Dr. Carlos Peralta Varela, Presidente del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta
6 de agosto de 2014

La semana pasada (el 1 de agosto), estuvo en Jalisco el Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente De La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Acudió a la inauguración de la jornada regional “sobre justicia penal y derechos humanos”, evento en el cual también estuvieron presentes: Nuestro gobernador, el Maestro Aristóteles Sandoval Díaz; la diputada Norma Angélica Cordero Prado, actual Presidenta del Congreso de Jalisco; y el Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; entre otras personalidades. Es decir fue un evento que se consideró lo suficientemente importante como para incluirse en sus agendas.

Debe reconocerse el interés por destacar actividades públicas en torno a estos dos grandes asuntos (justicia penal y derechos humanos), que en ocasiones se han visto desligados, pero que en la actualidad y sobre todo a partir de la reforma constitucional, deben identificarse como simbióticos. No sabemos cuáles fueron los resultados de este encuentro pero si identificamos que se partió de un diagnóstico realista y que da cuenta de nuestra aun triste realidad.

Por un lado se evidenció la necesidad de reforzar la educación en torno a los derechos humanos, para que todos, funcionarios y ciudadano. Es fundamental conocerlos, ser conscientes de ellos y sobre todo que actuemos en coherencia. Al respecto el Dr. Plascencia mencionó: “La finalidad es que exista una mayor consciencia colectiva sobre los derechos humanos. Que cada mexicano haga suyos estos derechos para convertirlos en la piedra angular que permita construir un país con una sólida cohesión social”, “un pleno reconocimiento de que la educación constituye un papel clave a fin de hacer que la dignidad humana se instale como un referente ético que sustituya a aquellos paradigmas que sólo la reducen a la formalidad de un simple estatuto legal”. Lo dicho no es nuevo, pero es cierto, muchas personas desconocen sus derechos y peor aún, no se consideran como sujetos merecedores de derechos que pueden luchas por su cumplimiento. Tampoco existe una plena consciencia colectiva sobre la relevancia de los derechos en la interacción social y aun falta para que éstos se conviertan en un referente ético.

El párrafo tercero del Artículo 1, de nuestra Constitución, menciona literalmente: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Para hacer realidad estas líneas se requeriría que todos los servidores públicos conocieran cabalmente los derechos humanos, asumieran su importancia y mostraran voluntad política y ética para garantizarlos.

Por otro lado, también se habló en este encuentro sobre la impartición de la justicia. Nuevamente, si bien no se mencionó algo novedoso, lo dicho resulta relevante en la medida que se reconoció que aún es vigente el añejo reclamo por una adecuado y eficiente sistema de justicia, ya “que sólo podrá satisfacerse mediante una implementación efectiva del marco jurídico, el cual presenta importantes avances, pero aún no es capaz de superar los problemas existentes en las aéreas de procuración e impartición de justicia”. Se agregó “se requiere de una efectiva cultura de la legalidad, de que los servidores públicos y los particulares, deben actuar con estricto apego a la ley”.

Sabemos que la justicia en Jalisco no es pronta ni expedita. Que solamente uno o dos de los delincuentes que cometen un delito llegan a ser sentenciados. Que un porcentaje importante de los presos son personas de escasos recursos. Que las condiciones carcelarias (sobre todo en ámbitos municipales) dejan mucho que desear. Que Jalisco está muy atrasado (en relación a los demás estados de la república) en la implementación de sistemas de justicia alternativa. Se requiere si, un estricto apego a la legalidad, pero sobre todo urge ya implementar cambios de fondo en los sistemas de procuración y administración de justicia.

La adecuada aplicación de los juicios orales pude mejorar la vigencia de los derechos humanos relativos a la impartición de justicia, pero su implementación requiere de voluntad y acciones. Desde esta perspectiva podemos preguntarnos ¿qué falta en Jalisco para poderlos implementar?