RUEDA DE PRENSA
“A un año de la muerte del joven Néstor Alán.
Actualización de un caso de violación al derecho a la justicia”.

A un año de que perdiera la vida Néstor Alán Rodríguez Licea por la grave imprudencia de Christian Arias de la Torre y Francisco Xavier Álvarez del Castillo Iñiguez, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), informa lo siguiente a la opinión pública:

1. Que en los hechos ocurridos el 26 de noviembre de 2006, el CEPAD advierte violaciones graves a los derechos humanos como al acceso a una justicia pronta, completa e imparcial; así como negligencia y abandono en la función de perseguir el delito; además de abuso y desvío de poder respecto a una recta procuración de justicia. Estos actos afectan a la sociedad en su conjunto y demuestran la debilidad del sistema de justicia en Jalisco, así como la existencia de impunidad.

Por estas razones y por la necesidad de impulsar cambios estructurales que modifiquen dinámicas que atentan continua y reiteradamente a las libertades fundamentales, el CEPAD ha documentado, desde principios de 2007, el caso de Néstor Alán Rodríguez Licea y realiza la defensa de los derechos de la familia Rodríguez Licea.

2. A través de la documentación de lo hechos, advertimos que la intervención de Fernando Arias Pérez, ex director de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Jalisco y actualmente en la misma función desde la Secretaría de Gobernación, fue un factor que influyó notablemente para que los servidores públicos encargados de procurar justicia evitaran la aplicación de la ley penal plenamente y con ello beneficiar jurídicamente a su hijo Christian Arias de la Torre y al otro inculpado Francisco Xavier Álvarez del Castillo Iñiguez.

3. De la queja 2600/2006/II, que impulsamos de forma conjunta con la familia Rodríguez Licea y que se tramita en la Segunda Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, se advierte que además de Fernando Arias Pérez, resultan involucrados en los hechos, como presuntos responsables de violar derechos humanos, los siguientes funcionarios públicos:

· 2 agentes del ministerio público, adscritos al Servicio Médico Forense y a la Agencia B especial para detenidos, respectivamente.
· 1 Secretario del Ministerio público adscrito al Semefo.
· 7 Policías investigadores del Estado dependientes de la PGJE.
· 2 Policías de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado.
· 1 Policía de Vialidad y Tránsito.
· 4 peritos químicos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
· 2 peritos médicos del IJCF.

Consideramos que dichos servidores públicos actuaron negligentemente y en clara omisión de procurar justicia o de cumplir como auxiliares de la misma, como en el caso de los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Los fiscales optaron por subordinar la investigación de un delito, así como los principios de una justicia, imparcial, pronta y respetuosa de los derechos humanos, al poder político o influencia de una sola persona.

4. Con base en el derecho de conocer la verdad acerca de lo sucedido, así como las circunstancias y motivaciones que originaron las violaciones a los derechos humanos a las que hemos hecho referencia, esperamos que en el momento de resolverse la inconformidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos actúe de forma imparcial y utilice todas sus facultades para que se pronuncie por lo ocurrido y que determine que en los hechos se violaron derechos fundamentales, además de que deslinde responsabilidades y proponga modificaciones legales que impidan la repetición de éste tipo de hechos. El CEPAD trabaja intensamente para que lo anterior se cumpla cabalmente.

5. Finalmente, a la sociedad le hacemos un llamado para solidarizarse con la familia Rodríguez Licea. La justicia es un derecho y patrimonio de todos y todas los ciudadanos mexicanos.