A los y las diputados de la LXIII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco

A los y las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios

A los Medios de Comunicación

A la Sociedad en General

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas, contabilizando 10 mil 236 personas en esta calidad. Ante este contexto, el 8 de octubre del 2019, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez presentó ante el Congreso del Estado tres iniciativas: la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco.

A pesar de varias actividades y espacios de diálogo realizados por parte de colectivos de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones a fin de impulsar la aprobación de estas leyes, además de la incumplida obligación desde el año 2018 del Congreso del Estado de Jalisco de armonizar los contenidos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a la fecha no se cuenta con un marco normativo adecuado y adaptado a las particularidades del estado de Jalisco.

Fue hasta enero de 2020, los días 29, 30 y 31, que en el Congreso se realizaron mesas de trabajo, cuyo objetivo fue analizar y debatir sobre los contenidos de las iniciativas de ley de Desaparición y de atención a víctimas, y garantizar la participación de familiares de personas desaparecidas, así como de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y delitos en el proceso legislativo. Paralelamente, los colectivos de familiares de personas desaparecidas, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales presentaron ante el Congreso local las observaciones realizadas a las propuestas de ley.

El espacio de las mesas de trabajo concluyó con el compromiso de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de dar seguimiento al proceso de diálogo y convocar las mesas de revisión de las iniciativas de ley de carácter técnico, en las cuales iban a participar representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en la materia. Estos esfuerzos fueron suspendidos al iniciar la pandemia, por la suspensión de actividades presenciales en el Congreso y ante la falta de certezas de que el proceso de diálogo pudiera ser igualmente participativo e incluyente.

Ante estos antecedentes, el 17 de julio del año en curso presentamos ante las y los diputados de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios una carta con la finalidad de reactivar el proceso del análisis y revisión de las iniciativas de ley. Días después, la semana pasada, nos enteramos en medios de comunicación y redes sociales que el Congreso local prevé esta semana pasar al pleno los tres dictámenes de leyes en una sesión virtual para la votación y su posterior aprobación.

Esta noticia es violatoria a los acuerdos que se realizaron con nosotras, familiares de personas desaparecidas y resulta omisa de garantizar en el proceso el principio de participación conjunta establecido en el artículo 5 de la Ley General en Materia de Desaparición, mismo que debe regir su implementación y aplicación, y genera la obligación de todas las autoridades de garantizar la participación de familiares de personas desaparecidas en todos los procesos relacionados con dicha ley.

Las familias de personas desaparecidas llevamos dos años aportando insumos y trabajando por una Ley que nos sirva. Los y las diputadas nos están dando la espalda al pasar un dictamen sin proceso participativo, sin notificar de manera oficial sobre la reunión del pleno, y sin compartir de manera formal sobre el proceso de integración de las observaciones a los dictámenes. 

La decisión de pasar las iniciativas al pleno de forma tan acelerada sin generar un proceso participativo, transparente e incluyente, no solo incumple los acuerdos y demuestra la falta del compromiso por parte de las y los diputados, pero también evidencia que en el Congreso se priorizan los intereses y negociaciones políticas en vez de las necesidades de familiares de personas desaparecidas y de las víctimas en general.

Considerando lo anterior, exigimos que dichas leyes NO pasen al pleno ni se voten los dictámenes de las leyes en materia de desaparición y atención a víctimas al vapor, hasta que se genere un proceso abierto, participativo, transparente e incluyente, con la metodología previamente acordada, y hasta que se atiendan las observaciones de familiares de personas desaparecidas de Jalisco, y víctimas de violaciones a derechos humanos, acompañadas por las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en las materias.

Atentamente,

Colectivo Por Amor a Ellxs

Colectivo Entre Cielo y Tierra

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C (CEPAD)

Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J.

Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)

Observatorio Legislativo ITESO

TÓMALA