra Fría. (http://letrafria.com/fiscalia-investiga-localizacion-de-fosas-clandestinas-en-autlan/).

16 Jalisco: Desapariciones Forzadas en territorio del CJNG (https://piedepagina.mx/jalisco-desapariciones-forzadas-en-territorio-del-cjng.php?utm_content=buffer5e4a3&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer).

 

 

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Informes de Derechos Humanos

Informe DDHH 2017 – Tortura y Perspectiva de Género

VISIÓN DEL INFORME DE TORTURA EN JALISCO
DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Tania Reneaum Panszi

La impunidad interminable

El informe del Cepad La impunidad interminable: La tortura en Jalisco, Análisis de 2010 – 2016, publicado en septiembre de 2017, llega en un momento preciso a nuestras manos, ahora cuando se discute y se pone en entredicho que el sistema garantista no es suficiente para frenar los índices de criminalidad ni para alcanzar la tan deseada seguridad.

Hemos de tener claro que las garantías en el sistema penal son el ámbito de salvaguarda de las libertades públicas y los derechos fundamentales de los ciudadanos frente al ius puniendi. Se han de respetar principios de derechos humanos en la tutela penal, en la persecución penal, en la configuración de la responsabilidad penal y en el desarrollo del sistema de penas y en su ejecución.

Sin embargo, la tortura aparece en nuestro contexto como una práctica cotidiana que no sólo nos enfrenta a una especie de cultura institucional para investigar los hechos delictivos, sino a una especie de aceptación social de que “esas cosas pasan”.

Entre diciembre de 2013 y abril de 2014, Amnistía Internacional hizo una encuesta global sobre las actitudes respecto a la tortura. La encuesta se aplicó a más de 21 mil personas entrevistadas en 21 países de todos los continentes. Los resultados revelan que 44% de las personas encuestadas temen ser torturadas si son detenidas, 82% consideran que debe haber leyes claras contra la tortura y 36% creen que la tortura puede justificarse en algunos casos para proteger a la población.1

En México, los datos revelaron que 27% de las personas encuestadas consideran que es necesario existan normas claras contra la tortura porque todo uso de la tortura es inmoral y debilita los derechos humanos. Sin embargo, 10% consideraron que la tortura es a veces necesaria y aceptable para obtener información que pueda proteger a la población. Es un dato que desalienta, aunque es probable que bajo la narrativa de la “guerra contra el narcotráfico” de alguna manera se acepten todas las prácticas para frenar la violencia, incluso las ilegales.

El informe mencionado nos lleva por historias, a veces, difíciles de leer por su crueldad. Al conocer la historia de Rubén, Mario y Saúl transcurre la pregunta ¿Por qué? ¿Para qué? Las respuestas las da el informe. A menudo la tortura se usa para obtener confesiones y testimonios que sirven de prueba para enjuiciar a personas que podrían o no estar implicadas en un delito. Esto se traduce en juicios injustos, condenas dudosas, dejando a personas inocentes en prisión y a muchos delincuentes en las calles.

La siguiente pregunta es ¿Dónde están las experiencias de las mujeres detenidas y torturadas por las fuerzas del Estado? Las siguientes páginas están dedicadas a ser visibles a las mujeres víctimas de tortura.

Las mujeres y las fuerzas de seguridad en México: una relación fracturada

En 2016, Amnistía Internacional dio a conocer un video2 en el que seis mujeres mexicanas respondían a la pregunta sobre qué les podría suceder si fueran detenidas por las fuerzas de seguridad del Estado. De forma espontánea, todas confesaban que sentirían miedo a ser violadas, sexualmente acosadas o torturadas.

La denuncia de estos relatos se ha visto respaldada por el informe de Amnistía Internacional Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México (2016). Una investigación sobre las condiciones de arresto de 100 mujeres3 privadas de su libertad en recintos federales. Todas ellas manifestaron haber sido sometidas a algún tipo de violencia con un fuerte componente sexual como las amenazas y los abusos psicológicos, y un total de 72 mujeres declararon que habían sido sometidas a violencia sexual, mientras que 33 dijeron que fueron violadas por la vagina, el ano o por vía oral.

Los agentes del Estado han cometido graves violaciones de derechos humanos, incumpliendo además su obligación de salvaguardar la seguridad y la integridad de las personas. Aunque pareciera una obviedad, vale recordar que la prohibición de la tortura es absoluta y que el poder del Estado no es ilimitado y debe actuar, como se dice en el informe, “dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permiten preservar tanto la seguridad pública como los derechos fundamentales de la persona humana”. El Estado debe garantizar la integridad de todas aquellas personas que se encuentran bajo su custodia.4 Es lo que establece la ley nacional y el derecho internacional de los derechos humanos.

Sin embargo, los abusos sobre los cuerpos y la sexualidad de las mujeres en México siguen siendo cotidianos. La falta de investigaciones serias que permitan procesar y sancionar a los responsables, y de políticas de prevención, así como el incumplimiento de las garantías de no repetición, establecidas en las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos5 y en las sentencias de la Corte Interamericana,6 han dado lugar a que este tipo de hechos se repitan.

La combinación entre la impunidad y la falta de reparación del daño adecuada fracturan la confianza de las personas ante las autoridades. El Estado mexicano ha fallado en su obligación de investigar y dar una explicación convincente de los hechos denunciados. No ha terminado de comprender que la investigación no es una mera formalidad; tampoco es la gestión de intereses de las sobrevivientes donde éstas impulsan el proceso y la investigación de los hechos que les aquejan. El deber de investigar y sancionar es una obligación en toda regla, es un deber jurídico propio,7 un deber pendiente en México.

La violación sexual es una forma de tortura

En noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó la audiencia pública del caso Mariana Selvas Gómez y otras vs. México, conocido como el Caso Atenco.8 Los relatos de las sobrevivientes de la violencia sexual ejercida por policías de todos los niveles de gobierno, arrancó a cualquiera de la indiferencia. Las descarnadas descripciones de las vejaciones, del miedo y la intimidación, sólo ponían en evidencia a un Estado que ha mantenido el caso de las mujeres de Atenco en plena impunidad, cuando ya se cumple más de una década de los hechos.

El Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recuerda que la violencia sexual en contra de las mujeres, cometida por miembros de las fuerzas de seguridad, constituye en todos los casos una grave violación de los derechos humanos, al tratarse de conductas que suponen un severo sufrimiento físico y mental por su carácter no consensual e invasivo con consecuencias devastadoras para ellas. Una clara manifestación de tortura.9

Hay que mencionar que, por muchos años, el derecho internacional no reconoció la violación sexual como una forma de tortura. En el ámbito internacional, no fue hasta 2007 que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas la consideró así,10 en parte gracias a las discusiones y las aportaciones que las teóricas feministas hicieron al derecho internacional. Ellas fueron las que pusieron de relieve cómo el derecho internacional de los derechos humanos se aplicaba desde una perspectiva reducida que ignoraba los problemas de las mujeres.11 De acuerdo a estas posturas, las mujeres ocupan posiciones marginales en el derecho internacional de los derechos humanos,12 por lo que sus experiencias, sus vivencias y sus concepciones de lo injusto han quedado relegadas, y no son incluidas entre las prioridades de los derechos humanos.

El derecho internacional de los derechos humanos ha dado una especial prioridad a la protección de aquellos derechos que se ejercen en el ámbito público, espacio tradicionalmente ocupado por los hombres. Ello implica que las violaciones a derechos humanos que ocurren en el ámbito privado son asuntos que hasta hace poco se quedaban ahí, en el espacio de los asuntos privados.

La dicotomía de lo público y lo privado, estrechamente relacionada con las concepciones de género, tiene consecuencias al analizar las violaciones a derechos humanos que padecen las mujeres, y el impacto diferenciado que tienen sobre ellas. Es el caso de la definición de tortura contenida en los tratados internacionales y que implica que el acto haya sido infringido por un agente del Estado de forma intencional, con el propósito de castigar, obtener una “confesión” o fomentar la discriminación. Sin embargo, la falta de una perspectiva de género llevó por mucho tiempo a ignorar el sufrimiento particular de las mujeres frente a la tortura, incluso cuando estos actos son cometidos por particulares, y el Estado no actúa con la debida diligencia para impedirlos, detenerlos o sancionarlos.

Lo interesante es que, en el caso de la violación sexual hacia mujeres por parte de agentes del Estado, el reconocimiento internacional de que este hecho constituya tortura tardó en llegar, aun cuando la brutalidad sexual ha dejado su impronta durante los conflictos armados, e incluso en otros contextos de seguridad pública fuera de esos conflictos.

El informe que revisa los 15 años del mandato de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer,13 da cuenta de que la violencia sexual suele ser explicada como una consecuencia infortunada de los conflictos armados, en lugar de explicarse como crímenes, y eso a pesar de los acontecimientos que han marcado la historia como los ocurridos en Darfur, el Congo, Liberia, Ruanda y la antigua Yugoeslavia. Atenuar las experiencias de las mujeres acarrea consecuencias indeseables tales como dejar en la impunidad los delitos que se comenten en su contra.

En 2008 tuvo lugar un hecho destacado, cuando el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, reconoció la violación sexual como una forma de tortura. El entonces relator Manfred Nowak interpretó que a la definición del artículo 1 de la Convención contra la Tortura podía añadírsele un nuevo elemento: la falta de poder (powerlessnes), entendida como aquella situación en la que una persona ejerce un poder total sobre otra, especialmente durante la detención. En este escenario, la persona detenida ni puede escapar y tampoco defenderse. Para Nowak, la violación sexual es una forma extrema de la relación de poder, en la que una persona trata a otra como un mero objeto. A esta falta de poder se añaden elementos de contexto tales como la subordinación de las mujeres, la indiferencia social, la existencia de actitudes discriminatorias y la falta de investigaciones de hechos de esta naturaleza.14

Los elementos anteriores parecen una descripción de la realidad mexicana en la que confluyen la subordinación, el patriarcado y la falta de investigaciones diligentes. Si bien es verdad que el desarrollo del criterio de que la violación sexual es una forma de tortura ocurrió en el contexto de países en conflictos armados, también es cierto que nuestro país ha sido señalado por la forma diferenciada en que las políticas de seguridad afectan la vida y la integridad de las mujeres.

En 2012, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer exhortó al Estado mexicano a que revisara su estrategia de seguridad pública para poner fin a los altos niveles de inseguridad que afectan de manera desproporcionada a las mujeres, y se le pedía que cumpliera con las obligaciones de debida diligencia y de reparación.15

Las recomendaciones se incorporan a un contexto en el que las violencias en contra de las mujeres siguen siendo un medio social y político, a través del cual se perpetúa la subordinación de las mujeres. Los relatos de las diez mujeres que aparecen en el Informe de Amnistía Internacional, Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, son una clara expresión de la conjunción de la desigualdad de género con la violencia del Estado hacia las personas privadas de libertad. Tener miedo a los agentes del Estado nunca debe ser aceptado y siempre será un síntoma vergonzoso del fracaso del estado de derecho.

Notas:

1 Amnistía Internacional (2014). Encuesta Global. Actitudes respecto a la tortura.

2 El video puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=2Y-QKFFoJ7k

3 En el informe, el término arresto se refiere a las horas transcurridas bajo custodia policial, antes de pasar a disposición del ministerio público (Amnistía Internacional, Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, junio de 2016:14). Disponible en: https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/4237/2016/es/

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Penal Castro y Castro vs Perú, Párrafo 240 y 273.

5 Pueden verse las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos humanos 12/2017 y 20/2017. Ambas por tortura y violencia sexual.

6 Entre 2009 y 2010, el Estado mexicano fue sentenciado en tres ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las sentencias de este órgano son por distintas manifestaciones de violencia en contra de mujeres: caso González y otras, también conocido como la sentencia del Campo Algodonero por la desaparición y muerte de mujeres en Ciudad Juárez Chihuahua. Las sentencias del caso Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú son por tortura y violación sexual a una mujer y una niña indígenas en el estado de Guerrero.

7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Penal Castro y Castro vs Perú, Párrafo 255.

8 La detallada descripción de los hechos de este caso, también conocido como el caso de Las mujeres de Atenco, puede encontrarse en el Informe de Fondo No. 75/15 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Párrafos 81 y siguientes.

9 Informe de Fondo No. 75/15 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Párrafos 346 y 347.

10 El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (cat por sus siglas en inglés) es el órgano de personas expertas independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes por sus Estados Parte. Respecto a los criterios que consideran la violencia sexual en contra de las mujeres como una forma de tortura, pueden verse las decisiones C.T. y K.M. vs. Suecia, y V.L. vs. Suiza, 2007.

11 Una discusión amplia al respecto puede encontrarse en Charlesworth, Hilary y Christine Chinkin, (2000). The boundaries of international law. A feminist analysis. Manchester University Press.

12 Esta afirmación puede validarse con los objetivos de la Campaña gqual, que busca mejorar la representación de las mujeres en tribunales y organismos internacionales de monitoreo. En 2015 gqual hizo un estudio en el que revisó 84 organismos internacionales, con un total de 574 puestos, revelando que casi ningún organismo tenía una adecuada representación de mujeres (http://www.gqualcampaign.org/inicio/ última visita el 16 de febrero de 2018).

13 15 Years of The United Nations Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/15YearReviewofVAWMandate.pdf (última visita 15 de febrero de 2018).

14 Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak (2008), párrafos 28 – 30.

15 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; julio 2012. Párrafo 12.

 

 

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Carta Al Pleno de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco

El Cepad llama la atención de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, para que se le asigne el presupuesto suficiente que le permita a la Fiscalía General de Jalisco, a las Fiscalías Especializadas y al Instituto Jalisciense de Ciencia Forenses cumplir con sus obligaciones en materia de Desaparición Forzada y Tortura.

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LXI Legislatura Congreso 2017
Carta Al Pleno de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco

Otros enlaces de Interés

Informe “Frente a la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares en Jalisco: La lucha por la Verdad y la Justicia”

Informe “La impunidad Interminable: La Tortura en Jalisco. Análisis 2010 – 2016”

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Informes DDHH Jalisco Tortura

Informe “Análisis de la Tortura en Jalisco 2000 – 2009

  1. Presentación
  2. Introducción
  3. La tortura como violación grave a la luz de los instrumentos y organismos internacionales de derechos humanos
    • Sistema Universal de Derechos Humanos
    • Sistema Interamericano de Derechos Humanos
    • La obligatoriedad internacional de garantizar la protección de la población a no ser sometida a tortura
  4. La Legislación Especial para prevenir y sancionar la tortura en México y en Jalisco: Letra muerta
  5. Análisis de las instituciones de Jalisco encargadas de la prevención, la investigación, sanción y erradicación de la tortura
    • Procuraduría General de Justicia del Estado
    • Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
    • Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social
    • Comisión Estatal de Derechos Humanos
  6. La visita a Jalisco del Subcomité de Naciones Unidas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
  7. Conclusiones

 

Enlace de Interés

Informe “La impunidad Interminable: La Tortura en Jalisco. Análisis 2010 – 2016”